La Amazonía es azotada por una expansión criminal sin precedentes. La FCDS, una organización ambientalista, documentó la presencia de grupos criminales en el 69% de los municipios de la Amazonía noroccidental, un territorio que abarca 6 países de Suramérica, con impactos graves en la biodiversidad y en las poblaciones locales.

Es el pulmón de nuestro planeta y la mayor reserva biológica del mundo. Y, sin embargo, la Amazonía se está convirtiendo con el tiempo en un bastión de las mafias. En un informe de 110 páginas titulado Amazonía en disputa, la ONG ambientalista Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) detalla la presencia de al menos 17 grupos criminales armados en la parte noroccidental, una región que cubre el 65% de la Amazonía y que se extiende en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Los grupos armados identificados en la región son Comando Vermelho, Comandos de Frontera, Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Segunda Marquetalia, Primeiro Comando da Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Primeiro Comando da Panda (PCP), Familia del Norte (FDN), Piratas dos Solimões, Tropa do Rei (TDR), Los Choneros, Nueva Generación, B13, La Constru, Tren de Aragua y Rápidos del Amazonas.

El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna son algunas de las actividades de estos grupos. Con múltiples consecuencias ambientales: la deforestación afecta el bosque tropical y puede llevarlo al punto de no retorno, es decir reducir su capacidad de regenerarse y capturar CO2.

Con datos de las autoridades nacionales, de investigadores locales y de organizaciones en el terreno, la FCDS establece que “estos grupos operan en al menos el 69% (348) de las 456 unidades territoriales de acuerdo con la división administrativa de cada uno de los países”.

La presencia criminal es tal que los autores del informe identifican una situación de "gobernanza criminal" en la que estos grupos armados controlan la movilidad, el derecho de reunión, interfieren en elecciones, corrompen las instituciones y recurren al reclutamiento forzado.

En esta investigación, la FCDS alerta sobre las amenazas ambientales y sociales derivadas de esta presencia. "Yo empezaría por señalar el proceso de degradación ambiental y de pérdida de control territorial dentro de los territorios indígenas a nivel fronterizo”, indica con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que coordinó el informe

“Estos territorios son hoy por hoy un objetivo estratégico de ese proceso de criminalidad, porque son corredores de movilidad, porque son territorios en los cuales hay intereses económicos concretos como el tema del oro, el tema de la madera, el tráfico de personas, la movilidad de las armas y la movilidad de los narcóticos”, detalla Botero.

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¿Quién tiene la culpa?

El auge criminal en la Amazonía es el resultado de décadas de abandono estatal, de la falta de oportunidades económicas para las poblaciones y también de una falta de responsabilidad internacional, denuncia Botero.

“Europa, Estados Unidos y Asia generan una demanda comercial por los productos que están rompiendo la Amazonía. ¿Quién compra el oro que está hoy destrozando este territorio? ¿Quién está entrando centenares de cabezas de animales de ganado para generar procesos de lavado alrededor de estas economías y posteriormente generando también expectativas en burbujas de especulación financiera? ¿Quién está comprando más narcóticos?”, se pregunta Rodrigo Botero.

“Pues en general son los países que llamaríamos industrializados”, sentencia.

Amenazas ambientales de gran envergadura

El informe Amazonía en disputa alerta sobre la contaminación por mercurio ligada a la minería clandestina de oro, que alcanza una gran envergadura en la Amazonía. Naciones Unidas calcula que la minería artesanal en Suramérica emitió 600 toneladas por año en 2019. En el parque natural Yaigojé Apaporis en Colombia por ejemplo, se encontraron concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes hasta 22,98 μg/g, casi 10 veces superiores a límites recomendados por la OMS.

“Los flujos de distribución de mercurio en [los países de la Amazonia Noroccidental] no han sido controlados. Tenemos una entrada de mercurio proveniente de México que entra por Bolivia también de manera descontrolada y en general hoy ya tenemos un mapeo de grandes zonas del Amazonía con muy altos de contaminación en suelos y en aguas. Encontramos que ya empiezan a haber evidencias de malformaciones genéticas en diferentes países”, dice Rodrigo Botero, entrevistado por RFI.

El informe establece además un balance crítico de las políticas de lucha contra la contaminación por mercurio en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, principalmente centradas en operativos militares sin enfoque socio económico para atender la situación de pobreza de las poblaciones locales.

“En el caso del Perú, en 2019 el gobierno de Martín Vizcarra ejecutó la Operación Mercurio, cuyo objetivo principal fue combatir y erradicar la minería ilegal aurífera de pequeña escala. La operación se proyectó para una duración de dos años. En el primer año, se logró desalojar aproximadamente al 92% de los mineros ilegales, lo que representó una reducción de la actividad, y se reportó una disminución de hasta el 90% en la deforestación asociada. (...) A pesar de los esfuerzos, los avances iniciales no fueron sostenidos, los esfuerzos militares no se consolidaron en el tiempo, y la minería ilegal resurgió en la región. Desde la implementación de la Operación Mercurio, esta actividad se triplicó en Madre de Dios y el 98% de las áreas previamente recuperadas volvieron a ser explotadas”, detallan los autores del informe.

“En el otro lado está la deforestación. Y la deforestación se alimenta de todas estas economías ilegales y de criminalidad y se alimenta porque es una forma de lavado muy importante”, apunta Botero.

Uno de los síntomas de esta acelerada deforestación es el crecimiento exponencial de la actividad ganadera.

“El crecimiento de un hato ganadero no tiene comparación con ninguna otra región del continente. Recordemos que en los últimos años el hato ganadero en Bolivia ha crecido 16% y 30% en Colombia. Eso significa millones de nuevos animales que están entrando para cambiar de manera irreversible estas regiones de la Amazonía y deforestar”.

En las conclusiones del informe, su organización formula una serie de recomendaciones que van más allá del simple uso de la fuerza para luchar contra estas bandas criminales. Como es desarrollar inteligencia, investigación criminal sobre las rentas económicas, los intermediarios del crimen, prevenir el lavado de activo, así como proteger a los líderes ambientales.

En las costas mexicanas se ha registrado este año un récord de arribo de sargazo, esta alga color café que deja un olor fétido cuando se descompone en las playas. Para monitorear la crisis del sargazo, que ocurre cada primavera desde 2011, y cuyos orígenes aun no quedan muy claros para los científicos, México acaba de abrir un centro de observación. 

Desde 2011, las playas del mar Caribe, desde las Antillas hasta República Dominicana pasando por las costas de Yucatán, reciben cada año miles de toneladas de sargazo a partir de la primavera boreal

Cuando flota en alta mar, el sargazo constituye un hábitat favorable para numerosas especies. Pero cuando invade las playas, se descomponen, emiten un gas que huele a huevo podrido y que es peligroso para la salud si alcanza altas concentraciones y asfixian a varias especies que no reciben luz de la superficie.

El fenómeno natural llamó la atención de los científicos del mundo: se desató abruptamente en 2011, se repite cada año desde entonces. Históricamente, la masa de sargazo se concentraba en el Atlántico norte, en el llamado Mar de los Sargazos, bien conocido por los navegadores y mencionado por Cristóbal Colón. Pero a partir de 2011, las algas empezaron a proliferar en también en toda la región caribeña. "El Caribe como lo conocimos ya no existe", observa la investigadora Brigitta Von Tussenbroeck, que estudia el sargazo desde hace varios años.

Los científicos aún nadan aun en aguas turbias para identificar las causas de este fenómeno. Se manejan varias hipótesis. Se pensó inicialmente que los abonos de la industria agrícola en Suramérica y en África podrían alimentar el crecimiento de estas algas. Pero estudios más recientes indican que un cambio de la circulación de vientos en el Atlántico podría haber empujado estas algas en el Caribe donde la temperatura más elevada del agua favorece su multiplicación. El cambio climático podría ser uno de los factores que explican este cambio de circulación de los vientos.

Año tras año el arribo de sargazo constituye un reto ambiental y económico. Limpiar las playas cuesta millones de dólares. Entonces para enfrentar el problema, México inauguró en junio un centro de monitoreo ambiental y del sargazo, basado en Cancún.

“Con el arribo masivo de sargazo en esta temporada 2025 en el Caribe mexicano, necesitábamos tener unos ojos que nos guiaran desde el primer momento para hacer el proceso de contención y de limpieza y saber en donde estaban arriban el sargazo, en qué playas”, explica a RFI Esteban Amaro, director del Centro de Monitoreo ambiental y del Sargazo de Cancún.

Para sus labores de monitoreo, el centro utiliza datos satelitales de la Agencia Espacial Europea (ESA), “particularmente Sentinel II, Sentinel III y Sentinel 5P, que con parte de la constelación satelital Copernico”, detalla Amaro.

Según cálculos científicos, se evaluó en 50 millones de toneladas la mancha de sargazo en el Atlántico este año. “De este grueso, mas o menos el 1% llegó al Caribe mexicano. Y de esto, el 10 por ciento ha ido recalando en las playas. Hoy en día, llevamos una recogida de sargazo de unas 70 mil toneladas. De aquí a lo que falta por terminar la temporada, posiblemente recolectemos 100 mil toneladas. Es el triple de lo que se recolectó en el 2024”, calcula Esteban Amaro.

Dado que los arribos masivos de sargazo representan ahora una nueva normalidad, convertir esta masa de algas en biofertilizantes, bioplásticos o biocombustible permitiría convertir la crisis en oportunidades. Pero estas iniciativas aún no han llegado a escala industrial y no permiten absorber los miles de toneladas de sargazo que llegan cada año a las playas del Caribe mexicano.

Al norte de la capital boliviana, los Tacana lucha por conciliar desarrollo económico y respeto al medioambiente. Esta comunidad indígena desarrolla actividades como la pesca sostenible y batalla contra la contaminación por mercurio, derivada de la minería ilegal río arriba.

En esta edición de Vida en el planeta viajamos a Bolivia, al norte de La Paz donde la comunidad tacana desarrolla varios emprendimientos que concilian desarrollo económico y medioambiente.

Adalid Medina Capiona, comunicador social de la comunidad indígena tacana, documenta los retos ambientales de esta comunidad indígena, como la contaminación por mercurio, la presencia de pez invasor, el paiche y la tala ilegal de madera. Un ejemplo de resistencia y de creatividad.

Medina es también uno de los testigos de Voces de Madidi e ePOP; dos plataformas de Radio Francia Internacional para darle la voz a las comunidades rurales afectadas por el cambio climaticos y otros retos ambientales.

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Una investigación comprobó que las tierras gestionadas por los pueblos afrodescendientes de cuatro países suramericanos tienen menos probabilidades de ser deforestadas que las otras tierras de la región. Los autores del informe indican que las prácticas agrícolas ancestrales de estos pueblos son altamente sostenible para preservar los ecosistemas.

Ya se había comprobado que los pueblos indígenas de las Américas cumplen un papel de guardianes de los ecosistemas. En 2024, gracias a datos satelitales, una investigadora brasileña junto con dos colegas británicos observaron que las tierras comunitarias indígenas en la Amazonía brasileña presentan tasas de deforestación un 83% inferiores en comparación con las zonas no protegidas. 

En el mismo orden de idea, un nuevo informe de la ONG estadounidense Conservation International indica que los pueblos afrodescendientes del continente americano también asumen una función crucial en la preservación del bosque tropical. Las tasas de deforestación de las comunidades afrodescendientes son entre 29% y 55% inferiores a las tasas observadas en parcelas vecinas, según el informe. El dato es importante en un contexto de urgencia ambiental en el que preservar el bosque es indispensable para limitar el calentamiento global y preservar la biodiversidad de especies de nuestro planeta. 

Este se debe a sus prácticas agrícolas específicas, traídas de África. Tanto los marrones de Surinam, representados, como los  miembros de los mocambos de Brasil y los pueblos de los palenques colombianos, todos ellos comparten técnicas agrícolas heredadas de la tradición africana. Estas comunidades agrarias aún mantienen una relación de simbiosis con la naturaleza, muy lejos de los métodos destructivos de la agricultura extensiva o el extractivismo que arrasa con miles de hectáreas de bosque amazónico cada año. 

Es lo que ha observado con cifras Martha Rosero, directora de inclusión social en la ONG Conservation Internacional y coautora del informe.

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Una expedición científica francesa buscaba identificar los barriles de residuos radiactivos vertidos en el océano Atlántico durante el siglo XX. Miles de barriles fueron detectados gracias a un robot submarino de alta tecnología. RFI conversó con uno de los directores científicos de esta misión inédita a 4000 metros de profundidad.

¿Qué tan degradados están los barriles que contienen residuos radiactivos vertidos en el océano Atlántico? Para responder a esta pregunta, científicos del Centro Nacional de Investigación Francesa, el CNRS, apoyados por un buque y un submarino de la Flota Oceanográfica Francesa exploraron las profundidades del océano Atlántico durante cerca de un mes entre junio y julio de 2025.

Entre 1946 y 1990, los países que disponían de la energía nuclear han vertido al mar más de 200 000 barriles de desechos radiactivos de baja y mediana intensidad como guantes o muestras de laboratorios. Aunque no se trataba de restos de combustible radiactivo, estos contenedores radiactivos representan hoy una contaminación oceánica que está prohibida desde 1990. Desde entonces, se tenía poca información sobre sobre el estado de los barriles, razón por la cual una treintena de científicos participaron en la misión Nodssum, por ‘vigilancia de los desechos nucleares vertidos al mar’, por sus siglas en inglés

Tras un mes de expedición en el Atlántico norte a unos 1000 km de las costas francesas, el equipo internacional de científicos de la misión Nodssum logró detectar más de 3000 barriles con residuos radiactivos.

“El propósito principal de esta misión era establecer una base de conocimiento de la zona donde se han realizado estos vertidos y tomar muestras asociadas a una cartografía de barriles para evaluar los posibles impactos que estos vertidos tuvieron en los ecosistemas del océano profundo”, explicó a RFI el jefe científico de la misión, el geólogo Javier Escartín, a su regreso a tierra.

Gracias a 15 inmersiones, el robot de alta tecnología Ulyx, capaz de detectar objetos de 5 cm a hasta 6000 metros de profundidad, permitió detectar más de 3000 barriles y fotografiar 50 de ellos.

El estado de los bidones

“Vemos que hay estados de degradación variables”, observa Javier Escartín, tras revisar los datos fotográficos.”  Hay algunos que parecen intactos físicamente, otros que parecen deformados, otros que están completamente deformados y vemos que hay una materia negra que de algunos de estos barriles se esparce por el suelo. La superficie de estos barriles, que es metálica por la textura, parece corroída.”

Sin embargo, dada la baja o mediana intensidad de los desechos radiactivos contenidos en estos bidones, el científico descarta un eventual peligro radiactivo. “Vemos que hay fugas en algunos de los bidones, creemos que es alquitrán, que es la materia que contiene los residuos radiactivos, quizás haya contaminación, pero si la hay, al menos en base a los resultados que tenemos, es de muy baja actividad y que no supone ningún peligro”, asegura.

La pregunta ahora que se ha identificado la ubicación de estos barriles es si se podrían extraer de las profundidades oceánicas. “Nuestra información será utilizada para ver lo que se hace por la zona. Pero en principio hay una cantidad de barriles demasiado grande para poder realizar cualquier tarea de recuperación”, indica Javier Escartín. “Hay 200 000 barriles, están a 5000 m de profundidad. Se podría realizar desde el punto de vista técnico, pero sería un coste absolutamente astronómico. Si hay algún problema radiológico, supongo que lo que se hará es indicar que es una zona peligrosa”, concluye el científico.

En las próximas semanas, se analizará en laboratorio los niveles de radiactividad de las muestras marinas (sedimentos, peces y agua de mar) tomadas a unos cien metros de los barriles. Y una segunda misión está prevista con un robot submarino para tomar muestras más cercanas a los barriles de residuos nucleares.

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Wildres Rodríguez Wood se define como una guardiana del océano. Esta bióloga hondureña viajó hasta la cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza, Francia, para llevar una voz que poco se escucha: la de las comunidades costeras hondureñas que enfrentan varios desafíos como la ausencia del estado, la sobrepesca y deforestación.

Durante una mesa redonda en la tercera cumbre de los océanos de la ONU en Francia, la biológa hondureña Wildres Rodríguez Wood, oriunda del departamento costero de Gracias a Dios, recordó con emoción sus vínculos familiares con el océano. “Yo he sentido que he nacido siendo una guardiana del océano. Traigo ya en mi ser en mi sangre el querer cuidar, proteger y conservar nuestros océanos. Mi papá es pescador, entonces yo desde muy pequeña salía con el mar", comentó Rodríguez, entrevistada por RFI en Niza en junio, al margen de la cumbre.

Rodríguez Wood es, además, la primera mujer bióloga de la comunidad misquita, principal pueblo indígena del noreste de Honduras.

De preparar el pescado seco para la Cuaresma, Rodríguez Wood pasó más tarde a ser bióloga, un destino poco común para los miembros de la comunidad misquita, alejada del sistema universitario.

Hoy, a través de la ONG de protección marina Ilili -que significa ‘tiburón’ en misquito-, la bióloga realiza talleres de pesca sostenible con mujeres y jóvenes de las comunidades pesqueras. “Les enseñamos las buenas prácticas pesqueras, cómo saber las tallas de un pez, por ejemplo, si ya mide 30 cm ya se puede comer o no se puede comer”.

En entrevista con RFI, la bióloga y activista alertó también sobre los desafíos ambientales y sociales que enfrenta su comunidad. “Uno de los desafíos que tenemos es la pesca industrial que ha estado haciendo pesca de arrastre. Según nuestra ley de pesca hondureña, a nosotros los pescadores artesanales nos han dado las 3 millas náuticas para pescar. Pero resulta que los barcos o la pesca industrial han estado haciendo pesca de arrastre en esas 3 millas náuticas”, denuncia.

“Se están llevando los alevines, peces, medusas, crustáceos, todo cae en esas mallas”, insiste la bióloga. Esta práctica de pesca agresiva y mortífera para la biodiversidad coincidió con una caída drástica de los stocks de pescado, constatan los pescadores.

“Otra amenaza que nosotros tenemos es la deforestación. Personas ajenas a la región han ingresado ahí y han estado haciendo prácticas indebidas como ser la deforestación, para la ganadería extensiva. Estamos pidiendo al gobierno que saque a estas personas”, agregó.

La bióloga aprovechó su presencia en la cumbre de los océanos para alertar también sobre las condiciones socio económicas de las comunidades misquitas. “Hablemos de conservación, pero hablemos también de los otros desafíos que tenemos como pueblos indígenas: no tenemos acceso a la educación ni a la salud”, enfatizó Wildres Rodríguez.

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Dentro de tres años, el mundo habrá superado +1.5°C de calentamiento global. Para evitar que se agrave el cambio climático, urge reducir emisiones de CO2 y proteger los bosques. En Colombia, por ejemplo, miles de familias reciben incentivos económicos a cambios de sus labores de conservación o de reforestación de las zonas boscosas. Reportaje en el centro de Colombia.

Alcanzar la finca de la familia Cárdenas desde Medellín implica recorrer un paisaje de colinas verdes, una pista de tierra y cruzar varios arroyos hasta adentrarse en un bosque tropical húmedo. Un letrero indica por fin que hemos llegado a la reserva natural Los Monos. Es aquí donde los Cárdenas, una familia campesina que llegó hace alrededor de una década tras ser desplazada por el conflicto armado, decidió reforestar algunas parcelas. El proyecto busca sustituir la ganadería extensiva – muy dañina para los ecosistemas – por el ecoturismo mediante la restauración de varias hectáreas de tierras deforestadas.

Bajo un techo de paja, Alejandro, uno de los hermanos Cárdenas nos recibe. Comparte con nosotros una limonada fresca y nos cuenta la historia de la reserva privada Los Monos.

La familia de campesinos colombianos recibe el apoyo de la ONG ambiental Masbosques que identifica tierras prioritarias para la conservación y canaliza fondos para ayudar a las familias campesinas a reforestarlas.

Una vez que las familias firman un acuerdo de conservación, la organización monitorea el cumplimiento de los compromisos de conservación o reforestación por vía satelital y con visita en el campo, explica a RFI Heiler Orozco, técnico de Masbosques.

En este caso, los recursos provienen de empresas privadas, mediante programas de compensación ambiental -obligatoria o voluntaria-, y permite pagar alrededor de 80 euros mensuales por predio a cada familia que se comprometa a reforestar una parte de su terreno. Para compensar la pérdida de recursos en los predios que se dedicaban al ganado, los Cárdenas optaron por desarrollar el ecoturismo.

En esta región particularmente biodiversa donde abundan tucanes, monos y jaguares, la riqueza de la naturaleza suscita el interés científico de académicos que acuden a la zona para formar a sus estudiantes, así como turistas de zonas urbanas. Fue por este motivo también que la zona fue identificada como corredor de conservación priotario.

El pago por servicios ambientales a comunidades rurales existe también en otras regiones de Colombia. En 2023, la entonces ministra de ambiente Susana Muhamad extendió el programa Conservar Paga a miles de familias de la Amazonía Colombia, muy golpeada por la deforestación. Cerca de 4000 familias del sur de Colombia reciben una remuneración mensual de entre 80 y 190 euros para conservar el medioambiente, y mantener sus ingresos.

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Realización técnica: Fabien Hilly.

El Parlamento francés debate una ley para reconocer parcialmente la responsabilidad estatal en el escándalo de la clordecona, un pesticida particularmente nocivo para la salud humana y el medioambiente, masivamente aplicado en los cultivos de plátanos de las Antillas francesas. Miles de trabajadores quedaron envenenados y miles de hectáreas de tierras están contaminadas.

"Cuando trabajábamos en los cultivos, el producto caía sobre nosotros. Fumigaban por vía aérea. También tocábamos el producto para sacarlo de las bolsas y llevarlo al campo. Todo el mundo resultó envenenado”, recuerda con emoción esta extrabajadora del sector agrícola en Martinica.

Como esta mujer, miles de trabajadores del sector platanero de las Antillas francesas fueron envenenados por la clordecona, un pesticida usado durante dos décadas en Martinica y Guadalupe en los cultivos de plátanos, pese a que su alta toxicidad para los animales y el medioambiente ya había sido comprobada. La codicia del sector del plátano en las islas caribeñas y la complicidad de las autoridades francesas de 1972 a 1993 llevó a uno de los mayores escándalos sanitarios franceses con cerca de 10.000 trabajadores intoxicados, miles de hectáreas de tierras y costas contaminadas y una isla, Martinica, con la tasa de cáncer de próstata más elevada del mundo.

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Todo inició en 1972 cuando las autoridades francesas autorizaron el uso de la clordecona, un insecticida, para luchar contra la proliferación de gorgojos un insecto que devora los cultivos de plátanos en las islas francesas de Martinica y Guadalupe. Tres años después, obreros estadounidenses de la planta química de Virginia donde se fabricaba esta sustancia presentaron graves síntomas neurológicos y en los testículos. El incidente llevó a Estados Unidos a prohibir el uso de la clordecona. En 1979, la organización mundial de la Salud, OMS, a su vez declaró el producto como posiblemente cancerígeno. Además, ya se conocían los efectos neurotóxicos y de perturbación endocrina de la clordecona.

A pesar de estas alertas, Francia mantuvo sin embargo la autorización de aplicación de este producto hasta 1993. Y no fue sino hasta 2007 que las alertas de médicos llevaron a las autoridades francesas a atender la crisis.

“Durante 50 años se aplicó clordecona por helicópteros, por avión o directamente por los jornaleros, sin guantes. Ha sido comprobado que estos productos causan problemas de vista, sordera, problemas respiratorios, cáncer. Ha habido muchas parálisis faciales también, sobre todo entre las mujeres que cortaban las hojas deterioradas de los plátanos, denuncia Yvon Serenus, presidente del colectivo de los exjornaleros envenenados por la clordecona en Martinica.

La contaminación alcanzó una magnitud tal, que se ha detectado clordecona en la sangre del 92% de la población de Martinica, según un estudio de 2018 de las autoridades sanitarias francesas. Perturbación endocrina, alteración de la fertilidad, cáncer e impactos nocivos para el sistema nervioso, para el hígado, los riñones y el riñón... La lista de los efectos de la clordecona en la salud humana es larga. “Un día que andaba de compras con mis hijos, le dije a mi hija que ya no veía nada. No podía ver el precio de los objetos. Mi hija me llevó a casa. Fui al médico. Y el médico pidió que me operaran inmediatamente el ojo para evitar complicaciones cerebrales”, recuerda la exjornalera martiniquesa, que prefiere no revelar su nombre.

Indemnizaciones parciales

Este escándalo sanitario ha dado sin embargo a indemnizaciones mínimas. El estado francés ha negado su responsabilidad en el envenenamiento de miles de trabajadores. Solo un centenar de ellos ha logrado obtener indemnizaciones de unos 300 euros mensuales, una suma ridícula comparada con el costo de la vida en las Antillas francesas donde la mayoría de los productos son importados de la metrópoli. Hoy exigen que la justicia reconozca que la degradación de su estado de salud es la consecuencia directa de su exposición a la clordecona.

“Me quedé intoxicado. A mí me operaron del estómago. Me quitaron todo, una úlcera que estaba a punto de causarme una hemorragia y me pusieron una víscera artificial. Fueron los bekés que me envenenaron. Tienen que darme una compensación, reconocen que cometieron errores y que abusaron de nosotros”, insiste otro exjornalero entrevistado por Jeanne Richard de RFI, en Martinica.

El caso de la clordecona es un síntoma más de la injusticia social que aun reina en este territorio francés de ultramar donde los bekés, descendientes de los colonos blancos de la metrópoli francesa representan el 1% de la población de Martinica, pero poseen la mitad de las tierras.

La salud de los jornaleros, afrodescendientes, fue sacrificada para generar ganancias para los terratenientes denuncia Yvon Serenus, sindicalista agrícola. "Sentimos rabia contra el estado francés y contra los que nos envenenaron. Envenenaron al pueblo martiniqués de manera intencional. ¡Los dirigentes del sector platanero pidieron al gobierno francés la autorización de comprar la patente de la clordecona y se la concedió! A pesar de que sabían muy bien que este producto era nocivo”, enfatiza Serenus.

Tierras contaminadas hasta 2070

La batalla de las víctimas de la clordecona para obtener reparaciones avanza a pasos de tortuga. No fue sino hasta 2007 que el estado francés puso en marcha el llamado ‘plan clordecona’. De 2021 a 2027, se dedicarán 130 millones de euros en agricultura, salud, medioambiente y educación para mitigar la contaminación por el pesticida. Pero borrar la huella de décadas de envenenamiento parece una tarea titánica.

Según cifras oficiales, 20.000 hectáreas están contaminadas por la clordecona, es decir el 40% de la superficie agrícola de la isla. La pesca está prohibida en agua dulce y decenas de kilómetros de costas también contaminadas por el pesticida que podría persistir hasta 2070 en niveles detectables en la naturaleza.

En el plano judicial, un grupo de 1286 personas obtuvo en febrero pasado una primera victoria ante un tribunal francés que declaró el estado francés responsable por el escándalo sanitario, pero solo obligó las autoridades a dar compensaciones financieras por 'perjuicio moral' a las víctimas que pudieron comprobar que su enfermedad estaba directamente vinculada a la exposición a la clordecona.

Otra batalla se juega ahora en el parlamento francés. El senado aprobó por unanimidad una propuesta de ley que reconoce la "responsabilidad parcial" del estado francés en el escándalo de la clordecona en las Antillas. Un reconocimiento simbólico que no implicará indemnizaciones automáticas para las víctimas.

Un programa de Raphaël Morán, con entrevistas de Jeanne Richard en Martinica (Francia). Realización técnica: Charly Amadou.

Desde la Cumbre de los océanos de Niza, ambientalistas pidieron acciones para proteger el krill, un mini crustáceo que juega un papel fundamental para la alimentación de pingüinos y ballenas. Pero la población de krill está amenazada por el cambio climático y la pesca industrial noruega que lo utiliza para producir alimentos de mascotas.

A pesar de la ausencia de Estados unidos, en la cumbre de la ONU sobre los océanos en Francia, se alcanzaron avances tímidos pero alentadores para enfrentar los desafíos ambientales del mundo marino.

Tras una semana de discusiones con 12 000 delegados internacionales, la diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. Más países se sumaron al tratado de Alta Mar para proteger las aguas internacionales, la coalición de naciones contra la minería submarina y aumentará la superficie de áreas marina protegidas de 8% a 10%. Una tendencia positiva, aunque muy lejos del objetivo de proteger el 30% de los mares para frenar el declive de la población de peces y de otras especies, por ejemplo.

Al término de la conferencia de Niza, RFI conversó con el experto en protección marina Maximiliano Bello de la Fundación Blue Marine basada en Washington.

RFI: La tercera cumbre de los océanos de Naciones Unidas en Niza tras una semana de discusiones con 12.000 delegados. La diplomacia francesa afirma que la cumbre fue un éxito. El Tratado de Elta mar debería entrar en vigor en enero de 2026. ¿Qué tanto se ha avanzado aquí en Niza en este aspecto? 

Maximiliano Bello: Efectivamente, Francia hizo algo muy inteligente al traer el tratado acá para que muchos países pudieran ratificarlo de una vez. Estamos mucho más cerca de las 60 ratificaciones, cifra necesaria para que el tratado entre en vigor. Una vez que eso pase, entonces empezaremos con las Conferencia de las partes para los océanos. Por lo tanto, eso fue un muy buen paso. Lamentablemente no alcanzamos la cifra de 60 países en la reunión, pero nos la cumbre dejó muy cerca. Estamos hoy día en 51 países

Por otra parte, está la moratoria (pausa) sobre la minería submarina. Aquí en Niza se sumaron varios países: son 40 países ciertos los que se han sumado entonces a esta moratoria, que es clave porque obviamente

RFI: Uno de los objetivos del Tratado de Alta mar (BBNJ por sus siglas en inglés) es impulsar la creación de áreas marinas protegidas en aguas internacionales. ¿En qué regiones sería urgente impulsar la creación de áreas marinas protegidas? 

Maximiliano Bello: En todas partes y para eso es justamente muy importante que tengamos un acuerdo de Alta Mar vigente. Porque no podemos pensar el 30% de la protección del océano si no tenemos posibilidad legal para crear áreas marinas protegidas en alta mar también, en la Antártida, por ejemplo.

Hemos visto muchos países declarar aquí en Niza nuevas áreas marinas protegidas. Hay que destacar Polinesia francesa que está protegiendo con distintas formas 4,5 millones de kilómetros cuadrados de su área económica exclusiva. Pero más importante todavía, alrededor de 1 millon de kilómetros cuadrados de ‘no tocar’, que es, la mejor calidad de las áreas protegidas. Chile va a expandir el área protegida de Juan Fernández y Desventurada. Además, es proyecto liderado por pescadores artesanales y que va a llevar a Chile a superar el 50% de la protección. Es cierto que están avanzando, sin embargo, estamos esperando que ciertos países eliminen la pesca destructiva dentro de sus áreas marinas estratégicas. O sea, hay áreas marinas protegidas que tienen pesca destructiva: no tiene ningún sentido.

RFI: En en esta cumbre del océano en Niza, también se ha avanzado en materia de lucha contra la contaminación plástica, otro reto que enfrenta el océano. 

Maximiliano Bello: Acordémonos que hay 3 grandes amenazas al planeta y al océano. La contaminación, y no solamente por plástico que es la más visible. Otra amenaza es la pérdida de la biodiversidad, de la cual la amenaza principal es la pesca y tenemos el cambio climático.

En el caso de los plásticos, cierto, hay un empuje para poder llegar a un acuerdo que sea vinculante, pero que además sea robusto, que sea ambicioso sobre terminar con esta problemática.

RFI: Durante esta cumbre hemos visto dirigentes del mundo de varias naciones dando discursos muy ambiciosos sobre la protección de los océanos pero que fueron criticados por algunas organizaciones ambientales por el contraste con las políticas nacionales que efectivamente implementan. ¿Ha notado esta contradicción de algunos dirigentes entre sus palabras y sus actos?

Maximiliano Bello: El caso de Europa nos preocupa muchísimo, porque efectivamente España, Francia, Grecia, Reino Unido están ahora avanzando algo, pero muchos de estos países siguen manteniendo esta práctica la pesca de arrastre de fondo en las áreas protegidas. Se sigue utilizando el arte de pesca que está reconocido incluso por la FAO, como el arte de pesca más destructivo que existe. Esperábamos de parte del presidente Macron un algún tipo de anuncio de justamente para cortar con eso. Lamentablemente no ha ocurrido, esperamos también de más países de la Unión Europea que avancen en eso. En Costa Rica también se sigue haciendo uso de la legislación de una forma muy negativa para poder seguir destruyendo los ecosistemas o especies como los tiburones que debieran ser considerados especies silvestres y que están en especies que están en manos de la pesca.

RFI: Las organizaciones de la sociedad civil y pescadores artesanales han denunciado intensamente en esta Cumbre de la ONU los impactos negativos de la pesca industrial que merma los stocks de peces. Algo similar está ocurriendo también en la Antártida. ¿Por qué alertan en particular sobre la pesca del krill, un mini crustáceo?

Maximiliano Bello: Es el elemento básico de toda la cadena alimenticia de la Antártica, el cual está siendo explotado en inmensas cantidades. Esta pesca, junto con el cambio climático, pone en gran vulnerabilidad a un ecosistema que es altamente frágil, del que se alimentan animales como pingüinos, focas y ballenas.

Tenemos una nueva campaña para poder pedir el fin de esa pesca. Para pedir el cierre de las aguas antárticas para la pesca de krill.

Noruega es el principal pesquero de krill. ¿Y para qué? Para poder producir alimento de salmón, y alimento de mascotas. Entonces imagínate, envían barcos desde Noruega hasta la Antártica para luego llevarse ese alimento a Noruega, para luego mandar esos salmones a todo el mundo. La huella climática, la huella de carbono de ese salmón es impresionante y no contribuye a la seguridad alimentaria. Es puramente un negocio.

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Entre la pesca ilegal china, la disminución de las poblaciones de peces y la contaminación de las aguas, los pescadores a pequeña escala enfrentan varios retos que necesitan soluciones urgentes. RFI conversó con pescadores de Chile y Senegal en la cumbre de Niza en Francia.

El océano está siendo saqueado y la sobrepesca amenaza a más de un tercio de las especies de peces. En la cumbre de la ONU sobre el océano, lideres políticos y científicos están de acuerdo que es hora de actuar para gestionar el océano de manera sostenible y frenar el grave declive de las especies de peces.

Desde el puerto de Niza a orillas del Mediterráneo, lugar de la cumbre, voces de la sociedad civil alertan sobre la disminución de las pesquerías debido a la pesca industrial. En las aguas suramericanas, por ejemplo, se estima que 600 barcos chinos pescan grandes cantidades de peces en aguas internacionales frente a las costas de Ecuador, Peru y Chile. Pescadores artesanales denuncian incluso la incursión de estos barcos en las aguas territoriales.

En la cumbre de Niza, Zoila Bustamante Cárdenas, oriunda de la región de Puerto Montt al sur de Chile, representa a la Unión de pescadores artesanales de Latinoamérica y alerta sobre esta depredación.  “Nosotros hoy día tenemos un gran problema en Latinoamérica, que son estas flotas que llegan como poblaciones a nuestros países de Latinoamérica y no solamente a Chile, sino que la prácticamente a la mayor parte de los países de Latinoamérica a depredar todo lo que encuentran. De hecho, nosotros ahora en Chile tenemos barcos chinos que andan pescando jibia y dicen que van a carena”, dijo a RFI.

El pescador Salatou Sambou, coordinador de una concesión de pesca en la región de Casamanza en Senegal describe el mismo fenómeno en las costas atlánticas del oeste de África: “los recursos pesqueros empezaron a disminuir de manera drástica desde que los barcos chinos llegaron a la región”, constata. “Si África esta empobrecida y si perdemos hijos en el mediterráneo, se debe en parte a los barcos chinos que vienen a saquear nuestros recursos de forma ilegal e irresponsable”, denuncia Sambou, desde la cumbre de Niza, y llama al gobierno chino a actuar.

La sobrepesca china, y la pesca de arrastre de fondo, así como la pesca con palangre han afectado duramente los stocks de pesquerías. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el 35% de las pesquerías están sobreexplotadas.

En Chile por ejemplo, esta cifra alcanza 53, según la ONG Oceana. Una tendencia que impacta directamente a los pequeños pescadores confirma Zoila Bustamante quien tambien presidente la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, Conapach.

“En Chile tenemos varias pesquerías y algunas están hoy día en colapso y otras están recuperadas. Desde el año 2012 hasta la fecha de merluza austral, por ejemplo, nosotros teníamos una cuota de pesca de 18.000 toneladas de pescado. Hoy día tenemos 14.000 toneladas porque cada vez cada vez que tenemos el problema de que la pesquería esté en media colapsada, el comité científico baja las cuotas y a nosotros también nos restringen", comentó a RFI.

Otras especies por ejemplo han logrado recuperarse gracias a planes de manejo. “En el tema bentónico, por ejemplo, los pescadores artesanales hemos ido recuperando las pesquerías con planes de manejo y con áreas de manejo. Nosotros tenemos en Chile, tenemos comités científicos que ven en qué estado está la biomasa, y entregan una cuota de pesca”, detalla Bustamante.

La acuicultura

Entre las propuestas para mantener los ingresos de los pescadores y la soberanía alimentaria, la FAO promueve la acuicultura, o granjas agrícolas en las zonas costeras. Pero el modelo suscita dudas entre algunos pescadores artesanales como en Chile, segundo productor mundial de salmón. “La acuicultura de salmón deja muchísimos impactos. Primero, la feca el salmón, muy concentrada, porque los crían en jaulas. Segundo toda la comida que el salmón no se alcanza a comer, que también queda en el fondo marino; todos los plásticos y redes que quedan en el fondo marino cuando las empresas cambian de lugar, así como los pontones que se hunden en el borde costero. Entonces nosotros como pescados artesanales no vamos a defender una acuicultura de especie introducida”, denuncia la pescadora a RFI. 

Por su lado, las organizaciones de la sociedad civil piden limitar la pesca industrial y eliminar el uso de palangres y la pesca de arrastre, técnicas muy dañinas para los ecosistemas marinos, así como reducir los subsidios estatales a la industria pesquera.