En Madrid, la capital española, el precio de la vivienda se ha encarecido un 130% en los últimos siete años, y sigue en aumento. La descontrolada creación de pisos turísticos agrava el problema. Frente a estos abusos la gente intenta organizarse.

En la ciudad de Madrid, hay una opinión compartida entre la población: preguntes a quién preguntes por la situación de la vivienda, en todas las respuestas encuentras quejas y lamentos. 

“Pagas el doble por los mismos metros cuadrados”

El precio de la vivienda en la capital de España se ha encarecido un 130% en los últimos siete años, y sigue en aumento. La descontrolada creación de pisos turísticos agrava el problema. Nadie sabe con exactitud cuántos alojamientos de este tipo hay en la ciudad. Las asociaciones vecinales cifran más de 20.000, aunque solo un millar están legalizados. 

Si nada lo impide, el hogar de Jaime Oteyza en el populoso y céntrico barrio de Lavapiés, acabará siendo otro apartamento para turistas: “Tendremos que irnos de este barrio porque, por este proceso de gentrificación, ahora mismo en Lavapiés pagas el doble por los mismos metros cuadrados”, explica este arquitecto de 39 años.

El bloque donde vive ha sido comprado por un fondo de inversión, un “fondo buitre” que quiere a todos los inquilinos fuera del edificio: “Ellos amenazan con que tiene que ser ya, y están insistiendo en que esto no puede ser, en que nos van a llevar a juicio...”, continúa Jaime.

Huelga de alquileres

Jaime resiste de momento, como también lo hace Cristina Jiménez en un bajo repleto de humedades, de apenas 17 metros cuadrados en el periférico barrio de Hortaleza. Esta mujer de 46 años y discapacitada lo hace porque no tiene donde ir. 

“Esto es lo único que puedo pagar”, asegura Cristina, que también tiene como casero a un fondo buitre que quiere convertir la vivienda en turística, un fenómeno que se ha extendido a todos los rincones de la ciudad. A pesar de su situación, a Cristina ninguna administración le ha ofrecido una vivienda social, y culpa a “los gobiernos” de “no hacer política social para las personas”.

Frente a estos abusos y ante la inacción de la administración, cada vez más gente participa en las asambleas del Sindicato de Inquilinas, que proliferan por los barrios de Madrid como espacios de apoyo mutuo donde se propone una huelga de alquileres. 

“La propia desobediencia civil es una huelga de alquileres”, explica Catherine Tamayo, de 31 años, activista del Sindicato de Inquilinas, que el próximo 5 de abril promueve manifestaciones en toda España para, dicen, “acabar con el negocio de la vivienda”.