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Dos oenegés salvadoreñas denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo de la OEA, casos de violaciones de derechos de los detenidos durante el régimen de excepción instaurado en el país centroamericano desde marzo de 2022.

Las oenegés denuncian 530 casos de violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. Alejandro Díaz, abogado de la Asociación de derechos humanos Tutela Legal María Julia Hernández, una de las oenegés detrás de esta denuncia, indicó que se trata de “torturas, asesinatos, desplazamientos, malos tratos, aún dentro de las cárceles”.

El indica que estos casos los presentaron a la Comisión porque “ya han agotado todas las instancias nacionales. Se han presentado a la Procuraduría General, a Derechos Humanos y a la misma sala de la Corte Suprema de Justicia que ha dado respuestas negativas”, agregó, indicando que en la mayoría todavía están esperando respuesta, tras más de dos años.  

A esos delitos también se suman desapariciones forzadas y homicidios de personas mientras se encontraban detenidas. Lo que buscan las oenegés es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos genere recomendaciones al Estado salvadoreño, como lo hizo en septiembre pasado en un informe en el que denunció abusos en el uso de la fuerza durante el estado de excepción y pidió derogarlo.

Al respecto el abogado Díaz explicó el procedimiento: “Nosotros lo que hemos hecho es activar el proceso ante el sistema, donde los casos individuales son presentados a la comisión, pero también van a trascender, si el Estado no responde a las recomendaciones, van a trascender a la corte y a una posible condena contra el Estado con medidas de reparación individuales, pero también colectivas”, explicó.

No se tienen cifras precisas del número de detenidos en este periodo durante el primer año de estado de excepción, el Ministerio de seguridad daba cuenta de 71000 detenciones, pero las oenegés denuncian que a partir de ese momento no se tienen datos concretos, algo con lo que coincide Díaz. “En realidad no hay cifras, porque no hay información. Es otro de los derechos que se ha censurado, es difícil saber la información de lo que está sucediendo, no hay cifras oficiales y lo que se ha recogido son casos dentro de las organizaciones y movimientos”.

Claro que el gobierno sí habla de otras cifras: Las de la baja en las tasas de homicidio significativamente menores que hace dos años. Bukele dice que son esas cifras las que justifican la prolongación del estado de excepción.

Al respecto, el abogado Alejandro Díaz, de la asociación Tutela Legal, indicó que la CIDH ya le había dicho el mandatario “que no puede haber esa dicotomía entre derechos humanos y seguridad. Eso en ningún estado es viable, aseguró”.

Hace unos días Bukele afirmó ante la Asamblea General de la ONU que su cruzada antipandillas convirtió a El Salvador en "el país más seguro de todo el hemisferio occidental".

Este mes se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Se trata de uno de los casos más emblemáticos y que ha causado indignación mundial.

“Nunca dejamos de buscar a los jóvenes” indicó el presidente de México, Andrés Manuel López obrador, cuando se cumplen 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y horas antes de esa declaración, el mandatario enviaba una carta a los padres de los desaparecidos explicando lo que había hecho su gobierno para esclarecer los hechos, adjuntando también el tercer y último informe de la comisión presidencial sobre este caso.

Vidulfo Rosales es uno de los abogados de las familias de los desaparecidos de Ayotzinapa y señaló que no tienen claridad sobre lo que se necesita para esclarecer el caso: “Tenemos de parte del presidente apreciaciones subjetivas, posiciones políticas, ideológicas, valoraciones de carácter muy subjetivo y no tenemos un balance con elementos objetivos y tangibles probatorios que nos diga dónde estamos que faltó y qué es lo que se necesitaría para esclarecer el caso”. 

Ya van 10 años desaparecidos y sin que se tengan rastros de los 43 jóvenes que viajaban a una manifestación en Ciudad de México, las investigaciones no avanzaron durante la presidencia de Peña Nieto, los dos primeros años de López Obrador fueron esperanzadores, pero todo se frenó cuando los militares comenzaron a ser relacionados con la investigación. “Uno de los puntos importantes va a ser para poder avanzar en el caso, que el Ejército mexicano sea investigado y que ponga a disposición de las autoridades la información basta que tienen sus archivos y que pudieran dar cuenta de lo ocurrido” indicó Rosales, quien además aseguró que “si no está dispuesto el ejército a dar esta información y a que se le investigue por su probable participación e implicación en el caso, sería muy difícil dar con el paradero y avanzar”. 

Cabe recordar que ocho militares han sido acusados de haber colaborado con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, pero en mayo pasado fueron dejados en libertad provisional levantando una ola de críticas que llevó a que los familiares de las víctimas acusarán incluso a López Obrador de haber cerrado filas con el Ejército. Ahora, las familias y sus abogados le piden a la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre esclarecer la desaparición de los normalistas. 

Rosales indicó que Sheinbaum ya se comprometió a que una vez que asuma el caso revisaría el expediente. “Podemos restablecer el diálogo, que haya un diálogo más fluido, más respetuoso, un diálogo donde se entienda a las víctimas. Un diálogo donde se les considere, donde se les tenga compasión por todo el sufrimiento que han pasado y no se les vea como una disidencia política”. 

En agosto de 2022, la comisión de la verdad creada para esclarecer la desaparición de los jóvenes afirmó que lo ocurrido en iguala, fue un crimen de Estado y apuntó a una posible participación del Ejército. 

La Amazonía se encuentra en estado crítico. En menos de cuatro décadas, el pulmón del mundo perdió un área de bosques casi tan grande como Colombia, según un estudio de la red de monitoreo RAISG. Este gran ecosistema, vital para la humanidad y el planeta, experimenta una expansión “acelerada” de la minería, agricultura y ganadería. 

La situación de la mayor selva tropical del planeta es "alarmante". Así lo señala el análisis del sistema MapBiomas Amazonas, que la Red Amazónica de Información Socio ambiental Georreferenciada (RAISG) presentará esta semana. Entre 1985 y 2003, la deforestación destruyó un 12,5% de la cobertura vegetal de la región amazónica, un total de 88 millones de hectáreas.

Esto se debe a una "transformación acelerada" del uso de los suelos, dice Sandra Ríos del Instituto del Bien Común de Perú, miembro de esta iniciativa. “Hemos visto un crecimiento enorme de lo que ha sido la minería. De 1985 hacia 2023 ha crecido en más de 1.000%. La agricultura, más de 500%, y hubo casi 300% de crecimiento en la ganadería”, explica.

El año pasado fue el más devastador de las últimas dos décadas, con una pérdida de más de 3.8 millones de hectáreas. Esta superficie equivale a 190 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. La pérdida de estos bosques, claves para la regulación del clima, tiene graves consecuencias a nivel global. “Ya estamos viendo eventos extremos en toda la región, no solamente en la amazónica, es a nivel global. Tenemos sequías, por un lado, inundaciones por el otro. Los incendios se siguen multiplicando”, indica la experta.

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Desde hace semanas, grandes extensiones arden en Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina, favorecidos por la severa sequía. A su vez, algunos afluentes del río Amazonas registran sus niveles más bajos en décadas. Este fenómeno no solo destruye la biodiversidad, sino que amenaza la supervivencia de los 47 millones de personas que viven en sus riberas, principalmente, las poblaciones indígenas, “siendo las más afectadas y las que necesitan respuestas inmediatas a las emergencias climáticas, porque estas poblaciones locales han sido por años barreras a la deforestación en las áreas que ellos ocupan”, aduce.

Para revertir esta situación, la especialista recomienda seguir trabajando por la conservación de estos ecosistemas, pero también por la recuperación y reforestación a nivel regional, sin dejar de lado las medidas de adaptación. No obstante, insiste en que esta tarea no solo debería recaer en los gobiernos de los países amazónicos, sino que “debería ser una agenda global que no solamente se plantee desde las políticas, sino desde la identificación de estrategias claves, pero que aterricen realmente en su implementación en el campo”.

Y para la RAISG, la respuesta ha de ser urgente. De seguir esta tendencia, la red considera que la Amazonía iniciará en unos años un proceso irreversible hasta convertirse en sabanas o praderas.

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Esta semana los chilenos andan de fiesta nacional. El "Día de las Glorias del Ejército" es celebrado cada 19 de septiembre, y para esta ocasión por las calles marchan numerosas compañías de militares… Numerosas por ahora pero quizá llegue el día en que a sus filas le falten soldados. Un reporte de la ONU asegura que la tasa de nacimientos de Chile es la más baja de toda América, incluso por debajo de la de Japón.

Los cálculos de los expertos estiman que actualmente la tasa de fecundidad mundial es de 2,3 nacimientos, y que podría descender a 2,1 hacia mediados de nuestro siglo.

El caso de Chile está muy por debajo de esas cifras: 1,17 hijos por mujer según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. ¿A qué se debe esto?

“Yo creo que un factor diferenciador de Chile tiene que ver con un cambio, una transformación social y cultural muy profunda y muy rápida que se ha dado sobre todo en los últimos 20 años en particular”, analiza Marinella Mazzei, Subdirectora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. “Los niveles educativos femeninos y la incorporación femenina al mundo laboral también se han profundizado en los últimos años, y eso ha generado una modificación importante en las trayectoria en un contexto mucho más individualista, por decirlo de alguna forma”, subraya.

Este cambio cultural liderado por las mujeres también está modificando la idea que los chilenos tiene sobre qué es una familia.

“A diferencia de un pasado, el ser mujer hoy necesariamente está unido al ser madre, y tampoco el ser familia, tampoco necesariamente estar unido a ser una familia con hijos, y eso es un cambio cultural profundo que se está dando en todas partes del mundo. Pero en Chile había una mirada un poco más conservadora y eso ha cambiado muy rápidamente para las nuevas generaciones”, estima Mazzei. 

A estas explicaciones se le suma el factor económico, concretamente el inestable panorama laboral del siglo XXI que contrasta con los años gloriosos del pasado.

“De percibir que posiblemente no tengo un salario tan alto, de que posiblemente mi situación laboral no es tan estable… Las trayectorias laborales son mucho más inestables hoy que la que vivieron, por ejemplo, nuestros padres en algún sentido, y eso afecta la decisión de tener hijos en Chile y en otras partes del mundo. Fíjate que son los mismos comentarios que uno escucha en Chile respecto de lo que se escucha en jóvenes asiáticos, en jóvenes de países europeos como Francia, por ejemplo”, subraya. 

Marinella Mazzei también resaltó que la edad se impone como el reloj biológico que marca la mejor hora para tener hijos, especialmente para las mujeres. 

Tras suspender el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Gobierno colombiano aseguró que solo “una manifestación inequívoca de la voluntad de paz” por parte de esa guerrilla podría recuperar las negociaciones. Esto después que el grupo armado perpetrara un ataque a una base militar en el departamento de Arauca, hiriendo a 29 soldados y matando a otros dos. RFI habló con Vera Grabe, jefa de la delegación negociadora del Gobierno en los diálogos de paz con el ELN.

El atentado en la base militar perpetrado por el ELN en 17 de septiembre se suma a seis voladuras contra dos oleoductos, un ataque contra un puesto de policía en Arauca y hostigamientos a la fuerza pública en, al menos, tres departamentos de Colombia.

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RFI: Hasta ahora, el Gobierno se mantenía en la posición de no levantarse de la mesa y de llamar reiteradamente al ELN al diálogo. Ahora manda el balón al campo de la guerrilla. ¿Qué tipo manifestaciones “inequívocas” del ELN se requieren para que ustedes regresen a la mesa de negociación?

Vera Grabe: No lo podemos predefinir. No ponemos condiciones en ese sentido porque hay muchas manifestaciones, gestos, propuestas. Pero tienen que ser claras y tienen que aparecer. No podemos condicionar y decirles qué tienen que hacer porque eso, finalmente, es volver a la lógica del regateo que no es muy útil. Queremos una claridad sobre cuál es su voluntad frente a este proceso.

RFI: Varios sectores comprometidos con la paz exhortan al gobierno y al ELN a continuar sentados en la Mesa porque una ruptura del diálogo no puede dejar sino más muertos.  Pero, también hay sectores con una mirada apocalíptica sobre este proceso que reclaman el fin de las negociaciones. ¿Con qué prisma ve usted una y otra opción?

Vera Grabe: Mi postura personal y como responsable de este cargo es perseverar en la paz. Volver a la lógica de la guerra, como lo reclaman algunos sectores, es muy fácil decirlo. Pero hay que fijarse en lo que ha pasado en este tiempo sin cese al fuego: la espiral de violencia que se empieza a generar.

Por eso, nuestra insistencia y, además haciendo caso exactamente a lo que dice la gente en territorio, a lo que manifiestan las organizaciones, las plataformas que están diciendo: “Diálogo ya, paremos la guerra, queremos la paz”. Eso también hay que escucharlo. No es solamente un tema entre el ELN y el Gobierno, sino también de la voz de la gente que vive en los territorios y que está cansada y  no está de acuerdo con recrudecer el conflicto. Pero, para ello, se requiere una verdadera voluntad de paz del ELN.

RFI: Cada vez que se pone en peligro el diálogo de paz se habla de ello, pero muy pocas veces se habla de los avances en los 22 meses de negociaciones. ¿Qué es lo más importante logrado en el proceso?

Vera Grabe: El solo hecho de haber cumplido un cese al fuego fue un éxito muy alto porque se redujo la violencia en los territorios. Lo otro es toda la dinámica de la participación que es  fundamental en ese proceso: la firma de un primer punto donde se recogen propuestas y la visión que tiene la sociedad sobre la participación. Es decir, la lógica de ir cumpliendo lo que se va acordando ha sido muy importante .

También fueron muy importantes las dinámicas humanitarias que sean la solución para las personas privadas de libertad en aspectos humanitarios .

Es decir, hay avances fundamentales. Además, este proceso tiene un peso específico. Aquí estamos negociando con la última guerrilla del continente y, en ese sentido, tiene un especial significado también esta negociación.

Claudia Sheinbaum tomará las riendas de la presidencia mexicana el 1° de octubre. Los últimos días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador están marcados por un aumento de la violencia en el norte del país donde grupos criminales controlan varios pueblos y ciudades. El ejército tiene prohibido enfrentarlos por orden del presidente. ¿Sheinbaum continuará la estrategia de seguridad de su predecesor?

“¡Abrazos, no balazos!”. Son tres palabras que Andrés Manuel López Obrador ha repetido durante todo su sexenio y que resumen, según él, su política de seguridad.

Para combatir el crimen organizado creó la Guardia Nacional, un cuerpo de élite en el que participan militares con funciones muy similares a la de los policías, pero que actualmente no pueden intervenir en el norteño estado de Sinaloa, las tierras del Chapo Guzmán, controlado por grupos criminales desde el 9 de septiembre.

Se cuentan desde entonces 30 civiles y dos militares muertos.

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“Ha faltado en su sexenio y desde hace varios sexenios el fortalecimiento de las condiciones de seguridad pública local, es decir, darles proyección, sentido, consistencia a las policías municipales y estatales”, afirma a RFI Javier Oliva, académico de la UNAM y experto en seguridad.

Explica que a la policía local no se le ha dado “capacidades disuasivas y de contención del delito”. Esto se ha evidenciado con la creación de la Guardia Nacional: “tiene 150.000 elementos, pero hay 422.000 policías locales, es decir cuatro veces más”.

“El enfoque ha sido un tanto desigual en cuanto a la seguridad en los municipios por principio de cuentas”, asegura Oliva.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, respaldó la estrategia de Obrador de no entrar en conflicto con los criminales en el estado de Sinaloa. Según sus palabras, esto generaría una guerra.

El experto apunta que esto no significa forzosamente que Sheinbaum continuará la estrategia de Obrador. “A la Secretaría de Seguridad Pública llega alguien que conoce el tema. Omar García Harfuch viene desde la policía federal, o sea, es un policía profesional. Me parece que no va a haber esta propensión a improvisar. Es una cuestión importante a considerar”, dice Javier Oliva.

Una comisión de la ONU denunció este martes una "intensificación del aparato represivo" en Venezuela en medio de cuestionamientos a la reelección del presidente Nicolás Maduro, con violaciones de derechos humanos, incluyendo crímenes contra la humanidad, para "silenciar" a la oposición.

Tras entrevistar a casi 400 personas y consultar decenas de documentos, el comité de expertos de la ONU afirma que Venezuela está cometiendo crímenes de lesa humanidad contra civiles para silenciar a la población. Según fuentes oficiales, las protestas ya han dejado 27 muertos, casi 200 heridos y 2.400 detenidos.

Unas cifras que Beatriz Borges, directora de la oenegé venezolana por los derechos humanos CEPAZ, considera inexactos. “Las organizaciones siguen documentando los casos de detenciones arbitrarias que no se reportan oficialmente. Y justamente ahí se ve que el número real de detenidos es diferente al que expresan las cifras oficiales”, asegura.

El grupo de expertos afirma que las autoridades venezolanas detuvieron al menos 158 niños entre el 29 de julio y el 6 de agosto. Un fenómeno nuevo y que los expertos de derechos humanos califican de preocupante por ser “una población clave para el cambio social”.

La ONU lleva vigilando la situación en el país suramericano desde 2019. Ahora, no solo confirma que el Gobierno de Venezuela lleva todos estos años atentando contra los derechos fundamentales de la población, sino que los ha intensificado, según evidencia el informe.

Para la Borges, la comunidad internacional debe dar “una respuesta firme y coordinada que esté centrada en los derechos humanos y que justamente llame al alto de la represión. Llame al alto del cierre del espacio cívico y que no puede permanecer indiferente ante las pruebas claras y contundentes de cómo el gobierno venezolano usa la represión sistemática y generalizada para mantenerse en el poder”.

Indígenas bolivianos afines al expresidente Evo Morales arrancan este martes una manifestación a la capital contra el gobierno, la crisis económica y para evitar la supuesta proscripción del MAS, el Moviemiento al Socialismo liderado por Morales. El actual mandatario, Luis Arce,  acusó a su predecesor de fraguar una estrategia para dar un golpe de Estado. Antiguos aliados y ahora rivales, ambos se enfrentan por el liderazgo en el oficialismo y por la postulación a la presidencia. 

Mientras que cerca de 10.000 indígenas del altiplano boliviano manifiestan este lunes en contra del gobierno del presidente Luis Arce, el expresidente de ese país, Evo Morales, participa este martes en una marcha nacional en la que le exige al Gobierno, entre otras cosas, la inmediata solución al desabastecimiento de combustible, así como a la carencia de dólares.

Para el politólogo Marcelo Silva, el expresidente Morales busca por un lado que “el Tribunal Electoral reconozca un congreso del partido que ha elegido a Morales como jefe del Movimiento Al Socialismo, pero, por otro lado, a la habilitación plena de la candidatura de Morales. Paralelo a ello, indudablemente se gesta el discurso de tener una marcha de descontento ante, indudablemente, las deficiencias de la gestión del presidente Arce”.

Para algunos es una estrategia de Morales para “tratar de agrupar a otros sectores que están sintiendo estos efectos para que la movilización crezca, para que la movilización se vuelva una bola de nieve que sea incontrolable para el gobierno. Ese es el plan de Morales, definitivamente”, asegura el politólogo Silva.

“Creo que solamente el discurso de ser habilitado o de ser jefe del MAS, es insuficiente para convocar a la población en general a una movilización de escala mayor que vaya a incomodar al gobierno. Pero muy diferente es de que ante esta situación se sumen otros pedidos que puedan coincidir además con otros sectores que tienen las demandas fundamentalmente económicas, ante el gobierno”, añade Silva.

Las manifestaciones se dan en medio de un fraccionamiento en el Movimiento Al Socialismo, una pugna entre Morales y Arce rumbo a las elecciones generales de 2025, por lo que silva considera que “está llegando el momento de definir quién va a ser el candidato del MAS y quién se va a quedar con el partido o por lo menos con la dirección del partido. Por un lado, Luis Arce intentará mantenerse en el gobierno, mantener el poder, tratar de conseguir la personería del MAS, creo que, por la vía institucional, por la vía gubernamental, mientras que Morales entiende que eso no es posible por esa vía. Por lo tanto, está utilizando la calle, la carretera, el bloqueo, la movilización, que indudablemente será su elemento central para presionar al Gobierno una posible habilitación como candidato para las próximas elecciones”.

El estado de emergencia impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022 ha agravado la libertad de prensa en El Salvador, así lo indican el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) luego de realizar una visita al país.

Carlos Lauría, Director ejecutivo de la SIP, quien hizo parte de la misión, indica que el Gobierno de Nayib Bukele restringe el acceso a la información pública y los periodistas son víctimas de intimidaciones.

“Los periodistas con los que hablamos denuncian una escalada y una estigmatización en el señalamiento, el acoso por parte de funcionarios, incluso de diputados oficialistas”, asegura Lauría.

El Director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa también denuncia que hay periodistas que fueron forzados a salir del país. “Y esto de manera temporal y también permanente debido a la persecución de los periodistas y también pudimos comprobar que las tácticas de intimidación incluyen auditorías financieras, manipulación de la publicidad oficial y la existencia de troles para hostigar a periodistas críticos y ampliar la propaganda oficial”, agrega.  

Estigmatización, acoso y amenazas por parte de figuras del Gobierno contra los trabajadores de la prensa, constataron las dos organizaciones según Lauría, quien además lamentó que muchos han preferido dejar de ser periodistas.

El comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador, Andrés Guzmán, negó que exista una persecución a la prensa en el país. Pero ambas organizaciones aseguran haber verificado los hechos y lamentan que desde la implementación del estado de emergencia, se haya creado un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.

Miles de seguidores del expresidente Alberto Fujimori desfilaron este jueves frente a su féretro, expresando su reconocimiento al 'héroe de la paz' y minimizando las violaciones de los derechos humanos que lo llevaron a la cárcel. 'Aunque les arda, Fujimori ha sido el mejor presidente del Perú', dice uno de ellos. Informe de nuestro corresponsal en Lima, Carlos Noriega.

Decenas de simpatizantes fujimoristas hacen fila esperando ver el féretro con los restos del exdictador, mientras entonan: "Fujimori presidente, costa, sierra y selva".

También se encuentran ahí excongresistas y exfuncionarios de su régimen. Todos ellos se congregaron en el Museo de la Nación y en el Ministerio de Cultura para el velatorio del expresidente que gobernó autoritariamente Perú entre 1990 y 2000. Alberto Fujimori falleció el miércoles a los 86 años. Los actos por su velorio se prolongarán hasta el sábado, cuando será enterrado.

Luis Herrera es uno de los primeros en llegar a la fila para ver el cuerpo del expresidente. "Aunque les arda a los opositores, a los terroristas y a los caviares, Fujimori ha sido para mí el mejor presidente del Perú. Hizo buenas obras. Tal vez cometió errores, pero su balance es muy favorable, más favorable que desfavorable", afirma Herrera.

Juan Roberto Castillo es simpatizante del fujimorismo desde la época del gobierno de Alberto Fujimori. "Fue el mejor presidente. Reintegró la economía nacional y combatió el terrorismo", dice.

Nancy también es simpatizante del fujimorismo desde hace muchos años. "Quiero mucho a este hombre. Fujimori nos dio la paz y la estabilidad económica, y derrotó al terrorismo", dice mientras otros fujimoristas entonan: "Alberto Fujimori, héroe de la paz".

Alberto Fujimori fue condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, pero sus simpatizantes niegan esos cargos, a pesar de las múltiples pruebas con las que fue condenado por la Corte Suprema.

Eddy se muestra escéptico sobre los cargos que pesan sobre el expresidente peruano: "Muchos de los cargos que se le imputaron han sido falsos. En una guerra hay buenos y malos. ¿Qué podemos hacer? A veces hay inocentes", sostiene Eddy, mientras otros fujimoristas acusan a "los enemigos" del expresidente, quienes, según ellos, "han estado al mando de la justicia y se inventaron" esos cargos.

Sobre las violaciones a los derechos humanos y la corrupción por las que fue sentenciado Fujimori, otro de sus seguidores, Francisco García, dice: "Él atacó el terrorismo y, desgraciadamente, eso tiene consecuencias. En esta lucha también caen personas inocentes. Desgraciadamente, esa es la realidad. En cuanto a la corrupción, todo gobierno lo es", afirma.

La presidenta Dina Boluarte estuvo en el velorio y se unió en un fuerte y prolongado abrazo con Keiko Fujimori, hija y heredera política del autócrata fallecido.