Noticias de América

Casi 10.000 personas protestaron el domingo en Guadalajara, México, por el agua del grifo que sale sucia, contaminada, con mal olor y a veces con insectos. Fue la segunda manifestación por esta crisis en una ciudad de unos cinco millones de habitantes.

Al grito de “el agua no se vende”, unas 10.000 personas volvieron a salir a la calles de Guadalajara el pasado fin de semana para manifestarse a favor del suministro de agua de calidad.

La denuncia no es nueva en el estado de Jalisco. La contaminación del agua es un problema que viene generándose desde hace una década debido a una “permisividad que se le ha dado a las industrias, porque en este país las normas ambientales son muy bajas”, acusa María González Valencia, directora ejecutiva de Imdec, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario.

“Este grave problema de contaminación tiene muchos años en el estado de Jalisco y fundamentalmente estamos hablando de dos regiones: la ribera del lago de Chapala, el lago de agua dulce más grande de todo México, y también la cuenca del río Santiago, uno de los ríos más tóxicos de todo el país”, indica González Valencia.

González Valencia denuncia más de una década de “abandono de toda la infraestructura”.

“Toda esta situación ha causado hartazgo por parte de toda la población. Es por eso que la gente ha salido a las calles en total rechazo a la violación al derecho humano, por el derecho al agua potable y el saneamiento”, dijo a RFI.

En el agua que llega a las casas, se han encontrado todo tipo de metales, además de bacterias y heces fecales.

“El agua que recibimos en las llaves de nuestras casas es agua maloliente con aspecto amarillento en algunas zonas, en otras, el agua sale totalmente negra”, constata María del Refugio Ramírez, de la Red de Monitoreo Vecinal de la Calidad del Agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

“Por este monitoreo que hemos estado haciendo, hemos detectado metales pesados y que no hay cloración tampoco. La cantidad de bacterias que tenemos acaba con esa cantidad de cloro, de manera que la que nos llega a las viviendas tiene cero cloro en la mayor parte de las colonias afectadas, que son pues más de 600 colonias. Hay miles de personas afectadas por esta situación. Por eso, pues esto ya llegó al límite”, enfatiza constata María del Refugio Ramírez.

Según el sistema intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y alcantarillado, la grave crisis de abasto de agua potable en Guadalajara afecta a alrededor de 5,5 millones de personas.

El gobierno del estado de Jalisco dijo que la construcción de un nuevo sistema de distribución para solucionar el problema tomará unos seis meses.

En esta recta final de campaña en Brasil, el voto evangélico es uno de los más codiciados. Se trata de un 27% de la población que puede hacer inclinar la balanza en esta carrera entre Lula y Flávio Bolsonaro para la que los sondeos proyectan un empate técnico. Nuestro enviado especial a Brasil, Carlos Herranz, ha visitado uno de los principales templos evangélicos del país en Belo Horizonte.

Sobre el escenario, una orquesta completa acompañada de un juego de luces moradas y blancas de estilo discoteca y a un pastor que anima con fervor a las más de 5.000 personas que se han dado cita hoy en la iglesia evangélica de Lagoinha, una de las más influyentes del país, con cultos que se difunden en tiempo real por redes sociales multiplicando su alcance sobre los 48 millones de evangélicos de Brasil.

Pese a los acercamientos de Lula a este codiciado electorado, un 62% meterá en la urna la papeleta de Bolsonaro el próximo domingo según Datafolha. Lucia y Marcelo, que vienen a este templo con sus dos hijos cada semana, lo harán por un tema de “justicia” y “familia”.

Como ellos, Alan, un empresario treintañero, también votará por el cambio este domingo y carga contra el Partido de los Trabajadores: “El PT lleva mucho tiempo en el Gobierno y, por desgracia, no hemos visto ningún cambio. Más bien al contrario, ¿no? Hemos tenido que trabajar más para mantener el sistema, así que necesitamos un cambio de poder para sacar a este partido”, dice.

“Difundir sus preferencias políticas”

Tres de cada cuatro evangélicos dicen considerar la orientación de su pastor a la hora de emitir su voto. Una influencia decisiva en muchas comunidades de Brasil especialmente allí donde el Estado no llega.

“En las periferias, las zonas más distantes de los estados brasileños y también en el interior de las grandes ciudades, donde el Estado no está presente, las iglesias evangélicas son las que ejercen un rol importante en ocupar el espacio que el Estado no ocupa, en ofrecer un apoyo incluso para temas personales a la gente más pobre de estas zonas. Algo que les permite también difundir sus preferencias políticas”, explica João Botelho, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Minas Gerais.

Sin embargo, la evolución del voto evangélico ha cambiado notablemente durante lo que llevamos de siglo 21: “Es curioso porque, en los primeros gobiernos del PT, todos estaban con el PT, incluso los evangélicos. Hablo de los líderes evangélicos, tenían puestos en el Gobierno, pero, claro, siempre estaban a la espera de una oportunidad para defender lo que más les interesa: los temas morales. Y eso es lo que ha pasado con el ascenso de Bolsonaro, pudieron identificar el espacio para poder tener más poder”, subraya Botelho.

Los templos evangélicos confirman que la fe forma parte de esta campaña.

La provincia de Alberta, una de las más prósperas de Canadá, cuestiona su relación con el gobierno federal lanzando un referéndum. Este 19 de octubre los ciudadanos están llamados a votar para determinar si comienza o no una consulta sobre una posible separación. La campaña para la consulta ha estado marcada por la presunta injerencia de políticos de Estados Unidos y por la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial (IA), lo que hace temer impugnaciones tras el escrutinio.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Alberta, Julián Castro-Rea, considera que el referéndum es una idea “populista” del partido que gobierna actualmente la provincia, el United Conservative Party (UCP), dirigido por la primera ministra Danielle Smith.

Castro-Rea reitera que se trata de una "acción porpulista" porque de esta manera esa agrupación política pone “en la agenda pública temas que son muy controvertidos” como "la inmigración, los servicios de salud y sus relaciones con Ottawa, la capital federal".

"No tiene nada que ver con una cuestión identitaria similar a lo que vemos, por ejemplo, suceder en Cataluña o en Quebec o en Escocia”.

El malestar tiene raíces económicas y políticas. Alberta es una potencia petrolera y una parte de su población considera que Ottawa limita su crecimiento. No obstante, la hipotética independencia tendría obstáculos constitucionales y políticos, de acuerdo con Castro-Rea. En concreto, “hay una ley federal que establece que para que una provincia se separe del resto de Canadá tiene que contar con el consentimiento de las otras 9 provincias y del gobierno federal, lo cual es políticamente imposible”.

Influencia de Estados Unidos

Donald Trump ha expresado “entre líneas” su apoyo, y “su entusiasmo” para que Alberta obtenga su independencia, destacó el investigador. 

Informaciones publicadas por el Financial Times en enero afirman que dirigentes del grupo Alberta Prosperity Project (APP) se han reunido al menos tres veces con funcionarios estadounidenses en Washington desde abril de 2025.

Recientemente, la prensa local reveló contactos entre separatistas de Alberta y estrategas del Partido Republicano estadounidense que participaron en la campaña electoral de Trump de 2024. 

La campaña para la consulta también ha estado marcada por la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial (IA), lo que hace temer impugnaciones tras el escrutinio.

Mientras a las puertas del Tribunal de Nueva York se encontraban este jueves decenas de manifestantes anti-Maduro, adentro, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declaraban “no culpables” de los nuevos cargos que se les imputan.

“No culpables”. Así se han declarado este jueves Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ante el Tribunal de Nueva York por los nuevos cargos de tortura y represión. Esta declaración es un capítulo más en el proceso judicial al que se enfrentan ambos, quienes podrían acabar en prisión de por vida.

Dos frentes en la estrategia de defensa

Pero… ¿qué significa esta declaración? ¿Beneficiará esto al exmandatario en su estrategia judicial? “Esto obliga a la Fiscalía a demostrar, lógicamente, más allá de toda duda, que los acusados, es decir, Maduro y su esposa, cometieron los delitos que se les imputa”, responde Santiago Torrijos, abogado en Nueva York.

“En cuanto a la estrategia de defensa, yo creería que debemos distinguir dos frentes. El primer frente es jurídico. La defensa busca cuestionar la posibilidad de que Estados Unidos juzgue a Maduro, particularmente utilizando argumentos relacionados con inmunidad soberana, por su condición de jefe de Estado. Y el segundo frente es netamente probatorio, porque si el tribunal permite que el caso continúe, la defensa va a tener que cuestionar las pruebas, las específicas que vinculan personalmente a Maduro y a Cilia”, detalla.

Maduro, ¿prisionero de guerra?

Declararse no culpable no es una sorpresa, pero es el primer paso para que la Fiscalía inicie su trabajo de probar los cargos por los que se acusa a la pareja Maduro y preparar así la defensa en base a la jurisdicción estadounidense. La pareja rechaza todas estas imputaciones y Maduro fue más allá, definiéndose como un auténtico “prisionero de guerra”.

“Es importante aclarar que una persona no se convierte en prisionero de guerra simplemente porque haya sido capturada por fuerzas militares extranjeras, ni tampoco porque decida presentarse públicamente como tal. Ese término tiene un significado jurídico muy específico establecido en el Tercer Convenio de Ginebra. Su aplicación depende de que exista un conflicto armado internacional, y que además la persona reúna condiciones específicas. El señor Maduro, por más que quiera, no puede atribuirse automáticamente esa condición”, explica el abogado.

Represión y tortura

A los anteriores cargos por narcotráfico y tenencia y tráfico de armas, se suman ahora el de represión y tortura, que incluye a tres víctimas norteamericanas. Maduro y Flores no son señalados como autores materiales de estos supuestos crímenes, pero sí de ordenarlos y supervisarlos directamente.

Santiago Torrijos subraya que “la justicia estadounidense cuenta con una herramienta muy poderosa: los testigos que cooperan. Figuras como Alex Saab, como Hugo Carvajal, conocido como El Pollo Carvajal, así como posibles integrantes de organizaciones criminales mexicanas, podrían aportar testimonios sobre el funcionamiento de estas estructuras y sobre la participación de Nicolás Maduro. Aunque no está confirmado que todos ellos vayan a declarar, sus testimonios respaldados por otras pruebas podrían resultar decisivos para obtener una condena en contra de Maduro”.

Ahora, Nicolás Maduro y su esposa deberán esperar a la nueva fecha del juicio, que tendrá lugar el 14 de junio de 2027.

Falta poco para la segunda vuelta en Brasil y la campaña electoral está en plena efervescencia. Entre las herramientas más utilizadas para convencer a los votantes se encuentran las redes sociales, tanto en el bando de Luiz Inácio Lula da Silva como en el de Flávio Bolsonaro.

Aparentemente reina la normalidad en los vagones del metro de Río de Janeiro, pero los pasajeros, pegados a sus móviles, tienen en sus manos un arma muy poderosa. Tras la primera vuelta, la izquierda de Lula da Silva ha reaccionado y se ha puesto las pilas para ganar a la derecha la batalla en internet.

El diputado André Janones, famoso por sus explosivos videos en Instagram, es de los que ha tomado la delantera: “Tu que estás mirando este video, si aún no estás en el canal escribe aquí en los comentarios ‘soldado’ que recibirás el link, o haz clic en el link de mi bio. ¡Haz que este video explote en Brasil entero! ¡Llama a más personas, llama a más personas que ahora seremos cinco millones, diez millones…! ¡Nosotros ocupamos las calles y ahora estamos ocupando internet y vamos a reelegir a Luiz Inácio Lula da Silva!”.

Janones ha creado el “Ejército de Lula”, una comunidad con más de cuatro millones de usuarios voluntarios que se dedica a difundir contenido a favor de Lula y contra Flávio Bolsonaro entre sus contactos, sobre todo con el objetivo de convencer a indecisos o a quienes se abstuvieron en la primera vuelta. Más de 33 millones de brasileños no fueron a votar.

“De alguna manera, estamos luchando”

Daniele Barbosa, una psicóloga de Río, es de las que se ha sumado a la misión de la remontada: “Sí, estoy en el ‘Ejército de Lula’ desde el primer día, haciendo nuestra campaña. No sabemos hasta dónde pueden llegar estas micropublicaciones y republicaciones, pero lo estamos intentando. Creo que, de alguna manera, estamos luchando”.

La derecha brasileña suele dominar las narrativas en internet, con ayuda de un algoritmo favorable y abundante uso de noticias falsas, lo que según los analistas ha tenido un peso decisivo en las últimas elecciones en Brasil, el país del mundo que pasa más horas en internet, sólo superado por Sudáfrica.

Como reacción al “Ejército de Lula”, la ultraderecha ha lanzado en internet la “Tropa de Flávio”, y los dos equipos de campaña se acusan mutuamente de no jugar limpio. La batalla final tendrá lugar el domingo 25 de octubre. De momento las encuestas dan una ligera ventaja al hijo del expresidente Bolsonaro, pero Lula está acortando distancias.

El gobierno de Perú anunció una reforma en el reglamento de las escuelas, que establece entre otras cosas cortes de pelo o la prohibición de teléfonos móviles.

La presidenta del Perú, Keiko Fujimori, quiere cambiar las reglas de los colegios: adiós al teléfono móvil, los chicos deberán llevar el pelo corto, y las chicas sin tintes ni maquillaje… Todo esto para recuperar el orden y la disciplina en las escuelas.

“Están confundiendo la idea de autoridad con la idea de autoritarismo”

Sin embargo, estos anuncios han generado un gran debate en el país y han puesto sobre la mesa una pregunta: ¿cómo combinar la autoridad con la libertad pedagógica en el aula?

“Estamos frente a una situación de retroceso en términos de todo lo que se ha avanzado respecto a cómo se manejan las situaciones socioemocionales dentro de las escuelas, y entonces se está tergiversando la idea de disciplina con un asunto de disciplinamiento, por decirlo de alguna manera. Es decir, en lugar de poner normas de convivencia, se están moldeando las futuras maneras de ser de las personas, y eso es riesgoso. Están confundiendo la idea de autoridad con la idea de autoritarismo”, estima Ricardo Cuenca, profesor de la Universidad de San Marcos y ex ministro de Educación.

El Gobierno defiende estas medidas como una forma de reforzar la autoridad, pero los docentes ponen en duda la estrategia de control y sanciones de estas normas. Por supuesto, estas tareas recaerán sobre ellos.

“Se termina siendo solo eso, una especie de grandes eslóganes, de titulares, pero tendrá que normarse en algún momento. Probablemente recaerá en el director de la escuela, al quien se le va a añadir una función más para medir el tamaño del cabello de los chicos o el color de las uñas de las chicas o de los chicos si quieren hacerlo. Entonces no está normado. ¿Cómo es que va a ser esto? Probablemente se va a tardar mucho más que lo que el anuncio ha dicho”, detalla Cuenca.

Un reflejo de la sociedad actual

Esta reforma nace tras la caída del nivel de la educación en el país, pero también ante el aumento de los casos de violencia en el entorno escolar. Para el exministro Cuenca, esto no es otra cosa que un reflejo de la sociedad actual: “La escuela es en general un gran amplificador y reproductor de aquello que sucede en la sociedad. Nuestras sociedades están cada vez un poco más violentas, lamentablemente, y esto hace que dentro de la escuela suceda lo mismo. Es decir, ¿por qué tendría que ser diferente aquello que pasa en la escuela de aquello que pasa en general en la sociedad, si particularmente en la escuela no se hace nada para evitarlo?”, enfatiza.

Bajo el lema “Perú con orden”, Keiko Fujimori quiere recuperar la disciplina en las escuelas públicas empezando por la cabeza. Un nuevo reglamento que no acaba de convencer a los muchos peruanos que se preguntan si estos métodos realmente son efectivos para enseñar responsabilidad a las nuevas generaciones.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion, que pretende iniciar sus perforaciones en Malvinas en 2027

Argentina da un nuevo paso en su disputa con el Reino Unido por las islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei ha acudido al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028. Con esta medida urgente se busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la zona. Pero ¿qué posibilidades tiene de conseguirlo? Leopoldo Godio, experto en derecho internacional, nos explica los detalles para los micrófonos de RFI.

"Creo que las solicitudes de Argentina son muy buenas. Son muy razonables, están bien planteadas. El Tribunal de Mar va a hacer lugar a esas medidas de resguardo. Lo que sí que es necesario aclarar que en 8 casos anteriores, el Tribunal de Mar no siempre otorgó las medidas que le pidieron los estados", explica, e insiste en que estas medidas se pidan ahora para evitar que los recursos vivos no renovables se utilicen de manera irresponsable. 

La solicitud se presentó este martes después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres para que detuviera las actividades relacionadas con el proyecto. Argentina busca frenar el avance petrolero antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.

Sea Lion está situado en la cuenca Malvinas Norte, y su inversión prevista ronda los 2.200 millones de dólares. Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y puede agravar una disputa de soberanía que lleva décadas enfrentando a ambos países. "De las relaciones desde el punto de vista formal no debería cambiar nada en los hechos. Esto claramente va a generar disconformidad, ya lo ha generado en el Reino Unido, posiblemente tenga repercusiones, elecciones del secretario general", insiste el experto. 

Existe un obstáculo jurídico 

La petición se basa en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina solicita medidas provisionales, pero hay un obstáculo jurídico importante: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver disputas de soberanía territorial. 

Londres, por su parte, defiende la legalidad de las licencias y sostiene que la solicitud argentina no suspende automáticamente las autorizaciones existentes. 

La decisión del Tribunal podría ser determinante para el futuro inmediato del proyecto, aunque no resolvería por sí sola la disputa histórica por las islas. La batalla por las Malvinas suma así un nuevo frente: el de los recursos energéticos y el derecho internacional.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto para parte de los nacionalizados por la llamada "Ley de nietos" supone un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y afecta potencialmente a cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos residentes en América Latina.

Unos 400.000 españoles nacionalizados con la 'ley de nietos' podrían ver frustradas sus intenciones de votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo mantuviera la suspensión del derecho al voto para descendientes de exiliados, salvo los que demuestren que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco por razones políticas u orientación sexual, lo que podría excluir a miles de los comicios de noviembre.

La decisión supone un jarro de agua fría para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que tiene las encuestas en contra y deseaba que el Supremo levantara la suspensión. La norma que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad española es la llamada "ley de nietos", una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Desde el Gobierno español insisten en que, si se mantiene esta suspensión, se acudirá a dichas elecciones con el censo alterado.

"¿Esto qué significa? Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar", sentenció Sánchez.

Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de modificar el censo electoral con la citada ley. "Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la justicia", dijo el líder del ultraderechista VOX, Santiago Abascal.

Pero no todas las personas que consiguieron la nacionalidad merced a la Ley de Memoria Democrática, más conocida como 'ley de nietos', estarán excluidas de participar en los comicios. Habría una excepción para aquellas que acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados. Este es el caso de Diana López, residente en Argentina, que tiene raíces andaluzas. Su abuelo llegó a la Patagonia procedente de Almería huyendo de la Guerra Civil española.

"Esto de obtener la nacionalidad ha sido en gran medida un homenaje a mi abuelo. Yo no tengo ninguna pretensión de sacar provecho, de obtener los beneficios que puede conceder España. Yo obtuve la nacionalidad hace pocos meses y, en lo personal, comprendo que quien vive allá prefiera que decidan los que viven in situ. O sea, personalmente no me inquieta no poder votar. Entiendo, de algún modo, que aquellos que viven allí tienen más derecho a decidir su futuro", sostiene.

La decisión tiene consecuencias para miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero, en particular en América Latina. Argentina es el país que lidera el ranking con más solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la ley de nietos. Alrededor de 870.000, según los datos consulares difundidos durante la tramitación de la norma.

"Quizá hoy puede ser que lleguen con sus valijas algunos argentinos buscando su trabajo, su bienestar. Pero esos argentinos, hoy españoles porque adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tienen sangre española y son descendientes de aquellos españoles que alguna vez tuvieron la misma situación. Yo creo que las lágrimas son las mismas, pero los pasos en sentido contrario", dice Diana López, sollozando.

Mientras el Supremo otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares, el Gobierno español estudia, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar puede considerarse una resolución definitiva y, por tanto, si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.

 Este viernes, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó a todos los elementos de la oposición venezolana que se unan a las negociaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. El próximo miércoles habrá una nueva ronda de la mesa negociadora con la oposición, a la que de momento no se han unido María Corina Machado ni Edmundo González. Como casi toda la actividad gubernamental venezolana, estas negociaciones tienen lugar bajo la tutela de Washington.

El llamado de Marco Rubio para que toda la oposición apoye este proceso de negociación refleja el cambio de postura de Washington, desde que se convirtiese en socio a la fuerza de Caracas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Al principio, la administración Trump insistía en Delcy Rodríguez como única interlocutora, pero ahora ha incluido a la oposición, liderada en estas negociaciones por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional. María Corina Machado, líder del principal partido opositor, de momento no participa.

“Hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”

Washington supervisa casi todo lo que hace el Gobierno y se ha metido de lleno en estas negociaciones, cuyo próximo capitulo tendrá lugar el miércoles. Esta suerte de tutela de Estados Unidos, pese a no ser ideal, permite, según el analista político Víctor Maldonado, que el proceso sigua avanzando y no termine en nada, como ocurrió con el acuerdo de Barbados y las negociaciones en Oslo.

“Hablar de legitimidad y legalidad, ya no se puede hablar desde el punto de vista de un país normal, sino de un país que ha sufrido en primer lugar 30 años de tiranía, y por otro lado, por supuesto, una intervención militar de Estados Unidos y un condicionamiento a partir de ese momento, de lo que había que hacer y no había que hacer. La realidad es que hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”, explica.

“¿Qué tenemos aquí? Una hoja de ruta que no está siendo boicoteada por nadie, porque la tutela es un referente de fuerza. Ese proceso de tutela ha significado mejoras que nunca nos imaginamos antes del 3 de enero: la libertad de los presos políticos, el tema del tomarse en serio la industria petrolera para que puedan ingresar recursos, ya los recursos que llegan no se los roban”, prosigue el analista.

Ausencia de María Corina Machado

Víctor Maldonado lamenta que Machado no participe. No piensa de manera similar Luis Carlos Díaz, expreso político, periodista y activista venezolano, residente en España, quien coincide en que la tutela estadounidense impide incumplimientos del Gobierno, pero considera que las negociaciones pueden avanzar sin María Corina Machado.

“Aunque pareciera desde afuera que la oposición venezolana está dispersa, piensen que es la oposición democrática de un país, y al ser democrática es diversa, porque esto es una manera de darle apoyo a la mesa de negociación entre las dos asambleas nacionales, de darle apoyo a Dinorah Figuera sin que ella esté compitiendo por liderazgo, porque al final es como una servidora pública. Tiene que haber una gente que no sea María Corina Machado llevando adelante lo institucional. No tendría sentido que la líder democrática del país sea además la que reforme el Consejo Nacional Electoral, que va a ser las elecciones donde ella va a participar”, subraya.

La negociación de este miércoles versará sobre la elección de la Corte Suprema y en las garantías necesarias para individuos y partidos para unas elecciones creíbles.

Expreso deja de circular este 9 de octubre a causa de una complicada situación económica de la que responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por haber lanzado una campaña de acoso en su contra. La empresa editora de este medio crítico del gobierno limitará de ahora en adelante sus operaciones al ámbito digital. Entrevista con Alfonso Albán, editor general de Expreso, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. 

Según los responsables del diario, el Ejecutivo ha retirado su publicidad y presionado a otros anunciantes privados para que hagan lo mismo con el fin de ahogarlos financieramente. También ha intervenido el medio en aspectos administrativos. Con el paso a una publicación exclusivamente digital, gran parte de la plantilla será despedida y no se descarta una venta.

Alfonso Albán, editor general del medio, nos explicó que se sentía "satisfecho por el trabajo que hemos venido haciendo. Pero también estoy preocupado porque no sabemos qué va a pasar".

Expreso denuncia que el Ejecutivo de Daniel Noboa trató de apoderarse de un importante paquete accionarial aduciendo irregularidades. Además, ha retirado toda su publicidad institucional y presionado a otros anunciantes para que abandonen el diario, que estima haber perdido un 70% de los anunciantes desde entonces. Todo ello, denuncian, por contar en sus páginas con voces críticas, como las de los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares, así como por publicar algunas investigaciones sobre corrupción.

"Todo esto empezó en septiembre del año pasado. Nosotros, en agosto, habíamos publicado una gran investigación sobre negociados en el Seguro Social. Contamos cómo el dinero del Seguro Social había creado grandes fortunas de médicos particulares, ya que el Seguro Social no se abastece y tiene que derivar sus servicios a terceros. No es mera coincidencia que, justamente, publiquemos esto en agosto y resulte que en septiembre empieza todo este embate con mucha fuerza del gobierno en contra de Expreso", explica Albán.

El editor general del diario Expreso defiende la independencia del medio, sin importar el color del gobierno.

"Expreso fue muy crítico con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por eso el diario recibió duros cuestionamientos por parte del presidente Correa. Ahora tenemos un gobierno claramente de derecha que ha tomado una posición de cuestionamiento muy radical en contra de este medio de comunicación", agrega Albán.

La práctica de ahogar medios críticos atacando sus finanzas y así provocar un cambio de dueño o de línea editorial, como a todas luces parece ser el caso de Expreso, no es algo nuevo. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG que defiende la libertad de prensa y expresión en Ecuador, lo explica:

"Tenemos por lo menos seis casos de este tipo de transferencia de medios de comunicación a grupos empresariales. No tienen ningún ejercicio de transparencia. No sabemos quiénes son los propietarios finales de estos medios de comunicación ni tampoco de dónde proviene el dinero. Pero lo que sí podemos afirmar con rotunda certeza es que los medios de comunicación comprados de esta forma dan un giro de 180 grados en su línea editorial y se convierten, de repente, en medios de comunicación totalmente oficialistas", concluye.

El próximo 13 de octubre, la editora de Expreso realizará una junta de accionistas para aprobar la venta de inmuebles y propiedades con la que pagar las liquidaciones de los trabajadores. Algunas fuentes creen que el medio también podría ser vendido.