Queremos visibilizar la historia de Miguel Ángel Sampedro, profesor de Lengua Castellana y Literatura y funcionario interino desde 2020; no sin sortear numerosos obstáculos.
Sampedro convive con una sordera desde que nació. Una condición que no le ha impedido ejercer su labor docente gracias a la figura del intérprete. Sin embargo, la contratación de este recurso ha estado marcada por retrasos que han afectado a su salud mental; lleva 5 años empezando el curso sin intérprete.
Este curso, la Consejería de Educación no se lo asignó hasta antes de Navidad, y a finales de enero, por 'supuesta ocultación de una enfermedad preexistente' en referencia -según el propio docente- 'a la ansiedad provocada por la falta de adaptaciones en el entorno laboral' fue cesado.
Él sostiene que su ansiedad es exclusivamente de origen laboral, debido a la falta de ajustes razonables. A continuación transcribimos la crónica:
Ha sido cesado pese a que él ya estaba dando clases con normalidad. Miguel Ángel Sampedro asegura que cuando firmó el nombramiento no padecía ansiedad, y que cuando dispone de intérprete en el instituto tampoco. Por eso denuncia que el cese es injustificado.
Este curso su baja laboral comenzó una semana después de tomar posesión del puesto, el 2 de septiembre de 2024, debido a la ausencia de las adaptaciones legalmente requeridas. "En el momento del nombramiento, firmé mi incorporación sin presentar ansiedad, como suele ocurrirme cuando cuento con la presencia de un intérprete. Sin embargo, ante la falta de este ajuste esencial, me vi obligado a solicitar una baja el 9 de septiembre, afectado por la ansiedad acumulada tras años de barreras comunicativas en el trabajo"
Barreras que le han llevado a esperar entre uno y diez meses por un intérprete; la única voz con la que puede ejercer su profesión, y que de nuevo se repetían este curso. La consejería -asegura Sampedro- comenzó a contratarlos a finales de noviembre. Entonces acudió al médico para solicitar el alta y reincorporarse, pero en la consulta se le detectó otra patología, lo que prolongó su baja hasta mediados de diciembre, cuando finalmente le dieron el alta. "Antes de Navidad pude retomar mi labor docente con normalidad y con la presencia de una intérprete, lo que no solo mejoró mi bienestar, sino también la experiencia educativa de mi alumnado y el trabajo en equipo con mis compañeros. Sin embargo, tras las vacaciones de Navidad, me encontré con la sorpresa de que la intérprete había sido reasignada a otro centro sin previo aviso ni justificación, dejándome nuevamente sin la adaptación necesaria. Durante una semana y media, volví a enfrentar serios problemas de comunicación que afectaron mi desempeño y mi salud mental. Finalmente el 17 de enero se incorporó una nueva intérprete, lo que me permitió volver a trabajar con normalidad hasta la fecha de mi cese definitivo".
La Consejería de Educación alega que la contratación del intérprete de lengua de signos se demoró por no disponer de efectivos, y tuvieron que realizar una selección. También dicen que una vez incorporado el intérprete y después de haberlo comunicado al docente, este no se incorporó a su puesto de trabajo, por lo que el intérprete fue adscripto a otro centro educativo. Y recalcan que la no aptitud para el ejercicio de la docencia proviene del informe de la Inspección Médica; que Educación no puede rebatirlo. Mónica Ramírez es directora general de personal: "tenemos un decreto regulador de la evaluación médica del personal público que atribuye a la comisión médica dependiente de la consejería de administraciones públicas la determinación del requisito de capacidad para el servicio y en el caso concreto de este profesor ha decidido que no reúne el mismo. Es por esto que se acuerda la revocación del nombramiento con base en el procedimiento previsto en la orden reguladora de listas de empleo, al considerar que en el momento de la toma de posesión no reunía ese requisito de capacidad funcional necesaria para el ejercicio de la función docente".
No obstante, Sampedro considera que su cese constituye un acto de discriminación hacia las personas con discapacidad auditiva y una vulneración de la normativa vigente, que exige la implementación de ajustes razonables en el entorno laboral, y lamenta: "el mío no es un hecho aislado, sino un reflejo de una problemática estructural que exige respuestas inmediatas". Por eso ha presentado un recurso para exigir que se revierte su cese. Este caso sentencia, es un llamado urgente a las administraciones públicas para que cumplan con sus responsabilidades legales y garanticen los derechos fundamentales de las personas con discapacidad auditiva. Y recuerda: "la inclusión no es un privilegio, es una obligación".
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