Vida en el Planeta

La joven activista Yuvelis Morales Blanco recibe el prestigioso galardón que distingue a defensores del medioambiente en varias regiones del mundo. Una ecóloga que protege un santuario de murciélagos en Nigeria, un activista por el clima que logró para un proyecto petrolero en Reino Unido forman parte de la lista. En Latinoamérica, el jurado premió a Yuvelis Morales, figura de la lucha contra el fracking en el Magdalena Medio. RFI la entrevistó.

Como muchos activistas ambientales en Latinoamérica, la lucha de Yuvelis Morales Blanco nace de sus vínculos con el territorio: “Yo soy hija de pescadores artesanales y supongo que nosotros desde que nacemos estamos en la defensa territorial del río Magdalena”.

A sus 25 años, esta activista recibió el Premio Medioambiental Goldman, otorgado por una fundación estadounidense, por su lucha en Puerto Wilches, una ciudad ubicada en la ribera del río Magdalena. Una región conocida por su excepcional biodiversidad, pero que arrastra un pasado de conflicto y de catástrofes ambientales ligadas al extractivismo. En Puerto Wilches, la empresa petrolera EcoPetrol busca extraer crudo mediante fracturación hidráulica. Este método altamente riesgoso para el medioambiente consiste en inyectar agua y químicos a alta presión para fracturar la roca. Pero en 2022, varios colectivos de Puerto Wilches, incluyendo la Alianza Colombia Libre de fracking, de la que Yuvelis Morales Blanco es miembro, obtuvieron la suspensión judicial del proyecto de perforación de la roca.

A pesar de la violencia, de las intimidaciones y  de un exilio forzado en Francia, Yuvelis Morales Blanco, figura de la lucha contra el fracking en la cuenca del Magdalena Medio, está de regreso en Puerto Wilches, y cuenta con entusiasmo a RFI lo que la llevó a alzarse contra los poderosos intereses petroleros en su región.

Escuche la entrevista completa aquí, con Raphaël Morán:

El activismo de Morales cobró fuerza en 2019 cuando surgieron los proyectos piloto de investigación integral de fracking. Pero en esta región del Magdelena Medio “en la que se lleva más de un siglo de explotación de hidrocarburos”, hubo "un rechazo profundo en las comunidades”, cuenta la joven.

La huella del crudo:

“Es la región en la que se ha extraído petróleo en Colombia desde hace más de 100 años. En esta región hay cientos de pozos de petróleo y de gas. Esto ha traído conflictividades socioambientales, transgresión de derechos humanos. Hay nexos de grupos armados con algunas infraestructuras petroleras, hay nexos por asesinatos de líderes sociales y ambientales, hay persecución, hay desplazamiento, hay contaminación. En el río Magdalena y sus afluentes, hay desastres ambientales documentados”, recuerda la activista.

Morales describe una “comunidad agrícola, pesquera” y que desconfía de las promesas de prosperidad de la industria petrolera. “A pesar de que le ha dado energía a este país hace más de un siglo, no tiene agua potable para tomar en sus casas. La gente en Barrancabermeja, en Puerto Wilches, en Cantagallo, no puede tomar agua desde la llave. Y si uno no puede tomar agua que sale en su casa porque está contaminada”, dice en entrevista con RFI.

El contra ejemplo argentino y estadounidense:

“Desde Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina, hemos visto y comprobado con investigaciones con estudios científicos como el fracking afecta el agua subterránea, cómo se cuelan estos tóxicos nocivos, cómo estos químicos afectan directamente la vida en los acuíferos subterráneos y superficiales. Mientras se habla en otros escenarios sobre transición social, sobre transición energética, sobre justicia ambiental, en los países del sur global se sigue proponiendo fracking como una medida de reparación para que la industria de hidrocarburos siga manteniéndose”, denuncia Morales.

Prohibir el fracking, la próxima batalla:

A pesar de que la iniciativa petrolera Kale fue suspendida en 2022 por falta de consulta previa a los pueblos afrocolombianos de la región, la lucha de los colectivos continúa. “El proyecto Kalé está suspendido, mas no está prohibido. Es un proyecto que hasta el momento avanzó tanto en el gobierno anterior y con la legislación anterior que se logró la obtención de su licencia ambiental. Sin embargo, está detenido por las fuerzas de voluntades sociales. Por eso estamos impulsando un proyecto de ley que busca justamente la prohibición legal del fracking y de los yacimientos no convencionales en el país. Sin embargo, los congresistas aún no le han dado salida de aprobación a nuestro proyecto de ley.”

Varios países europeos descubrieron recientemente que sus suelos y sus aguas subterráneas estaban contaminados con PFAS. Estas sustancias químicas dañinas para la salud están presentes en los sartenes antiadherentes y son tan resistentes que son apodadas 'contaminantes eternos’. Reportaje en Bélgica donde inicia una gigantesca obra de remediación ambiental.

Con sus calles tranquilas rodeadas de pasto, sus casas de ladrillos rojos típicas de Flandes, la ciudad de Zwijndrecht en la periferia del puerto de Amberes era un pequeño paraíso hasta que en 2021 se reveló que los suelos y el agua subterránea contenían concentraciones récord de PFAS. Estas moléculas industriales eran producidas hasta el año pasado por la planta 3M, un gigante de la química, ubicada a menos de 1 km de distancia del pueblo.

RFI recorrió la zona roja de este municipio, donde la tierra ya está envenenada. “Cada hierba, cada flor que ves aquí está muy contaminada con PFAS”, cuenta Toon Penen, uno de los habitantes de Zwijndrecht. Penen ha crecido aquí y hoy es parte del colectivo Grondrecht que batalla contra estos contaminantes eternos.

“La contaminación proviene de la planta de la empresa 3M. Está a solo unos cientos de metros de aquí, del otro lado de la autopista. Es una de las dos plantas de 3M que producían PFAS en el pasado. Los utilizaban, principalmente, para fabricar caucho, revestimientos resistentes al aire y a los líquidos, y producían espuma antiincendios para los bomberos también. Por eso también hay tantos PFAS acumulados en esta zona: porque tenían que probar cada lote producido. Así que durante 30 o 40 años lo fabricaron y, al final, vertieron la espuma en el suelo, lo que fue un error enorme”, detalla el activista.

Escuche el audioreportaje de Raphaël Morán:

El vertimiento de estas sustancias extremadamente resistentes se hace sentir en la salud de la población. En 2023, un estudio de salud realizado en 300 jóvenes que residen en los alrededores de la fábrica reveló trastornos de crecimiento. Muchos de ellos presentaban niveles excesivos de PFAS en la sangre, sustancias conocidas por ser perturbadoras endocrinos y cancerígenas.

Al final de la calle, otro vecino nos recibe en su casa, una antigua granja remodelada. Kurt Verstraeten es uno de los 400 vecinos que demandaron a la empresa química por daños y perjuicios. “Me detectaron más de 1000 microgramos de PFAS por litro en la sangre. Esto equivale a unas 150 veces el límite recomendado”, cuenta este ingeniero a RFI. “Con el paso de los años, el nivel ha bajado poco a poco. Pero el problema es que también podrían estar presentes en los órganos. Y no se sabe con certeza qué efectos tienen”, agrega Verstraeten.

En su jardín, un gallo y unas cuantas ovejas se acercan a nuestro paso. Pero las altas concentraciones de PFAS en la tierra impiden a Kurt consumir los productos agrícolas. “Adquirí esta parcela para cultivar mis propias hortalizas. Aquí cultivábamos nuestras zanahorias, espárragos, lechugas, papas y dejamos de usar nuestro huerto 2021, cuando nos informaron de la contaminación. Teníamos 10 gallinas. Comíamos los huevos, y nos enteramos de que eran el principal vector de contaminación”, se lamenta.

La parcela de este vecino forma parte de las áreas incluidas en un proyecto titánico de remediación ambiental que inició a principios de 2026. “Está previsto retirar 70 cm de tierra y eliminarla por completo. Todos los árboles desaparecerán. Y después de eso, traerán tierra nueva en 70 cm de profundidad y tendrán que replantar todo aquí, en el jardín. Las obras acaban de empezar y en nuestra casa se llevarán a cabo en 2028.”

Aquí, en Zwijndrecht, el responsable de la contaminación tiene nombre: se trata del grupo 3M, que, fue obligado por el gobierno regional de Flandes a financiar los trabajos de remediación. El costo asciende a 250 millones de euros, para sanear el suelo del municipio. En las afueras del municipio se han instalado excavadoras, bulldozers y casetas para los trabajadores.

En Bélgica, el otro gran reto en materia de contaminación por PFAS tiene que ver con el agua. En la región de Valonia, los habitantes de Chièvres, un municipio al sur de Bruselas, se enteraron en 2023 de que el agua del grifo contenía concentraciones de PFAS tres veces superiores a los límites recomendados por la Unión Europea.

"Aquí en 2021 hemos medido las concentraciones de 20 sustancias PFAS en el agua del pozo y el resultado fue de 300 nanogramos por litro. Hay actualmente una investigación ambiental para tratar de entender de dónde proviene la contaminación. Pero sabemos que en las zonas donde se ha usado abundantemente las espumas antiincendios, se encuentran a veces niveles altos de PFAS en los suelos. Entonces sospechamos que la contaminación aquí provenga de la base aérea vecina de Chièvres, que se encuentra justo aquí. Pero es una hipótesis, aún no se ha comprobado”, explica Benoit Moulin, portavoz de la compañía pública de agua.

Para tratar las aguas contaminadas, la empresa instaló un sistema de filtros con carbón activado. Dos grandes tanques azules de más de 6 metros de altura. En total, el costo de las infraestructuras para depurar el agua contaminada con PFAS se eleva a 2 millones de euros.

Sin embargo, la tardía instalación de estos filtros ha generado inquietudes entre la población local, que lleva mucho tiempo expuesta a los contaminantes persistentes. Algunos dejaron de beber agua del grifo, mientras que las mujeres embarazadas no saben si pueden amamantar a sus hijos sin riesgos.

La región de Valonia ha puesto en marcha una campaña de pruebas sanguíneas en la zona afectada por la contaminación por PFAS. “Acabo de realizarme una prueba de detección de PFAS en mi sangre. Trato de no pensar mucho en eso, pero claro que me preocupa un poco. Ahora uso un filtro para el agua del grifo, trato de usar menos plástico y compré sartenes antiadherentes nuevos”, nos cuenta Delphine Lousse saliendo de una unidad móvil de pruebas sanguíneas.

Y a los que tienen concentraciones de PFAS muy altas en su sangre, se les recomienda un seguimiento médico, nos explica el Dr. Van Honacker, médico generalista en uno de los municipios afectados por la contaminación: "Los PFAS son disruptores endocrinos que pueden perturbar la tiroides, pueden causar trastornos hepáticos, causar un aumento de la presión arterial y el nivel de colesterol. Las personas que tienen altas dosis de contaminación tendrán que realizarse estudios de tiroides, y pruebas de detección de cáncer de mama, o de los testículos para los hombres."

La Comisión Europea ante el cabildeo de la industria química

Más allá de estas medidas, las autoridades locales de Valonia parecen un poco desbordadas por la magnitud de la contaminación por PFAS. Numerosos casos de contaminación han surgido desde que una norma Europa obliga a las ciudades a medir el nivel de PFAS en el agua potable. Desde inicios de 2026, la Unión Europea solo limita o prohíbe 20 tipos de sustancias de PFAS, de los miles que existen. Otras, como los TFA son consideradas menos nocivas, pero su acumulación creciente en el medioambiente también podría ser peligrosa a largo plazo.

La eurodiputada belga ecologista Saskia Bricmont, oriunda de una de las zonas afectadas por la contaminación, pide una prohibición más amplia de estas sustancias: “Recomiendo atacar el problema de raíz, es decir, prohibir simplemente todos los PFAS. ¡La propia Comisión Europea encargó un estudio que muestra que el costo de la descontaminación de aquí a 2050 ascendería a 1700 millones de euros! Es una cifra enorme”.

 Por el momento, la Comisión Europea se plantea prohibir los PFAS en productos de consumo habitual, como juguetes o cajas de pizza. Pero de los miles de PFAS que han desarrollado las empresas, ¿cuántos se prohibirán? Es el meollo del asunto de las negociaciones actuales entre el ejecutivo europeo y las empresas.

Reportaje: Raphaël Morán, con el apoyo técnico de Léo Bernard y Fabien Hilly.

En Argentina, seis productores están en el banquillo de los acusados por haber fumigado sus cultivos con glifosato de manera indebida. Sabrina Ortiz, que inició la causa tras haber sido intoxicada con pesticidas, contó a RFI su víacrucis.

En Argentina, en el Tribunal de Rosario se desarrolla un juicio muy esperado por decenas de familias víctimas de las fumigaciones con pesticidas en Pergamino. En el banquillo de los acusados están nueve personas: seis productores agropecuarios, un ingeniero agrónomo y dos funcionarios municipales investigados por su posible responsabilidad en el uso de sustancias tóxicas.

En este caso se trata de pesticidas masivamente utilizados en los cultivos de soja que rodean Pergamino, un núcleo sojero del norte de la provincia de Buenos Aires. En dicha ciudad, los vecinos han contabilizado hasta 53 casos de cáncer en tan solo dos manzanas mientras que tres residentes del municipio iniciaron una causa judicial por  los efectos devastadores de las fumigaciones en su salud entre 2011 y 2020.

Sabrina del Valle Ortiz es una de las tres personas que iniciaron esta causa. Reside en Pergamino y aceptó contar a RFI como el uso intensivo de glifosato alrededor de su casa destruyó su vida y la de sus hijos.

“Esta causa inicia como una casa particular sobre mis hijos y mi familia. Desde el año 2007 y antes ya veníamos reclamando por esta cuestión, y en  el año 2011 surge un disparador muy importante en mi vida que marcó un antes y un después, que fue la pérdida de mi embarazo de casi seis meses siendo envenenada”, relata Sabrina del Valle Ortiz.

Para ella y su familia, que viven rodeados de campos, los problemas iniciaron en 2007, “cuando comienzan a sembrar soja frente a mi casa”. “A partir de ahí empezaron los problemas de salud, sobre todo mi hija, que en ese momento era muy chiquita. Empezaron a tener complicaciones en su sistema respiratorio y en la piel, asociadas a las fumigaciones”.

Y fue en el año 2011 que Sabrina del Valle Ortiz vivió una tragedia: la pérdida de su embarazo. “Se me quemó la nariz, se me quemó la garganta, la boca me inflamé. Empecé con mareos, náuseas, dolor de cabeza, hasta que finalmente y a pesar de que me retiré del lugar, fallece mi bebé dentro de mi panza”, cuenta con emoción Sabrina del Valle Ortiz por teléfono. Un testimonio desgarrador que elevó al tribunal de Rosario donde también declararon científicos, toxicólogos y médicos especialistas en pesticidas.

Durante su declaración ante los jueces, Del Valle Ortiz contó su interminable viacrucis en varias instituciones médicas, hasta que finalmente una médica identificó la causa de los graves problemas de salud que ella y sus hijos sufrían. “Fuimos a 14 instituciones médicas”, recuerda la querellante, hasta que la enviaron a hacerse los análisis que determinaron que su hija en ese momento tenía 100 veces más de veneno de lo que su cuerpo podía tolerar. “Mi hijo, que en ese momento tenía casi seis años, tenía 120 veces más de lo que su sistema podía tolerar. Y yo 58 veces más. Tenía glifosato y su metabolito AMPA”.

“Espero y confío en que la justicia falle a favor de la vida y de la salud”, concluye Sabrina del Valle Ortiz.

Abogados especializados en caso de envenenamientos con pesticidas consideran que el caso de los agrotóxicos de Pergamino contra los productores de soja podría sentar un precedente para otros pueblos afectados, en un país donde el modelo agrícola exportador es blanco de críticas recurrentes por sus efectos para el medio ambiente y la salud.

Tanto en México como en Ecuador, vecinos de infraestructuras petroleras se rebelan contra los mecheros. La quema de gas en las instalaciones petroleras es una práctica poco conocida pero muy nociva para la salud de quienes viven junto a estos mecheros, además de contribuir gravemente el cambio climático.

Si alguna vez se han acercado a una refinería de petróleo o una planta de extracción de hidrocarburos, tal vez hayan visto los mecheros de gas que escupen llamas de forma continua. Lo que uno no sabe es que vivir junto a estas gigantescas antorchas, es un infierno.

En este episodio de Vida en el planeta hablamos de estos mecheros con los que las petroleras queman el exceso de gas generado durante la extracción de hidrocarburos. Una práctica rutinaria en países como México y Ecuador, y que además de ser peligrosa para la salud, genera grandes cantidades de emisiones de gases de efecto invernadero. Según cifras del Banco Mundial, a nivel global, la quema y el venteo de gas representan un desgaste de energía que equivale al consumo anual del continente africano.

“El olor ha sido terrible. Mi niña, una vez se desvaneció del fuerte olor que estaba ocasionando la refinería”, contaba en febrero de 2026, una madre de alumna de una escuela ubicada a unos cientos de los mecheros de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en el estado mexicano de Tabasco, en un municipio llamado El Paraíso pero que no tiene nada de paradisiaco desde la inauguración de la refinería en 2022.

Junto con un colectivo de madres y padres de familia, exige la reubicación de la escuela primaria y del jardín de niños que hoy están a 500 metros de la refinería, a pesar de que la legislación mexicana prohíbe construir instalaciones petroleras a menos de 1 km de centros educativos. En esta tierra de manglares y vegetación tropical, rica en petróleo, los impactos de las emanaciones de gases procedentes de la actividad petrolera no son nuevos.

En 2011, el Comité de derechos humanos de Tabasco publicó un informe alarmante: tras analizar la sangre de 50 niños de Torno Largo, otro municipio que colinda con la petrolera, se detectó que el 24% de los menores presentaron "alteraciones cromosómicas" que pueden derivar en cáncer, un mal que los adultos de la región atribuyen a la dispersión de los gases de la petrolera.

En 2024, la experta en detección de gases contaminantes Patricia Rodríguez, inspeccionó los alrededores de dicha infraestructura petrolera mexicana y comprobó que las emanaciones de gases eran incompatibles con la presencia de la población.

“La industria petrolera quema el metano que procede de estos hidrocarburos. Se quema para transformar este gas en CO2, menos contaminante para la atmósfera. Pero con nuestra cámara pudimos ver que la quema está incompleta. Y junto con el metano, salen otros compuestos como bencenos, tolueno y propano”, asegura Rodríguez, quien coordina el programa de imágenes de gas para la ONG Earth Works, con sede en Washington. Su misión es alertar sobre los impactos destructivos de las industrias extractivas.

Con su cámara de detección de gases, la experta realizó en 2024 un recorrido junto con las poblaciones afectadas del municipio de El Paraíso y compartió con RFI sus observaciones. “La escuela está a menos de 500 metros de la refinería. Entonces podemos ver los efectos tóxicos en los niños y en los adultos que viven ahí”.

Ruido estruendoso, olores insoportables a huevo podrido, dolores de cabeza, sangrado de nariz, vómitos, náusea, son algunos de los síntomas cotidianos que denuncian los vecinos de la refinería Olmeca y que “muy probablemente tiene que ver con los con los gases que están siendo liberados”, indica Patricia Rodríguez quien, con su cámara, detectó también fugas de gas en tanques y chimeneas.

El ‘Caso Mecheros’ en Ecuador

En Ecuador también, las poblaciones de las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos viven junto a decenas de mecheros de gas. Según cifras de la Unión de Afectadas y Afectados por las Actividades Petroleras de Texaco (UDAPT) publicadas en 2020, en la región del campo Sacha, se han registrado un enfermo de cáncer por cada dos familias.

Las ‘Guerreras por la Amazonía’, un colectivo de niñas y muchachas, emprendió y ganó una batalla judicial contra los 447 mecheros de las instalaciones petroleras. En 2021, tras una demanda del colectivo de jóvenes de estas regiones amazónicas de Ecuador, un tribunal ordenó al estado eliminar los mecheros del país, priorizando los que están ubicados en zonas pobladas.

Sin embargo, a cuatro años de la sentencia, el colectivo de jóvenes ecuatorianas, apoyadas por organizaciones ambientalistas, acusa al estado haber incumplido la sentencia y exige que el gobierno acelere el ritmo.

A su paso por París durante una gira para buscar apoyos en esta lucha ambiental, Dannya Bravo, de 14 años, contó al micrófono de RFI cómo se incorporó al colectivo contra los mecheros de gas. Su padre falleció de cáncer, una enfermedad común en la zona. “Pensaba que estos mecheros eran bonitos. Pero conforme pasaba el tiempo, mi mamá, con mi papá tenían que salir de viaje a Quito por los tratamientos porque mi papá tenía cáncer y eso fue algo muy devastador. Entonces me contaron qué es lo que causa el mechero y sus enfermedades”, relató la joven.

Escuche la entrevista aquí:

Por su parte, la empresa Petroecuador, a cargo de la extracción petrolera en la Amazonía ecuatoriana afirmó a principios de 2026 haber apagado 170 mecheros, es decir el 41 de los que existen en la región. Y promete apagar las otras antorchas de aquí a 2030.

Pablo Fajardo, quien batalla desde hace más de dos décadas contra la contaminación petrolera en la Amazonía, es también el abogado de las Guerreras por la Amazonía. Según él, la eliminación de los mecheros tendrá una doble ventaja: permite reducir la contaminación del aire y luchar contra el cambio climático.

Las alternativas

La preocupación por el cambio climático es lo que ha llevado por ejemplo la Unión Europea a impulsar una política para eliminar también los mecheros de gas en su territorio en los próximos años. Una estrategia que tiene un costo que las petroleras no siempre quieren asumir ya que implica inversiones para la captación y el tratamiento del metano. En varios países en desarrollo, las empresas de hidrocarburos optaron por soltar el gas en la atmósfera, a pesar de los efectos nocivos para poblaciones y para el clima.

"Lo mejor sería acabar con esta quema y  que se termine toda esa extracción de petróleo", recomienda Patricia Rodríguez. "Pero para hacer una transición gradual, sería importante empezar con algunas medidas como capturar ese metano para la generación de energía y principalmente para ayudar a las comunidades que están ahí. Pero capturar metano o capturar dióxido de carbono es costoso. Las tecnologías son caras y a veces las industrias prefieren quemar el gas", lamenta la experta.

La lucha de las madres y los padres de familia de Tabasco y de las niñas de la Amazonía ecuatoriana es entonces también una batalla por el clima. Los millones de toneladas de metano que emanan de las petroleras representan el 5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero y agravan el cambio climático.

A pesar de múltiples operativos, la mafia del oro ilegal prolifera en el departamento peruano de Madre de Dios, con consecuencias dramáticas para el medioambiente. En este episodio de Vida en el planeta, conversamos con Manuel Calloquispe, periodista peruano, amenazado de muerte tras haber denunciado el poder de las mafias del oro ilegal en la Amazonía.

A principios de febrero, las autoridades peruanas desmantelaron 15 campamentos y destruyeron decenas de dragas para la extracción ilegal de oro. Este enésimo operativo contra la minería clandestina se llevó a cabo en la Amazonía en plena reserva nacional de Tambopata, una zona conocida por su rica biodiversidad, pero cuya zona de amortiguamiento está siendo devastada, como lo muestran las imágenes satelitales.

En esta región amazónica, nada parece detener el avance de la minería ilegal. Además de sembrar el terror con un tentacular sistema de extorsión, las mafias que prosperan con el comercio ilegal de oro tumban el bosque y contaminan los ríos con mercurio.

En este departamento de Madre de Dios, el periodista local Manuel Calloquispe, corresponsal de varios medios nacionales peruanos, ha documentado la devastación ambiental causada por la minería ilegal responsable de la tala ilegal de miles de hectáreas de bosque tropical, y detalló el poder creciente de las mafias, en particular de un grupo que opera en La Pampa, los “Guardianes de la Trocha”, que lo amenazaron de muerte.

“A partir del 2016 aparecen grupos criminales que controlan o protegen a la minería. Ellos eran trabajadores que venían de la zona del centro del Perú, donde hay producción de coca”, recuerda Manuel Calloquispe, al micrófono de Radio Francia Internacional.

Escuche el testimonio completo de Manuel Calloquispe:

De simples migrantes del interior que buscaban otras oportunidades laborales en la Amazonía con la minería, estos trabajadores que eran ronderos -guardias campesinos- propusieron brindar seguridad a los otros mineros, víctimas de asaltos y robos, cuenta el periodista. Estos hombres armados empezaron protegiendo un campamento minero y una vía de acceso. Pero con los años acabaron conformando un grupo poderoso de unas 80 personas autodenominadas “Los guardianes de la trocha”, al margen de la ley.

“También han dado seguridad a los comerciantes, a todo el suministro que trae la minería, han logrado controlar también la compra de oro y al final terminan controlándolo todo. Ahora son grupos criminales que están haciendo minería ilegal”, constata Calloquispe.

Las amenazas y el exilio

En marzo de 2025, el periodista detalló por ejemplo en un reportaje para Inforegión el ascenso del delincuente Edison Fernández Pérez, alias el Chili, hoy prófugo tras su condena a 15 años de cárcel por el asesinato de un defensor del medioambiente en Madre de Dios.

Unos meses después, en agosto de 2025, el periodista se preparaba a sacar otra nota sobre el fracaso de un operativo policial contra mineros ilegales debido a la filtración de información secreta.  Fue entonces cuando recibió una llamada que grabó inmediatamente y en la que un individuo lo amenazó con “arrancarle la cabeza” si seguía publicando notas sobre el grupo mafioso que opera en La Pampa.

A raíz de estas amenazas, Manuel Calloquispe se exilió varios meses a Lima, a más de 1000 km de distancia para escapar a las amenazas de muerte de los Guardianes de la trocha.

Durante su exilio, la plataforma periodistas internacional Forbidden Stories tomó el relevo de Calloquispe. El colectivo publicó una investigación que documenta la explosión de la deforestación en la región y la expansión de la minería ilegal. A pesar de los operativos policiales, las autoridades aun contabilizan cerca de 5000 máquinas de dragado.

A principios de 2026, el periodista Manuel Calloquispe volvió a Puerto Maldonado para continuar con su labor informativa. Trabaja con chaleco antibalas y casco, vive en una casa que cuenta con videovigilancia y recibe protección de un policía.

En lo que será un año de elecciones -presidenciales, parlamentarias y municipales-, el comunicador teme que salgan electos candidatos financiados por los intereses mineros.

Entrevista: Manuel Calloquispe, periodista peruano, corresponsal de LatinaTV, El Comercio e Inforegión en Madre de Dios.

En Colombia, las autoridades reactivan las aspersiones con glifosato para luchar contra los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, este peligroso herbicida ha dejado un muy mal recuerdo entre las poblaciones rurales en zonas donde se aplicó de forma aérea hasta 2015, fecha en que se suspendió la fumigacion con glifosato debido a los riesgos para la salud humana. 

La noticia de la reanudación de las fumigaciones con glifosato en Colombia cayó como un balde de agua fría para miles de familias campesinas que viven de la hoja de coca. Algunas por el temor a perder unos cultivos indispensables para sobrevivir, otras porque creyeron en la promesa de los programas de sustitución de cultivos. Pero las autoridades colombianas decidieron retomar la controvertida política de aspersión de los campos de coca con glifosato, un agrotóxico clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos.

Esta vez las aspersiones se realizarán mediante drones a 1.5m de los cultivos para eludir la justicia colombiana que prohíbe las aspersiones aéreas de glifosato debido a los riesgos para la salud.

En la región del Cauca donde iniciarán las aspersiones, el mal recuerdo de la política de aspersión masiva con glifosato con avionetas en los años 90 y 2000 en el marco del Plan Colombia aún sigue vivo.

“Hace aproximadamente 20 años ya se vivió para estas regiones el tema de la fumigación con glifosato a través de avionetas. Hoy, 20 años después, pues se siguen sufriendo las secuelas de la aplicación de este químico en los territorios, donde quienes más fueron afectados o donde más se han visto las secuelas ha sido los niños y las madres en gestación, donde se han tenido malformaciones de los fetos. Algunos niños pues desafortunadamente fallecieron”, cuenta a RFI por teléfono el líder campesino William Orozco.

“Aquí el campesino sí se ha visto obligado a cultivar mata de coca. Pero es más por necesidad, por el abandono que se ha tenido o la exclusión que se ha tenido por parte de los gobiernos de Colombia”, indica Orozco, quien también es miembro de la COCCAM, la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, una organización creada a raíz del Acuerdo de paz de 2016 para negociar una trayectoria de sustitución de cultivos.

El líder campesino cuenta que muchas familias que se adhirieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, tuvieron que sembrar nuevamente coca ante la insuficiencia de los apoyos estatales de los sucesivos gobiernos.

“Algunas familias sin apoyo del gobierno han tratado de emprender sobre otras economías, pero no hay una comercialización asegurada”, lamenta Orozco.

Escuche la entrevista completa: 

Durante muchos años, Gustavo Petro, actual presidente colombiano, fue un detractor del uso del glifosato. Y es que argumentos contra el glifosato no faltan. Además de su toxicidad, este químico no es tan eficaz como parece. En 2014, el economista colombiano Daniel Mejía y sus colegas calcularon que fumigar una cuadrícula de 100 hectáreas de hoja de coca reduce solo 0,3 hectáreas la presencia de la hoja de coca (ver PDF). El costo de erradicación de una sola hectárea de coca mediante fumigación aérea es de unos 57.000 USD.

¿Qué ha cambiado entonces para que las autoridades colombianas finalmente den este giro? “La reactivación de la aspersión aérea es principalmente geopolítica. Y, hay sectores dentro del Gobierno que están presionando por esa alternativa.”, dijo a RFI Estefanía Ciro, quien coordinó el equipo de investigación sobre narcotráfico en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad.

Estefanía Ciro, quien dirige el Centro de Pensamiento sobre la Amazonía a la orilla del río, cuestiona las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que indica que el área de los cultivos de coca en Colombia se ha quintuplicado entre 2014 y 2024.

“Hay un debate en este momento muy importante sobre la validez de los datos de UNODC En el 2023 lanzan dos datos: que los cultivos crecieron el 10% y la producción de cocaína aumentó un 53%. Pues es algo que no tiene mucha coherencia estadística. Y el presidente Petro dijo que había que revisar estos datos”.

La investigadora no niega el aumento de la producción de cocaína, pero es también crítica del uso del glifosato. “No funciona”, afirma tajantemente.

“Los millones de hectáreas que fueron trabajadas en el período de 'seguridad democrática' de Álvaro Uribe Vélez muestran que lo que hace [la aspersión con glifosato] es hacer migrar los cultivos.”

Las aspersiones con glifosato se retomarán inicialmente en 17 municipios del departamento del Cauca, en el suroeste colombiano, en zonas de gran presencia de cultivos de coca y donde actores armados se disputan las rutas del trasiego de droga.

A pesar de la contaminación masiva de Chevron-Texaco en la Amazonía ecuatoriana, un tribunal de arbitraje falló a favor de la petrolera. El Estado ecuatoriano se ve incluso obligado a pagarle a la transnacional una indemnización por los gastos judiciales. Descubra cómo el gigante de los hidrocarburos pasó de victimario a víctima.

El interminable litigio entre Ecuador y la compañía estadounidense Chevron Texaco vivió otro giro en noviembre pasado. La empresa que derramó miles de millones de galones de residuos de petróleo, que abandonó más de 900 piscinas de desechos líquidos en la selva tropical, aún no ha pagado el precio que le exige la justicia ecuatoriana.

Y a pesar de dejado un desastre ambiental apodado el Chernóbil Amazónico, la transnacional no solo evadió la justicia ecuatoriana que la condenó en 2011, sino que logró una hazaña judicial: ante un tribunal de arbitraje, la empresa obtuvo una condena del estado ecuatoriano que tendrá que pagarle 220 millones de dólares de indemnización. La noticia causó la indignación de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco. Para Deisy Torres, habitante de Lago Agrio e integrante del colectivo, “la Amazonía entera que sigue sangrando de petróleo. ¿Cómo es posible que el Estado ecuatoriano vaya a pagarle 220 millones de dólares a esta empresa?”, se pregunta.

Escuche este episodio de Vida en el planeta para entender por qué las víctimas de esta contaminación aún no han obtenido justicia a pesar de 30 años de litigios y de varias sentencias favorables:

Fue en 1992 cuando Texaco, hoy fusionada con Chevron concluyó sus actividades en Ecuador. Los habitantes de la Amazonía ecuatoriana demandaron entonces a la empresa estadounidense por contaminación medioambiental, y por los impactos en materia de salud. El juicio culminó en 2011 con una condena de la empresa a pagar una multa de 9500 millones de dólares. Pero Chevron nunca pagó esta cantidad. Y tres décadas después, la contaminación sigue haciéndole la vida imposible a los habitantes de las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Así lo contó a RFI Natali Casigña, una madre de familia que vive a 500 metros de una instalación petrolera en el cantón de Joya de los Sachas, en el norte del país.  Casigña lucha hoy para que se reconozca que la alta incidencia de casos de cáncer en la región está relacionada con la actividad petrolera. Casigña cuenta como esta industria ha moldeado el paisaje con fugas recurrentes de petróleo, un olor penetrante a gasolina, las antorchas de gas, el agua contaminada y las piscinas de residuos petroleros que aún no se han limpiado.

“Estas piscinas fueron construidas por la empresa Texaco-Chevron para almacenar las aguas de formación con petróleo. Hace más de 20 años que no está la empresa petrolera en Ecuador. Sin embargo, estas piscinas todavía existen y se han cubierto de vegetación. Los animalitos corren por la selva, son atrapados por estas piscinas”, cuenta a RFI.

Y cuenta llueve abundantemente, “sube el nivel de estas piscinas y toda esa agua sucia se va a desembocar en el estero”, agrega.

Por su parte, la empresa Chevron-Texaco considera que ya ha pagado sumas suficientes para reparar los daños medioambientales. Un relato que contradice la realidad indica Pablo Fajardo, abogado principal de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT).

En conversación con RFI, el jurista recuerda las grandes etapas de este largo caso judicial que empezó en 1993 con una demanda de las poblaciones afectadas en una corte estadounidense.

“Luego de 9 años de litigio en Estados Unidos, en el año 2002, el caso Lago Agrio fue remitido a las cortes de Ecuador por pedido de Chevron. En el 2003 presentamos la demanda aquí en Ecuador, en corte de Sucumbíos donde Chevron operó y el 14 de febrero del 2011, el juez de primera instancia encontró culpable a Chevron y la condenó a pagar los 9.5 billones de dólares”, recuerda el abogado.

Chevron pide una indemnización por daño a su imagen

Y a pesar de las impugnaciones de la transnacional en instancias superiores, la condena fue ratificada tres veces. “En 2018 la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia ratificando lo dicho por los jueces anteriores”, subraya Fajardo.

A pesar de estas 4 sentencias condenatorias, la empresa estadounidense de hidrocarburos no pagó la multa y llevó el caso a un panel de arbitraje en La Haya y logró revertir la situación y presentarse como víctima del estado ecuatoriano que fue condenado a pagarle 220 millones de dólares.

En 2018, el panel de arbitrajes emitió un laudo arbitral que dispone al Estado ecuatoriano que anule la sentencia del caso de Lago Agrio considerando que el país suramericano había violado un tratado bilateral de inversión con EE.UU al condenar a Chevron-Texaco. Una decisión que el jurista tilda de “insulto al derecho”.  “¿Cómo un gobierno puede decir, mire, esta sentencia no me gusta y voy a hacer todo para que no se ejecute? Sin embargo, en ese marco, el gobierno de Ecuador sí ha hecho todo lo posible para cumplir con eso”, denuncia Pablo Fajardo.

En noviembre de 2025, el panel de arbitraje impuso al Estado ecuatoriano que le pague a Chevron “las costas judiciales y el daño a su imagen que le hemos causado a los indígenas y campesinos en esos hasta ahora 30 años de juicio”, analiza Pablo Fajardo. “Esos 220 millones es, en teoría, lo que ha gastado Chevron en su defensa”.

Tras alegrarse inicialmente porque la multa “solo” será de 220 millones de dólares, lejos de los 3300 millones que reclamaba Chevron Texaco, a principios de enero de 2026, el procurador general del Estado ecuatoriano Juan Carlos Larrea, cambió de tono e indicó que el gobierno entablará un trámite para reducir el monto a pagar.

Los argumentos de Chevron que convencieron a los árbitros judiciales

A lo largo de los años, para justificar su negativa en cumplir las sentencias de la justicia ecuatoriana, la empresa ha argumentado que el Estado de Ecuador la había liberado de sus obligaciones de remediación ambiental.

Efectivamente, “en el año 1995, la transnacional firmó un contrato con el estado en el que se comprometió a remediar parte del daño ambiental a cambio de que el Estado se comprometiera a nunca más demandar a Chevron”, recuerda Pablo Fajardo.

“Texaco ‘invirtió’ 41 millones dólares para reparar en daño ambiental causado. Pero el asunto es que nunca hicieron una remediación en la zona y el costo de la remediación es de 9500 millones de dólares pues. Los 41 millones no alcanzaba para nada”, insiste el abogado de los damnificados.

Los tribunales de arbitraje, arma judicial de los inversionistas

La condena del estado ecuatoriano en un tribunal de arbitraje evidencia una vez más la impronta neocolonial de este tipo de mecanismos jurídicos que colocan a las empresas del norte global en una situación ventajosa en detrimento de países en desarrollo.

En un informe de 2025, el centro de análisis Transnational Institute con sede en Dinamarca, calculó que los inversionistas salen beneficiados en el 61% de los casos resueltos, ya sea por haber obtenido un laudo favorable con indemnización millonarias, o al cabo de un acuerdo de partes. El documento recalca también que el 85% de las demandas fueron iniciadas por empresas estadounidenses, canadienses o europeas y que las empresas de gas, petróleo y de minería representan el 23% de los litigios.

Fue para evitar precisamente esta desventaja que desde 2008, Ecuador prohíbe -en su Constitución- a los gobiernos recurrir a tribunales de arbitrajes. Es un mecanismo para garantizar el cumplimiento de los contratos que suscriben esas empresas extranjeras en los países del sur global. Pero en la práctica, estos tratados bilaterales de inversión. han servido como un mecanismo para sobreproteger a las inversiones de extranjeras”, denuncia el exministro de Energía de Ecuador Alberto Acosta.

“Lo que se ha hecho es debilitar la justicia nacional porque se permite que una empresa transnacional que tiene algún diferendo con un estado de algún país del Sur Global, pueda recurrir a esta suerte de justicia paralela internacional, en la cual normalmente los países empobrecidos pierden”, insiste Acosta, quien también presidió la Asamblea Constituyente que elaboró la Carta Magna del 2008.

A pesar de la reciente victoria judicial de Chevron Texaco, las víctimas de este gigantesco escándalo de contaminación medioambiental no quieren rendirse. A través de sus abogados, presentaron una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para obligar al Estado ecuatoriano a exigir indemnizaciones a Chevron.

En Francia, el 20% de las costas se ven afectadas por la erosión costera, un fenómeno natural pero que se agrava con el cambio climático. Reportaje en el suroeste de Francia, donde el mar avanza cada año tierra adentro, lo que obliga a derribar edificios.

Mareas y vientos erosionan cada año las costas francesas del Atlántico. Aquí en Labenne, una localidad costera del suroeste de Francia expuesta a las tormentas invernales, este fenómeno ya es palpable. En la playa, un búnker alemán de la Segunda Guerra Mundial está medio sepultado en la arena, empujada por vientos de más de 100 km por hora.

"La muralla del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial es una serie de búnkers construidos en las cimas de las dunas. Hoy en día, muchas de estas construcciones se encuentran en medio de las playas o incluso en el agua. Son los testigos de la erosión costera en Francia. Se observa en muchos puntos de la costa de nuestro país y muestra el retroceso de la línea de costa”, indica Nicolas Bernon ingeniero especializado en riesgos naturales.

A unos metros de las dunas, la caseta de salvavidas también está condenado a desaparecer. Las autoridades locales optaron por construir otro edificio más alejado de la playa.

"Sabemos muy bien que incluso el estacionamiento de la playa está condenado a desaparecer. Lo mismo pasará con los comercios que están cerca de la playa. Habrá que tener en cuenta este avance natural. ¡La naturaleza sigue su curso!”, admite, resignada, Stéphanie Chessoux, alcaldesa de Labenne.

A medio kilómetro más al norte en la costa, llegamos a una zona donde la erosión costera produce efectos aún más espectaculares. Aquí, la arena rodea casi por completo el centro marino de Labenne, un antiguo sanatorio construido en 1924 para que enfermos y ancianos pudieran respirar el aire saludable de la costa Atlántica.

Un siglo después, este edificio inmenso, construido con hormigón y amianto o asbesto —un material peligroso para la salud—, está cercado por la arena de la playa que avanza poco a poco tierra adentro.

“Aquí el océano avanzó y el edificio se deterioró debido a la proximidad del océano. La arena y el aire salino degradaron todo el metal que había dentro del hormigón. Algunas partes fueron abandonadas y quedaron en desuso. Aquí en Aquitania, se dice que, por ejemplo, se pueden perder hasta 2 m de dunas costeras al año. Por ejemplo, hoy, tal vez perdamos 6 m si lo peor de la tormenta tiene lugar durante la marea alta", explica Laure Guilhem Tauzin del Instituto de conservación del Litoral de Aquitanía

Las autoridades optaron por desmantelar el edificio corroído por el aire marino: "La idea era, en primer lugar, restaurar la naturaleza, evitar la contaminación marina a medio plazo y también impedir que un inversor que hubiera calculado mal sus costes de inversión volviera a reconstruir este edificio que habría tenido que ser demolido quince o veinte años después", apunta Laure Guilhem Tauzin.

Los 12.000 m² de hormigón y asfalto darán paso a un proyecto de restauración de la duna. El instituto de conservación del litoral francés adquirió el terreno para devolverlo a su entorno natural.

“Una empresa de ingeniería ecológica vendrá a sembrar plantas nativas de la duna para consolidarla. Mantenemos la duna porque captura la arena. Cuando hay tormentas, impide que la arena se desplace tierra adentro. Es lo que llamamos soluciones basadas en la naturaleza. No queremos luchar contra la erosión costera porque consideramos que es un fenómeno natural”, detalla Laure Guilhem-Tauzin.

 A pocos metros, una antigua capilla blanca y de techo de tejas anaranjadas corre el mismo peligro de desaparecer en las dunas. Y en Capbreton, el municipio colindante, una planta de tratamiento de aguas residuales quedará sumergida por el mar en unos años.

Escuche este reportaje en versión audio:

El cambio climático, la otra amenaza de las próximas décadas

El fenómeno de la erosión costera ya afecta al 20% de las costas francesas. Y a ello se suma el cambio climático cuyos efectos agravarán aún más el retroceso de la línea de costa. El exceso de gases de efecto invernadero emitidos por las actividades humanas provoca una dilatación del océano que aumentará el nivel del mar en unos 60 cm en Francia de aquí a finales del siglo. El fenómeno es estudiado de cerca por Nicolas Bernon, ingeniero especializado en riesgos naturales en el BRGM, instituto francés de investigación geológica.

"En los cinturones de dunas, muy presentes en nuestro litoral de Gironda y de las Landas, hemos medido retrocesos de entre 1 y 3 metros al año en promedio. Algunas zonas retroceden hasta seis u ocho metros al año”, constata el ingeniero

“Por ejemplo, en el Médoc, se prevé que en 2050 el nivel del mar sea entre 20 y 25 cm superior al actual.  Y a partir de la segunda mitad del siglo XXI, la subida del nivel del mar va a ser una de las principales causas de erosión costera. En 2100 el nivel del mar será a 60 o 70 cm más alto que a principios de siglo. Eso sí que es significativo. El cambio climático aumentará un 20% el nivel del mar”, prevé Nicolas Bernon.

De aquí a 2100, Francia se prepara para perder 500.000 hectáreas de litoral, lo que equivale a 700.000 canchas de fútbol. Una tendencia que obliga a adaptarse. Y en muchos casos se opta por soluciones naturales para proteger la costa de las tormentas.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar, un acuerdo internacional para proteger la biodiversidad marina en aguas internacionales fue muy esperada por todos los defensores del océano. El acuerdo permitirá crear nuevas areas marinas protegidas en aguas internacionales. En esta edicion de Vida en el planeta, Raphael Moran enfocó reflectos en la reserva de Galápagos, el archipiélago ecuatoriano en el Pacífico, cuya superficie fue extendida en 2022.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar el 17 de enero abre nuevas perspectivas para proteger el 30% de los océanos del planeta, el objetivo que se han fijado las naciones del mundo para frenar la gravísima pérdida de biodiversidad a causa de las actividades humanas.

Para alcanzar esta meta, será indispensable crear áreas marinas protegidas no solo en aguas nacionales, sino en alta mar, para que aves, tortugas, peces y mamíferos marinos puedan migrar, alimentarse y reproducirse sin peligro.

En Latinoamérica, una de las reservas más emblemáticas es la de Galápagos, en aguas Ecuatorianas. Un remanso de 133.000 km cuadrados para las especies en vía de extinción y que fue reconocido como reserva de la biosfera, por su especial contribución a la conservación de ecosistemas y la investigación científica. En octubre pasado, esta reserva se extendió en 60.000 km cuadrados con la inclusión de la Reserva Marina Hermandad para crear un verdadero corredor migratorio entre las aguas protegidas de las costas de Costa Rica y Ecuador.

"En el Pacífico este tropical, teníamos áreas marinas protegidas importantes pero aisladas", por lo que la creación de la reserva Hermandad fue creada para conectar la Reserva de Galápagos con el Área Marina de Bicentenario en aguas costarricences, subraya Susana Cárdenas, profesora, directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, y copresidenta del fondo Galapagos Live Fund que canaliza recursos para la reserva. 

"Ya había evidencia científica que mostraba que hay especies migratorias amenazadas como tiburones martillo, tortugas marinas y varias especies de ballenas que usan estos corredores como rutas migratorias, pero que no estaban protegidos", detalla Cárdenas.

Respecto al manejo de la nueva reserva Hermandad, de los 60.000 km2 de protección, 30.000 km2 son de protección total donde no se permite realizar actividad de captura de especies ni industrial ni artesanal. "A los dos extremos, hay dos franjas que suman 30.000 km2 donde solamente se permite la pesca de cerco, que tiene menos tasa de pesca incidental que la pesca palangrera", detalla la investigadora.

Y para que estos espacios protegidos no se  conviertan en reservas de papel, es necesario contar con una fuerza naval capaz de interceptar las embarcaciones que pescan ilegalmente.

Para ello, las fuerzas ecuatorianas cuentan con el apoyo de Diana Vinueza, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas. La  bióloga detalla a RFI cómo funciona el software Themis, desarrollado por una empresa francesa, que utilizan para monitorear la actividad marina de los buques en la zona.

"Esta plafatorma te ayuda a ver en una pantalla todas las embarcaciones que tienen sistema de monitoreo que navegan en la zona", explica Vinueza.

Escuche la entrevista completa:

La bióloga también abordó el llamado efecto derrame de las reservas marinas para la pesca, es decir que los stocks de peces aumentan también en las áreas cercanas a la reserva. Un fenómeno que se ha observado en el Mediterráneo con las langostas y en Atlántico con el bacalao.

La creación de áreas marinas protegidas en aguas internacional podría facilitar la lucha contra la flota asiática de barcos factorías que pescan con métodos agresivos al límite de las zonas nacionales. Un fenómeno que enfrentan varios países latinoamericanos.

En 2020 por ejemplo, decenas de estos buques se alinearon como una especie de muralla al límite de las aguas generosas de la reserva de Galápagos para capturar calamares. Y algunos apagaron sus radares para no ser rastreados. Los defensores de los océanos piden una regulación más estricta de la pesca a nivel internacional para que sea menos dañina para la biodiversidad. Y la creación de áreas marinas protegidas gracias al nuevo Tratado de Alta Mar permitirá avanzar en este sentido.

Entrevistas:

-Diana Vinueza, bióloga, gerente de proyectos de la fundación Wild Aid en Galápagos, especialista en monitoreo de áreas marinas protegidas.

-Susana Cárdenas, profesora y directora del Instituto de Ecología Aplicada de la Universidad de San Francisco de Quito, Ecuador.

Defensores del medioambiente y de las comunidades locales denuncian la irresponsabilidad de la empresa franco británica Perenco que extrajo petróleo en la selva de Petén, en plena reserva protegida. La actividad petrolera, que concluyó en agosto de 2025, dejó pasivos ambientales y costos millonarios al estado guatemalteco.

Esta es la historia del controvertido campo Xan, una instalación petrolera en plena Reserva de la Biósfera Maya del Petén, el principal espacio protegido de Guatemala en el norte del país. Durante cuatro décadas, las empresas Basic Ressources y Perenco sacaron miles de barriles de petróleo del subsuelo hasta que el gobierno guatemalteco de Bernardo Arévalo diera por terminada la licencia de funcionamiento el 12 de agosto de 2025.

Los motivos para cerrar esta explotación, que representaba el 90% de la producción nacional, eran múltiples. Primero, una producción que caía en picada. De más de 9 millones de barriles producidos en 1998 al pico de la producción, el campo Xan solo produjo 1,8 millón de barriles en 2024. La explotación petrolera en la reserva de la Laguna del Tigre no solo ya no era rentable, sino que le generaba más costos que ganancias al Estado guatemalteco.

El estado guatemalteco, en desventaja económica

El contrato petrolero contenía una cláusula que preveía el reembolso de “costos recuperables”, es decir reembolsos que el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala pagaba a la multinacional petrolera Perenco para compensar los gastos de funcionamiento del campo petrolero.

Un mecanismo en el que, a fin de cuentas, Guatemala acabó gastando más de lo que recibía por la explotación petrolera. En un informe de 2023, el Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala (OEI), con el apoyo de la ONG Oxfam, indica que " al comparar los datos de ingresos y costos recuperables, durante los años 2009 al 2018, el Estado de Guatemala recibió producto de la extracción de hidrocarburos alrededor de 732 millones de dólares americanos y devolvió a empresas petroleras USD 883 millones; es decir, por cada dólar ganado tuvo que invertir 1.21 dólares”.

Y en su informe más reciente, el OIE observa que “la disminución de la producción de barriles no fue acompañada por una reducción de los costos recuperables.  Los datos disponibles indican que entre 2010 y 2021 Guatemala perdió el equivalente a 77.731.274 de dólares americanos para mantener las operaciones petroleras del contrato 2-85”.

Los pasivos ambientales

A los costos económicos se suma la devastación ambiental, razón por la cual el gobierno del presidente Arévalo también decidió cerrar el campo petrolero. “Los ministerios de Guatemala han calculado entre 6000 y 10.000 hectáreas de bosque perdido” en el conjunto del biotopo de la Laguna del Tigre en el que está ubicado el polígono del contrato petrolero, recuerda Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas.

La deforestación se debe no solo a la apertura de brechas en el bosque para las instalaciones petroleras, sino también a la construcción de caminos “que poco a poco han ido colonizando el parque. Este impacto indirecto de deforestación se lo atribuimos a las empresas petroleras que iniciaron las actividades humanas en la región”, acusa Gabriela Muñoz.

La actividad petrolera inició antes de la creación de la reserva de la Laguna del Tigre. Pero entre los años 2001 y 2010, los gobiernos de la época decidieron prorrogar el contrato petrolero. “A través de alianzas con actores antidemocráticos asociados al crimen organizado, ha logrado moldear la regulación ambiental y de industria petrolera para que se ajuste a sus necesidades. Fue a través de este tipo de desregulación que lograron posicionarse en el área protegida”, lamenta la investigadora.

Comunidades locales denuncian contaminación

Un activista defensor de los derechos de las comunidades de la región de la Laguna del Tigre acusa también a la empresa Perenco de irresponsabilidad ambiental. “No se contó con un cierre seguro que garantizara la no contaminación en el área. Es notorio el mal olor a azufre en la zona. Y los tanques de aguas ácidas que utilizaba la empresa para inyectar a los pozos se quedaron en estanques en mal estado. Con las lluvias se desbordan y van a dar a las lagunas”, alerta el activista que pidió mantenerse en el anonimato.

El impacto para la salud de las poblaciones locales que vive alrededor del campo Xan es otra incógnita. “No tenemos pruebas porque no hemos encontrado un profesional de salud independiente para hacer un estudio, pero hemos visto muchas alergias en la piel y que son más frecuentes en esta región”, dijo el activista a RFI.

La respuesta de Perenco

Contactada por Radio Francia Internacional, la transnacional Perenco asegura que "al finalizar las licencias de Perenco Guatemala el 12 de agosto de 2025, la Secretaría de Energía y Minas de Guatemala confirmó haber recibido todos los activos en óptimas condiciones operativas, debidamente asegurados, en condiciones ambientales adecuadas y sin afectación ambiental, tras tres auditorías in situ".

En un correo electrónico dirigido a RFI el 9 de diciembre, un portavoz de Perenco niega cualquier responsabilidad en la deforestación en el área. La empresa afirma que le correspondía al estado velar por el uso de suelo y afirma que la deforestación ligada a la expansión de la ganadería se debe a las comunidades locales.

Un representante comunitario consultado por RFI acusa en cambio a empresas madereras de haber saqueado el bosque, con complicidad de responsables políticos de la época.

La transnacional, con sede en París y Londres, asegura también que contribuyó al desarrollo social y económico del país. Pero para el representante de una de las comunidades locales consultado por RFI, los años de explotación petrolera fueron sinónimos de represión y pobreza.

¿Quién pagará por la restauración ambiental de la zona? ¿Cómo limpiar las aguas y los suelos contaminados? ¿Cómo asegurarse del buen cierre de los 59 pozos de las instalaciones del campo Xan?

El gobierno de Guatemala estimó en 50 millones de dólares el costo inmediato para la clausura del campo Xan. Un gasto que será pagado por los contribuyentes guatemaltecos. 

Entrevistas:

-Gabriela Muñoz, investigadora del Observatorio de Industrias Extractivas de Guatemala.

-Un defensor de los derechos y comunitario de la región.