La Amazonía es azotada por una expansión criminal sin precedentes. La FCDS, una organización ambientalista, documentó la presencia de grupos criminales en el 69% de los municipios de la Amazonía noroccidental, un territorio que abarca 6 países de Suramérica, con impactos graves en la biodiversidad y en las poblaciones locales.
Es el pulmón de nuestro planeta y la mayor reserva biológica del mundo. Y, sin embargo, la Amazonía se está convirtiendo con el tiempo en un bastión de las mafias. En un informe de 110 páginas titulado Amazonía en disputa, la ONG ambientalista Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) detalla la presencia de al menos 17 grupos criminales armados en la parte noroccidental, una región que cubre el 65% de la Amazonía y que se extiende en Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Venezuela.
Los grupos armados identificados en la región son Comando Vermelho, Comandos de Frontera, Estado Mayor Central (EMC), Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), Segunda Marquetalia, Primeiro Comando da Capital (PCC), Ejército de Liberación Nacional (ELN), Primeiro Comando da Panda (PCP), Familia del Norte (FDN), Piratas dos Solimões, Tropa do Rei (TDR), Los Choneros, Nueva Generación, B13, La Constru, Tren de Aragua y Rápidos del Amazonas.
El narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de fauna son algunas de las actividades de estos grupos. Con múltiples consecuencias ambientales: la deforestación afecta el bosque tropical y puede llevarlo al punto de no retorno, es decir reducir su capacidad de regenerarse y capturar CO2.
Con datos de las autoridades nacionales, de investigadores locales y de organizaciones en el terreno, la FCDS establece que “estos grupos operan en al menos el 69% (348) de las 456 unidades territoriales de acuerdo con la división administrativa de cada uno de los países”.
La presencia criminal es tal que los autores del informe identifican una situación de "gobernanza criminal" en la que estos grupos armados controlan la movilidad, el derecho de reunión, interfieren en elecciones, corrompen las instituciones y recurren al reclutamiento forzado.
En esta investigación, la FCDS alerta sobre las amenazas ambientales y sociales derivadas de esta presencia. "Yo empezaría por señalar el proceso de degradación ambiental y de pérdida de control territorial dentro de los territorios indígenas a nivel fronterizo”, indica con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que coordinó el informe
“Estos territorios son hoy por hoy un objetivo estratégico de ese proceso de criminalidad, porque son corredores de movilidad, porque son territorios en los cuales hay intereses económicos concretos como el tema del oro, el tema de la madera, el tráfico de personas, la movilidad de las armas y la movilidad de los narcóticos”, detalla Botero.
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¿Quién tiene la culpa?
El auge criminal en la Amazonía es el resultado de décadas de abandono estatal, de la falta de oportunidades económicas para las poblaciones y también de una falta de responsabilidad internacional, denuncia Botero.
“Europa, Estados Unidos y Asia generan una demanda comercial por los productos que están rompiendo la Amazonía. ¿Quién compra el oro que está hoy destrozando este territorio? ¿Quién está entrando centenares de cabezas de animales de ganado para generar procesos de lavado alrededor de estas economías y posteriormente generando también expectativas en burbujas de especulación financiera? ¿Quién está comprando más narcóticos?”, se pregunta Rodrigo Botero.
“Pues en general son los países que llamaríamos industrializados”, sentencia.
Amenazas ambientales de gran envergadura
El informe Amazonía en disputa alerta sobre la contaminación por mercurio ligada a la minería clandestina de oro, que alcanza una gran envergadura en la Amazonía. Naciones Unidas calcula que la minería artesanal en Suramérica emitió 600 toneladas por año en 2019. En el parque natural Yaigojé Apaporis en Colombia por ejemplo, se encontraron concentraciones de mercurio en el cabello de los habitantes hasta 22,98 μg/g, casi 10 veces superiores a límites recomendados por la OMS.
“Los flujos de distribución de mercurio en [los países de la Amazonia Noroccidental] no han sido controlados. Tenemos una entrada de mercurio proveniente de México que entra por Bolivia también de manera descontrolada y en general hoy ya tenemos un mapeo de grandes zonas del Amazonía con muy altos de contaminación en suelos y en aguas. Encontramos que ya empiezan a haber evidencias de malformaciones genéticas en diferentes países”, dice Rodrigo Botero, entrevistado por RFI.
El informe establece además un balance crítico de las políticas de lucha contra la contaminación por mercurio en Perú, Colombia, Brasil y Venezuela, principalmente centradas en operativos militares sin enfoque socio económico para atender la situación de pobreza de las poblaciones locales.
“En el caso del Perú, en 2019 el gobierno de Martín Vizcarra ejecutó la Operación Mercurio, cuyo objetivo principal fue combatir y erradicar la minería ilegal aurífera de pequeña escala. La operación se proyectó para una duración de dos años. En el primer año, se logró desalojar aproximadamente al 92% de los mineros ilegales, lo que representó una reducción de la actividad, y se reportó una disminución de hasta el 90% en la deforestación asociada. (...) A pesar de los esfuerzos, los avances iniciales no fueron sostenidos, los esfuerzos militares no se consolidaron en el tiempo, y la minería ilegal resurgió en la región. Desde la implementación de la Operación Mercurio, esta actividad se triplicó en Madre de Dios y el 98% de las áreas previamente recuperadas volvieron a ser explotadas”, detallan los autores del informe.
“En el otro lado está la deforestación. Y la deforestación se alimenta de todas estas economías ilegales y de criminalidad y se alimenta porque es una forma de lavado muy importante”, apunta Botero.
Uno de los síntomas de esta acelerada deforestación es el crecimiento exponencial de la actividad ganadera.
“El crecimiento de un hato ganadero no tiene comparación con ninguna otra región del continente. Recordemos que en los últimos años el hato ganadero en Bolivia ha crecido 16% y 30% en Colombia. Eso significa millones de nuevos animales que están entrando para cambiar de manera irreversible estas regiones de la Amazonía y deforestar”.
En las conclusiones del informe, su organización formula una serie de recomendaciones que van más allá del simple uso de la fuerza para luchar contra estas bandas criminales. Como es desarrollar inteligencia, investigación criminal sobre las rentas económicas, los intermediarios del crimen, prevenir el lavado de activo, así como proteger a los líderes ambientales.
