Este 22 de septiembre en Nueva York, Francia reconoció el Estado palestino, un paso criticado por Israel y Estados Unidos. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que “la paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”.

Los aplausos interrumpieron en dos ocasiones el discurso con el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconoció el Estado de Palestina.

Liberación de los rehenes y fin de los ataques

El discurso de Emmanuel Macron duró cerca de 20 minutos y el mandatario optimizó cada uno explicando la solución de dos Estados, el plan que, según él, traerá la paz entre Israel y el Estado Palestino.

“Este reconocimiento abre el camino de una negociación útil para los israelíes y los palestinos: es el plan de paz y de seguridad para todos, que Arabia Saudita y Francia sometieron a voto en esta Asamblea, que lo adoptó por una larga mayoría”, expresó.

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“El primer tiempo de este plan es lograr simultáneamente la liberación de los 48 rehenes y el fin de las operaciones militares en todo el territorio de Gaza. Una vez que el cese al fuego haya sido aprobado, entre todos haremos esfuerzos masivos para auxiliar a los gazatíes”, agregó.

Estabilización y reconstrucción

Al segundo tiempo el mandatario francés lo llamó como el de la estabilización y la reconstrucción en Gaza. Consiste en el establecimiento de una administración integrada por la Autoridad Palestina con el acompañamiento de fuerzas de seguridad que serán formadas por una misión internacional y que asegurarán el desarme y el desmantelamiento del Hamás.

Con el tiempo, según Macron, los palestinos formarán su propio gobierno en democracia: “Gracias a este camino obtendremos un Estado palestino soberano, independiente y desmilitarizado reagrupando el conjunto de sus territorios, que reconozca a Israel y que sea reconocido por Israel en una región que conocerá finalmente la paz”, explicó.

“Este es nuestro plan de paz que permite que la paz israelí-palestina sea la primera columna de una nueva arquitectura de paz y seguridad en Medio Oriente”, aseguró el mandatario.

Derrota para Hamás y el antisemitismo

El presidente francés consideró que el reconocimiento del Estado de Palestina es una derrota para el Hamás, pero también para quienes animan el odio antisemita, y desean la destrucción del Estado de Israel.

Y precisamente fue a Israel a quien le dedicó las últimas palabras de su discurso: le dijo que la paz no será posible si sus autoridades no aplican la solución de dos Estados.

“La paz es más exigente, más complicada que todas las guerras… pero ha llegado el momento”, enfatizó Emmanuel Macron.

El denominado E1, un proyecto de asentamiento diseñado por Israel hace 30 años pero pospuesto por presiones internacionales, fue aprobado hace un mes por el gobierno israelí. Su construcción partirá en dos a Cisjordania ocupada y, como asegura Netanyahu, enterrará la posibilidad de un Estado palestino. ¿Cómo se conjuga esta realidad sobre el terreno con el reconocimiento de Palestina por parte de varios países occidentales, entre ellos Francia? Reportaje de nuestra corresponsal en Jerusalén, Janira Gómez Muñoz.

Aviv Tatarsky, veterano activista israelí, señala desde una colina los diez kilómetros cuadrados bautizados por Israel como E1. Es un plan de asentamiento ilegal y polémico que data de los años noventa.

“Esta carretera corresponde con la línea de anexión… Jerusalén llega hasta la carretera y más allá está Cisjordania”, explica Tatarsky, miembro de la oenegé israelí Ir Amim.

Ningún gobierno israelí se había atrevido a aprobarlo porque para Europa representaba una línea roja… hasta ahora.

"Lo más importante del E1 es su ubicación: una gran colonia en el corazón de Cisjordania que divide en dos el territorio… Y el gran peligro ahora es que Israel se siente confiado de que Cisjordania está en sus manos y puede dar un paso más con expulsiones masivas y una limpieza étnica", advierte Tatarsky.

La construcción de E1 separará Cisjordania ocupada de Jerusalén Este —entendida como futura capital de los palestinos— y la aislará de ciudades clave del norte, como Ramala, y del sur, como Belén.

"No habrá un Estados palestino", asegura Netanyahu 

Pero, sobre todo, como se jactó el primer ministro Benjamin Netanyahu, garantizará que solo haya un país entre el mar Mediterráneo y el río Jordán: Israel. "¡Dijimos que no habrá un Estado palestino y, por tanto, no habrá un Estado palestino!"

Levantar este asentamiento implica expulsar a los cientos de beduinos que habitan la zona desde hace décadas, que viven en chabolas desperdigadas en lomas desérticas, sin agua corriente y expuestos a las agresiones de colonos israelíes que los cercan.

Los habitantes sienten miedo, admite Yousef Jahien, beduino de Khan al-Ahmar, mientras da de comer a sus cabras y cuenta que los colonos, a pocos metros de su granja, le han robado tres.

"No sabemos qué será de nosotros. Nos separan de la Autoridad Palestina y de la sociedad palestina. Es una separación completa. Esto, por supuesto, nos afecta. El gobierno israelí solo quiere judíos en esta área".

Realidades como la que vive Yousef, así como la presencia de 700.000 colonos en Jerusalén Este y Cisjordania, plantean la pregunta de si aún es posible el Estado palestino que en estos días reconocen distintos países, o si décadas de ocupación lo han sepultado.

"Por supuesto que es factible, siempre y cuando la empresa colonial israelí se desmantele. Y para llegar a eso no bastan declaraciones de buenas intenciones: hay que tomar acciones, hay que aplicar sanciones", afirma Xavier Abu Eid, analista político palestino.

Xavier Abu Eid trabajó en el departamento de la Organización para la Liberación de Palestina que negoció la creación de ese Estado, cuando Israel aún aceptaba dialogar. Hoy pide mayor ambición a la comunidad internacional para impulsar la autodeterminación palestina antes de que sea demasiado tarde.

El enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna, entrevistó en Al Mughayyir, localidad situada a 50 km de Jerusalén, a su alcalde, Abu Waheed, quien denunció los ataques del ejército israelí contra el ganado y la agricultura de los palestinos, entre otros, 3.000 olivos arrancados por soldados israelíes, cultivos clave para la economía de la zona. También se refirió a la declaración sobre la creación de un Estado palestino.

El pueblo de Al Mughayyir, en Cisjordania, ocupado ilegalmente por Israel según el derecho internacional, es uno de los ejemplos de la guerra económica entre israelíes y palestinos. En agosto pasado, más de 3.000 olivos fueron arrancados allí por soldados israelíes. Según el ejército israelí, la medida buscaba mejorar las defensas tras un ataque palestino en una zona cercana a un asentamiento no autorizado, en el que resultó herido un colono. Los habitantes del pueblo, rodeado por nueve pequeños asentamientos, ofrecen una versión muy distinta.

"Toda esa montaña estaba plantada con olivos, así como toda esa tierra que usted ve allá. Algunos árboles fueron robados y lo que quedó se dejó así", afirma Abu Waheed, alcalde de Al Mughayyir. Muestra una parte de la tierra desolada, ya sin olivos, arrancados para pavimentar y proteger una ruta exclusiva para colonos, según él.

"Dicen que hay razones de seguridad para crear esa ruta allí. Pero, ¿qué razones de seguridad pueden llevarlos a arrancar olivos que estaban lejos de la carretera? ¿Razones de seguridad? No. Todo esto es para encerrar al pueblo y no dejar entrar ni salir a nadie. Es para quedarse con todos los olivos. Es un cordón de seguridad. Es un asedio para presionar a la gente a que se vaya. Nada más y nada menos. Es asfixiar a la población", dice Abu Waheed. 

Como numerosos pueblos de Cisjordania, Al Mughayyir depende casi por completo de la agricultura y el ganado, sus principales fuentes de ingreso.

"Destruyen la economía y empujan a la gente a partir" 

"Teníamos unas 30.000 cabezas de ganado; ahora tenemos menos de 10.000. La gente tuvo que vender la mayor parte de sus rebaños. Después de haber enfocado sus ataques en el ganado, pasaron a la agricultura. Saben que los olivos son lo más esencial para los campesinos palestinos, así que los arrancaron. Al destruir la economía, empujan a la gente a irse. Sin agricultura, sin olivos, la gente no puede vivir. Desde hace cuatro años, son los colonos quienes cosechan nuestras aceitunas, no nosotros", explica.

Sobre el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Francia, Reino Unido y otros países, Abu Waheed celebra el gesto, aunque se muestra escéptico sobre su impacto real.

"En cuanto al reconocimiento por parte de los gobiernos, es principalmente simbólico y mediático, pero podría traer presión económica y política sobre Israel. Al menos muestra que si ellos [los israelíes] tienen un Estado, nosotros también queremos un Estado, nada más y nada menos", concluye el alcalde. 

Con el reconocimiento del Estado Palestino por Francia, Bélgica, Canadá y otros países, una de las preguntas cruciales es si un Estado palestino es viable con un territorio separado entre Gaza y Cisjordania. También si es viable una Cisjordania fragmentada entre asentamientos ilegales de colonos israelíes y una plétora de puestos de control que seccionan ese posible Estado. Reportaje del enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna. 

Con más de 5.500 km², Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, alberga a unos tres millones de palestinos en pueblos y ciudades dispersos en un territorio fragmentado. En algunas zonas, la población queda en una suerte de limbo.

Es el caso de Kufur Aqab, localidad que pertenece a la municipalidad de Jerusalén —administrada por Israel—, pero que está separada de la ciudad por un muro y un puesto de control a menudo saturado. Esto crea una situación en la que los habitantes pagan impuestos, pero no reciben servicios.

"Vivimos en una situación de abandono y marginación tanto por parte del municipio como del gobierno. Sufrimos mucho", afirma Raed Abdallah, de 53 años, nacido en Kufur Aqab y dueño de un negocio de materiales de construcción a pocos minutos del muro que lo separa de Jerusalén.

Larga espera para ser atendido en un hospital de Jerusalén 

"No hay atención ni organización en las calles. La basura no se recoge adecuadamente. No hay alumbrado ni estacionamiento público. No hay ningún parque para niños. Sentimos que vivimos en un área aislada y marginada de Jerusalén. Cuando vamos allá, esperamos muchas horas para pasar por el puesto de control de Qalandiya. Esto genera presión psicológica, depresión. Por ejemplo, si quiero ir a un hospital de Jerusalén para recibir tratamiento médico, debo esperar muchas horas", explica Abdallah.

Abou Ashraf, de 76 años, residente de la zona, intenta organizar a los vecinos en un territorio sin autoridad ni ley: "No hemos visto policías desde 2001. Ya son 24 años sin policías en la zona. Resolvemos nuestros problemas entre nosotros cuando hay peleas o conflictos. Traemos a los mayores de cada familia, nos sentamos y resolvemos el problema para hacer las paces, porque aquí no hay ley. En esta zona, si buscas gente que venda drogas, la hay. Si buscas gente que ejerza la prostitución, la hay. Tenemos de todo porque no vemos policías aquí. Nunca, jamás".

En ausencia de autoridad, es difícil calcular cuántas personas viven en Kufur Aqab; las estimaciones varían entre 60.000 y 100.000, hacinadas en edificios construidos sin regulación. La mayoría no se marcha para no abandonar su identidad.

"Estamos muy molestos de estar atrapados entre ambos lados. Pero, para preservar nuestra identidad palestina y jerosolimitana, estamos obligados a permanecer en nuestras casas de Jerusalén. Debemos mantener nuestra identidad", sostiene Raed Abdallah.

Una identidad que busca afirmarse en una Cisjordania atravesada, además, por más de 800 obstáculos a la libre circulación —puestos de control, rutas bloqueadas y barreras en las carreteras—, según datos de la ONU.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero alberga una industria minera en rápido crecimiento porque posee las mayores reservas de litio del continente. Sin embargo, el negocio del litio, por ahora, está en manos de compañías extranjeras.

Por Irene Savio, desde Bulawayo, Zimbabue 

En una carretera polvorienta en las afueras de Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue, el alba apenas rompe el horizonte. Un grupo de hombres con cascos, ropa de trabajo y rostros marcados por el hambre se preparan para iniciar su jornada. Son mineros que, a pie o en autobuses desvencijados, se dirigen a las minas que salpican el paisaje, rodeados de chozas y árboles raquíticos.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero también alberga una industria minera en rápido crecimiento, impulsada por la demanda mundial de litio, el mineral esencial para ordenadores, teléfonos y coches eléctricos que alimentan la nueva revolución tecnológica.

Compañías extranjeras

Grasian Mkodzongi, investigador del Instituto de Investigación de Tierras y Recursos Naturales de África Tropical, señala que el país posee las mayores reservas de litio del continente y es el cuarto productor mundial de este recurso. No obstante, dice Mkodzongi, “el negocio del litio está hoy en manos de compañías extranjeras, que lo extraen y se lo llevan a sus países”.

Esta dependencia externa ha motivado al Gobierno zimbabuense a proponer, por primera vez en África, la construcción de plantas de procesamiento dentro del territorio nacional. La intención es que el valor añadido del litio beneficie directamente a la población local, creando empleos y fomentando la industrialización.

“Quieren aumentar las oportunidades de empleo. Es una medida buena, pero solo si está vinculada a esfuerzos para industrializar”, advierte Mkodzongi.

China, en el horizonte

China, hasta la fecha, es el principal actor extranjero en la extracción de litio en Zimbabue, gestionando cinco de las seis minas más importantes del país. Sin embargos, muchos consideran esta relación no equitativa en igualdad de ventajas, como Farai Maguwu, director del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales de Harare, quien dice sin tapujos que “la población se ha beneficiado, por ahora, poco y nada de este valioso mineral”.

Además, describe los salarios que reciben los trabajadores como “de esclavitud”, y subraya la precariedad de las condiciones laborales.

Pero lograr que la población realmente se beneficie del litio puede que no sea tan fácil. Algunos analistas apuntan a la pesada carga de la deuda externa de Zimbabue, parte de ella en manos de China, como un factor que puede complicar los intentos de reforma.

¿Hacia un futuro mejor?

En medio de este panorama, voces desde el propio sector minero relatan la peligrosidad de la actividad. Un exminero, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, cuenta: “Me fui a trabajar a una mina sin protección, y un día la mina colapsó y murió una persona. Entonces lo dejé, es muy peligroso.”

En medio de estas dificultades, el Gobierno de Zimbabue asegura estar trabajando en la construcción de las infraestructuras que necesita. Esto, con el objetivo de que estos proyectos sentarán las bases para un desarrollo sostenible y una mayor distribución de la riqueza generada por el recurso. El tiempo dirá si esto era verdad. 

En un nuevo informe, una ONG documenta la presencia de una flota asiática de 343 barcos que captura grandes cantidades de calamar en el suroeste del océano Atlántico a 200 millas naúticas de las costas argentinas. Un experto en políticas oceánicas urge regular esta pesca para evitar que se acabe esta especie clave para la alimentación de varios mamíferos marinos.

“Cada año descienden alrededor de unos 343 barcos poteros de banderas asiáticas, principalmente chinas, aunque también de Corea del sur y de Taiwán” a lo largo de la zona económica exclusiva de Argentina, constata alerta Jesús Uríos, coautor del informe que publica la Fundación para la Justicia Ambiental (Environmental Justice Foundation) sobre la sobrepesca china en la región.

Esta investigación confirma nuevamente la depredación de la flota china en los stocks de calamares, un alimento clave para grandes mamíferos marinos - ballenas o focas- y pingüinos. Al contrario de las cuotas de pesca de calamares en las aguas nacionales argentinas donde se limita a entre 70 y 75 el número buques pesqueros-, la pesca de esta especie en aguas internacionales fuera de la zona de 200 millas náuticas carece de cualquier regulación, poniendo en peligro la supervivencia de la especie, alerta Jesús Urios, experto en politicas océanicas.

“El incremento de la demanda de calamares nos ha llamado la atención”, indica Urios. Esta especia “está claramente amenazada” por esta pesca asiática intensiva, denuncia.

“El problema es que no sabemos hasta qué punto, en el sentido de que como no tenemos información de lo que se pesca fuera [de la zona económica exclusiva argentina], entonces es muy difícil saber la población de calamares que se va quitando cada año”, apunta el especialista.

“Con una sobrepesca excesiva, podríamos estar viendo un colapso de la especie. De hecho, en el año 2016 pensaron que se había acabado el calamar. Hubo una población de calamar bajísima y además aún no se ha recuperado desde entonces”, recuerda en entrevista con RFI

Maltrato laboral

Urios, quien participó en la investigación en la zona marítima de pesca de calamares, constató las maniobras agresivas de algunos barcos chinos para evitar los controles de los guardacostas. Su organización recopiló además 169 testimonios de trabajadores -sobre todo de nacionalidad indonesia- sobre las condiciones laborales de “esclavitud moderna” a bordo de estos buques factoría.

“Hablamos de abusos físicos, de violencia física como golpes, puñetazos, amenazas, intimidación. También tenemos, pues, cosas como denegación de asistencia médica. Ha habido hasta 5 muertes a bordo de cuatro buques chinos durante el periodo de estudio y muchas veces por negligencias. Y también horas de trabajo excesivas, más de 14 horas diarias, a veces 18”, detalla Urios.

La Fundación para la justicia ambiental llama a incrementar la transparencia sobre la cantidades pescadas en aguas interancionales y recomienda regular la pesca de calamares, emulando el sistema de cuotas instaurado para proteger el atún a nivel mundial.

Cada año, en el centro de Santiago de Chile, se rinde homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado en septiembre de 1973 tras el golpe militar de Pinochet. Víctor Jara fue torturado durante días y finalmente asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Se convirtió en un ícono político y un referente fundamental de la música chilena, donde es conocido como el “poeta de la revolución”.

Víctor Jara (1932–1973) fue un destacado músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su música lo convirtió en una figura emblemática del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, torturado y ejecutado por las fuerzas militares del régimen de Augusto Pinochet. Su muerte lo consolidó como un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile.

Un legado musical fundamental en Chile

Amanda Jara, hija de Víctor Jara, ha dedicado su vida a preservar y difundir el legado artístico y político de su padre. A través de la Fundación Víctor Jara, organiza talleres, conciertos y actividades culturales que buscan mantener viva su memoria y promover la reflexión sobre los derechos humanos. Amanda destaca en una entrevista a RFI que su padre era "ante todo un creador y un artista", y explica que "es gracias al arte que se organizan las luchas".

Música, memoria y política electoral

Las elecciones presidenciales en Chile están programadas para el 16 de noviembre de 2025. Los principales candidatos son José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Jeannette Jara, del Partido Comunista. Ambos representan los extremos del espectro político y han protagonizado debates marcados por tensas confrontaciones.  En este contexto de polarización y tensión política, el legado de Víctor Jara cobra especial relevancia. Su música y su mensaje siguen siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la justicia, la memoria y los derechos humanos en Chile. Como señala Amanda Jara, "nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas que siguen cantando las canciones de mi padre". Un legado que sigue vivo en el corazón del pueblo chileno.

Mientras los jóvenes consumen menos cannabis, alcohol y tabaco, las organizaciones criminales amplían su control sobre el tráfico de cocaína y refuerzan sus métodos violentos en todo el país. En los últimos diez años se ha registrado una explosión del tráfico de cocaína y de prácticas violentas extremas de las redes criminales.

El consumo de ciertas drogas disminuye en Francia entre los jóvenes, según el informe europeo ESPAD, que analiza las cifras en el continente. Francia es uno de los países de Europa donde esta caída en el consumo de drogas es más marcada. Lo que disminuye, sobre todo, es el consumo de cannabis, así como el de otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto se debe, según el presidente de la Comisión Interministerial de Lucha contra la Droga, Nicolas Prisse, a las medidas de prevención y a un cambio de comportamiento en los jóvenes, que cada vez salen menos y están más conectados a las redes sociales. Pero, del otro lado, las redes criminales se fortalecen, explicó Prisse a RFI.

"Sí, el consumo de cannabis disminuye. Pero, al mismo tiempo, constatamos una oferta orquestada por las redes criminales y una demanda de la población de productos como la cocaína y drogas estimulantes, entre otros, el éxtasis y las anfetaminas. La población se inclina por las "drogas de rendimiento", como las denominan los consumidores, que se usan en diferentes circunstancias: en el trabajo, en el ámbito festivo o en las relaciones sexuales”.

"Las redes criminales francesas utilizan métodos atroces" 

Existe una penetración cada vez mayor de las mafias y de las redes de narcotraficantes. El ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, evocó incluso una "mexicanización de Francia" para referirse a las prácticas de estas redes criminales. Nicolas Prisse describe las características de estos nuevos delincuentes en Francia.

"En lo que respecta a los estupefacientes, hemos constatado en los últimos años la influencia cada vez mayor de las redes de narcotraficantes en Francia, las cuales son poderosas económicamente, violentas y utilizan métodos de intimidación atroces. También reclutan menores que se convertirán en los ‘menos cualificados’ de la jerarquía criminal", subraya Prisse.

Además de las medidas de prevención, están las de la lucha contra los narcotraficantes. En junio pasado se promulgó una ley para combatir estas redes.

"Estamos actualmente en un momento clave en el que, por un lado, hay que luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, acentuar los esfuerzos de prevención difundiendo información sobre los riesgos del consumo", concluye Prisse.

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui.

Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.

 

Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales.

Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país.

En defensa de los servicios públicos 

En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública:

"Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas".

Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año.

También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia:

"Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje".

Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio:

"Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide".

Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.  

“Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015.

Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo.

“La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa. 

“Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua. 

A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales. 

“Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua. 

Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.  

Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado.