La exportavoz del PSOE en el Congreso estuvo presente en ese momento y le ha contado a Carlos Cuesta los pormenores de una jornada tan tensa

Soraya Rodríguez, exportavoz del PSOE, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para hablar sobre las primarias del PSOE donde Pedro Sánchez ganó a los demás candidatos para tomar el control de la formación socialista.

"Ese Comité Federal podía haber durado una hora, porque estaba ya convocado, pero tres días antes había dimitido la mitad más uno de los miembros de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez y los estatutos dicen claramente que la ejecutiva dimite cuando dimite su secretario general o le dimite la mitad más uno. Eso es lo normal. Por lo tanto, ese comité tenía un solo cometido, por decirlo de una manera: nombrar una gestora puesto que, como dice Lambán y se le escucha, ya no había ejecutiva ni secretario general que pudiera actuar en nombre de tal, nombrar una gestora para que convocara un congreso extraordinario".Los Estatutos del PSOE exigen la expulsión inmediata de Sánchez por el amaño de las primariasM.J. Grech

"Eso había pasado justo hacía un mes en Castilla y León. Había dimitido Julio Villarrubia porque le había dimitido la mitad más uno de sus miembros y de forma escrupulosa y en cumplimiento de los estatutos él salió, convocó a la prensa y dimitió. Lo sorprendente es que Pedro no lo hizo, quería quedarse".

"Primero, ya incumplió los estatutos y, segundo, lo más importante: cuando entró en ese Comité Federal él sabía que no tenía mayoría. Él sabía que no tenía mayoría, que perdía. Y por eso sus estrategias fueron dos. El comité duró once horas y media, once horas y media. Primero, intentar no votar por todo... porque perdía si se votaba".

Soraya Rodríguez ha dicho que "lo primero que intentó fue no votar, fue decir que, bueno, que se aplazaba el comité, que el comité no tenía en el orden del día votar eso... Claro, no, porque el comité estaba convocado dos meses antes. Y la dimisión de la mayoría de su ejecutiva se había producido tres días antes, pero el comité estaba legalmente constituido y ante una situación extraordinaria como era esa, pues tenía que convocar un congreso".

"Entonces él primero intentó, bueno, decir que seguía siendo secretario general, que convocaría él el congreso, que se posponía el Comité Federal para el lunes... es decir, se hizo de todo para no votar porque él sabía que no tenía mayoría. Y cuando ya vio que eso no era posible, que la mayoría de los miembros del Comité Federal no nos íbamos a ir de allí sin votar a una gestora y que convocara el próximo congreso, fue cuando empezó la maniobra del voto secreto que decía él... Claro, que todos sabemos que el voto secreto es... lo que es secreto es el voto, no la urna".

Soraya Rodríguez también ha criticado que "el voto secreto, lo que es secreto es el voto, pero nunca la urna. Porque además debía hacerse por llamamiento público. Se tienen que nombrar interventores de mesa, se saca el censo del Comité Federal y se va haciendo un llamamiento público que dice: "Soraya Rodríguez Ramos", voy, me tachan del miembro de Comité Federal y meto el voto.

Una cosa muy importante: una vez que se cierra la urna, los mismos votos emitidos coincidan con los que han sido llamados públicamente al voto. Pues no. Ahí César Luena, que debía estar claro, muy nervioso porque... porque es que sabía lo que tenía que hacer, sacaron la urna, trabajaron... La sorpresa nuestra es cuando la metieron detrás de ese panel donde pone PSOE, que queda en un pasillito estrecho con la pared, y allí solo cabía...

La urna estaba bien. Lo que no estaba bien es que en ese pasillo estrechito solo cabía tu voto y... vamos, solo cabías tú y el voto, no había interventores, no había nada que se pudiera... que se pudiera controlar.

"De hecho votaron trece nada más, yo creo, entre ellos Pedro el primero. Todos los que votaron después durante estos últimos diez años han tenido puestos de relevancia, tanto orgánica como pública. Votó César Luena, eurodiputado, votó Adriana Lastra.., Mariano Moreno, gerente del partido…Sánchez y la banda del Peugeot amañaron las primarias de 2017 con votos falsosAntonio J. Moleón

"En todo caso, todo el mundo, la mayoría de la gente dijo: "Sacar la urna es un pucherazo, esto no se puede votar". Y solo en ese momento es decir, es cuando ya, bueno, la gente dejó de meterse a votar y ya se paró y, por cierto, sí que quiero decir una cosa: sí votamos, y votamos en voto secreto. Sacamos la urna, hubo un receso, se votó con interventores y con censos. Y con voto secreto, bien hecha la votación, Pedro perdió. A Pedro no le echamos a ningún sitio; Pedro perdió una votación democrática.

"La verdad que yo siempre digo que Pedro Sánchez entró en ese comité sabiendo que le tenía perdido. Intentó primero no votar y segundo, cuando se votó, dijo: "Pues reviento el comité". Un comité que fue, efectivamente, vergonzoso, retransmitido prácticamente en directo para que al final toda la organización nos avergonzáramos de un comité en el que realmente solo tenía que avergonzarse él, que escondió una urna detrás de la cortina. Y hoy, con imágenes, pues hemos visto que los que lo hemos criticado y denunciado durante mucho tiempo no nos estábamos inventando nada; teníamos razón".

Carlos Cuesta y Ricardo González Mangas analizan toda la actualidad informativa de la jornada.

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Carlos Cuesta comenta con Benjamín López y Carmen Tomás las declaraciones en el juicio de las mascarillas y el acuerdo PP-Vox.

Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista L'Escola, ha relatado a Carlos Cuesta el caso de la clienta a la que representa.

Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista L'Escola, ha participado en La Noche de Cuesta de esRadio para denunciar un caso real sobre un inmigrante violador que va a poder beneficiarse de la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una clienta —persona asistida judicialmente por Nuria González— ha sido víctima de una violación salvaje. El presunto autor, natural de la India, llevaba dos años en prisión preventiva. La fiscal pide doce años de cárcel. La juez lo suelta y él huye. Y esta persona puede acogerse a la regularización porque resulta que llevaba más de seis meses en España.

"Correcto. La juez lo suelta a menos de un mes del juicio. Porque dice que ya, para lo que falta del juicio, lo soltó. Ya salió incluso en la prensa, porque fue un escándalo. Pero esta persona, como llegó a España y nada más llegar cometió ese delito, no tiene ningún otro antecedente policial, no tiene ningún antecedente penal, porque ese juicio no se ha celebrado. Su hoja como ciudadano está limpia como una patena. Y además acredita que ha llevado más de seis meses en España, puesto que estaba en prisión preventiva. Y como la presunción de inocencia no está rota, pues evidentemente podría solicitar la regularización con los criterios que tenemos ahora", ha criticado.

"Para mantener a una persona dos años en prisión preventiva, pues sobre todo estaba por los indicios, imagínate lo que había para que una fiscal pida doce años de cárcel. Pero además había un evidente riesgo de fuga, como se ha podido comprobar en cuanto ha puesto un pie en la calle", ha apuntado la abogada.

"Esta persona puede volver a entrar a España, no hay ningún problema porque ni siquiera le retiraron el pasaporte ni absolutamente nada, y podría perfectamente cumplir los requisitos, porque los requisitos que se han puesto no exigen nada. O sea, no exigen ya que no haya un antecedente penal, ni siquiera exigen que no tenga juicios pendientes por delitos graves", ha denunciado.

"De hecho hemos visto cómo hay una circular del Ministerio del Interior, que además el departamento de Fernando Grande-Marlaska se ha ocupado de corroborar, que las propias instituciones penitenciarias han hecho correr la información de que todo el que esté en prisión preventiva sin condenas en firme, pues puede acogerse a la regulación. Hay que entender que en este país una condena en firme puede tardar diez años", ha advertido González.

"La condena en firme quiere decir que ya no cabe ningún recurso más. O sea, podría ser hasta el Tribunal Supremo. Como te digo, eso son cinco, seis, siete años, más la instrucción, diez años. En esos diez años esas personas no tienen ningún tipo de antecedente penal, que es lo único que se pide y que hay que ver cómo se pide, porque se pide, si no se lleva no pasa nada, pasan tres meses y luego han pasado otros siete meses".

"Ni siquiera has tenido el cuidado de decir: oiga, quien tenga juicios pendientes por delitos muy graves, pues oiga, no se pueden acoger. La gente que está en prisión preventiva, los jueces los meten en prisión preventiva por algo. En España la prisión preventiva no es porque sí, ni muchísimo menos. Es muy difícil, es muy complicado, porque los jueces son muy garantistas y antes de tener un culpable en la calle —o sea, un inocente en la cárcel— prefieren tener un culpable en la calle. Eso es así en este país".

"En términos de la regularización, todas estas personas, independientemente del delito por el que estén en prisión provisional, pues tienen más que acreditadas sus situaciones". "Los juicios, bueno, en el penal son un poco más cortos, pero en el contencioso-administrativo los juicios se pueden señalar para dentro de tres o cuatro años. Un despido de 2025 yo lo tengo señalado para 2028", ha concluido la abogada.

Carlos Cuesta entrevista a Alma Ezcurra, vicesecretaria general de Política Sectorial del PP.

Alma Ezcurra, vicesecretaria general de Política Sectorial del Partido Popular, ha intervenido este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, para aclarar la polémica que ha generado el término denominado "prioridad nacional".

Ezcurra ha comenzado la entrevista asintiendo cuando se le ha preguntado si la enmienda presentada por el Partido Popular para acotar ese concepto, con la intención de aclarar que debe entenderse en los mismos términos pactados en Extremadura —y que Vox ha rechazado— es exactamente la misma que sí ha aceptado Vox en Extremadura. En ese contexto, la popular ha lamentado que Vox "ha querido ir un paso más allá en el Congreso hoy a las tres de la tarde y a las cinco y media ha cambiado otra vez de opinión".

Tras esto, la vicesecretaria ha priorizado explicar qué es exactamente la "prioridad nacional": "Es la prioridad del vínculo con la nación y obviamente el vínculo con la nación lo tienen los nacionales, como dice Vox, pero también todas aquellas personas que llevan tiempo en España, que se han integrado, que trabajan, que cumplen la ley. En definitiva, que aportan a su comunidad".

"Les guste o no les guste" a Vox, ha continuado Ezcurra, "ese es el texto que consta en Extremadura, el texto que hemos presentado hoy en el Congreso y el texto que se ha aprobado en Aragón".

Sobre las críticas del PSOE en relación a este término, que ha manifestado que dicha consideración es "inconstitucional", la también eurodiputada ha señalado que no cree que los socialistas "estén en condiciones de dar lecciones".

De hecho, para defender su constitucionalidad, ha hecho referencia a la ley orgánica de extranjería, que regula sistemas de control de ese arraigo. "Otra cosa es que queramos tener un debate sobre si hay que reforzar esos sistemas de control y de hecho en el acuerdo de Extremadura se refleja un apartado en el que se dice que se instarán todas las reformas que sean necesarias en la Ley Orgánica de Extranjería para reforzar estos requisitos, pero desde luego la Ley Orgánica de Extranjería en este momento lo permite", ha aseverado.

"Esto de la prioridad, esto de tener en cuenta el arraigo, la permanencia en el territorio, es algo que se viene aplicando en todas las comunidades de todos los colores políticos y desde hace años", decía también al final de la entrevista.

Antes de esa conclusión, Ezcurra también ha hablado sobre el decreto de regularización masiva de migrantes del Gobierno central. Sobre esto, ha recordado que el Partido Popular ha recurrido al Supremo por tres razones. "Lo primero es que es una injerencia en las competencias autonómicas, porque afecta directamente a nuestros servicios públicos y no nos han dado ni un solo recurso ni ningún medio para hacernos cargo de ello. En segundo lugar, porque es contrario a la Unión Europea, y en tercer lugar, porque supone un problema de seguridad. Todo facilidades para la gente que no tiene papeles, y para los que tenemos los papeles, trabajamos, cotizamos y aportamos, todo burocracia", ha denunciado.

La dirigente popular ha considerado que "absolutamente" el Gobierno central busca, con esta regularización, que ese "coladero" colapse de forma mayoritaria aquellos servicios transferidos a las comunidades autónomas, gestionadas en su mayoría por el Partido Popular. "Yo creo que es puro clientelismo electoral. Están presionando a los servicios públicos en las comunidades autónomas, por no hablar del impacto en el censo", ha afirmado.

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Carlos Cuesta analiza con Domingo Soriano los efectos de la medida del Gobierno de Sánchez en el mercado laboral, y el nuevo Plan Estatal de Vivienda.