La Generalitat de Cataluña ha abierto un expediente informativo a la Dirección General de Atención a la Infancia para averiguar si hubo errores en el caso de la niña de 12 años que fue violada y explotada sexualmente, durante al menos dos años, por un pederasta, mientras estaba bajo su protección. La Consellera de Derechos Sociales, Mónica Martínez, va a comparecer en el Parlament. La adolescente de 12 años era extremadamente vulnerable: sufría acoso escolar, tenía problemas de autoestima, su madre estaba enferma y vivía en un centro tutelado por la Generalitat. En 2020, el electricista de 40 años contacta con la menor a través de una aplicación, ganándose su confianza. También la grabó en vídeo y la ofreció a otros hombres a través de redes sociales. La víctima denunció en 2021 y el año pasado el juez decretó prisión provisional sin fianza, a la espera de un juicio, que será en 2026. El hombre se enfrenta a 107 años de cárcel.

¿Cómo termina una menor bajo la tutela de una comunidad autónoma, en este caso de la Generalitat, siendo víctima de un pederasta? ¿Dónde falla el sistema? Lo analizamos con Noemí Pereda, catedrática de Victimología de la Universidad de Barcelona, y con Esther Giménez-Salinas, síndica de Greuges de Cataluña.

"El tema de la explotación es un tema invisibilizado porque incomoda y plantea cuestiones de cambio dentro del sistema de protección", explica Pereda. La catedrática critica que los centros no son el lugar más idóneo actualmente para que los niños y niñas crezcan y se desarrollen y añade que lo que más se encuentran son niños "altamente vulnerables". Es precisamente en los centros residenciales donde Pereda resalta que hay personas "que se aprovechan de estas necesidades emocionales de los niños y se producen este tipo de casos, tanto en Cataluña como en el resto de comunidades autónomas". La experta insiste en la importancia de investigar cuántos menores en centros estarían siendo víctimas de explotación sexual en nuestro país y reclama más formación "respecto a estas cuestiones de riesgo" para los profesionales que trabajan con los menores.

Por su parte, la defensora del pueblo catalán indica en RNE que que los niños crezcan en una institución "es un riesgo altísimo". "Cuantos más niños hay en instituciones, más alto es el riesgo" de que puedan suceder cosas así, explica y añade que las estancias de los menores "se eternizan" en los centros. Señala Giménez-Salinas que uno de los principales problemas reside en que no se hayan detectado antes los abusos a esta menor, que se prolongaron durante dos años.

Ambas coinciden en la necesidad de trabajar con las familias de origen y los padres, en los casos que no son graves. La síndica de Greuges apunta que, en muchos casos las "actitudes negligentes" por parte de los partes se mezclan con situaciones complicadas, como pobreza o dependencias: "Ayudando a la familia e intentando prevenir, probablemente no habría que retirar el niño, porque retirar el niño es el último recurso. Debemos montar un sistema de ayuda y de protección de verdad". "Hay solo un camino para la protección de la infancia, que es que el niño crezca en una familia que pueda permitirle desarrollarse en todo su esplendor", asegura Noemí Pereda. Entrevista en RNE Audio

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