Repaso de la actualidad agroalimentaria con Agrobank.

1.- El Gobierno ha aprobado varias modificaciones del real decreto 666/2023, que ha llevado a la profesión veterinaria a celebrar numerosas protestas recientemente, para suavizar la dispensación de algunos medicamentos veterinarios.

Las novedades se refieren a las prescripciones de sueros para perfusión, suplementos minerales y vitamínicos para perfusión, medicamentos inmunológicos y hormonas.

En concreto, ya no se prohíbe la venta al público de dichos medicamentos siempre que se acompañen de la correspondiente receta, mientras sí sigue prohibido dispensar el resto de medicamentos veterinarios considerados de administración exclusiva por un profesional.

Entre los cambios, se elimina la obligación de que las medidas que adopte y documenten los titulares de explotaciones ganaderas para el uso prudente de antimicrobianos tengan que basarse en la propuesta de su veterinario de explotación. También se establecen disposiciones específicas para determinadas clases de medicamentos veterinarios, se

introduce una regulación específica sobre medicamentos tradicionales a base de plantas medicinales y sobre medicamentos alérgenos veterinarios, respectivamente.

2.- Los agricultores prevén que la campaña de mango, que está en pleno proceso de recogida, suponga un récord de producción en Andalucía, con 35.000 toneladas, el doble que en 2024, pero han denunciado los bajos precios que se pagan por ellos, a unos 80 céntimos el kilo, mientras el consumidor llega a pagar 6 euros.

En la Axarquía malagueña y la Costa Tropical, principales zonas productoras de España, en el inicio de campaña los precios están oscilando entre los 70 y 80 céntimos el kilo, cuando el año pasado la media fue de 1,5 euros, por lo que se prevén unas pérdidas de 12.600 euros por hectárea respecto a 2024, según la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Han explicado que un mango que pesa entre 400 y 800 gramos se paga a un euro, pero si está por debajo de ese peso mínimo, como ocurre con un 20 por ciento de la cosecha, se considera para destrío, por lo que el precio baja a 35 o 40 céntimos. Esa pieza se la pagan al agricultor a 12 céntimos, cuando el consumidor abona unos 6 euros el kilo en los comercios.

3.- El Sistema español de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) ha estimado provisionalmente en 4 millones de euros la cuantía de las indemnizaciones por daños que los incendios han causado en 2025 a explotaciones agropecuarias y forestales, una cifra que supera ya el récord de 3,91 millones abonado en 2022.

Fuentes de Agroseguro han explicado que la superficie afectada que por ahora han contabilizado alcanza las 20.000 hectáreas (15.371 hectáreas en 2022), una extensión que se reparte entre cultivos herbáceos de Lleida (un millón en indemnizaciones) y de Andalucía (600.000 euros).

"2025 será con total seguridad el año con mayor superficie siniestrada por incendio en explotaciones agrícolas y ganaderas desde 2020, si se tiene en cuenta que prevemos que en las próximas semanas seguiremos recibiendo partes de siniestro, los cultivos sobre los que están recibiendo el mayor número de hectáreas afectadas son de uva de vino, cultivos herbáceos y superficies forestales.

4.- Según las últimas estimaciones de la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), la producción total de forrajes desecados en España se estima que sea de 1.015.250 toneladas, en la campaña 2025/26.

Esta cifra representa un descenso significativo del 7% respecto a la producción total de la campaña anterior (2024/25) que alcanzó las 1.095.131 toneladas. La previsión se desglosa en una producción estimada de 812.819 toneladas de alfalfa deshidratada y 202.431 toneladas de otros forrajes. 5.- Grecia se enfrenta a uno de los mayores escándalos en materia de fraude agrícola de los últimos años. Una primera investigación oficial reveló que el importe del presunto desvío de fondos de la Política Agrícola Común (PAC) alcanzó los 22,6 millones de euros,

en un caso que ha puesto bajo la lupa a las instituciones nacionales y europeas encargadas de gestionar estas ayudas. El hallazgo fue confirmado por el ministro de Protección Ciudadana, Michalis Chryssochoïdes, quien presentó las conclusiones iniciales de las pesquisas. De acuerdo con la investigación, las autoridades han examinado hasta ahora 6.354 solicitudes de ayuda, de las cuales 1.036 resultaron fraudulentas, con un importe irregular total que supera los 22 millones de euros.