En el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, tres incendios forestales destruyeron cientos de edificios, devastaron más de 3000 hectáreas y forzaron a 65.000 personas a abandonar sus hogares. El Gobierno ha desplegado varios albergues para los desplazados, pero Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, explica que las minorías tienen miedo de acudir por miedo a posibles redadas de ICE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en el estado de Washington para responder a los incendios. Por el momento, los bomberos aún no han controlado las llamas que llegaron hasta la zona urbana.

El incendio forestal, que ha arrasado al menos 700 edificios en la ciudad de Spokane en el noroeste de EE. UU., es similar al que devoró Pacific Palisades en Los Ángeles el año pasado. Las altas temperaturas y el viento llevaron las llamas desde una vegetación seca hasta la zona urbana, en este caso en tres puntos de la periferia de la segunda ciudad más grande del estado de Washington. Cerca de 65.000 personas fueron evacuadas en un incendio inusual, comenta Betsy Robertson, portavoz de la Cruz Roja en la ciudad:

"El incendio llegó a tan solo 9 kilómetros de la oficina de la Cruz Roja donde me encuentro actualmente", comenta la portavoz de Cruz Roja. Esta añade que muchas casas fueron destruidas y miles de familias evacuadas.

"Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina, desafortunadamente, es una de las últimas en recibir ayuda".

- Jesús Torres, director de Latinos en Spokane

"Tenemos incendios forestales cada año en el estado de Washington, pero es inusual que las llamas lleguen a la zona urbana. Lo que pasó en Spokane es bastante único: tres incendios distintos empezaron en un día de condiciones meteorológicas muy peligrosas", resalta Robertson.

Y mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales, en el centro de convenciones de Spokane, otros, como los latinos, se organizan de otra manera, por temor a las redadas de la policía migratoria. Así lo afirma Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, una organización comunitaria.

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Torres cuenta que la calidad del aire, lleno de ceniza, dificulta la respiración: "La mayoría de gente anda con mascarilla y, desafortunadamente, mucha gente ha tenido que irse a los albergues de emergencia".

"Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina desafortunadamente es una de las últimas en recibir ayuda", dice el director de Latinos en Spokane.

Este añade: "Las comunidades minoritarias muchas veces son olvidadas o no recurrimos a esa ayuda por el temor que tiene mucha gente de cómo ha estado la situación aquí en Estados Unidos con la migración por culpa de las redadas de ICE, así que la gente prefiere venir a las organizaciones donde se sienten bienvenidos, donde se sienten a gusto con gente que es como ellos, en vez de ir a los servicios gubernamentales".

En Spokane, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años. Se le acusa de haber causado uno de los tres incendios forestales que rodean la ciudad.

El pasado fin de semana la Universidad más grande de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaba que se aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrían ingresar a nivel licenciatura, después de que se detectaron irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio pasado, cuando la institución instauró por primera vez esta prueba de manera virtual.

Las protestas por parte de estudiantes que exigían que el examen de ingreso a la UNAM 2026 fuese repetido de manera presencial han tenido sus frutos. Después de que se denunciaran posibles irregularidades y un supuesto uso masivo de herramientas para hacer trampa durante la aplicación en línea, la institución se ha pronunciado con el anuncio de una nueva prueba presencial que solo se harán a una parte (al rededor de 58 000 aspirantes) de las 158 000 personas que busca un lugar en la Universidad.

Las autoridades de la UNAM recibieron informaciones sobre actos irregulares gracias a “los mecanismos de control que se habían establecido para el examen en línea”, explicó a RFI Soledad Funes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e integrante de la comisión técnica que se formó para la revisión de los exámenes de admisión.

La investigadora precisó que, según los resultados de 2026, sí se identificó un grupo de aspirantes que se comportaron de manera “anómala” y otra “regular” en comparación con las cifras de años anteriores. No obstante, puede haber casos en los que el mecanismo de control no detectó irregularidades.

Para resolver este problema respetando el calendario de inicio de clases, que ya fue aplazado para el 31 de agosto, la comisión recomendó que repitiera el examen de admisión “un grupo acotado de personas, porque si considerábamos el universo completo no se podría reorganizar de aquí a unas cuantas semanas”, explicó.

La IA en la educación

Lo que está claro es que lo ocurrido en la UNAM nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación frente a las nuevas tecnologías como la IA.  ¿Qué tiene que cambiar la educación tras el auge de la IA? ¿Debería haber algún tipo de regulación frente a la IA en la educación?

Funes considera que lo sucedido en la UNAM sobrepasó todos los escenarios previstos y por lo cual la sociedad debe reflexionar profundamente “qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías”.

“¿Cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías potencien nuestras capacidades y no nos suplanten? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes salgan con una formación crítica, ética, responsable para construir el planeta que queremos en el futuro?”, cuestionó.

El examen bajo sospecha de la UNAM ocurre después de que en la India miles de jóvenes estudiantes pusieran contra las cuerdas al poderoso gobierno de Narendra Modi tras denunciar irregularidades en los exámenes de ingreso a las universidades. Una tendencia que se repite desde la última década tras los casos detectados en países como Argentina, Perú, Corea del Sur o Argelia donde también se presentaron casos de repetición o anulación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades.

Una semana después de su vuelta al país, el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández declarará ante la justicia de Honduras. Está acusado por la Fiscalía de fraude y lavado de activos. Decenas de casas, empresas y vehículos han sido incautados por el Estado en este proceso. ¿Logrará la justicia hondureña procesar a su expresidente después de la anulación de su condena por narcotráfico en Estados Unidos? 

En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Angie Colindres corre de una reunión a otra. Se prepara para una audiencia atípica. La primera declaración de su cliente, Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. “El expresidente, desde el día uno que salió, dijo "quiero regresar a mi país". Le avisamos, presidente, tenemos este tema. El respondió “Voy a enfrentarme a la justicia. Confío en los sistemas de justicia de Honduras”. Y efectivamente no existe justicia selectiva”, asegura Colindres.

Juan Orlando Hernández habría participado en el desvío de más de 3 millones de dólares para campañas políticas. Su defensa busca recuperar 130 casas, empresas, cuentas bancarias y vehículos incautados por la justicia hondureña. Kelvin Oliva, representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados señala que “el sistema de justicia estadounidense lo declaró inocente de sus cargos. Él puede venir a su país y tratar de defenderse legalmente como cualquier hondureño tiene derecho, ¿verdad?”, sostiene.

Un fiscal que investigó el caso de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández se escandaliza de la postura de algunos funcionarios y medios de comunicación. Habla con RFI en condición de anonimato. “Manejan como que él es inocente, que fue absuelto en Estados Unidos y todos sabemos que no fue así, que lo que se hizo fue que se le aplicó un indulto, lo cual no lo declara inocente, sino que simplemente fue un perdón que se le concedió el presidente Trump”, recuerda.

El fiscal no tiene mucha esperanza de que el caso de fraude llegue a una condena. “La justicia hondureña no está preparada para poder juzgar a ningún político de alto perfil. De hecho, todos los casos de alto perfil que se presentaron con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción están archivados en la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal es que él va a ser sobreseído en esa audiencia porque el hecho de enviarlo a un juicio oral y público significaría exponer toda la red de corrupción de la cual formaba parte”, opina.

A pesar de las promesas del gobierno pasado, nunca concretó con la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Este juicio es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país.

Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla.

Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion.

La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó.

"Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado.

"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow.

Casos concretos 

Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración.

Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones.

“Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad’ donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”.

El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.

La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto.

Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”.

La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista.

El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos.

“El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”.

El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia.

Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.

Cuba abre varios sectores de su economía a los capitales privados:   gasolineras, farmacias, hogares de ancianos e importadoras de vehículos podrán aceptar ahora dinero de inversionistas privados, un giro importante en la historia económica del país.

El Parlamento cubano ha dado luz verde a un paquete de reformas para fomentar la apertura económica. Sin embargo, expertos debaten si estas medidas son suficientes o si representan simples "parches" ante una crisis estructural agravada por las sanciones de EE. UU.

En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno.

Para Ricardo Torres, economista de Horizonte Cubano, estas medidas representan un giro necesario. Torres destaca la eliminación de restricciones en actividades profesionales y técnicas, así como los incentivos en el sector energético. "Es un cambio importante y positivo que elimina trabas innecesarias para el desarrollo del país", afirma el experto, subrayando que cualquier avance en materia de energía es vital en el contexto actual.

No obstante, Torres señala un obstáculo crítico: la falta de capital. A pesar de la resiliencia y creatividad del sector privado doméstico, la movilización de recursos a gran escala sigue siendo una tarea casi imposible debido a las limitaciones financieras internas y externas.

¿Reformas reales o medidas desesperadas?

Desde una perspectiva más escéptica, Jorge Duany, académico de la Universidad de Florida, considera que estas reformas son un "esfuerzo desesperado". Según Duany, las medidas no atacan el núcleo del problema: el modelo de planificación centralizada.

"No se introducen cambios sustanciales al modelo económico", advierte Duany. El académico sostiene que, sin un estado de derecho sólido y una reforma estructural profunda, estas medidas se quedan en simples "parches" que difícilmente podrán contener la debacle económica.

El factor externo: Sanciones y presión política

El clima de inversión se ve enturbiado por la política de "máxima presión" de la administración de Donald Trump. El incremento de las sanciones estadounidenses y el bloqueo energético han generado una gran inseguridad jurídica, ahuyentando a inversores extranjeros.

Empresas de sectores estratégicos como el turismo y la minería —muchas de ellas con capital español— se han visto obligadas a abandonar la isla o han visto dificultadas sus operaciones. Esta presión externa, sumada a las deficiencias estructurales del país, mantiene a la economía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde del colapso.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió este martes el mando del país prometiendo mano dura contra la delincuencia. Con la seguridad como uno de los grandes desafíos de su mandato, en su primer discurso anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal.

Era una de sus promesas cuando ganó las elecciones, luchar contra la ola de criminalidad que vive el país, la peor desde el año 2000. Los homicidios pasaron de 1 000 en 2018 a 2 600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3 200 a 26 500, un problema que aumentó en tiempos de la última crisis política y que la experta en seguridad ciudadana, Cecilia Caparachin, considera uno de los crímenes que más preocupa a la población.

“Es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política, o a partir del 2021-2022, empiezan a subir los indicadores de extorsión. Y a medida que pasan los años crece esta dinámica delictiva: las extorsiones, los homicidios, el sicariato. Es ahora un problema en el día a día de los peruanos”, lamentó.

Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década. En su discurso de investidura anunció que “durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno” hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos”.

Violencia y crisis política 

Uno de los retos es luchar contra la grave inestabilidad política y el crimen organizado. Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes,la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave. Caparachin encuentra una correlación entre crisis política y violencia y por lo cual considera que uno de los primeros pasos que debe dar el gobierno entrante sería el de darle legitimidad a las fuerzas policiacas en su combate contra los grupos criminales. 

“Es indispensable que las entidades del Estado sean  llamadas a volver a tener legitimidad en el cumplimiento de las normas porque en los últimos años se han visto escándalos de corrupción”.

"Esta legitimidad en cuanto al cumplimiento de las normas es una tarea pendiente de las instituciones del Estado, porque como puede un gobierno exigir  un respeto a las normas si desde el propio desde las propias entidades no lo hacen. Entonces yo creo que ese es un primer punto que se debe adoptar: lucha contra la corrupción vinculado a la lucha contra la criminalidad”, destacó. 

Con Keiko Fujimori, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los partidos tradicionales ARENA y FMLN presentan a Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre, respectivamente, como sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, en las que se verán las caras con el favorito para ganar, Nayib Bukele.

El Salvador empieza a definir el escenario para las próximas elecciones presidenciales de 2027. Mientras Nayib Bukele busca un tercer mandato, autorizado tras las reformas impulsadas, los dos partidos tradicionales han presentado a sus candidatos: Mayteé Iraheta por la derecha de ARENA y Rafael Aguirre por la izquierda FMLN. La incógnita es si estas candidaturas representan una alternativa real frente a un presidente que mantiene supuestos altos niveles de popularidad y un amplio control institucional.

"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley"

- Eric Lemus, analista político salvadoreño

Eric Lemus, analista político salvadoreño en el exilio, nos responde: "Por un lado, hay que apostar por un rostro femenino que conecte con la televisión y que tal vez pueda tener un rédito, y por el otro se está apostando por la figura clásica del sindicalismo, que fue muy beligerante en los años 80". Lemus añade: "Me parece que son dos salvavidas naturales a los que, por un lado, apuesta la ex derecha radical y, por otro lado, la izquierda, que obviamente han tenido sus momentos de gobierno y les ha sentado muy mal".

¿Oposición real u opoficción?

La designación busca renovar la imagen de dos partidos que durante décadas dominaron la política salvadoreña, pero que hoy llegan debilitados, aunque para Lemus, más que frágiles, se trata de una opoficción. 

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"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley".

Más allá de los nombres, los analistas coinciden en que el desafío para la oposición no es únicamente electoral; deberán competir contra una narrativa perfectamente trazada.  

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"Él mismo se autodenominó un dictador cool, ¿verdad? Es decir, alguien que es autoritario, que pasa por encima de toda la ley, pero que cumple con las formas que demanda la ley", explica el analista. Lemus argumenta que hay que hacer "notar que el código electoral ha sido pisoteado, que el Tribunal Supremo Electoral, que antes tenía representatividad, pues ahora está cooptado también por el Partido Nuevas Ideas y personas afines".

A siete meses de las elecciones, la oposición tiene como reto convencer a un electorado que, según las encuestas, sigue respaldando mayoritariamente el modelo de seguridad y el liderazgo de Nayib Bukele.

El pasado viernes 24 de julio debía finalizar el fin del llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal del que gozan los haitianos en Estados Unidos desde el terremoto de 2010. Su revocacion, ordenada por Donald Trump para Haití y tambien para una decena de paises, deja a mas de 300 mil haitianos en el limbo.

Este Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos de paises afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir o trabajar en Estados Unidos. Haití goza de este estatus desde 2010, tras el devastador seísmo que sacudió la isla. A finales de junio, la Corte Suprema del país autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar este permiso, lo que dejará a su suerte a 330.000 haitianos como explica Paul Christian Nanphy, de la red Acción Familiar.

"Estamos viviendo un momento muy crítico ya que creemos en la reflexión de las causas de migración, el por qué la gente sale de países como Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros muchos más. Actualmente, deportar a cualquier persona a Haití, El Salvador o Venezuela es forzarla a arriesgar su vida", afirma Christian Nanphy.

Estos haitianos podrian ser deportados en cualquier momento,  cuando la violencia de las pandillas persiste en el pais. Los grupos armados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital, y se expanden a otras zonas.

El miembro de Acción Familiar asevera que simplemente las imágenes de la vida cotidiana de las personas en Haití son prueba suficiente del riesgo que vive la población en el país caribeño. "Cualquier deportación pone su vida en riesgo, ya que los grupos armados saben quién viene y de dónde viene, lo que la convierte en potencial víctima de secuestro", pone de ejemplo Christian Nanphy como uno de los peligros para los posibles haitianos expulsados de Estados Unidos.

La revocacion de este estatus tambien afecta a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Siria y otra decena de países.

Christian Nanphy considera "preciso y necesario encontrar una solución para las personas que ya están aquí (EE.UU) trabajando y pagando impuestos legalmente puedan seguir viviendo y contribuyendo a la economía estadounidense". 

La situacion en Haiti es muy critica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios,en Haití, 5,7 millones de personas —casi la mitad de la población— padecen hambre aguda.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran.

Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”.

Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció.

Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre.

“Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente. 

Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros.

En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.