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Último episodio de la serie, que comienza con la carrera hacia las elecciones democráticas, las primeras en 41 años. Santiago Carrillo presiona a Suárez para que legalice el Partido Comunista de España antes de las elecciones. Suárez crea un gran partido de centro, la UCD.

Se reconocen todas las organizaciones sindicales hasta entonces clandestinas, el derecho a la huelga, se suprime la Secretaría General del Movimiento y finalmente, se legaliza el PCE.

La tensión en el ejército es grande, pero se somete a la Corona. Regresan del exilio Dolores Ibárruri, Rafael Alberti y Federica Montseny. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas y gana la UCD. El 22 de julio se reúnen las primeras Cortes democráticas.

Se aprueba la Ley de Reforma política. El Gobierno sale reforzado en los comicios en 1977. Sigue la preocupación por el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo por el GRAPO, que exige la excarcelación de presos.

La ultraderecha increpa a los Reyes y a Fernández Miranda en el tercer aniversario del funeral por Carrero Blanco.

Santiago Carrillo es detenido y puesto en libertad siete días después. El Gobierno inicia negociaciones con la oposición. Los contactos con Josep Tarradellas son clave para integrar a los nacionalistas catalanes. Movilizaciones pro amnistía.

La muerte de dos estudiantes en manifestaciones, el secuestro del general Emilio Villaescusa y los asesinatos de los siete abogados laboralistas de Atocha ponen en peligro la Transición. La liberación de Oriol y del general dan un respiro al Gobierno.

La prensa libre e independiente constituye un papel fundamental en la reafirmación de la opinión pública democrática. El 11 de septiembre de 1976, Cataluña celebra La Díada. Sin embargo, en el País Vasco, la ikurriña sigue prohibida. En el seno de ETA, un importante sector, liderado por Pertur, propugna el abandono de la acción armada. El franquismo se reagrupa en torno a seis exministros de Franco bajo la dirección de Manuel Fraga Iribarne (secretario general de Alianza Popular).

La huelga general del 12 de noviembre es una medida de presión al gobierno, que no consigue debilitarlo y defiende con firmeza su proyecto de Ley de la Reforma política.

Carrillo se instala clandestinamente en Madrid. La oposición presenta unas condiciones para aceptar el referéndum para la reforma política, y acaba pidiendo la abstención.

El GRAPO secuestra a Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado. Suárez apela a través de TVE a la serenidad.

Adolfo Suárez es nombrado presidente del gobierno ante el desconcierto general, ya que se esperaba un hombre más comprometido con la democracia. Sin embargo, se trata de una operación largamente planeada por el Rey y el presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda.

El nuevo gobierno, calificado de ‘penenes’ por la prensa, contaba con el apoyo del Rey. El PCE se manifiesta legalmente por primera vez y piden amnistía y el establecimiento de las libertades.

El Gobierno hace pública una declaración programática defendiendo la soberanía popular y el gobierno representativo. Se aprueba la amnistía para los presos políticos. Suárez emprende contactos con los líderes de la oposición, entre ellos Felipe González y Santiago Carrillo.

Regresa en 1976 el expresidente en el exilio de la República española Claudio Sánchez Albornoz. Arias Navarro sucumbe progresivamente a la fuerte presión de los ultras para frenar la reforma.

El Rey, consciente de la situación, le hace ver a Arias Navarro que el proceso de reforma es irreversible.

Don Juan Carlos hace llegar un mensaje al líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo, informándole de la disposición de la Corona en convertir España en una democracia moderna.

Consciente de que Arias Navarro es un obstáculo para la reforma, el Rey y Torcuato Fernández Miranda (presidente de las Cortes y del Consejo del Reino) comprenden que ha llegado el momento de prescindir de él.

Tras la muerte de Franco, la oposición democrática lanza una fuerte presión política sobre el régimen en todos los campos: se trata de alcanzar la democracia lo más rápidamente posible.

El Gobierno de Arias Navarro emprende iniciativas encaminadas a dar una nueva imagen de España y del régimen: una monarquía democrática y liberal. José María de Areílza, ministro de Exteriores, vende en el extranjero la idea de reforma.

Y Manuel Fraga, vicepresidente y ministro de Gobernación, propone un sistema bicameral. Comunistas y socialistas compiten por un espacio electoral.

Los nacionalistas necesitan la consolidación democrática. Vuelve a España, de incógnito, Santiago Carrillo. Hay un clamor popular pidiendo amnistía. La represión de la huelga de los trabajadores en Vitoria deslegitima la política de orden público del Gobierno, que cada vez se siente más desbordado por los acontecimientos.

El Príncipe Juan Carlos es proclamado Rey ante las Cortes el 22 de noviembre de 1975 y declara su voluntad de ser Rey de todos los españoles. Se abre una etapa nueva basada en el consenso nacional. El Rey recibe el apoyo del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón.

Firma un indulto en el primer consejo de ministros que preside. Nombra presidente de las Cortes y Consejo del Reino a Torcuato Fernández Miranda, con quien articulará la difícil operación política de transformar el régimen dictatorial en una democracia.

Ni ruptura ni continuismo, ahí reside la dificultad de la tarea que le corresponde dirigir al Rey, que es consciente del peligro que supondría su fracaso para la convivencia de los españoles y el futuro de la Monarquía, sin provocar la acción de la ultraderecha o decepcionar las expectativas democráticas de la oposición.

El Gobierno franquista condena a muerte a 11 activistas en septiembre de 1975. En medio de una repulsa internacional, indulta a seis y ejecuta a cinco. El presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, convoca un Consejo de Ministros extraordinario, y la ultraderecha una manifestación de apoyo al régimen. Los GRAPO cometen nuevos atentados, en medio de una creciente tensión política.

El régimen es condenado a nivel internacional y se suspenden sus relaciones con la Comunidad Europea. Se recrudece el conflicto en el Sáhara y aumenta la división en el propio Gobierno.

El 15 de octubre, Franco sufre un infarto y el 16, el rey Hassán II de Marruecos anuncia “La Marcha Verde”. Juan Carlos asume interinamente la jefatura del Estado y manda a EE. UU. a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal a entrevistarse con Henry Kissinger, para que medie en el conflicto del Sáhara. Muere Franco y se instala la Capilla ardiente en el Palacio Real.

El proceso de unidad de la izquierda avanza.

La sociedad se está politizando. Un ejemplo de ello es la huelga de actores y directores de teatro, en febrero de 1975. Se instala en Madrid, clandestinamente, Felipe González, elegido secretario general del PSOE en Suresnes (Francia). Mientras, en el gobierno de Franco, es elegido secretario general del Movimiento, Fernando Herrero Tejedor, que se lleva de número dos a Adolfo Suárez. En la sociedad todos son conscientes de que el futuro comenzará al día siguiente de la muerte de Franco.

Los conflictos y revueltas se multiplican en 1975 y culminan con la proclamación del estado de excepción en Vizcaya y Guipúzcoa. En mayo se boicotean las elecciones sindicales y España abandona las reivindicaciones saharauis. Crece la tensión en la zona y el malestar en el Ejército ante un previsible conflicto bélico.

El atentado perpetrado por ETA en la cafetería Rolando de Madrid es utilizado políticamente. Se pretende involucrar al PCE, para desprestigiar a sus militantes.

El Gobierno reacciona a la defensiva y cesa al ministro de Información y Turismo, Pío Cabanillas, símbolo de la política aperturista. Manuel Fraga, que estaba de embajador en Londres, regresa a España y se hace cargo del ministerio.

El deterioro económico, el auge del feminismo y la consciencia de que Franco tiene los días contados, crean un clima de incertidumbre política en el país; y el gobierno, sin iniciativa política, es incapaz de adoptar las medidas necesarias.