En España, los propietarios recurren cada vez más a empresas privadas para expulsar a inquilinos no deseados, conocidos como 'okupas'. El uso de empresas privadas para persuadir a los 'okupas' a abandonar las propiedades está prohibido en algunos países como Francia. La mayoría de los ocupantes ilegales de viviendas son familias españolas o extranjeros que luchan por llegar a fin de mes y no tienen otro lugar donde vivir.