El portavoz del BNG en el Concello de Lugo, Rubén Arroxo, ha criticado duramente la gestión del nuevo gobierno del Partido Popular, asegurando que varias iniciativas clave están siendo paralizadas. Arroxo considera que al ejecutivo de Candia "se le está haciendo muy grande gobernar Lugo", una parálisis que afecta a proyectos de movilidad, seguridad y urbanismo.

Uno de los programas afectados es la colaboración con los centros educativos que permitía el uso gratuito del autobús urbano para actividades escolares. Según Arroxo, esta medida, que tenía coste cero para el ayuntamiento, ha sido suspendida por el nuevo gobierno, generando un "gran malestar" en la comunidad educativa.

El portavoz nacionalista ha explicado que el programa fue utilizado el año pasado por más de 2.000 alumnos y permitía a los colegios realizar salidas educativas sin asumir el coste del transporte. "No entendemos por qué se les quita esto, que para ellos era muy importante", ha lamentado Arroxo, quien ha anunciado que pedirá su recuperación.

El BNG también teme por la continuidad del plan de humanización de los accesos escolares. Arroxo ha señalado que, aunque se ha completado la mejora en el entorno del colegio de la calle Pintor Corredoira, existe "cierto miedo" a que el PP paralice el proyecto previsto para el colegio Illa Verde, que ya estaba consensuado con la dirección y el ANPA.

Arroxo ha recordado que el PP se opuso en el pasado a la instalación de pasos de peatones elevados para mejorar la seguridad vial en los colegios, argumentando que ralentizaban el tráfico. "Preferimos que el tráfico vaya más lento a que haya atropellos, sobre todo en las salidas de los colegios", ha defendido el portavoz.

Otro proyecto en el limbo es la renovación de la rotonda de Benigno Rivera, que conecta con la A-6. Arroxo ha afirmado que la obra quedó "totalmente hecha, con presupuesto, proyecto y adjudicación", pero tras tres semanas de gobierno del PP, todavía no ha comenzado. El plan incluía trabajar por las noches para no afectar al tráfico.

Finalmente, sobre el anuncio de una pasarela mecánica para conectar la estación intermodal con la Ronda da Muralla, Arroxo ha aclarado que se trata de un proyecto que el anterior gobierno bipartito dejó "todo listo". El BNG asegura que el PP no ha presentado novedades, sino que se ha limitado a anunciar el trabajo previo que incluye un ascensor y una rampa mecánica financiados con fondos europeos.

En la conclusión de su encíclica recién publicada, León XIV señala que, mientras las ideologías antiguas y nuevas empujan al hombre a la superación técnica del límite y a elevarse por encima de los demás para afianzar un dominio, Dios entra en nuestra historia con un movimiento opuesto, haciéndose carne, asumiendo nuestra debilidad y transformándola en lugar de salvación. Tenemos un Dios que nace en la cuna, que vive y viaja por Judea, que muere en la cruz y es sepultado. El Papa nos invita a contemplar en el rostro de Cristo, muerto y resucitado, “la magnífica humanidad que también ilumina la época de la IA”.

En Cristo comprendemos que el hombre está llamado a ser colaborador en la obra de la creación, y no espectador resignado ante los procesos tecnológicos que limitan su libertad y su responsabilidad. Ningún sistema de cálculo, por sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega, ni una conciencia capaz de discernir el bien. Incluso cuando las máquinas sobresalen en eficiencia, el centro de la historia sigue siendo un rostro humano que exige ser contemplado. Por tanto, la certeza que proclamamos al mundo es que el rostro humano de Cristo es la plenitud hacia la que camina la historia.

Al final de su imponente encíclica, León XIV recuerda que el don de Dios permanece presente y operante en la Eucaristía, en la cual el Señor se comunica y reúne a la Iglesia. Y mientras las nuevas redes económicas y tecnológicas pueden generar exclusión, aislamiento y dependencias, la Iglesia, alimentada por la Eucaristía, está llamada a hacer visible otro tipo de medida, custodiando los vínculos, devolviendo la voz a los invisibles y orientando los procesos hacia la dignidad de las personas.

El programa 'Herrera en COPE', con Alberto Herrera, ha destapado la increíble historia de José Antonio, un vecino de Madrid que ha ejercido como presidente de su comunidad durante 19 años en unas circunstancias extremas. Según ha relatado, el principal problema durante casi dos décadas ha sido que el edificio estaba "lleno de okupas".

El origen del conflicto se remonta a la construcción del inmueble en 2006. De las 14 viviendas que componen el edificio, solo dos fueron vendidas: la de José Antonio y la de su vecino, el vicepresidente. Esta situación provocó que la presidencia recayera sistemáticamente en José Antonio, al ser uno de los únicos propietarios.

La consecuencia directa de esta ocupación masiva fue la imposibilidad de gestionar los servicios más básicos. José Antonio ha explicado que "no pudimos constituir la comunidad, ni limpieza ni ascensores ni nada", lo que sumió al edificio en un estado de abandono mientras los dos únicos propietarios afrontaban una situación límite.

La desesperación llevó a José Antonio a tener que "llamar a la Guardia Civil" en repetidas ocasiones. Incluso ha confesado haber entrado en uno de los pisos ocupados para comprobar la situación y, según sus propias palabras, la experiencia fue desoladora: "me encontré de todo".

El calvario de José Antonio se enmarca en un contexto legal que dificulta enormemente la desocupación. La periodista económica Pilar García de la Granja ha explicado en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE' que la nueva ley de eficiencia de la justicia, en vigor desde abril, obliga a los propietarios a una negociación previa con los okupas antes de acudir a los tribunales.

Este proceso, conocido como Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), añade un plazo de 30 días para que el inquilino ilegal responda. Como ha advertido García de la Granja, "si no demuestras el intento de acuerdo por parte del dueño, el juez directamente inadmite la demanda". A esta espera se suman los ocho o diez meses que tardan de media los tribunales, lo que dilata todo el proceso por encima del año.

Ante este panorama, muchos propietarios huyen del mercado del alquiler y optan por una solución drástica: poner a la venta sus viviendas con los okupas dentro. Esta práctica, que el periodista Jorge Bustos ha denominado como "la clásica venta con bicho", se ha convertido en una salida para muchos dueños desesperados.

Pilar García de la Granja ha aportado datos de portales especializados que cifran en unas 23.000 las viviendas ocupadas que estaban a la venta a finales del año pasado, lo que supone cerca del 3% del total. Estos inmuebles se venden por "un precio que en muchas ocasiones roza la mitad del precio real de la vivienda", ya que el comprador asume el coste del desalojo.

Según los datos expuestos por la experta, Girona es la capital más afectada por este fenómeno. "El 8,9% de las viviendas que se venden en esta ciudad se anuncian como ocupadas, con bicho dentro", ha detallado. Le siguen en el ranking Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%) y Almería (6,4%).

Resulta revelador que Madrid no figure en esta lista de las zonas más problemáticas, a pesar de ser el escenario de la historia de José Antonio. Su odisea, afortunadamente, ha llegado a su fin. Según ha explicado, los pisos finalmente "se los quedó Lazaret y se han vendido todos", poniendo fin a 19 años de calvario.

España se desmarca de la tendencia europea y evita la sobrepoblación en sus prisiones. A 31 de enero de 2025, las cárceles españolas, que alojan a 59.279 reclusos entre la administración estatal y la catalana, presentan una densidad de 77 internos por cada 100 plazas disponibles. Esta cifra contrasta con los graves problemas de hacinamiento que sufren países como Francia (131), Italia (121) o Bélgica (114), según revelan las últimas Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa que incluye a 46 países y analizadas por la Universidad de Lausana.

La clave, según explica el catedrático de Criminología de la Universidad de Lausana y autor del informe, Marcelo Aebi, reside en la infraestructura. “España tiene un parque carcelario grande y eso le evita tener problemas de sobrepoblación”, afirma. Aebi subraya que la inversión realizada en su momento en la construcción de centros penitenciarios previene ahora situaciones de masificación, garantizando unas condiciones que califica de “fundamentales”.

La ausencia de hacinamiento convive con una particularidad del sistema español: la dureza de sus condenas. “No tiene masificación España, pero las penas son de las más largas de Europa”, sentencia Aebi. Este factor tiene una consecuencia directa en el perfil demográfico de la población reclusa: un progresivo envejecimiento.

Los datos muestran que España es el país con mayor porcentaje de presos de entre 50 y 64 años, alcanzando el 20% en la administración general. Para el catedrático, la explicación es sencilla: “Esto es porque España aplica a penas muy largas. No hay mucha vuelta de hoja aquí”. Según su análisis, la gente entra en prisión por mucho tiempo y, por tanto, envejece en ella, a diferencia de otros sistemas como el alemán, donde entra más gente cada año en prisión pero las estancias son más cortas.

Aebi insiste en que “la duración de la detención es el factor determinante del envejecimiento de la población carcelaria y que también influye en su tamaño”. Por ello, concluye que “si se quiere reducir la población penitenciaria, hay que reducir la duración de las penas”, aunque reconoce que es un “mensaje evidentemente muy difícil de hacer pasar en tiempos de populismo”.

El informe también destaca que España supera la media europea en la proporción de presos extranjeros y de mujeres. Un 29% de los reclusos en la administración estatal son extranjeros, cifra que se dispara al 52% en Cataluña. Aebi advierte del riesgo de asociar directamente inmigración y delincuencia, ya que los datos no distinguen entre residentes establecidos y población de paso o bandas itinerantes. “Generalizar el discurso y hablar de inmigración para mí es un error fundamental”, recalca.

En el caso de Cataluña, el experto atribuye el alto porcentaje al “efecto metrópolis” de Barcelona, que como gran ciudad “atrae mucha delincuencia”. En cuanto a las mujeres, que representan un 7% de la población reclusa en España (frente a la media europea del 5,2%), Aebi lo vincula a una “sobrerrepresentación que existe hace mucho tiempo” de mujeres implicadas en el narcotráfico, a menudo en roles vulnerables como las conocidas “mulas”.

En línea con la tendencia en Europa Occidental, los delitos que con más frecuencia llevan a la cárcel en España son los delitos violentos y el tráfico de drogas. Marcelo Aebi señala que las sociedades actuales son “muy sensibles a la violencia” y que las penas para estos delitos, junto con las relacionadas con las drogas, son “relativamente largas”, lo que contribuye a la configuración de la población penitenciaria actual, mayoritariamente masculina.

Casi el 3 por ciento de las condenas son en los 46 países que forman parte del Consejo de Europa son por delitos económicos y financieros. El ex ministro de Transporte José Luis Ábalos y su mano derecha Koldo García forman parte del 17 por ciento de presos que en España están en situación preventiva, o lo que es lo mismo, a la espera de un juicio que, en su caso, ya ha quedado visto para sentencia. 

La insatisfacción con el sueldo en España ha alcanzado un récord histórico. Tres de cada cuatro españoles (75%) aseguran sentirse descontentos con lo que cobran, un aumento de 25 puntos porcentuales respecto al año anterior, cuando la cifra era del 50%. Este dato, extraído de un estudio de bienestar de salud laboral en España elaborado por Edenred, ha sido el punto de partida de la Tertulia con José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar.

Según el profesor de psicología forense José Manuel Aguilar, las empresas no comprenden las nuevas motivaciones de los trabajadores, especialmente de los menores de 35 años. Para ellos, aprender y no hacer siempre lo mismo es el principal incentivo. "Esa época de nuestros padres en donde están haciendo un trabajo durante X años en una empresa... ha pasado", afirma Aguilar. Esta nueva generación valora más los nuevos retos y el aprendizaje continuo que la estabilidad de un empleo vitalicio.

El descontento también se alimenta de incentivos irrisorios. Aguilar ha relatado haber visto "ascensos de 50 euros" tras un año de trabajo, algo que califica de insuficiente. Esta situación contrasta con el hecho de que, por ejemplo, "los médicos en la privada llevan 30 años cobrando lo mismo", mientras el coste de la vida se ha disparado. La percepción es que el esfuerzo ya no se traduce en una mejora económica real.

Este panorama ha provocado que el éxito profesional haya sido desplazado por el éxito vital. Sin embargo, como apunta Aguilar, este último se ha reducido a una mera supervivencia: "El éxito vital hoy en día es ir tirando". El profesor recuerda que él firmó su primera hipoteca con 23 años, mientras que sus alumnos de la misma edad "no firman ni las letras del coche". La aspiración se limita a disfrutar del momento sin planes a largo plazo.

La falta de estabilidad económica y laboral tiene un efecto dominó en las decisiones vitales. Aguilar explica que esta incertidumbre dificulta formar una familia o comprar una casa, lo que deriva en una "familia sin compromiso" y un "consumo de usar y tirar". Esta precariedad, según el psicólogo, es un reflejo del deterioro social que vive el país.

Por su parte, el psiquiatra José Miguel Gaona ha subrayado el impacto de esta situación en la salud mental. "Uno de los principales vectores de salud mental es poder llegar a final de mes, no ir al psicólogo", ha sentenciado. Gaona ha confesado conocer casos de personas que "solamente comían arroz con salsas" para subsistir. Además, ha señalado que los altos impuestos merman considerablemente el salario neto, ya que de un sueldo de 2.000 euros, al profesional le pueden llegar apenas 1.400.

El debate también ha puesto de manifiesto un cambio de tendencia: muchos trabajadores rechazan ascensos laborales. Prefieren valorar otros beneficios, como la flexibilidad horaria, el teletrabajo o el tiempo de calidad en familia. Este fenómeno, conocido como "salario emocional", está ganando cada vez más peso en las prioridades de los empleados.

Finalmente, Gaona ha concluido que el salario emocional se ha convertido en el "elemento central" sobre el que pivota todo. Aunque el dinero sigue siendo importante, las condiciones laborales, el buen ambiente de trabajo y la sensación de crecimiento profesional son ahora cruciales. Según el experto, no es un invento moderno, sino un regreso a prácticas que ya existían en empresas de los años 50, que ofrecían servicios y beneficios sociales a sus trabajadores.

El candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, ha lanzado un reto directo al actual presidente, Florentino Pérez. Riquelme ha propuesto la celebración de un debate electoral en Real Madrid Televisión, aprovechando la infraestructura del club para contrastar proyectos. "Me encantaría que, al menos, sirviese para hacer un debate entre los candidatos a presidir el club", ha afirmado en la entrevista que concedió este martes a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Durante su intervención, Riquelme ha sido muy crítico con la gestión actual del canal oficial del club. Ha señalado que la televisión tiene un presupuesto anual de entre 40 y 45 millones de euros y, sin embargo, registra cuotas de audiencia mínimas, con un "share de 0,1% o, como máximo, 0,2% en las películas".

Al ser preguntado sobre si mantendría la línea editorial actual, incluyendo los polémicos vídeos sobre los árbitros, Riquelme ha asegurado tener otros planes. "Tenemos planes para Real Madrid Televisión, y no son esos exactamente", ha declarado. El objetivo principal de su proyecto es transformar el canal en una fuente de ingresos para la entidad.

Para Riquelme, la clave está en el potencial del contenido que puede generar el club. "Tiene el contenido, tiene la capacidad de tener a todos los deportistas del club", ha explicado. Considera que con un presupuesto de esa magnitud y el acceso privilegiado al día a día del Real Madrid, el canal no solo debería ser sostenible, sino rentable.

Finalmente, el candidato ha esbozado que el nuevo contenido buscaría acercar a los socios y madridistas al club, pero sin aislarlo. El objetivo es crear un producto que una a la afición y que no les haga "seguir separándose del mundo", en una clara alusión a la línea editorial que ha generado controversia en los últimos tiempos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora de este martes en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid. Según ha informado la periodista Pilar García de la Granja en el programa 'Herrera en COPE', varios agentes de paisano llegaban a las 8:30 de la mañana para requisar información en el marco de una investigación sobre una presunta trama de financiación ilegal del PSOE.

Esta nueva causa parece ser una derivada de la conocida como 'trama Leire'. En dicha trama, según ha explicado la periodista, Leire estaba contratada por Gaspar Zarrías e "intentó contactar a fiscales, a guardias civiles, para que hicieran investigaciones sobre aquellos guardias civiles y fiscales que estarían investigando, presuntamente, tramas de corrupción y de contratación pública que tendrían como objetivo el Partido Socialista".

García de la Granja ha señalado que también hay policías y guardias civiles que, "desde la trama Zapatero", están en el foco de las investigaciones. No obstante, ha pedido cautela al afirmar que "es todavía muy pronto, la UCO sigue dentro" y todavía no se conocen más detalles sobre quién está atendiendo a los agentes en la sede socialista.

De forma casi simultánea, la UCO también está registrando las dependencias de la dirección general de la Policía Nacional, un hecho que García de la Granja ha calificado como algo que "no había pasado nunca en la historia". La periodista ha subrayado la gravedad de la situación: "Estamos hablando realmente de algo serísimo que afecta a muchas instituciones del Estado".

Esta es la segunda vez que la UCO se persona en Ferraz en el último año. La anterior fue el 20 de junio del año pasado, una visita que precedió a la primera imputación de Santos Cerdán, según ha recordado la comunicadora.

La operación se extiende más allá de la sede socialista, ya que la UCO también ha entrado en el Ministerio de Hacienda, en la SEPI y en el Ministerio de Transición Ecológica. Para García de la Granja, todo esto evidencia que "aquí hay un ingente material de información y de investigaciones que se entrecruzan".

El periodista Alberto Herrera, en la sección 'El foco de Alberto Herrera' del programa 'Herrera en COPE', ha analizado por qué los españoles siguen recibiendo un bombardeo de llamadas de spam a pesar de la reciente aprobación de la ley SAC (Ley de Servicios de Atención a la Clientela). La normativa, que pretendía poner fin a esta práctica, todavía no ha logrado su objetivo, según los datos expuestos por el comunicador.

Las cifras son contundentes. Según datos de una organización de consumidores mencionados por Herrera, el 90% de los españoles sigue recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. Es más, ha aumentado "exponencialmente" el número de personas que reciben más de 10 llamadas al mes. Los sectores que más recurren a esta práctica son la banca, la energía y las telecomunicaciones.

Más allá de la molestia, Alberto Herrera ha advertido sobre las consecuencias legales de estas prácticas. Los expertos señalan que los contratos firmados a través de estas llamadas podrían ser considerados nulos. La razón es que el consentimiento del cliente se considera "viciado", ya que la llamada es imprevista y la información que se proporciona puede ser sesgada o insuficiente.

De hecho, el periodista ha señalado que hay abogados que defienden esta postura. Según Herrera, afirman que "si demuestras que el contrato nació de una llamada de estas, tienen que devolver todo el dinero que te han cobrado". Esta situación plantea la pregunta de por qué las empresas asumen un riesgo tan elevado.

La respuesta, según el análisis de Herrera, está en un 'truco' o resquicio que ofrece la propia ley: un periodo de adaptación de un año. Como la normativa no entrará plenamente en vigor hasta el año que viene, las compañías "siguen estirando el chicle", en palabras del comunicador, para intentar firmar el mayor número de contratos nuevos antes de que se apliquen las sanciones.

Esto significa que los consumidores todavía no pueden denunciar amparándose en la nueva ley. Sin embargo, Herrera ha lanzado una advertencia: "cuando acabe el plazo las multas van a ser muy gordas". Las empresas se enfrentarán a sanciones económicas importantes si persisten en estas prácticas una vez finalizado el periodo de gracia.

Finalmente, Alberto Herrera ha destacado una de las novedades que traerá la aplicación completa de la ley SAC. Las empresas estarán obligadas a realizar las llamadas comerciales desde un número con prefijo 800. De esta manera, los usuarios podrán identificar inmediatamente la naturaleza comercial de la llamada y decidir si quieren atenderla o no.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha hecho un balance de los tres años de mandato del gobierno municipal que preside, asegurando que los datos demuestran que "Lorca va en la buena dirección" y que se está trabajando "sin triunfalismo y sin polémica". Gil ha destacado que el municipio vive un futuro ilusionante con cifras récord en varios indicadores clave.

Según el alcalde, Lorca ha alcanzado los mejores datos de empleo en los últimos 20 años, con un récord histórico de autónomos que supera los 7.000. El municipio "multiplica por 9 la media regional de empleo" y se sitúa "entre el 1% de los municipios que más empleo generan a nivel nacional". Además, ha recordado que 2025 se cerró con una caída del desempleo del 11,2% en la localidad.

En materia de inversión, Gil ha cifrado en más de 50 millones de euros netos la inversión pública realizada en menos de tres años. De esta cantidad, ha destacado los 12 millones de euros invertidos en las pedanías, superando la promesa inicial de 10 millones para todo el mandato. También ha señalado el crecimiento de los polígonos industriales, donde SAPRELORCA prevé la creación de más de 1.500 nuevos puestos de trabajo.

La deuda municipal es otro de los puntos destacados, situándose en su mejor dato desde el año 1998. Según Gil, la deuda se ha recortado en 82 millones de euros, pasando de una deuda por habitante de 1.166 euros en la anterior etapa socialista a los 234 euros actuales.

El alcalde ha afirmado que ha cumplido sus compromisos electorales, incluyendo la bajada de impuestos del 8% en el primer mandato y su posterior congelación. "Hemos cumplido todos nuestros compromisos electorales", ha sentenciado Gil, quien también ha mencionado la reactivación del casco histórico con la construcción de vivienda pública y el desbloqueo de más de 30 solares privados.

De cara al futuro, Fulgencio Gil ha confirmado su intención de volver a ser candidato en las próximas elecciones para "consolidar esta tendencia positiva que lleva adelante el Partido Popular en Lorca". Su objetivo, ha dicho, es culminar los proyectos en marcha y afianzar un mandato "histórico en inversión pública".

Entre los retos pendientes, el alcalde ha señalado como una cuestión que le sigue "preocupando" la construcción del nuevo Centro Médico de San Cristóbal. Ha asegurado que es una inversión "muy complicada" que depende del gobierno regional, pero espera tener "noticias positivas" entre junio y julio para recibir los fondos y licitar el proyecto y la obra conjuntamente.

Este balance se ha producido durante la presentación de una nueva actuación en el barrio de San Cristóbal, concretamente en un solar de la calle Ponce de León. El proyecto, que comenzará en julio, consistirá en la renaturalización de una superficie de 580 metros cuadrados para crear una zona recreativa y un mirador, con un presupuesto de 45.760 euros.

Un matrimonio de jubilados ha sido liberado de pagar más de dos millones de euros en deudas gracias a una reciente sentencia judicial. La pareja, cuyos únicos ingresos eran su pensión y que vivían de alquiler, se encontraban en una situación de insolvencia. La abogada Mercedes Rull, socia del departamento de derecho mercantil de Hispacolex, ha explicado que para ellos ha supuesto "un cambio de paradigma brutal, absoluto" en su capacidad económica y vital.

El origen de la deuda se encuentra en los avales personales que firmaron para financiar su empresa, a la que dedicaron más de 30 años. Según Rull, este es uno de los casos de sobreendeudamiento más recurrentes. Muchos administradores "apuestan por todo, todo su patrimonio, su vivienda, su liquidez" para sacar adelante sus negocios, lo que puede convertirse en "una trampa emocional y financiera muy peligrosa" si la empresa no prospera.

El caso se ha resuelto en pocos meses, desde la solicitud en noviembre hasta la resolución, gracias a la reforma de la ley en 2022. Se ha tramitado como un "concurso sin masa", un procedimiento ágil para casos en los que no existen bienes para saldar las deudas. Ruhl señala que el proceso consiste en presentar la documentación de la deuda y la ausencia de patrimonio al juzgado, que se traslada a los acreedores antes de que el juez dicte la exoneración del pasivo insatisfecho.

Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es fundamental que el deudor sea considerado "de buena fe". Mercedes Rull aclara que no se trata de una interpretación subjetiva, sino de cumplir con una serie de requisitos legales. "Actuar de buena fe no significa ser un santo, significa simplemente no haber hecho trampas", afirma la abogada.

La ley excluye a deudores fraudulentos o negligentes. Esto incluye a personas con antecedentes por delitos socioeconómicos, sanciones tributarias o que hayan ocultado bienes. Ruhl advierte que la ley también penaliza el "endeudamiento temerario", como recurrir a microcréditos masivos a sabiendas de la incapacidad de pago.

Finalmente, la experta alerta sobre el "auge de macroplataformas en Internet que venden la segunda oportunidad de una forma masiva y automatizada". Insiste en que no es un producto estándar y que es crucial un análisis personalizado para cada situación. "Cada caso es un mundo y hay que estudiarlo muy bien para buscar la estrategia correcta", concluye Rull, recomendando rodearse de profesionales especializados.