El llamado Cartel de los Soles se refiere a una presunta red criminal integrada por altos mandos militares y funcionarios venezolanos, vinculada al narcotráfico, al lavado de dinero, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.La pregunta es: ¿Existe realmente? El ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en EEUU, explica los mecanismos de esta organización.

Estados Unidos califica al Cartel de los Soles como “una organización criminal que se hace pasar por un gobierno”. Esta semana, el gobierno argentino lo declaró “organización terrorista”. En contraste, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostiene que no existe y lo describe como “una excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen”.

Frente a estas versiones, el ex fiscal venezolano Zair Mundaray, exiliado en Estados Unidos y crítico del chavismo, cree que “hay decenas de testimonios dentro del sistema de justicia norteamericano que dan cuenta de que Chávez creía en la posibilidad de que, en vez de combatir a los carteles y las organizaciones terroristas que hacen vida en Colombia, estas pudieran tener una forma de contribuir de alguna manera a la seguridad del proceso político".

Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar esta organización narcoterrorista, cuyo nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela.

Según el ex fiscal, "muchas personas que formaron parte de esta planificación criminal han declarado y han sido detenidos, hay colaboradores, es decir, el Cartel de los Soles tiene un sustento probatorio".

"Miente Petro, sobre todo cuando dice que no existe, porque la misma inteligencia colombiana era plenamente consciente de la participación de altos funcionarios no sólo de la Fuerza Armada Nacional, sino de organismos de seguridad de Estado". 

Zair Mundaray, estudioso del narcotráfico, explica por qué el Cartel de los Soles es una organización criminal particular: A diferencia de los carteles de México o Colombia, quienes controlan las operaciones formarían parte del propio Estado venezolano.

"En el caso venezolano los que llegaron al poder se convirtieron en narcotraficantes. No estás hablando de un cártel como un cártel mexicano o el Clan del Golfo. Estamos hablando de  quienes están sentados en las oficinas públicas del Estado venezolano y tienen todo el poder de fuego y el dominio territorial", explica el experto. 

Para el ex fiscal Mundaray, una de las pruebas más claras de la existencia del Cartel de los Soles está en un hecho paradójico: en Venezuela no se registra la violencia ligada al narcotráfico que sí golpea a países como Colombia.

"El narco no ha traído los niveles de violencia que tiene Colombia. Puedes traficar miles de de toneladas y pasar por donde sea, y nadie se está matando por ello, como sí ocurre en Colombia cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) pisa el territorio de la disidencia o cuando el Clan del Golfo pelea por su espacio. Aquí no hace falta eso, porque tienes una fuerza armada que lo hace y el que lo haga fuera de ese control sí lo alcanza la mano del Estado y lo apresa. Esto es una de las perversidades mayores del sistema creado por el chavismo".

En México y Centroamérica, ser mujer y migrante significa exponerse a múltiples formas de violencia: desde la exclusión del sistema de salud, hasta agresiones sexuales y el miedo constante. Seis de cada diez mujeres migrantes dicen sentirse inseguras durante su tránsito, alerta un informe de Médicos del Mundo. Para ir más allá de las cifras, esta ONG ha pedido a la artista Alexa Forero que traduzca esa realidad en una obra artística itinerante titulada “La cuerpa que migra”.

México cuenta con un marco legal avanzado en materia de derechos sexuales y reproductivos, con acceso gratuito a la salud. Sin embargo, en la práctica, miles de mujeres migrantes no reciben una atención digna.

La razón es un obstáculo administrativo casi infranqueable para ellas: el código CURP, Clave Única de Registro de Población.

“El acceso al sistema de salud en México funciona normalmente bajo la presentación de un código que se refiere claramente a la identidad y está asociado a la residencia. Cuando una mujer extranjera migrante llega a los centros de salud de México le piden ese código”, explica a RFI Chiara Santoro, representante de Médicos del Mundo en México.

“No teniendo ese código porque no son personas que ya tienen su residencia en México, se le niega sistemáticamente el servicio a la salud”, añade.

En lugares como Tapachula, en la frontera sur de México, Médicos del Mundo ha documentado barreras estructurales alarmantes para acceder a servicios básicos.

'Cuerpas feminizadas'

Esa evidencia se ha traducido en acción directa, incidencia política y, desde hace poco, también en arte. La artista visual Alexa Forero ha creado “La cuerpa que migra”, una instalación que combina recursos gráficos, sensoriales y testimoniales para traducir el trabajo de campo de la ONG en una narrativa estética, política y humana.

“La obra entera está conformada por seis piezas, una es un sitio interactivo donde está albergada toda la información de la investigación que hace Médicos del Mundo y mi investigación propia a partir de encuentros que tuve con mujeres en Tapachula”, cuenta Forero.

“Es una reflexión frente a la diferencia que hay en las ‘cuerpas feminizadas o femeninas’ que emigran, porque la situación se es diferente cuando eres mujer por los temas de la agresión sexual, pero también las necesidades que tienen de salud sexual y reproductiva, del cuidado menstrual, de planificación. Entonces, todas estas experiencias, incluso la del embarazo en tránsito, es algo que atañe solamente al cuerpo de la mujer. Entonces sí, hay que hablar de ‘cuerpa’ como organismo que atraviesa el proceso migratorio”, explica la artista.

Según Médicos del Mundo, el 60% de las mujeres migrantes en México y Centroamérica reporta sentirse insegura durante su viaje.

Tras once años de proceso condenaron a 28 años de cárcel a dos empresarios madereros por el asesinato en 2014 de cuatro líderes indígenas ambientalistas, que habían sido amenazados por defender el bosque. RFI habló con el abogado de los familiares de las víctimas.

La justicia ha confirmado la condena de 28 años de prisión y una reparación civil de 100.000 soles (unos 28.000 dólares) contra los responsables del asesinato de cuatro líderes indígenas en la comunidad de Saweto. Felipe Tapia, abogado de las viudas de las víctimas, celebró la decisión, destacando la importancia de esta confirmación judicial para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos amazónicos.

Si bien la defensa había solicitado penas más elevadas, llegando a un máximo de 35 años y una reparación civil de 250.000 soles, Tapia enfatizó a RFI que lo esencial y más importante ha sido la ratificación de la condena. "Estamos satisfechos porque lo que buscábamos era que la justicia alcanzara a las viudas de los líderes indígenas asesinados", afirmó Tapia, señalando que, a pesar de no lograr las penas máximas debido a criterios legales, la sentencia es "contundente" por su alta cuantía.

La confirmación de esta sentencia de segunda instancia no solo hace justicia en el caso Saweto, también marca un precedente en un país donde los pueblos indígenas siguen siendo amenazados por actividades ilegales en sus territorios.

El caso Saweto es paradigmático: se trata de uno de los primeros casos en que líderes indígenas son asesinados por defender sus tierras. Felipe Tapia subrayó la gravedad de la situación actual en Perú, donde los territorios indígenas son sistemáticamente invadidos por la tala y minería ilegal, e incluso por el narcotráfico. "Uno de los objetivos de obtener justicia a través de una sentencia condenatoria era establecer un precedente", explicó el abogado.

“Esto genera un precedente en el sentido de que cualquier actividad ilegal que se realice atropellando, vulnerando los derechos indígenas, especialmente el territorio, tiene una sanción que debe ser claramente establecida. En este caso, sobre todo la violencia, la amenaza que se ha ejercido contra los líderes indígenas y que se viene ejerciendo todavía tiene que ser sancionada y tiene que ser reprimida con mucha severidad”, puntualizó.  

Caso Saweto

Edwin Chota Valera, Leoncio Quintísima Meléndez, Jorge Ríos Pérez y Francisco Pinedo Ramírez fueron asesinados el 1 septiembre de 2014, en medio de amenazas por oponerse a la tala de árboles ilegal en la región de Ucayali, en el este peruano, donde se encuentra la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, a la que pertenecían.

Los victimarios son cinco madereros ilegales: los hermanos Josimar y Segundo Atachi, José Estrada, Hugo Soria y Euricio Mapes. Ninguno de ellos acudió a la lectura del fallo y Mapes fue declarado reo contumaz por no asistir a las audiencias.

La justicia argentina investiga un escándalo de corrupción que amenaza con implicar a altos funcionarios del gobierno de Javier Milei. La semana pasada las autoridades argentinas allanaron varias propiedades para recabar pruebas sobre un presunto caso de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Presiones, sobornos, audios filtrados a la prensa y un gobierno que se mantiene en silencio. La justicia argentina investiga un supuesto caso de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que el exdirigente de este organismo, Diego Spagnuolo, a su vez próximo del presidente Javier Milei, fuese removido de su cargo tras salir a la luz unos audios aún no verificados, en el que se alude sobornos entre altos funcionarios e incluso salpican a la hermana del presidente, Karina Milei, quien es la actual secretaria General de la Presidencia.

“No me ha sorprendido en cuanto a una práctica de este gobierno porque ya tiene denuncias en otros organismos”, dijo a RFI el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. “Lo que sí me ha dolido mucho es que sea en la Agencia Nacional de Discapacidad, porque lo paradójico acá es que se hizo un ajuste salvaje de los recursos para las personas con discapacidad. Se estigmatizó a las personas con discapacidad como que tenían pensiones truchas, certificados truchos. La Justicia lo demostrará, pero por lo que se ha conocido. Además, estaban utilizando el organismo para enriquecimiento ilícito. Entonces es muy triste que desde el Estado se perpetre esto en contra de uno de los colectivos más vulnerables de nuestro país. Yo confío en que la justicia actúe rápido, pues la justicia es la que debe dar las respuestas lo más rápido posible”, señaló.

El escándalo que supone esta investigación coincide con las protestas que mantienen desde hace poco más de un mes las diferentes organizaciones a favor de los discapacitados que siguen luchando para que se apruebe una ley que permita garantizar los derechos y servicios esenciales para las personas con discapacidad, en un contexto de recortes y demoras en los pagos.

“El Gobierno ni siquiera nombra la situación, ni siquiera habla de esto porque lo toman como que acá no ha pasado nada. Y es vergonzoso porque las organizaciones de las personas con discapacidad la están pasando mal. Los profesionales no están recibiendo, digamos, el ajuste necesario y económico con respecto a esto, y hoy tuvimos que salir de vuelta en las calles para pronunciarnos en contra de esta corrupción, porque es terrible que no haya pan en la mesa de muchos y muchas personas, cuando en realidad hay un hecho de corrupción donde se están llevando plata en nombre de la discapacidad”, deploró Remigia Cáceres, secretaria nacional de discapacidad en CTA (Central de trabajadores en Argentina).

Mientras la justicia argentina actúa con rapidez tras los 16 allanamientos realizados a finales de la pasada semana en el que se incautaron teléfonos y computadoras, contrasta con el silencio del gobierno que sigue sin pronunciarse sobre este caso al cierra de esta edición.

A finales de agosto de 2005, el huracán Katrina azotaba las costas estadounidenses del Golfo de México. Al estado de Luisiana llegó con rachas de viento de hasta 200 kilómetros por hora. Ese mismo día, unos diques mal construidos y poco mantenidos no resistieron las crecientes, que se desbordaron, y la ciudad quedó bajo el agua durante días. En esta tragedia 1.392 personas perdieron la vida y los sobrevivientes reinventaron su ciudad.

El 29 de agosto de 2005, y los días que le siguieron, marcaron la memoria de los habitantes de Nueva Orleans. Aquel día en menos de dos horas, las inundaciones cubrieron el 80% de esta ciudad poblada en ese entonces por 484 674 habitantes, con niveles de agua que superaron los seis metros en algunas zonas. Esto provocó desplazamientos masivos y, según The Data Center, un año después la ciudad se repobló pero a la mitad, con aproximadamente 230.172 habitantes en julio de 2006.

Una nueva Nueva Orleans

“Viví en Nueva Orleans justo después de que ocurriera el huracán Katrina”, narra su testimonio sobre los cambios demográficos de la ciudad el Dr. Paul Kadetz, Profesor en la Escuela de Ingeniería Shiley-Marcos de la Universidad de San Diego Estados Unidos y profesor titular en el Instituto de Salud Global y Desarrollo de la Universidad Queen Margaret en el Reino Unido. “En ese momento era enfermero. Así que decidí ir para ayudar”.

“Lo que presencié entonces, y en las veces que he regresado, es que la población se ha vuelto económicamente más homogénea. Ya no es tan diversa en ese aspecto como lo era antes del huracán. Esto se debe en gran parte a que los servicios públicos de ayuda ya no existen, lo que ha provocado el desplazamiento de gran parte de la población. Es importante considerar que, a diferencia de muchas otras ciudades en Estados Unidos, donde la gente está más acostumbrada a viajar y a mudarse, en Nueva Orleans la situación es distinta. Ahí es común que las familias vivan en la misma ciudad por generaciones”.  

Una década después, al hacer el recuento de los daños, el entonces presidente Barack Obama aceptó que Katrina dejó al descubierto “el fracaso del Gobierno a la hora de velar por sus propios ciudadanos”. Antes del huracán, los expertos ya habían asegurado que esta ciudad era vulnerable a las inundaciones porque tiene zonas que se encuentra por debajo del nivel del mar, donde residen las personas de bajos recursos.

A pesar de la titánica tarea de reconstrucción, miles de personas regresaron, como es el caso de una comunidad vietnamita que tenía en la memoria la experiencia de la guerra de Vietnam y con “una gran capacidad de resistencia hacia la adversidad”, contó el Dr. Paul Kadetz.

“Estas comunidades no sólo recuperaron sus hogares, sino que además lograron que el lugar se reconstruyera según sus propias indicaciones. Algo verdaderamente inusual. Este éxito se debió en gran parte a sus características únicas”, estimó.

“Eran familias que vivían juntas. Ya habían enfrentado tragedias durante la guerra de Vietnam, tras vivir como refugiados en otra ciudad. Un sacerdote los invitó a Nueva Orleans para que formaran su propia comunidad parroquial: la parroquia María Reina de Vietnam (Mary Queen of Vietnam Church, en inglés) que era el centro y pilar de todas sus actividades sociales en Nueva Orleans”.

Katrina causó daños que hoy equivalen a 170.000 millones de dólares, una cifra que lo convierte en el huracán más destructivo en la historia del país.

El gobierno declaró el Estado de Emergencia Nacional por los incendios que arrasan varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador y director de la Fundación Tierra, advierte que el modelo agrícola y ganadero, centrado en cultivos de exportación, favorece la deforestación y la quema de tierras, agravando la devastación ambiental.

El gobierno decretó el Estado de Emergencia Nacional ante el avance de los incendios forestales en varias regiones del país. Juan Pablo Chumacero, investigador en temas agrarios y director de la Fundación Tierra, estima que el sistema de producción agrícola y ganadera, ligado a cultivos como la soya, el sorgo, el azúcar y el maíz, contribuye al agravamiento de este fenómeno.

Hasta este miércoles se registraban 720 focos activos de fuego, de los cuales 540 estaban en Santa Cruz y 140 en la región amazónica de Beni. Los incendios incluyen reservas naturales consideradas patrimonio ambiental. Tras decretar la Emergencia Nacional, el gobierno podrá movilizar recursos humanos, financieros y la cooperación internacional para afrontar una crisis que ya ha arrasado miles de hectáreas y pone en riesgo a comunidades enteras.

En 2024, Bolivia sufrió un récord histórico de devastación, con más de 12 millones de hectáreas quemadas —equivalentes a aproximadamente el 11% del territorio nacional— como consecuencia de los incendios forestales.

Juan Pablo Chumacero explica el origen de estos incendios: "En los últimos cinco o seis años hemos tenido incendios de tamaño totalmente desastroso en Bolivia. Esto ha generado una serie de alertas y preocupaciones de la sociedad civil, de las ONG, de la cooperación internacional, de la justicia ambiental y también de los distintos niveles de gobierno. A pesar de ello, a pesar de existir una serie de normativas que pretenden frenar los incendios —ya que muchos son ocasionados por mano humana con el fin de ampliar la frontera agrícola o buscar maneras de enriquecimiento rápido a costa del bosque y la tierra—, se siguen dando situaciones en las que la gente vuelve a quemar".

Priman los intereses económicos de la industria agrícola 

Según Chumacero, los intereses económicos de corto plazo se han impuesto en la agenda política, en detrimento del medio ambiente: "Lo que está detrás de estos incendios forestales es un sistema de producción agrícola y ganadera ligado a bienes de exportación como la soya, el sorgo, el azúcar, el maíz y también la carne vacuna. Este modelo se utiliza desde hace 40 años. El crecimiento del sector depende de ampliar la frontera agrícola, de deforestar y habilitar nuevas tierras de cultivo. El sector agroindustrial, agrícola y ganadero es grande, tiene poder y hasta ahora ha mantenido una relación de trabajo en concordancia con el gobierno. Por esta razón, no se ha planteado de manera seria un cambio de modelo que suponga dejar de expandir la frontera agrícola recurriendo a estos métodos. Lo que tenemos es una política que más bien facilita la expansión mediante la quema y la deforestación".

Hasta el momento se han realizado 52 operaciones contra los incendios forestales, con la participación de más de 900 personas, entre ellos bomberos, militares y miembros de diferentes instituciones.

El presidente Maduro anunció el despliegue de varios millones de milicianos en respuesta a la amenaza que representa la movilización militar de Estados Unidos cerca de sus costas. El senador estadounidense Marco Rubio confirmó la semana pasada el envío de fuerzas navales y aéreas al Caribe para una operación antidrogas, poco después de que la administración duplicara la recompensa por Maduro, acusado de formar parte de un cartel, a 50 millones de dólares.

El anuncio del envío de 4,5 millones de milicianos por parte de Maduro se enmarca en el aumento de la recompensa a 50 millones de dólares por “información que conduzca al arresto” del mandatario venezolano y en el despliegue de 4.000 soldados estadounidenses, apoyados por un submarino de ataque nuclear, destructores, aviones de reconocimiento y otros buques de guerra en el Caribe.

Para Eric Sigmon, exoficial de seguridad del Departamento de Defensa estadounidense, el anuncio de Maduro tiene un elemento de política doméstica.

"No es sorprendente que Nicolás Maduro utilice la amenaza de una posible intervención estadounidense para fortalecer la cohesión entre sus seguidores y, sobre todo, dentro de las Fuerzas Armadas. Después de todo, su permanencia en el poder depende del respaldo militar. Ahora bien, hay que reconocer que el despliegue militar [estadounidense] que estamos presenciando no tiene precedentes. Representa una escalada por parte de Estados Unidos que parece estar considerando el uso de sus fuerzas armadas para una operación antidroga a gran escala en la región", sostiene Sigmon.

Para este especialista, "la lucha contra el narcotráfico liderada por Washington se ha basado tradicionalmente en la cooperación con las fuerzas policiales locales o en alianza con los gobiernos de turno". Por eso estima que "Maduro no está del todo equivocado al señalar que esta movilización es ‘inusual y preocupante’. Sin embargo, también es cierto que, desde hace años, tanto él como su antecesor, Hugo Chávez, han recurrido al discurso del peligro de los gringos para pedirle a los venezolanos que los sigan apoyando", subraya Eric Sigmon.

"Es un primer paso, una forma de tantear el terreno" 

En este contexto, la posición de México cobra particular relevancia. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, declaró que defiende el principio de no intervención, no solo por convicción, sino porque está en la Constitución de su país. ¿Qué tanto tendrá en cuenta la administración Trump la postura de su vecino?

"El despliegue militar estadounidense es un primer paso. Es una forma de tantear el terreno, probar los límites del derecho internacional y evaluar las reacciones que podría generar. Para muchos países, en especial para México, esta acción resulta preocupante. Los mexicanos también temen que Estados Unidos intente replicar este tipo de medidas en su propio territorio. De hecho, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reveló que Donald Trump le propuso enviar tropas estadounidenses a México para perseguir a los líderes de los cárteles y combatir el narcotráfico, una solicitud que ella rechazó", sostiene Sigmon.

Pese a la debacle de su partido, el MAS, en la primera vuelta presidencial, el expresidente boliviano Evo Morales celebró el histórico 19,2% alcanzado por el voto nulo que promovió. El análisis de Héctor Arce, diputado del MAS y cercano a la organización Evo Pueblo, y de Roberto Laserna, investigador social en Democracia y Desarrollo.

Una de las lecturas más destacadas que deja la primera vuelta presidencial en Bolivia es la hecatombe del MAS, partido cuyo líder histórico ha sido Evo Morales. Atrás quedan casi 20 años de poder que desembocaron en la fractura de la izquierda bolivariana, entre otras razones, por los enfrentamientos entre Evo Morales y el presidente saliente, Luis Arce, así como la disidencia de Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, y la escasa popularidad de Eduardo del Castillo, candidato del Movimiento al Socialismo en las elecciones del fin de semana. Ese partido, según Héctor Arce, diputado del MAS y simpatizante de la organización política en proceso de construcción Evo Pueblo, ha sucumbido.

“El MAS está muerto, está desmantelado, ha quedado desorientado porque no hay un liderazgo que pueda buscar la unificación. De hecho, muchos de sus responsables ya están hablando incluso de apoyar a Lara. Imagínese. Son una especie de prostitutos políticos que se adueñaron de la manera más irregular de la sigla (MAS). Hoy todos ellos han quedado huérfanos, descabezados, sin propuestas, sin discurso. ¿Qué van a poder decir de estos cinco años? Nada. Por eso, Eduardo del Castillo hablaba de los logros obtenidos durante los 14 años en que Evo Morales estuvo al frente del movimiento. En cambio, no se mencionaban los logros de Lucho Arce. Entonces, los del MAS han quedado pulverizados en este proceso electoral”, sostiene Héctor Arce.

Evo Morales resiste 

A pesar de que el MAS esté a punto de extinguirse, Evo Morales resiste en un segundo plano tras conservar un fuerte apoyo en algunos bastiones rurales e indígenas. El primer jefe de Estado de origen indígena en Bolivia hizo campaña instruyendo a sus bases a votar nulo para generar un boicot que se reflejó en casi 1,2 millones de votos nulos, un resultado histórico con un pico del 19,2%.

Este es un hecho político que hay que tener en cuenta, comenta el investigador social en Democracia y Desarrollo, Roberto Laserna.

“Fracciones del MAS han participado y han recibido directamente el repudio de la ciudadanía. Pero hay que reconocer que Evo mantiene hasta casi el 15% de su base electoral. Esto representa un riesgo para el sistema político, teniendo en cuenta que ese bloque está por fuera de las instituciones. Pueden movilizarse en las calles y, como tienen poco que perder, generar mucho conflicto y convulsión social. Se puede decir que el MAS, políticamente, ha fracasado y ha demostrado una absoluta incapacidad para aprovechar las mejores oportunidades que tuvo el país, pero al mismo tiempo no está del todo muerto y seguramente va a seguir causando problemas”.

Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo no lograron convencer, con un 8,2% y un 3,2% de los votos, respectivamente, mientras Evo Morales celebraba el triunfo del voto nulo, que superó el 19%.

La doble sorpresa de las presidenciales en Bolivia celebradas el domingo es la ausencia de un candidato del bloque de izquierda en la segunda vuelta en octubre próximo, así como la llegada en primer lugar del candidato demócrata crisitiano Rodrigo Paz. Análisis con el politólogo Marcelo Arequipa.

Rodrigo Paz pateó el tablero electoral. Ninguna encuesta anticipaba su paso a la segunda vuelta, pero el senador del Partido Demócrata Cristiano, de 57 años, no solo disputará el balotaje el 19 de octubre, sino que parte en primera posición. Obtuvo la mayor votación (32,1%), por delante del expresidente Jorge Quiroga (26,8%). Dentro del deseo generalizado de cambio, su propuesta de centroderecha es vista como la más moderada. Lejos de ser un outsider, Paz tiene un amplio recorrido como político, ya que fue edil, alcalde y senador de Tarija.

"Rodrigo Paz no es un político nuevo, pero sí alguien que ha sabido moverse y conectar con la gente, haciendo algo que Jorge Quiroga no ha hecho: trabajo territorial constante", explicó a RFI el politólogo Marcelo Arequipa. Si una mayoría de bolivianos ha decidido otorgarle la delantera en la primera vuelta, es, según Arequipa, porque "tiene un perfil más de político que de empresario".

Rechazo al perfil empresarial de Doria  

Su rival, Jorge Quiroga, por su parte, es un "político tradicional, pero no ha estado todos estos años recorriendo Bolivia de manera constante, como sí lo ha hecho Paz. Quiroga siempre ha tenido una agenda internacional, en contra de las izquierdas o del denominado Socialismo del siglo XXI. Se le puede considerar, en cierta medida, un político tecnocrático, si bien conserva un cariz de corte político. Samuel Doria Medina, en cambio, quiso mostrarse más como un presidente-empresario que como un auténtico político", sostiene Marcelo Arequipa.

"Paz y Quiroga se diferencian en la forma, pero comparten propuestas de fondo como la eliminación de los subsidios a los combustibles y reducciones de impuestos. Ambos anuncian una ruptura con el sistema de corte estatal que impuso el MAS bajo la guía de Evo Morales. Cualquiera que gane la presidencia tendrá el reto de cumplir los recortes de gastos prometidos a una población que se ha favorecido durante dos décadas de subsidios, bonos y programas sociales. La tarea no se anuncia fácil", agrega el analista. 

La propuesta de Rodrigo Paz de un "capitalismo para todos" caló hondo entre el electorado desencantado de la izquierda. Pero, ¿qué explica justamente el desencanto por el Movimiento al Socialsimo (MAS)?

"La disputa interna entre los políticos del bloque de la izquierda —Luis Arce, Evo Morales y Andrónico Rodríguez— terminó por cansar a la gente. No tanto por ser una pelea entre políticos, sino porque la ciudadanía empezó a sentir que esa disputa afectaba su bolsillo. La economía de las familias, la subsistencia diaria, comenzó a resentirse. La conexión entre política y economía se convirtió en un cóctel complicado y volátil para ese sector de la izquierda. Esto explica, en parte, el golpe que hoy recibe el bloque de izquierda en las urnas", explica Arequipa.

Paz: "Cambiar el modelo económico que trabaja para el Estado y no para los bolivianos"   

El principal reto del próximo presidente será cumplir los recortes de gastos que ofreció, pues la población ya está habituada a recibir subsidios, bonos y programas sociales.  

"Esta elección está demostrando que el electorado boliviano no está dispuesto a darle el poder a un candidato que represente un extremo, algo así como una vertiente pro-Milei, por decirlo de alguna manera. La gente se inclina más por un discurso de centro, más conciliador", subraya Marcelo Arequipa.

De hecho, "tanto Rodrigo Paz como Jorge Quiroga no han propuesto medidas radicales para la economía, es decir, medidas de shock, sino que han propuesto aquello que se conoce como el gradualismo, hacer las cosas de manera gradual. Y creo que eso es relevante en la medida en la que se traduce en la idea de que el pueblo de Bolivia no está dispuesto a escuchar medidas de shock, porque esos ajustes siempre van hacia abajo. En un Estado no van hacia arriba. Ése es un apunte importante para quien vaya a ganar realmente la segunda vuelta y cómo traduzca sus medidas económicas", concluye Arequipa. 

En los conflictos armados la violencia sexual es usada como una “táctica de guerra” y aumentó un 25% en 2024, de acuerdo con un informe de la ONU. Colombia es uno de los países donde se registró un fuerte aumento de agresiones sexuales en el contexto del conflicto entre la guerrilla y las fuerzas armadas.

Desde Colombia hasta Ucrania, pasando por Israel y Afganistán, la violencia sexual ha sido utilizadas "como táctica de guerra", así lo denunció este jueves el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Los países que encabezan la lista del informe anual “Violencia sexual en conflicto armado” son la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Haití y Sudn del Sur.

“La violencia sexual es usada como un mecanismo de terror” dijo a RFI Pilar Rueda, asesora en Género de la Unidad de Investigación de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. El trabajo, elaborado a pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, compara las cifras de violencia sexual respecto a las del año anterior.

En Colombia, el informe reporta un aumento del 68% en 2024 en agresiones sexuales que son cometidas principalmente por grupos guerrilleros, pero también por la policía y las fuerzas armadas.

Rueda aseguró que la violencia sexual es usada principalmente por los hombres, y que es importante el informe de la ONU porque exhibe la irresponsabilidad de los Estados para combatir este crimen.

“En Colombia lo han vivido las víctimas de conflicto armado. Tenemos algunos avances, por lo menos formales. Estamos trabajando para aplicarlos en la realidad. Para eso fue importante el acuerdo final de paz que se firmó entre el gobierno y las FARC porque es el primer acuerdo que incluyó la violencia sexual”, destacó.

Impunidad

El informe también señala que habrían estado implicados miembros de la policía y de las fuerzas armadas nacionales, y pide a las autoridades colombianas que agilicen la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Paz de 2016 relativas al género y que mejoren el acceso a la justicia para las víctimas.

De acuerdo con la asesora, este crimen aumentó debido a la impunidad de más del 94% de los casos y lamentó que ningún país sancione la violencia sexual en conflicto armado. “Los procesos no logran determinar responsabilidades penales. Para las víctimas es muy agotador y para los victimarios es un incentivo”, lamentó.

Además de la falta de jurisprudencia, Rueda evidenció que no existen medidas de prevención, “lo que refleja que sigue existiendo una profunda subvaloración de este delito”.

“Es como si dijeran: ‘bueno sí, violaron a la persona, a la mujer, al hombre, al niño o niña’, pero esa persona sigue viviendo. Y para quien no conoce lo que eso implica en los daños de las emociones y en la salud de las víctimas, es como si no fuera grave”, lamentó. “Existe una deuda con las víctimas y [es ahí] donde debería ponerse todo el interés”.

Pilar Rueda pidió el establecimiento de métodos de investigación más efectivos, como los que desarrolló el premio Nobel de la Paz, el doctor Denis Mukwege, quien en su hospital atiende a víctimas de abuso y recoge pruebas forenses clave para llevar ante los tribunales a los agresores y así combatir la impunidad.

La ONU aclaró que su informe publicado en 2025 fue elaborado con datos verificados en 21 países, pero que "existen denuncias en lugares como Ucrania y los territorios palestinos ocupados que no ha podido comprobar debido a la denegación de acceso a los observadores".