La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años.

El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024.

"Quiero que Chile sea un país de prosperidad"

¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar.

"¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer.

Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica.

"Capacidad de gestión"

Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima.

A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años.

Por la corresponsal de RFI en Santiago

Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta.

"Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder"

Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?".

Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector.

"Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura.

Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave.

"Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo".

Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años.

"Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta.

María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.

 

"Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega.

Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso. 

Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños.

Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón.

Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización.

"En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia".

Falta de voluntad política 

Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021.

"El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales.

Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas.

"Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales.

Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

El presidente Milei puede presentar cifras macroeconómicas alentadoras al cumplirse este miércoles el segundo aniversario de su presidencia, pero dos especialistas expresan reservas a RFI sobre los cambios estructurales reales de la economía de su país y sobre la eficacia de sus reformas para garantizar un futuro estable. Entrevistadas: María Lourdes Puentes Olivera y Gala Díaz. 

El punto de partida de Milei puede resumirse en una frase: "Lamentablemente tengo que decírselos de nuevo. No hay plata". Con este diagnóstico, el economista —entonces un recién llegado a la política— inició un mandato que logró reducir la pobreza a niveles de 2018 y bajar la inflación del 211% anual al 30%.

Pero María Lourdes Puentes Olivera, directora de la Escuela de Política de la Universidad Católica Argentina, advierte sobre la realidad que esos datos no muestran.

"No hay un cambio en la estructura económica de la Argentina. Todavía hay una situación crítica. Hay un peligro de incremento del desempleo. Muchos actores de la economía están sufriendo tanto por el endeudamiento como por la imposibilidad de vender, ya que bajó el consumo. Hay un montón de situaciones que están pasando y por eso no creo que, a largo plazo, se puedan sostener", señala.

Como prometió en campaña, Milei aplicó la "motosierra" a las ayudas públicas, redujo a la mitad el número de ministerios y despidió a más de 50.000 empleados estatales. Estas medidas, junto a los casos de corrupción que han salpicado a su presidencia, no le impidieron ganar las elecciones de medio mandato ni reforzar su popularidad. ¿Cómo explica este resultado María Lourdes Puentes Olivera?

"En la Argentina existe un tinte muy fuerte de hartazgo hacia lo que venía pasando. Pero esto no tiene tanto que ver con un pensamiento alineado con lo que Milei piensa. Ni siquiera creo que la gente esté a favor de lo que él está haciendo en la economía. Lo que cree la gente es que él está haciendo lo mejor que puede para el país. Argentina está más estable, pero él no es el partido, él no son los dirigentes", afirma.

Espaldarazo de Trump de Milei

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el trabajo de Milei en octubre, después de que Washington realizara una inversión multimillonaria en Argentina que permitió al gobierno estabilizar la economía. Sobre este respaldo, analiza Gala Díaz, directora del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), un think tank argentino independiente:

"El apoyo de Trump implica una percepción de que Argentina puede ser un aliado geopolítico para garantizar ciertas cosas en América Latina, en particular frenar el avance chino en la región. Pero, por otro lado, también está la necesidad que tiene el gobierno de recibir influjos de miles de millones de dólares, lo que implica un fracaso del modelo económico en el sentido de que es necesario ese influjo para sostener este modelo en un contexto recesivo en la Argentina".

En medio de una inédita polarización y a menos de una semana para que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, el ultraderechista José Antonio Kast aumenta su ventaja en los sondeos sobre la candidata izquierdista Jeannette Jara. ¿Pero cómo y con quién gobernaría?

En Chile, desde 2005, la alternancia siempre se impuso a la continuidad cuando se abrieron las urnas, y al parecer el país está tomando el mismo camino. Pero conociendo la ventaja del Partido Republicano en los sondeos, la gran interrogante que se plantea en estos momentos es saber con quién gobernará José Antonio Kast si finalmente gana las elecciones.

Necesidad de coalición

“La conducción del segundo proceso constitucional, que estuvo liderada por el Partido Republicano, mostró poca disposición de este partido de armar coaliciones más duraderas. Tampoco han sido unos actores que hayan establecido diálogos y alianzas en el Congreso. Por lo menos eso hicieron, por ejemplo, en la reforma del sistema previsional”, explica a RFI Marcela Ríos, directora regional de América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral.

Entonces, prosigue, “es una interrogante si van a continuar con la dinámica de cierto aislamiento que han tenido hasta ahora, o si van a haber aprendido que va a ser necesario una coalición. Es muy importante porque el partido de Kast es un partido minoritario en el Congreso. La derecha tradicional tiene muchos más escaños, en particular en el Senado, y las derechas en su conjunto tienen una mayoría muy, muy débil en la Cámara de Diputados”.

“Por lo tanto, para que el Gobierno sea exitoso, va a necesitar tener una alianza fuerte, estratégica, con la derecha tradicional o de lo contrario no va a lograr tener las condiciones mínimas para mantener una gobernabilidad y una estabilidad en el país”, subraya la analista.

Las derechas unidas

Para alivio de Kast y a diferencia de hace cuatro años, cuando peleaba por la gobernanza del país, esta vez recibió inmediatamente el respaldo de la derecha tradicional de cara a la segunda vuelta.

“El Partido Republicano y los partidos tradicionales de derecha han ido construyendo alianzas tácitas y los une un fuerte rechazo a la centroizquierda, y también el poner la seguridad como el tema principal. Por lo tanto, todos los otros temas que los pueden dividir, las agendas valóricas, el apoyo a la democracia, política exterior, son muy secundarios en esta elección y por lo tanto parecieran que no han tenido ningún peso a la hora de las decisiones en los partidos”, indica Marcela Ríos.

A pocos días de la votación del 14 de diciembre, los sondeos mantienen a José Antonio Kast como favorito con una ventaja que fluctúa entre 10 y 15 puntos sobre su rival Jeannette Jara.

Argentina rompe emite un bono en dólares a cuatro años con un interés del 6,5%, buscando cubrir los vencimientos de deuda a corto plazo y evitar afectar a las reservas del Banco Central.

Argentina no coloca deuda en los mercados internacionales desde 2018 debido a las altas tasas de interés que debería convalidar.

Eso cambiará con la emisión de un bono en dólares con vencimiento a cuatro años y un interés del 6,5%, que tiene el objetivo de cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe afrontar en enero, sin afectar las reservas del Banco Central.

El economista Alfredo Roisenvitz, también profesor de la Universidad de UCEMA y San Andrés, celebró la noticia como un gran voto de confianza para la economía del país:

"Es una señal económica y política muy potente porque ya no solo son analistas en una oficina dando una opinión de confianza hacia el mediano plazo en las políticas de transformación del gobierno, sino que implicaría que los inversores apuestan a este proceso de transformación, interpretando que en el año 2029 Argentina va a seguir en este trayecto positivo y va a poder hacer frente a esa deuda".

Roisenvitz explica que este giro para los mercados argentinos tendrá un impacto indirecto en la acumulación de reservas, muy importantes en las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional, que este año le otorgó al país un préstamo por 20.000 millones de dólares. 

"Si Argentina vuelve a los mercados internacionales de financiación, no tendrá que hacer frente a los vencimientos de corto plazo con reservas, sino que podrá renovar esa deuda y además si las ofertas de endeudamiento de Argentina son bien recibidas por el mercado, va a refinanciar esa deuda de corto plazo a unas tasas más largas y más competitivas. Eso hace que no solo mejore el perfil de la deuda, sino que también mejore la cuenta corriente financiera, en términos de no tener que utilizar reservas para el pago de los vencimientos de deuda. Eso es sin dudas una muy buena noticia."

Aunque algunos celebran que estos bonos se emitan bajo ley local como un primer paso para el retorno a los mercados, también hay que destacar si se presentara alguna anomalía, los acreedores deberán acudir a la justicia argentina que algunos analistas consideran con menos garantías que los tribunales extranjeros. 

Ingresamos a Villa Hermosa, una de las zonas más azotadas por la violencia en San Miguel Petapa, a escasos 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Es un barrio donde, por 10 años, las pandillas han ejercido un control implacable, apoderándose de las propiedades y desplazando a sus habitantes, quienes huyen para no ser asesinados.

En Villa Hermosa, logramos contactar a una vecina del sector que sobrevive vendiendo ropa y zapatos usados. Por su seguridad y petición expresa, mantendremos su identidad en reserva.

“Dejan las casas abandonadas”

“Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron, porque dijeron que sí, habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, cuenta la mujer de 65 años que vive en este sector de Villa Hermosa desde hace 38 años, pero asegura que los últimos 10 años la delincuencia aumentó exponencialmente.

“Pónganle, pónganle que ellos se dedican a extorsionar, los mareros, extorsionar, roban las baterías de los carros”, dice. “Fíjese que ahí lo que hemos oído es que los dueños ya no pueden llegar porque los amenazan y todo. Ya dejan ahí las casitas abandonadas”, prosigue.

“Porque aquí era bien tranquilo (…) Pero siempre, mire, ahorita con el temor de que viene la Navidad, va uno a comprar con aquel temor de que le quiten a uno cualquier cosa, los centavitos, cuando uno va a comprar”, afirma.

Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se fue del lugar hace años debido a la delincuencia, cuenta su experiencia. Ella también prefiere mantenerse en el anonimato: “Los que estamos más vulnerables acá somos los que vivimos a diario la inseguridad total, tanto del Ministerio de Gobernación, del mismo Gobierno y de todas las instituciones del Estado, que serían los obligados y encargados de velar por la ciudadanía, no lo hacen, porque ellos son parte de eso también”, considera.

“Transformadas en bases de operaciones”

“Abandonar el hogar, como opción ante amenazas de muerte. En esos casos específicos, es mucho más fácil apropiarse de esas casas que quedan en abandono. El principal mecanismo que facilita esa usurpación es esa coacción económica que se ejerce contra la población. Económica, violenta. Las viviendas afectadas se encuentran en la mayoría de los casos en zonas marginales, marginalidad social, que por definición ya tienen limitado acceso a servicios básicos e incluso a la justicia formal, debido a esta idea de criminalización de la pobreza”, explica a RFI Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia.

“Esas casas que están ubicadas en zonas de alta densidad, como la zona 18, Mixco, Villanueva, son transformadas casi siempre en bases de operaciones, en puntos de distribución para narcotraficantes, o centros de planificación para extorsiones. Entonces, al controlar esos espacios se refuerza como la gobernanza criminal. Ahí se imponen reglas, se limita la acción policial y eso es fundamental para mantener ese flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y también ese territorio criminal”, analiza.

“Actualmente la tasa nacional en Guatemala es mucho menor, es de 16 por cada 100 mil habitantes. Entonces, la respuesta institucional a ese contexto de violencia ha sido, por lo general, por lo menos en la actualidad, la gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez.

La impunidad y la falta de Estado de derecho

La fuga de 20 reos causó en la población una alarma y un miedo generalizado. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias por las pandillas.

Entre los más afectados del área metropolitana están Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán. En dichas áreas operan con más frecuencia las maras, tanto el Barrio 18 como la Mara Salvatrucha.

Según medios locales que viralizaron esta información en las últimas semanas, hay 13 mil denuncias por usurpación en el país. En ese mismo período, el Estado ejecutó 99 desalojos, es decir, solo el 0.76 % de las víctimas logró recuperar su propiedad.

Según Astrid Escobedo, especialista en democracia y violencia, “las mayores causas de esto es por la falta de Estado de derecho y la falta de control, además porque los políticos se dejaron comprar por los delincuentes, son los que los eligen entonces no hay quien pueda combatirlos”.

“La gente sale de su país por la violencia y están los que deben huir con sus hijos principalmente adolescentes, y si no huyen los grupos del narcotráfico los están reclutando y si no quieren ser parte de las estructuras criminales los matan”, subraya.

Las estructuras criminales siguen operando a nivel nacional sin ningún problema porque las condiciones las mantienen bien fortalecidas desde hace décadas, como también la usurpación de viviendas que se ha normalizado. El objetivo final de este control territorial es mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen tanto a la estructura criminal como al territorio criminal que han establecido, según expertos.

El Congreso chileno aprobó una ley que impedirá a los estudiantes llevar teléfonos móviles a las aulas desde marzo de 2026. La medida busca mejorar la concentración y la convivencia. Numerosos chilenos esperan que esta ley se convierta en un arma para luchar contra el acoso escolar (bullying) y las denuncias públicas (funas), dice el sociólogo Octavio Avendaño.

Los estudiantes chilenos no podrán ingresar teléfonos celulares a las aulas a partir de marzo próximo. El Congreso aprobó una ley que prohíbe estos dispositivos en los colegios con el objetivo de mejorar la convivencia y el rendimiento escolar.

La norma regirá en todos los establecimientos públicos y privados. Según los promotores de la ley, la meta es fortalecer "la concentración, el rendimiento, la convivencia y la salud emocional" de los estudiantes. Combatir el acoso escolar es otro de los objetivos que cuenta con amplio consenso, explica Octavio Avendaño, director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.

Padres y profesores esperaban la medida

"Existía una opinión compartida sobre la necesidad de regular el uso de celulares en las escuelas, entre otras cosas porque no solo podían alterar el proceso educativo, sino también facilitar situaciones como funas [denuncias públicas] en redes sociales y hostigamientos entre estudiantes que se acercan a la adolescencia. Es una medida esperada por los padres y por la comunidad educativa en general", señala Avendaño.

Otro factor clave es el control parental frente a contenidos inapropiados para los más pequeños. "El acceso a información o material indebido, como la pornografía, es un problema que va más allá del proceso educativo. La regulación busca dar herramientas para limitar contenidos en espacios donde los padres no tienen el control directo", añade.

Chile y Brasil se han mostrado pioneros en este tipo de regulaciones. Aún es pronto para evaluar el impacto que tendrá la ausencia de teléfonos móviles en los estudiantes, especialmente en sus comportamientos sociales.

Aunque las cifras oficiales en Argentina muestran una baja en la pobreza a nivel nacional, esa mejora no se distribuye de manera uniforme. Barrios como Villa Fiorito siguen enfrentando condiciones precarias. En ese emblemático barrio las familias continúan apelando a distintas estrategias de supervivencia —venta callejera, reciclaje, trabajos informales, uso de ahorros, préstamos— para llegar a fin de mes. Un reportaje de Natalio Cosoy, corresponsal de RFI en Buenos Aires.

En el último año y medio, la pobreza en Argentina bajó 10 puntos: del 41,7% al 31,6%. La inflación se desaceleró de más del 200% anual hasta ubicarse en torno al 30% y la desocupación está por debajo del 8%. Sin embargo, esas mejoras no necesariamente se traducen en un alivio para la economía cotidiana de los hogares.

El marcado aumento de los gastos fijos —desde los servicios básicos hasta el transporte— dificulta que los ingresos alcancen y obliga a muchos a buscar alternativas para reforzar su presupuesto. No son estrategias nuevas, pero se intensifican cuando los ingresos básicos resultan insuficientes, algo que se nota especialmente en los sectores más pobres.

Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestra que hoy casi cuatro de cada diez hogares utilizan ahorros para subsistir, cuando en 2003 eran menos de dos de cada diez. El estudio también indica que algo más del 14% de los hogares recurre a préstamos, la cifra más alta desde 2019. Otra estrategia recurrente es sumar la venta callejera. Así ocurre, por ejemplo, en Villa Fiorito, un barrio que limita con el sur de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, murales de Diego Armando Maradona sirven de telón de fondo a la feria callejera que cada domingo se despliega a lo largo de unos dos kilómetros. Hay vendedores de mayor escala, que ofrecen productos nuevos, y también los llamados “manteros” [recicladores], que extienden una manta en el piso con objetos recolectados en la calle, encontrados en la basura, recibidos como regalo o recuperados de sus propias casas.

"Desde que encuentro la basura, lo reciclado, en cualquier lado, lo lavo y lo traigo. Le pongo un precio, así, tres por dos mil, o cuanto me quiera dar", dice Celeste, de 24 años. Durante la semana busca objetos para vender en la feria, pero los ingresos apenas le alcanzan. "Para un día, para la comida, porque a veces no se gana mucho. A veces yo, en la mañana, hago cinco mil pesos, nada."

Cinco mil pesos equivalen a unos 3 dólares y medio. El alquiler de la vivienda que Celeste comparte con su pareja y sus tres hijos pequeños ronda los 200 dólares mensuales.

"Manteros digitales"

"Desde hace varios años para acá la situación económica familiar viene en declive", señala Matías Mora Cáceres, politólogo y residente en Fiorito desde 2002. "A las familias les cuesta mucho llegar a fin de mes en estos últimos tiempos; incluso está costando llegar a mitad de mes, y por eso construyen distintas estrategias o alternativas para generar ingresos."

Entre esas estrategias, Mora Cáceres detectó en los últimos años una nueva actividad: la de los "manteros digitales".

"Se empiezan a utilizar las redes sociales y las distintas aplicaciones para generar unos pesos extra, en complemento al trabajo que ya tiene cada familia. Utilizan el tiempo de ocio, de descanso, el tiempo familiar, para generar plata y poder subsistir."

Ese es el caso de Paola. "Le muestro cómo funciona por WhatsApp, que es por donde más se vende… Aquí la persona me hace el pedido; le pregunto por los colores…", explica desde su casa, donde desarrolla un pequeño negocio de venta de cosméticos a través de redes sociales.

Aunque su emprendimiento funciona, si bien tiene altibajos, Paola no ve un horizonte claro. “Yo lo que veo acá en mi barrio, lo que veo en la escuela de mis hijas, es que vamos viviendo el día a día. No podemos proyectar al mes que viene porque no sabés si cobrás.

El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ilustra la "contradicción total" en la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump, según el analista político Óscar Chacón. Por un lado, indulta y libera a Hernández, condenado por tráfico de drogas y armas en Estados Unidos, mientras que, por otro, no presenta pruebas sobre los presuntos vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico y, en cambio, lo amenaza con una intervención militar.

Hernández obtuvo el indulto de Trump a pesar de estar cumpliendo una condena por tráfico de drogas y armas. "Huele a corrupción", declaró a RFI James Caravallo, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y profesor en la Universidad de Yale.

"Este tipo de indulto es algo bastante excepcional. Casi nunca ocurre con personas sentenciadas por narcotráfico. Hernández acababa de ser condenado a una pena considerable, aparentemente merecida por las pruebas contundentes en su contra. Su hermano también había sido condenado por el mismo delito. El indulto es bastante excepcional y huele a corrupción; huele a una compra, a una transacción, como tantas otras cosas que hace este gobierno", afirmó.

Trump: benevolente con Hernández, duro con Maduro 

Óscar Chacón, analista político y asesor estratégico de Alianza Américas, también considera que ese indulto representa una contradicción total en la política de lucha contra el narcotráfico que Trump asegura llevar a cabo en el Caribe.

"Por un lado, hay toda una narrativa que busca crear la imagen de Maduro como un jefe de Estado que lidera una organización narcoterrorista, sin que hasta el día de hoy se hayan presentado pruebas contundentes de ello. Al mismo tiempo, se libera en Estados Unidos a una persona que fue jefe de Estado en Honduras y sobre la cual existe una cantidad monumental de pruebas que demuestran que, efectivamente, introdujo enormes cantidades de cocaína en Estados Unidos mediante acciones criminales. La incongruencia entre estas dos maneras de proceder deja a cualquier observador con la boca abierta. Todos los argumentos en contra de Maduro se derrumban".

Para Caravallo, los poderes del presidente en Estados Unidos, con Trump y la mayoría republicana en el Congreso, parecen hoy sin límites.

"Lo que no se puede hacer, porque es ilegal, es conceder un indulto a cambio de algún tipo de favor. No se puede comprar un indulto. Si se comprobara que hubo algún tipo de transacción en ese sentido, Trump podría ser procesado".

El argumento de Trump para indultar a Hernández fue que había sido víctima de un montaje de su antecesor, Joe Biden, ignorando la sentencia de 2024 de un juzgado de Nueva York, que, entre otras cosas, afirma que Hernández había convertido Honduras en un narcoestado.