Bolivia anunció que la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ya está colaborando con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz para luchar contra el narcotráfico. Por el momento sólo intercambian información, aunque el gobierno boliviano desea que tengan una oficina en el terreno como sucedía hasta antes de 2008, cuando el ex presidente Evo Morales la cerró asegurando que la DEA apoyó revueltas contra él.

Para el gobierno de Rodrigo Paz, la participación de la DEA es una pieza clave en su plan de lucha contra el narcotráfico. Quiere agentes en su país. “Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica”, expresó al respecto Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social y responsable de la política antidrogas.

Una participación importante

Omar Durán, abogado y militar experto en temas de seguridad, da a RFI su opinión sobre cómo podría ayudar la DEA al gobierno boliviano para combatir el crimen organizado: “La DEA tiene los elementos necesarios que Bolivia no tiene. La DEA tiene participación en efectivos, porque acá últimamente los narcotraficantes tienen mejores medios en armamento y en tecnología que los mismos bolivianos, y si bien tenemos en Bolivia 32.500 miembros que podrían ser suficientes para realizar el control, no es menos cierto que la gran mayoría de los miembros han sido comprados por los narcotraficantes, por los grupos de poder, y la participación de la DEA va a ser fundamental para poder luchar contra esos grupos, no solamente de narcotraficantes, sino esos grupos dedicados al sicariato que van de la mano”.

El abogado también considera que las investigaciones de la DEA serán importantes para la resolución de casos ante los tribunales, incluidos aquellos en los que estaría vinculado el ex presidente Evo Morales: “La participación de la DEA va a ser muy, muy fundamental para que Evo Morales les dé a conocer todas las irregularidades que ha marcado en territorio nacional. Y serán pues los jueces que dirán si tiene una sentencia condenatoria o absolutoria”, explica.

¿Cambios insuficientes?

Aunque al nuevo gobierno de Rodrigo Paz se le atribuye un rotundo cambio en la dirección del país, para Omar Durán, el único cambio en temas de seguridad es el regreso de la DEA. “Lo único que podemos atribuir de éxito a este gobierno es la incursión de la DEA. Pero después no hay ningún cambio y seguimos con el mismo fiscal general, con los mismos jueces que en un momento determinado han liberado bienes incautados en millones de millones. Pero son los mismos, o sea, acá lo único que ha cambiado es la figura del presidente, que tal vez pueda tener muy buena voluntad, pero tiene colaboradores que se dedican a temas ilegales”, concluye Omar Durán.

Los detectores de mentiras que actualmente son aplicados a los policías de la agencia antinarcóticos de Bolivia son proporcionados por la DEA.  

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias.

"No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar.

Esperanzas frustradas

"Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector.

Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración.

"Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega.

"Que lo piensen bien"

Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo.

Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice.

De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

La Corte Suprema de Estados se mostró escéptica este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump, quien asistió a la presentación de los argumentos durante cerca de 90 minutos, había presentado una orden ejecutiva al empezar su segundo mandato en la que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal.

Y con informaciones de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez

La Corte, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos que ponen a prueba uno de los pilares de la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, incluso los jueces conservadores puestos en el cargo por Donald Trump cuestionaron fuertemente al abogado que defendía a la administración, con preguntas sobre los fundamentos jurídicos y las aplicaciones prácticas de la directiva que busca cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.

La cuestión ante el Tribunal Supremo en este caso conocido como “Trump contra Barbara”, es si la directiva cumple con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y una ley de inmigración de 1952. Dicha enmienda dice que “todas las personas nacidas [...] en Estados Unidos [...] son ciudadanas de ese país”, una ley que no es válida para Trump: desde su regreso a la Casa Blanca, busca imponer un nuevo razonamiento jurídico.

“La administración Trump está argumentando que los indocumentados no son sujetos a las leyes del país porque son indocumentados. Eso hasta ahora los jueces han dicho que no, que eso no tiene sentido, que los indocumentados igual son sujetos a las leyes del país. Pero vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Yo creo que van a fallar igual que las cortes inferiores, pero no sabemos. Hay mayoría de jueces, de magistrados, que son nombrados por presidentes republicanos, han fallado en otros casos a favor del presidente, pero no en todos. Entonces vamos a ver qué dicen al final, creo que van a fallar lo mismo que las cortes inferiores, pero no lo tomaría como un hecho”, indica a RFI el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee.

La pregunta “¿quién es ciudadano estadounidense?” ha tenido respuestas diferentes según la época: “El tema de la ciudadanía por nacimiento ha sido un ancla de la política pública en Estados Unidos desde el nacimiento del país. Se expandió con una enmienda a la Constitución hace 150 años, más o menos, pero existía al principio, nada más que no estaban incluidos los indígenas, no estaban incluidos los afroamericanos, los que eran esclavos, había algunas excepciones. Lo que se concretizó después de la enmienda era el derecho para todos, sin excepciones. Entonces también esto ha sido un ancla de la ciudadanía y la identidad en este país”, subraya Selee.

Trump también asegura que existen familias que van a Estados Unidos únicamente para que nazcan sus hijos, una acción que él llama turismo de natalidad. “Hay algo pequeño de verdad en lo que dijo. Hay un cierto número de personas que nacen cada año por turismo de ciudadanía. En general son personas muy ricas. No son muchos, son contados. Y el argumento real de ellos es que es un imán para gente más pobre que quiere vivir a Estados Unidos y saben que aunque van a ser indocumentados, sus hijos van a nacer y ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ellos creen que al quitar ese derecho, muchos indocumentados se van a ir porque sus hijos no pueden aspirar a ser parte del país”, explica el presidente del Migration Policy Institute.

La decisión final será conocida a finales de junio o principios de julio de este año.

La ONG Défenseur Plus asegura que 70 personas, y no 16 como afirman las autoridades, habrían sido asesinadas en la masacre ocurrida el domingo en el departamento de Artibonite. Entrevista con el encargado de asuntos jurídicos de la ONG, Ulrick Tintin.

Al otro lado del teléfono, desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, responde Ulrick Tintin, de la ONG Défenseur Plus, el colectivo que dio a conocer cifras que cuadruplican las reportadas por las autoridades sobre la masacre del pasado fin de semana. La organización ha llegado a estas estimaciones gracias a informaciones de primera mano recabadas por observadores presentes en la zona del crimen colectivo, la comuna de Petite Rivière.

"El balance podría aumentar en los próximos días, según lo que reporten nuestros observadores, que están sobre el terreno. Contabilizamos 70 muertos, 30 personas heridas, 50 casas incendiadas y 6.000 desplazados que huyen de la violencia de los grupos armados. Antes de la masacre ya se registraban enfrentamientos entre bandas criminales y una coalición local. Sin embargo, desconozco las razones por las que los bandidos perpetraron estos asesinatos. La población civil no pudo defenderse. El Estado haitiano fue incapaz de intervenir. La gente lo perdió todo".

Esperando la Fuerza de Represión de las Pandillas (ONU)

La prensa local atribuye los asesinatos a la pandilla Gran Grif, la misma que en 2024 mató a 180 personas en la capital. Francia y la ONU condenaron la masacre. Un cuerpo especial de seguridad de la ONU para Haití comenzará sus operaciones en abril. Se trata de una fuerza multinacional, denominada "Fuerza de Represión de las Pandillas".

"Se ha decidido reemplazar el dispositivo anterior en la fase de supresión. Saludamos esta decisión de la ONU. Las fuerzas militares de Kenia, lamentablemente, no fueron suficientes. No se observó ningún progreso en la seguridad del país; todo lo contrario. Por ello, esperamos con impaciencia la llegada de esta nueva fuerza y que contribuya a mejorar la situación. Confiamos en que las operaciones que se lleven a cabo respeten las leyes de Haití y, sobre todo, los derechos humanos".

Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).

Las primeras tropas llegarán desde Chad, país africano que prepara el despliegue de 750 soldados. La Fuerza de Represión de las Pandillas estará conformada por un total de 5.500 efectivos.

En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.

Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric.

“La migración le está aportando al país el 10% del PIB”

“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.

“Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza.

Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.

“Un fenómeno muy particular”

“Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza.

“Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye.

Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial?

A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia.

“Todos esos casos van a quedar en la impunidad”

“Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional.

“Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción.

Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta.

El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos.

“Ellos van a buscar cuidarse”

“Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes.

Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza.

“Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa).

En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.

 

Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.  

“El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.  

El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.  

Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.  

“Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.  

Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.  

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación, como para la salud o los transportes.

Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento.

Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Nicolás Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025. Un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba.

“El 80% de la producción agrícola necesita combustible”

En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana: “La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad. En cuanto a la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego, todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tienen todo el tema de transporte de los bienes y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados”, nos explica Étienne Labande, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba.

Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética, y permitir la importación de combustible destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla.

“Sin combustible la operación está en pausa”

“Es decir, que hablamos de un volumen de entre cuatro y cinco millones de litros de diésel, hasta el fin del año, porque este es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa o por lo menos muy lenta y muy compleja”, subraya Labande.

Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas.

Además del petróleo y el gas, otro rubro que ha sido fuertemente impactado por la guerra en Oriente Medio es el de los fertilizantes, cuyo coste se dispara y amenaza con provocar una fuerte subida en el precio de los alimentos. Brasil es uno de los países afectados.

La guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde también circula un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendrían un efecto devastador en la economía global, especialmente en Asia y Europa, han alertado algunos analistas.

Sus efectos podrían ser similares a los ocurridos durante la pandemia del Covid-19 y en América Latina, algunos países ya lo están sintiendo, como en el caso de Brasil, país que importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según un informe de la Confederación Nacional de la Industria.

La urea, por ejemplo, clave para el maíz, ha registrado incrementos de más del 50% en lo que va del año. “Los exportadores para Brasil son Omán, el propio Irán. Pero el estrecho es un cuarto de la exportación de fertilizantes del mundo. Son 40% de urea para Brasil que pasan por el estrecho. Brasil es el primero con 45 millones de toneladas, Argentina, el segundo con seis millones, creo que México es el tercero con dos millones, y Colombia con casi dos”, explica a RFI Maciel Silva, director técnico adjunto de la Confederación de Agricultura de Brasil.

China también limita las exportaciones

Debido a su dependencia de importaciones de fertilizantes, el gigante suramericano ha buscado otras opciones, pero estas también se están viendo truncadas: “En los últimos dos o tres años aumentamos la importación de Nigeria, por ejemplo, para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo ampliamos las importaciones de China. Pero es un país que por las próximas dos o tres semanas necesitamos monitorear cómo están las exportaciones. Las últimas informaciones son que China también ha limitado las exportaciones de fertilizante para los otros países”, detalla Silva.

En efecto, China se ha consolidado como el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, con una participación del 9.6% del mercado global según el Observatorio de Complejidad Económica, pero su decisión de suspender las exportaciones de este rubro por la guerra en Irán, hace temer un sacudón inflacionario en clientes como Brasil.

La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de "insuficiente y excluyente". Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos.

La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares.

Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros). 

Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática.

El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas.

Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento.

Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI.

"Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero.

El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos"

Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor. 

"Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta.

Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales.

"Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma.

Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".