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Entrevistamos a Isidro Morales, profesor de la Universidad de Puebla, sobre esta promesa que hizo el presidente electo Trump durante la campaña: recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes a partir del 20 de enero, en cuanto llegue a la Casa Blanca. 'El punto son los migrantes que no son mexicanos, si se van a deportar también a no mexicanos a México', dice. 

"En caso de que hubiera deportaciones, nosotros [el gobierno mexicano] vamos a recibir a las y los mexicanos. Ya tenemos un plan para ello. Pero vamos a trabajar, previo a ello, en demostrar que ellos [el gobierno de Estados Unidos] no tienen por qué deportar a nuestros connacionales que están del otro lado de la frontera", dijo esta semana la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en respuesta a las amenazas de su homólogo estadounidense de deportar migrantes mexicanos en cuanto llegue al poder. 

El presidente electo republicano ha redoblado su artillería nominando a figuras antiinmigración para su próximo gabinete. La presidenta Sheinbaum ha dicho también que tratará de convencerlo de "los beneficios que aportan los migrantes a sociedades como la estadounidense".

Isidro Morales, profesor de la Universidad de Puebla en México, no duda de que Trump vaya a deportar, en el marco de una estrategia de negociación.

"¿Trump va a deportar? Sí, como ya lo hizo en su primer mandato. Se ha deportado también en la era Biden. Esto no es nuevo. Ahora, lo que sí regresa con Trump es el hecho de usar la amenaza de la deportación como una herramienta de negociación. Esto sí es muy Trump", precisa. 

¿Comenzará la nueva administración Trump a deportar migrantes a partir del próximo 20 de enero, cuando llegue a la Casa Blanca?

"Trump ha prometido que, a partir de su primer día de gobierno, va a expulsar a mexicanos indocumentados. Probablemente lo haga; sería una medida estridente. Por eso la presidenta mexicana dijo que México ya tenía un plan para esa eventualidad. No sabemos cuál es el plan, pero dijo que sí recibiría a los mexicanos. Obviamente, si son mexicanos, al gobierno no le queda otra opción. Ahora, el punto son los migrantes que no son mexicanos. Es decir, si se van a deportar también a no mexicanos a México. Ése es el gran punto. Porque, originalmente, en la deportación, un país tiene que deportar hacia el país de origen; eso es lo que se hace en Europa. Por eso, esto hace que la deportación sea muy, muy cara en Estados Unidos. El Instituto de Políticas de Migración calcula que cuesta 11.000 dólares la deportación de una persona", subraya Isidro Morales.

A pesar de eso, las amenazas de Trump asustan, pero no coartan las ganas de los migrantes de cruzar la frontera para llegar a Estados Unidos. Cientos de migrantes salieron hace unos días de la ciudad mexicana de Tapachula (sur) con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos antes de que asuma el republicano Donald Trump, quien ha prometido deportaciones masivas en cuanto llegue al poder. Trump también ha amenazado con nuevos muros y hasta cárceles especiales.

Este es el caso de una migrante ecuatoriana, que va caminando por una carretera en Oaxaca, junto con cientos de otros migrantes en una caravana que apura el paso.

"Trump nos quiere asustar con esto de las cárceles. Quiere que nos regresemos a nuestro país, pero nosotros no vamos a regresarnos. Nosotros vamos a seguir con el objetivo de llegar a los Estados Unidos para el futuro de nuestros hijos. Todo lo que estamos haciendo, este sacrificio, es por ellos", sostiene.

Uruguay cerró este jueves sus campañas electorales de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo. El izquierdista Yamandú Orsi y el candidato del oficialismo, Álvaro Delgado se disputan el sillón presidencial en una carrera que se presume cerrada y que podría desembocar en una alternancia en el poder.

La carrera por el sillón presidencial en Uruguay se anuncia reñida. En la primera vuelta el candidato de izquierda, el frenteamplista Yamandú Orsi se quedó con un 43,7% de los votos, mientras que el oficialista Álvaro Delgado llegó con un 26,9% para el balotaje. Los expertos auguran un final apretado e incierto, así lo confirma el politólogo Adolfo Garcé, profesor de ciencias políticas de la Universidad de la República en Montevideo, quien explica que será una elección muy competitiva.  

“Es muy difícil saber qué es lo que va a pasar porque la coalición de gobierno podría ser reelecta con el candidato Álvaro Delgado, que fue la mano derecha del presidente Luis Lacalle Pou durante estos años, pero también podría pasar que llegara el Frente Amplio, que es  el partido más grande del país, cuyo candidato es Yamandú Orsi y podría ganar el balotaje, pero realmente estamos hablando de unos 20.000 o 30.000 votos de diferencia entre los dos”, indicó Garcé.

Todo va a depender de hacia dónde se irán los votos del resto de los candidatos que participaron en primera vuelta, una suma y resta complicada y que deja todo en manos de los indecisos que podrían decantarse tras evaluar la gestión del actual gobierno, el de Lacalle Pou.

Para el politólogo, el mandato de Lacalle Pou fue bastante positivo,  “el gobierno logró reducir la inflación, manejó bastante bien la pandemia, sobre todo durante el año 2020 y llevó adelante una reforma de la seguridad social difícil. Este gobierno tiene algunos méritos y por eso podría ser reelecto” indicó.

Sin embargo, Garcé reconoce que no todo fue positivo y que el oficialismo podría perder la elección por otros temas: “Estos años fueron años muy difíciles, aunque el gobierno manejó bien la pandemia, hubo caída del producto, aumento de la pobreza, problemas sociales que se acumularon, además de algunos escándalos vinculados con denuncias de corrupción y eso también afecta el desempeño electoral de los partidos de gobierno” agregó.

Orsi afirma sus promesas justamente en la honestidad de su futuro gobierno, pero más allá de eso Delgado y Orsi no plantean un giro radical en la política de este país, el menos convulsionado de Suramérica. Podría haber una alternancia política o tal vez no, lo único claro es que nadie alterará el ritmo uruguayo.

Garcé afirma que en efecto ya se ha abierto una alternancia y que hay confianza en el sistema electoral. “El Frente Amplio ya gobernó Uruguay durante 15 años, después gobernó durante 5 años esta coalición de centro derecha que puede ser reelecta. Puede pasar que sean las 20:30 de la noche o las 21:00 de la noche del domingo y todavía no sepamos quién es el presidente. En todo caso, en este país nadie impugna nunca una elección, nadie piensa que puede haber fraude. El sistema electoral del país es extraordinariamente seguro, la ciudadanía confía en los resultados. Así haya 10.000 votos de diferencia, no va a haber problema” asegura.

Para vencer en este balotaje no es necesario alcanzar la mitad más uno de los sufragios emitidos, sino que basta con conseguir el mayor número de votos.

Treinta y cinco años después de los hechos, la justicia salvadoreña dictó una orden de detención contra el ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani, prófugo desde 2021. El ex mandatario debe enfrentar en su país un juicio por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, un caso que marcó un episodio determinante durante la guerra civil de ese país centroamericano y que hasta ahora se mantiene casi en la impunidad, por lo menos a nivel local.

El ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani es requerido por su país, que ha emitido una orden de detención en su contra por el asesinato, en 1989, de seis sacerdotes jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos de sus colaboradoras.

“Esta decisión ha sido esperada desde hace tiempo. Nosotros denunciamos al expresidente Cristiani, junto a seis oficiales de alta jerarquía de la Fuerza Armada de El Salvador. 24 años pasaron ya desde el 2000 a la fecha”, dice a RFI Benjamín Cuellar, ex director del centro de derechos humanos de la Universidad Centroamericana, la universidad de los jesuitas asesinados.

“Sí hubo condenas, pero hubo condenas de dos que no tienen la participación más decisiva. Esta es de los autores imprescindibles, que son los que dan las órdenes de matar sin dejar testigo. Salieron libres por la amnistía que se decretó en 1993, hasta que logramos que se declarara inconstitucional. Fue detenido nuevamente el coronel Benavides, quien ahora está guardando prisión domiciliar”. 

En 1989 un grupo de élite del ejército del Salvador, en plena guerra civil, irrumpió en el Campus de la UCA y masacró a los sacerdotes. Cristiani, fugado desde 2021, era en esos momentos presidente de la nación centroamericana. En 2009 y bajo la figura de la justicia transnacional, la audiencia Nacional de España imputó por este caso a 14 ex oficiales, pero no a Cristiani, pese a que la acusación así lo pedía. Uno de los abogados querellantes fue Manuel Ollé.

“Nosotros llegamos a la conclusión que cuando menos el entonces presidente Cristiani había sido encubridor de los crímenes que se habían cometido, de esas graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o en el contexto de un conflicto armado no internacional. Nosotros llegamos hasta tal punto de querellarnos contra él aquí en España y de aportar todas las pruebas en las que, para nosotros, indudablemente tenía el papel de encubridor. Porque no olvidemos que fue un crimen estatal. Fue organizado, como dice la sentencia española, en el seno del Gobierno y, por tanto, en el seno también de los militares que formaban parte del Gobierno”, dice Ollé. 

El caso terminó con un acusado, el ex viceministro de seguridad Pública salvadoreño Inocente Montano, encarcelado. En el Salvador hay otro detenido, pero nunca se había apuntado a la cúpula detrás del crimen. El caso se reabrió en 2022 y junto a Cristiani figuran nueve militares que serán juzgados por actos de terrorismo, fraude procesal y encubrimiento personal.

RFI entrevistó al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien se encuentra en libertad provisional tras haber permanecido más de 800 días preso y que podría volver a la cárcel por una sentencia de la justicia, en medio del forcejeo entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras. Zamora advierte que Arévalo puede 'terminar dentro de 14 meses en una bartolina [celda], como en la que estuve yo y a la que posiblemente voy a regresar'.

La Fiscalía General de Guatemala acusó este lunes al presidente Bernardo Arévalo de vulnerar su autonomía al pedir a la policía no ejecutar órdenes de esa institución, en un nuevo choque entre el mandatario y la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos. Las declaraciones del gobernante "constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorgan al Ministerio Público (MP, Fiscalía) y al Organismo Judicial", indicó el ente.

El presidente aseguró, por su parte, que no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes "ilegales" de un Ministerio Público “criminalizador y arbitrario".

Arévalo anunció esa medida luego del allanamiento del domicilio de un exministro de su gobierno y dos días después de que, a pedido de la Fiscalía, una corte ordenara la vuelta a prisión del periodista José Rubén Zamora, de 68 años, tras un mes en arresto domiciliario. Zamora estuvo detenido en la cárcel del Cuartel Mariscal Zavala desde julio de 2022 hasta octubre pasado, en el marco de un proceso rechazado por organismos de derechos humanos y la comunidad internacional. Carlos Pizarro entrevistó al periodista guatemalteco.

RFI. ¿Cómo se encuentra físicamente?

Cuando me apresaron en agosto, pesaba unas 170 libras. Dos semanas después, pesaba 128. Después de unos 180 días logré regresar a 168. Y ahora que salí de mi casa por otro tipo de presiones, volví a caer a 140. Pero soy optimista, me estoy alimentando, estoy subiendo de peso. Pero hay incertidumbre y temores en el camino.

RFI. ¿Cómo ve a Guatemala?

Estamos en un momento muy, muy complejo, muy difícil. Hoy en día hay una percepción en el mundo de que aquí en Guatemala hay una narco-dictadura que renovamos cada cuatro años y que nos tiene atrapados. El sistema político es incapaz de combatir al narco. Sobre todo, la impunidad y la corrupción están en el ADN hereditario de la clase política y de las élites del país. No se puede combatir esos tres flagelos al mismo tiempo; la corrupción, la impunidad y el narco son el sistema, y éste no se va a combatir a sí mismo.

RFI. ¿Está resignado a volver a la cárcel?

Los abogados están luchando. Estamos poniendo amparos. Las apelaciones son aberraciones judiciales arbitrarias e ilegales. Tanto el Ministerio Público como el querellante, por norma, no se presentan en mis audiencias. Ahora el argumento para hacerme regresar a la cárcel es que ni el Ministerio Público ni el querellante fueron escuchados, pero ellos querían boicotear y se les dieron todas las oportunidades. Se les llamó tres o cuatro veces más. El día de la audiencia, ésta se demoró en comenzar de manera continuada para que ellos se pudieran presentar y no tuvieron interés, pensando que con eso iban a boicotear la audiencia. Pero yo he tenido mucho apoyo, gracias a Dios, en estos últimos días. Incluso me han dicho que cancilleres y presidentes de otros países que me han ofrecido asilo político. Pero creo que, a estas alturas, para honrar mi palabra ante el tribunal y el juez que me dieron medidas sustitutivas, estoy dispuesto a esperar. Si me mandan de regreso a la cárcel, voy de regreso. Creo que ayuda que el mundo siga viendo que Guatemala se volvió un sistema siniestro que está en manos de criminales.

RFI. Durante estos dos años y medio que ha estado preso, le han cancelado sus cuentas, le han cancelado también su periódico, entre otras cosas. ¿Por qué esta persecución judicial contra usted?

Yo pienso que tiene que ver con este sistema podrido que tiene cooptadas las Cortes de Justicia, el Congreso de la República y el Ejecutivo. Esto no es nuevo. Digamos, a partir del año 2000, yo tenía 40 años, tuve mis primeras 89 denuncias penales. Se estacionaron en el periódico seis funcionarios de impuestos y otros dos allanaron furtivamente mi casa, de manera clandestina, con contrainteligencia militar. Mis hijos se fueron al exilio. En el año 2009 me detuvieron ilegalmente en la ciudad y me fueron a tirar a las montañas, a 50 kilómetros de ahí. Entre 2012 y 2016 tuve otra etapa de persecución fuerte. Los ingresos de mi periódico bajaron de 69 millones de quetzales a 30 en dos años. Tuvimos que bajar la nómina de 500 colegas a 200.

RFI. ¿Es una persecución por razones ideológicas?

Aquí lo que tenemos son grupos de delincuentes que distraen a la sociedad haciéndoles pensar que hay una pugna entre la derecha y la izquierda. Aquí solo hay fascismo y delincuentes. Y le diría que esta situación se presenta a escala regional. Hay vasos comunicantes. En este momento todo ese sistema basado en el narco, en la impunidad y la corrupción, a través del Ministerio Público y de pequeños grupos fascistas que quizá tienen el 4 % del voto electoral, pero tienen más del 90 % del Producto Interno Bruto, van tras la cabeza del presidente Arévalo.

RFI. ¿Qué piensa del presidente Arévalo?

Los guatemaltecos pudieron ver el rostro de la corrupción en toda su dimensión. Por eso la gente buscó un partido desconocido, con poco arraigo, con gente joven que no eran dominantes, que era un grupo marginal, y eligieron a Arévalo, que es un hombre decente. Yo lo he visto una vez, pero sé que es una persona decente. Creo que estamos observando un proceso gradual que va a culminar en un golpe de Estado judicial. Cuando el presidente tenga más desgaste político, cuando haya más frustración en la población, porque francamente lo tienen con las manos amarradas, cuando tenga poco respaldo popular, seguro va a terminar en una ‘bartolina’ [celda, calabozo] aislada e incomunicada, como en la que estuve yo y a la que posiblemente voy a regresar dentro de unos días.

RFI. ¿Qué puede hacer el presidente Arévalo para frenar esta nueva orden de arresto de la fiscal general Consuelo Porras?

La capacidad de maniobra de este gobierno es limitada. Es como si tuviera un chaleco de fuerza. Yo creo que Arévalo o salta al vacío y despide a la fiscal y pide a la población que se manifieste a través de una consulta popular, o que se vayan a manifestar a la Corte de Constitucionalidad, que es otra instancia que garantiza la impunidad y la inmovilidad de los corruptos. Solo de esa manera los podemos sacar. Si eso no sucede, yo le diría que en menos de 14 meses el presidente puede estar en una bartolina.

RFI. Ahora que es posible que regrese usted a prisión, ¿teme que puedan volver a torturarlo?

Creo que ahora sería diferente porque el sistema penitenciario depende del Ejecutivo. Mientras estuvo Giammattei como presidente, fui sometido a mil arbitrariedades: me quitaron el agua por periodos de 15 días, no me dejaron dormir durante 12 días. En esa pequeña bartolina, tuve una noche con siete allanamientos; siete agentes antinarcóticos con perros entraron a buscar o a intentar sembrarme cocaína u otras drogas. La noche antes de mi primera audiencia, encerraron mi bartolina en una jaula, un gallinero de madera, para que no pudiera dormir y me sintiera más atrapado. Hubo un director al que le gustaba humillarme, sacándome desnudo de la bartolina. Cuando fui a mi primera audiencia, sin haber hablado con abogados, no sabía ni de qué me acusaban; no estaba enterado.

Mientras estuve fuera, metieron una bolsa con insectos, unos 3.000 o 4.000: sanguijuelas, chinches. Viví con ellos cinco meses. He perdido nervios entre las rodillas y los tobillos. Estoy dañado de todo mi cuerpo: de los pulmones, tengo hongos. Es complicado.

Sin embargo, a raíz de la llegada de este presidente [Arévalo], cinco días más tarde me visitó el ministro de Gobernación, a cargo de las prisiones, y cambiaron mis condiciones en términos de dignidad. Pude decidir cuándo abrir o cerrar la puerta. Antes no me permitían tener una pequeña refrigeradora. Me dejaron poner un calentador y tuve algunas otras cosas. No quise pasarme a una cárcel VIP porque siempre las he criticado, y aunque me lo plantearon, creo que habría sido inconveniente tanto para mí como para el gobierno. Me quedé en el mismo lugar, con mejores condiciones. Si tuviera que regresar, lo haría con más conocimiento.

Los países más ricos del mundo se reúnen este lunes 18 y martes 19 en Río de Janeiro, Brasil, en el G20. Hablarán sobre la lucha contra el cambio climático y del espinoso tema que el anfitrión lanzó este verano: aumentar los impuestos a los super ricos. No obstante, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos complica las ambiciones de Lula da Silva.

Luiz Inácio Lula da Silva quiere pasar a la historia como el Presidente que combatió a los súper ricos y defendió a los pobres. Brasil extiende esta semana la alfombra roja a los países del G20, que juntos concentran el 85% del PIB del planeta. Ya les propuso que redistribuyan la riqueza de sus millonarios y esta cumbre es la ocasión de reafirmarlo. Regiane Bressan, profesora de relaciones internacionales en la Universidad Federal de Sao Paulo: “Él está justamente mirando este objetivo que es clave para su legado, tanto doméstico, en Brasil, pero también a nivel internacional”.

Para lograrlo, Lula acudió al plan del economista francés Gabriel Zucman, que consiste en que se calcule el impuesto de las grandes fortunas evaluando todo su patrimonio y no sólo sus ingresos. En Julio de 2024 se propuso un 2%.

Si Estados Unidos dijo que no a esta medida en tiempos de Joe Biden, con Donald Trump, la propuesta de Lula sería definitivamente enterrada, Regiane Bressan: “De verdad que el gobierno Trump será un desafío, vamos a tener la presencia de Biden y sabemos que es posible que Biden asuma compromisos, aún dentro de su Gobierno, estamos incluso esperando que comprometa a Estados Unidos, aunque tengamos a Trump en el próximo año, pero de verdad que éste es un tema bastante sensible, ya que Trump en general apoya a los supermillonarios en su país”.

Aunque las medidas del ultraliberal mandatario argentino, Javier Milei, ya le dieron una muerte prematura a esta propuesta, los resultados no han sido como se esperaban, Regiane Bressan: “(Milei) ha cortado una serie de subsidios domésticos y esto está agravando aún más la desigualdad y sobre todo, la pobreza en Argentina. Sabemos que la miseria, la pobreza, está creciendo. Yo estuve en septiembre en Argentina de este año y vimos en comparación a mi misión académica del año anterior, vimos que la clase media se está empobreciendo en Argentina. Y ahora con Trump, Milei va a tener un argumento que se suma a sus políticas económicas, que son bastante duras y ásperas para la población argentina”.

Los países del norte recaudan más impuestos en comparación de los países del sur global, donde abundan las exenciones a los ricos para facilitar las inversiones.

El Líder Chino, Xi Jinping, llegará a Perú para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), mientras en Estados Unidos se dan a conocer los integrantes de la nueva administración de Donald Trump. Por el momento, el punto común de los cargos anunciados es su postura tajante contra el gigante asiático.  

El líder Chino participará en el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC) donde se entrevistará con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, entre otros, en un contexto álgido de guerra comercial y con temores de que las tensiones aumenten con la nueva administración de Donald Trump.  

Para Adolfo Chiri, economista y presidente de la sociedad de análisis Cambridge Insight, Massachussets, la lucha por América Latina va a ser intensa. “América Latina es una pieza en el tablero de ajedrez de la geopolítica mundial, donde los intereses predominantes son de los Estados Unidos y China como potencia emergente”, agregó.  

El líder chino Xi Jinping inaugura también en el marco de la cumbre, el puerto de Chancay, muy clave en la región, ubicado a unos 80 km al norte de Lima. Esto tiene un significado especial en este conflicto y para la APEC en particular. 

Chiri explica que este puerto de Chancay, es el más importante de la región, “es un puerto de aguas profundas que tiene capacidad para poder atender buques de alto tonelaje y un movimiento logístico de containers de distribución de carga de calidad mundial, de manera que China ha invertido mucho en infraestructura, sobre todo en América latina. Además, es el primer socio comercial de América del sur” agregó. 

Chiri subrayó que el 60% del puerto ha sido financiado por Cosco, que es una empresa del Estado chino, por lo que “los Estados Unidos no se encuentran muy contentos de que China tenga la exclusividad y la decisión de decidir a quiénes atiende en ese puerto”.  

Lo cierto es que China se ve bloqueada en varios ámbitos comerciales por su malas relaciones con Estados Unidos, entre otros, y busca nuevas oportunidades energéticas. El analista económico señala que el 75% del petróleo que importa China pasa por el Mar del Sur de China “ y es una zona muy peligrosa porque los aliados de Estados Unidos" indicó. Pues según él, países como Japón, filipinas. Nueva Zelanda, Australia, en una situación de conflicto, "podrían bloquear el suministro de petróleo a China, tenemos el recuerdo de la Segunda Guerra mundial, cuando se hizo lo mismo con Japón. Así que China tiene la necesidad y la urgencia de poder desarrollar su energía renovable por seguridad nacional” indicó. 

Este jueves inician los encuentros ministeriales en el foro APEC, seguidos de dos días de conversaciones entre los gobernantes. Cabe destacar que este foro congrega a líderes de 21 países que representan el 60% del PIB mundial.

El republicano Marco Rubio podría llegar a ser el primer estadounidense de origen latino en acceder a un puesto tan alto como el de secretario de Estado estadounidense, bajo la nueva administración de Donald Trump, así lo confirman medios locales, aunque el nombramiento aún no es oficial.

Marco Rubio, nacido en Estados Unidos y de padres cubanos, sería el primer estadounidense de origen cubano y latino en llegar a un puesto tan elevado en una administración política del país norteamericano, la de canciller de Estados Unidos.

La influencia del senador de Florida y su mano dura habrían sido elementos claves, si se confirma ese nombramiento, por encima de las relaciones que mantiene con el presidente electo Donald Trump, según la editorialista política de Denver, Colorado, Gabriela Pérez. 

De oficializarse el cargo, sería la primera vez que un latino llega a un puesto de este nivel, resalta Pérez, quien explica que “lo que si da un poco de sorpresa, es que no lo vimos tan cercano a Trump en la campaña y en algunas ocasiones anteriores tuvo roses con marco Rubio. En un debate le llamó “little Marco” pequeño Marco, en tono burlón despectivo…Es una persona de baja estatura. Entonces sorprende que lo haya escogido tan rápido. Sería uno de los primeros nombramientos que se hacen. Es Republicano, muy conservador y ha estado siempre respaldando todo el bloqueo a Cuba y todas estas cuestiones”. 

Pero, ¿qué impacto puede tener eso en las relaciones tan catastróficas entre Washington y La Habana? Para Pérez, son muy malas noticias para La Habana, “viene una presión fuerte, aunque mucha gente dice que el bloqueo perjudica más a la gente que al propio Gobierno de Cuba. Y vienen presiones para otros países de Latinoamérica porque Marco Rubio ha sido muy crítico y muy duro también. Por ejemplo, con Venezuela, con Nicolás Maduro, respeco a críticas de los resultados que se dieron en estas últimas elecciones en Venezuela, a las represiones... Son países a los que no les va a ir nada bien, o sea, no se espera que haya un cambio positivo, sino más bien más presión con ellos”. 

Según la editorialista, el impacto también sería notorio para México. “El hecho de que hable el idioma, el hecho de que sea México, el principal proveedor de Estados Unidos hace que la relación tenga que funcionar, también creo que escoge a Trump por la posición que ha tenido con China. Ha sido muy drástico para bloquear a China de la entrada que está teniendo de mercancía a través de México porque Donald Trump en campaña señaló que a través de México entran productos chinos –a Estados Unidos- que los hacen pasar como mexicanos, pero realmente son chinos y por eso su idea de subir aranceles y de verificar exactamente dónde se hacen los productos” agregó. 

Cabe destacar que de confirmarse el nombramiento de Marco Rubio, también impactaría la guerra en Ucrania ya que a principios de noviembre estimó que había que poner fin a este conflicto por considerarlo en un punto muerto. 

La Justicia argentina declaró culpable este jueves al productor ganadero Ricardo La Regina por daños agravados en una zona de nidificación de pingüinos de Magallanes en 2021. El Tribunal de Chubut lo condenó por la destrucción de flora y fauna silvestre. RFI valora la sentencia con la asociación argentina de abogados ambientalistas, que es una de las querellantes del caso. 

Una condena por daño y crueldad animal, es lo que determinó la justicia argentina para Ricardo La Regina, un ganadero que explota la producción de vacunos en la provincia de Chubut, en el sur del país, y a quién se le halló culpable de la matanza de unos 175 nidos y un centenar de pingüinos en 2021 al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva de Punta Tombo, un santuario natural para esta especie protegida, según precisó la fiscalía. Sin contar con autorización oficial ni tener en cuenta el daño ambiental de sus acciones, en ese período La Regina abrió un camino hasta el mar de más de 700 metros, hizo una pequeña laguna e instaló un alambrado electrificado para evitar que sus vacas se escaparan de la propiedad. El Tribunal declaró a La Regina “autor penalmente responsable de los delitos de daño agravado en modalidad de delito continuado y en concurso ideal con el delito de crueldad animal”. Las partes aguardan ahora al lunes para conocer la pena establecida por el tribunal.

Este caso, conocido como “la masacre de pingüinos de Punta Tombo”, tuvo una gran repercusión mediática en Argentina. La pingüinera de Punta Tombo es una de las grandes atracciones turísticas de la costa patagónica y las organizaciones ambientalistas juntaron miles de firmas para exigir que se hiciera justicia.

La asociación argentina de abogados ambientalistas, que es una de las querellantes del caso junto a Greenpeace y la fundación Patagonia Natural, celebró el veredicto y lo calificó de "histórico". Su co-director ejecutivo, Lucas Michelaud, ha señalado en la antena de RFI: "Tenemos la esperanza de que esto sea un punto de inflexión para que se den otros juicios en otras partes del país de crímenes contra la naturaleza. Lo que sucedió en Punta Tombo no fue un delito entre particulares sino contra el medio ambiente y se condenó al acusado por haber dañado la fauna y flora,  el hábitat reproductivo. Creemos que este antecedente puede ahora ser replicado"

Para el abogado ambientalista, este fallo es una luz en Latinoamérica dónde ha habido mucha impunidad ambiental."Latinoamérica tiene una historia muy fuerte relacionada con la impunidad medioambiental que es la que promueve las grandes corporaciones, las grandes emoresas. Creemos que las cortes latinoaméricas tienen que trabajar en una sinergia y hay siempre un fortalecimiento de argumentaciones entre lo que resuelve un país y otro. Todas estas resoluciones que configuran un gran hito a nivel nacional tienen siempre rebotes o impactos en toda la región" ha señalado Lucas Michelaud en el espacio Noticias de América de RFI. 

La reserva de Punta Tombo, que se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas y se ubica sobre la costa del océano atlántico argentino, es una de las principales y más numerosas colonias continentales de cría del pingüino de Magallanes, una especie considerada casi amenazada, por la actividad humana, la petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático en los océanos. El expresidente Mauricio Macri fue una de las voces que se alzaron para exigir leyes específicas que castiguen los delitos ambientales y la formación de técnicos que los sepan investigar.

En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro y la guerrilla del ELN anunciaron que retomarán las negociaciones de paz el 19 de noviembre después de haber suspendido los diálogos en septiembre pasado.

El anuncio se dio este jueves 7 de noviembre, al completarse siete días del primer acercamiento en Caracas entre los representantes del ELN y el gobierno colombiano.

En un comunicado conjunto, el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN aseguraron: “Para continuar en las labores propias de la Mesa de Diálogos para la Paz decidimos que, una vez hechas las consultas necesarias, nos reuniremos del 19 al 25 de noviembre".

El mandatario Petro suspendió las negociaciones como respuesta al ataque de esta guerrilla contra una base militar en septiembre pasado.

Pero lo cierto es que la negociación ya se había agravado por los diálogos paralelos que mantiene el Gobierno con el Frente Comuneros del Sur, la principal disidencia de esta guerrilla.

Participación social

La excongresista colombiana Ángela María Robledo, que justamente representa al gobierno en estas negociaciones con los Comuneros del Sur, celebró al micrófono de RFI la reanudación del diálogo con el ELN y recordó el primer gran pacto alcanzado que es el modelo para la participación de la sociedad civil.

“A diferencia de lo que ocurrió con el proceso del gobierno Santos con las FARC, que fue muy poco participativo, para el LN es fundamental. Es un avance porque ahí están las voces de los territorios, las aspiraciones de quienes han vivido la guerra en Colombia y que están exigiendo la presencia del Estado: ya no de la bota militar como ha ocurrido en nuestro país sino la presencia de inversión social de proyectos productivos, de perspectivas de presente y futuro para los niños, de posibilidades de vida y de productividad para las mujeres que han cargado esta guerra por décadas en Colombia”, dijo.

20 meses de gobierno

Tanto el Gobierno como el ELN insistieron "en hacer lo necesario" para avanzar al máximo en los 20 meses que le quedan al mandato de Petro.

Para Robledo, este plazo permitiría progresar más rápido en los puntos de crisis “que llevaron a un congelamiento por varios meses, que trajeron muerte y desolación”.

Hasta ahora, no se habla de un cese el fuego entre las partes. El último, expiró el pasado 3 de agosto tras lograr mantenerlo un año.

El escrutinio de las elecciones a la Cámara de Representantes se prolongará todavía días o semanas, pero los republicanos ya tienen garantizado el control del Senado, con al menos 52 de los 100 escaños. Con este número, los legisladores podrían aprobar todas las propuestas del magnate, como las deportaciones masivas de ilegales o el aumento de aranceles a productos chinos, pero algunos analistas aseguran que habrá quienes no votarán a su favor.

En estas elecciones no llamó a los mexicanos violadores ni repitió que construiría un muro que les impida cruzar la frontera. En cambio, Donald Trump hizo varias promesas, contradictorias, eclécticas, pero eso sí atractivas para los votantes, pero que no serán del gusto de todos los legisladores republicanos que simplemente no las aprobarán, de acuerdo con el politólogo de la Universidad de Massachusetts, Ray La Raja.

"Ha hecho muchas promesas provocadoras en todos los ámbitos como las deportaciones o los aranceles, pero cuando llegar a gobernar, todo es un poco más complicado", explica el profesor. "Aunque el Senado sea republicano, no estoy seguro de que vayan a estar de acuerdo con él en todo", añade.

Unas dudas que se explican por propuestas como los aranceles y las deportaciones masivas. "Esto traería un desorden a la economía, así que creo que algunos senadores se opondrán", asegura La Raja. Trump, sin embargo, no tendría problemas para encontrar apoyo a propuestas como los recortes de impuestos o menos regulaciones para las empresas. 

Los migrantes son una pieza fundamental en la economía de los Estados Unidos porque su mano de obra permite que no se aumenten los salarios ni los gastos de las empresas, según la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Además de los republicanos, quien también tiene interés en la política migratoria estadounidense es el gobierno mexicano.

"Trump prometió deportar a cientos de miles de inmigrantes, habla de hasta un millón por año. Prometió cerrar la frontera y presionar a México para que haga un mayor esfuerzo en detener a los migrantes", explica Roberto Zepeda, investigador de la UNAM.

"No hay motivo ninguno de preocupación", declaró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este miércoles tras conocer la victoria de Trump. 

Pero en cuestión de horas el peso mexicano se devaluó frente al dólar, un 2%, y fue la divisa más afectada.

Esto deja en claro que las decisiones de los legisladores americanos, apoyar o no a Trump, también tendrá sus efectos en la región.