Grandes Reportajes de RFI

¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 50 mil inmigrantes detenidos en el mes de julio y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones?  Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) 

Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador

“Me pidieron firmar unos documentos, pero no los firmé. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”.

Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de República Democrática del Congo (RDC) para enviar al país africano a personas deportadas por Estados Unidos. Una semana después, RFI los localizó en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen.

“Quiero regresar a mi país, pase lo que pase. Tengo más miedo de estar aquí que en Colombia”, afirmó José y contó que fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y enviado a un centro de detención en Luisiana pese a contar con la protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura.

 

 

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Aun si debe enfrentar a los tribunales de su país, nada parece detener al presidente Donald Trump en su cruzada destinada a expulsar del territorio estadounidense a los inmigrantes. Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura. 

“Todo parte de la creencia racista de que, de alguna manera, los inmigrantes están reemplazando a la población blanca de Estados Unidos y quitándoles sus empleos y oportunidades. Esto no es cierto. Es una falsa teoría de la conspiración. Sin embargo, personas como Donald Trump creen en ella”, explica el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, uno de los funcionarios que más se ha enfrentado a la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

Ellison señala la novela distópica El campamento de los santos, del francés Jean Raspail, y al Ku Klux Klan como referentes clave en el debate migratorio actual. “Estas posturas se basan en la falsa premisa de que Estados Unidos pertenece únicamente a personas de ascendencia europea. Se trata de una filosofía injusta, dañina y, a menudo, ilegal. Necesitamos un cambio político que restablezca la justicia”, sostiene el fiscal de Minnesota.

 

►► Escuche el gran reportaje "Ofensiva jurídica de Trump contra los migrantes, el gran negocio para oligopolio carcelario privado".   

Una ofensiva jurídica silenciosa

" David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico".  Es lunes 4 de mayo de 2026. Desde Mineápolis, Isabel lucha por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU. 

El 9 de enero de 2026, José David fue arrestado  por el ICE durante la operación antiinmigración Metro Surge llevada a cabo en Minnesota, pese a que desde 2024 había solicitado la reunificación familiar por estar casado con una ciudadana estadounidense.

Como esta, la historias de detenidos y deportados a quienes entrevistamos revelan las razones íntimas que subyacen a la guerra contra la migración que libra Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca, bajo la consigna de "llevar a cabo la mayor deportación de la historia de Estados Unidos".

La mayoría de las personas expulsadas contaban en Estados Unidos con un beneficio migratorio o estaban en proceso de obtenerlo ante un juez de inmigración. Muchos de ellos disfrutaban de una protección denominada «Withholding of Removal», o suspensión de la expulsión, que suponía la garantía de nunca ser devueltos a un país donde corrieran el riesgo de sufrir persecución o tortura.

Los datos estadísticos más recientes publicados por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) al 11 de julio de 2026, el 70,3% de la población detenida en las prisiones del ICE no tenía antecedentes penales, pese a que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la administración actual afirman que sus redadas y operativos priorizan de manera exclusiva a criminales violentos o amenazas para la seguridad pública. "Lo peor de lo peor", los llama Donald Trump. Sin embargo, estadísticas independientes demuestran que más de 7 de cada 10 detenidos están bajo custodia por faltas netamente migratorias o infracciones menores, tales como violaciones de tránsito.

El motivo de la detención es carecer del permiso de residencia permanente lo que supone estar en situación irregular que no constituye un delito del fuero penal sino una falta administrativa.

A pesar de ello, todos fueron detenidos por los policías del ICE, mantenidos un primer tiempo incomunicados y enviados a prisiones ubicadas en otros estados, operadas por las grandes empresas privadas carcelarias del país y, regularmente, objeto de críticas por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos en relación con las condiciones de detención, el acceso a la asistencia médica y el aislamiento geográfico de los detenidos.   

Y las cifras son elocuentes. En año y medio, la segunda administración Trump disparó las detenciones de inmigrantes pasando de 21.201 personas en febrero de 2025 a rozar en julio pasado el récord de las 50.000. La cuota de arrestos impuesta a los policías del ICE es de 3.000 inmigrantes por día.

Actualmente, las expulsiones de la administración Trump superan las 1.000 personas por día. 1.745 vuelos en 2026, con un récord de 329 en julio (ICE Flight Monitor / Human Rights First). El 57% de los arrestados por ICE es deportado en menos de 60 días; solo el 7% es liberado en ese lapso. Entre 300.00 y 500.000 deportados desde el 20 de enero de 2025. De estos, 25.477 han sido enviados a 28 países de donde no son originarios, en virtud de contratos que la administración de Trump ha acanzado en total opacidad con, al menos, 35 gobiernos,(Deportation Project). 

A través de testimonios de inmigrantes arrestados y deportados, y con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, revelamos las tácticas de la administración estadounidense —muchas de ellas declaradas ilegales por tribunales federales— para diseñar una ofensiva jurídica silenciosa que le ha permitido al gobierno de Donald Trump alcanzar estos números .

La estrategia de esta ofensiva jurídica busca masificar las detenciones de inmigrantes y prolongar el tiempo de su cautiverio para desgastarlos y acorralarlos,induciéndolos a firmar su propia repatriación o a aceptar la deportación a un tercer país.

Principales cambios jurídicos desde enero de 2025 en la política y aplicación de las leyes de inmigración de EE. UU.

• Detención obligatoria generalizada: La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) modificó su interpretación jurídica de la ley de inmigración. Ahora, cualquier inmigrante en situación irregular está sujeto a detención obligatoria sin derecho a fianza, no solo los capturados intentando entrar por la frontera como se había hecho históricamente. Esta lectura afecta incluso a quienes llevan años residiendo en el país o están en trámites de regularización (matrimonio, visas T o U, o asilo).

 

• Respaldo judicial a la detención: Los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido legalmente la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigranets detenidos por el ICE son traladados sistemáticamente a prisiones en estos estados. 

 

• Traslados exprés e incomunicación: Las personas detenidas por el ICE son enviadas, generalmente pasada la medianoche, a prisiones operadas por empresas privadas en otros estados. En un primer momento, se les priva de contactar a familiares y abogados. Las personas van esposadas de manos y pies y amarradas a la cintura, y pueden ser trasladadas varias veces. El cambio de juridicción que implican estos movimientos obstruye la acción de los abogados para lograr una fianza.  

 

• Cancelación del programa CBP One: La administración del presidente Donald Trump eliminó el programa de su antecesor Joe Biden que permitía solicitar asilo en la frontera y entrar y trabajar legalmente en EE. UU. mientras se resolvía el caso en los tribunales. La cancelación dejó a cerca de 900.000 beneficiados en riesgo de detención y deportación.

 

• Destitución de jueces de inmigración: Relatores de la ONU denuncian que, desde enero de 2025, al menos 135 jueces de inmigración fueron destituidos sin causa justificada. Los datos públicos revelan que la gran mayoría de los magistrados apartados concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional. Los jueces de inmigración dependen directamente del Poder Ejecutivo como empleados de libre nombramiento y remoción.

 

• Detenciones operativas de ICE: El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arresta a miles de solicitantes de asilo y otros beneficios migratorios mediante redadas laborales, interceptaciones viales y la colaboración con policías locales en Estados que siguen arajatabla la política migratoria federal (acuerdos 287g).

 

• Arrestos en sedes oficiales: Los inmigrantes sufren detenciones durante citas administrativas de rutina en oficinas de ICE. Los arrestos en tribunales disminuyeron a mediados de 2026 tras restricciones y fallos judiciales.

 

• Cancelación del TPS: La administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales.

 

• Ocultación de datos de detenidos: Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con orden final de deportación. Esto incluye a personas protegidas por la Retención de Deportación o la Convención contra la Tortura.

 

Aunque la Suprema Corte —de mayoría conservadora— ha respaldado la mayor parte de la agenda del Ejecutivo, los tribunales federales de distritos inferiores han emitido fallos clave para bloquear o limitar varias de sus medidas más severas en materia de inmigración.  

 

La gran industria de las detenciones y las deportaciones

“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relató David Hernández apenas aterrizó, el pasado 12 de mayo, en El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas suyos deportados desde EE. UU.

David fue arrestado por el ICE en Dallas, Texas. Su familia no tuvo noticias suyas hasta una semana después. Lo localizaron a 800 kilómetros de distancia, en los registros del Centro de Detención del Oeste de Tennessee (en Mason), una prisión federal gestionada por la empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de migración, optó por firmar su propia expulsión. David había entrado legalmente al país en 2018, tenía un permiso de trabajo vigente y un proceso abierto como solicitante de asilo.

La historia de este salvadoreño de 25 años, a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador, es el ejemplo perfecto de la maquinaria migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2.

Una vez arrestados por ICE, los inmigrantes son sometidos a un viacrucis que termina en prisiones de otros estados lo que resulta un proceso kafkiano que obstaculiza su defensa y un negocio ultra millonario para el oligopolio carcelario privado. 

Gran parte de los detenidos y expulsados con quienes hablamos fueron transferidos a prisiones en Luisiana y Nuevo México, operadas principalmente por The GEO Group y CoreCivic, las mayores empresas de cárceles privadas en EE. UU.  

Bonanza para ICE y los gigantes de las cárceles privadas

El 4 de julio de 2025, Donald Trump promulgó la «One Big Beautiful Bill», una extensa ley presupuestaria que benefició al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con un aumento meteórico. Tras rondar los 10.000 millones de dólares, el presupuesto de la entidad aumentó a 85.000 millones para un periodo de cuatro años, convirtiéndose en la agencia policial más grande de Estados Unidos.

Esta legislación incluyó una partida sin precedentes de 45.000 millones de dólares destinados a la construcción de centros de detención de inmigrantes indocumentados, tanto adultos como menores.

A través de un entramado de contratos intergubernamentales (entre el ICE y los condados) y subcontratos con las grandes corporaciones de las prisiones privadas, la administración de Trump ha ido consolidando el modelo actual de privatización de la detención migratoria en EE. UU.   

Eso explica que 2025 haya sido el año dorado para los dos gigantes carcelarios privados, CoreCivic yThe GEO Group, cuyas ganancias netas alcanzaron máximos históricos gracias a los contratos y subcontratos con el ICE.

“Se trata del año más exitoso en la historia de la compañía para la adjudicación de nuevos contratos" destaco George C. Zoley, fundador y presidente ejecutivo de The GEO Group que reportó ingresos por 2.630 millones de dólares (6% de aumento). La empresa aseguró contratos nuevos o expandidos con el ICE que generaron hasta 520 millones de dólares en ingresos adicionales.

Los ingresos de CoreCivic crecieron un 13 % hasta alcanzar los 2.200 millones de dólares.  El motor principal de este crecimiento financiero fue “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), el mayor socio gubernamental de la compañía”, destaca el reporte anual de la compañía .

Se trata de un negocio archimillonario en el que los indocumentados generan ganancias tras las rejas. Bianca Tylek, directora de Worth Rises y autora de La industria penitenciaria, explica que la rentabilidad  de este negocio se basa en tener la mayor cantidad de personas detenidas, el mayor tiempo posible y en reducir al máximo los costos en los servicios.

Un conglomerado interesado en criminalizar la inmigración

Pero no solo estas dos megaempresas lucran con un mercado de extracción basado en criminalizar la inmigración irregular —que es una infracción civil—, sino que existe todo un conglomerado del que dependen las agencias federales, en especial el ICE, según precisa Sebastián Sclofsky, profesor del Departamento de Justicia Criminal en la Universidad Estatal de California.

El experto explica que CoreCivic y The GEO Group se encargan de la gestión de las prisiones, pero expanden su negocio (transporte, vigilancia digital de las inmigrantes y aplicaciones de seguimiento) a través de contratos con sus propias subsidiarias o empresas que están fuera del universo migratorio como Amazon Web Services, que gestiona las bases de datos. Sclofsky cita algunos ejemplos:

Herramientas tecnológicas como Immigration OS y ELITE desarrolladas por la empresa de análisis de datos Palantir Technologies para que los agentes del ICE rastreen a personas con visados vencidos o en situación irregular, prioricen casos de deportación y coordinen operativos de forma masiva en tiempo casi real.

El polémico software de reconocimiento facial a través del escaneo de millones de imágenes recopiladas de las redes sociales, desarrollado por la empresa Clearview AI. En septiembre de 2025, ICE formalizó un contrato de hasta 9,2 millones de dólares con Clearview AI.,el mayor contrato que la empresa ha obtenido con cualquier departamento gubernamental hasta la fecha.  

El acuerdo de mayo de 2026, valorado en aproximadamente 25 millones de dólares, entre el ICE y la empresa BI2 Technologies —especializada en tecnología biométrica— incluye el despliegue de 1.500 escáneres de iris para que agentes de la migración en el terreno procedan a la identificación rápida de personas durante operativos de detención y control migratorio.

La aplicación ICERAID, creada por el cubanoamericano Enrique Tarrio —exlíder del grupo de extrema derecha Proud Boys e indultado por Donald Trump— con el fin de animar a los ciudadanos a delatar ante ICE a inmigrantes sin papeles a cambio de pagos en criptomonedas.

La ruta de oro del traslado de migrantes

“Me arrestaron en Mineápolis por no tener mis papeles en regla y al otro día me llevaron a Camp East  Montaña, en el Paso, Texas. Llegamos a la medianoche y a la seis de la mañana me trasladaron a una cárcel en Luisiana donde había inmigrantes y criminales. Un mes después me sacaron a la una de la madrugada de la celda, me montaron esposado de pies y manos en un avión y me expulsaron aquí a El Salvador”.

El periplo de Wilfredo Carrillo —un agricultor salvadoreño convertido en obrero de la construcción en Estados Unidos hasta que cayó en manos del ICE en enero de 2026— evidencia que hablar de detención y deportación es hablar de autobuses y aviones.

De ello se benefician, por una parte, The GEO Group a través de sus filiales GEO Transport, Inc. (GTI), Paragon o Via Incorporated que alquilan al ICE su flotilla de autobuses, furgonetas y vehículos. Estas empresas trasladan a las personas detenidas a lo largo de miles de kilómetros entre las distintas instalaciones carcelarias y cobran una tarifa por milla recorrida.

" Conocí a gente a la que habían trasladado hasta seis veces. Nos trasladaban una y otra y otra vez». La que habla es una estudiante originaria de Kenia —quien prefiere guardar el anonimato— detenida en Saint Cloud al despuntar el 2026, durante las violentas redadas de la policía de migración (ICE) en el estado de Minnesota. Al día siguiente, fue trasladada a Camp East Montana, el centro de detención más grande del ICE, construido en la base militar de Fort Bliss, en El Paso. Y de Texas fue enviada a la cárcel del condado de Otero, en el estado de Nuevo México, operada por una corporación privada.

Para estos traslados internos o para las deportaciones, la división de transporte aéreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE Air) no posee una flota pública de aviones comerciales. En su lugar, el gobierno estadounidense contrata a CSI Aviation, una red que gestiona vuelos chárteres privados. 

Desde el 20 de enero, fecha del regreso de Donald Trump al poder, ICE Air ha movilizado al menos 110 aviones para realizar más de 5 100 vuelos en Estados Unidos y en todo el mundo. Según el seguimiento de Tom Cartwright, exbanquero de JPMorgan convertido en defensor de los derechos de los migrantes, de 600 vuelos al mes se ha pasado a mas de mil.

Detrás de estas cifras se esconde un sector privado en auge: desde el intermediario CSI Aviation hasta las compañías de vuelos charters GlobalX y la de bajo costo Avelo.

Según revela una investigación de Milenio, estas aerolíneas obtienen millones de dólares con dichos traslados y, en algunos casos, logran revertir crisis financieras que amenazaban su supervivencia.

En un memorando interno obtenido por el Financial Times (FT), Avelo —que se ha centrado en las deportaciones— definió los vuelos de ICE como «demasiado valiosos como para ignorarlos». Por su parte, el programa de ICE Air permitió a GlobalX pasar de pérdidas a utilidades al convertirse en el 58 % de su negocio. 

Entre enero y julio se registraron más de 100.000 trayectos de más de 400 kilómetros. El manual oficial de ICE Air exige, según el medio digital The Verge, que cada deportado sea "completamente inmovilizado" mediante esposas, una cadena abdominal y otra en las piernas. Los pasajeros no tienen acceso a sus lentes de contacto, a ciertos medicamentos, a los cinturones ni a las chaquetas, y su "comida" suele consistir en un sandwich seco y una barrita de cereales.

Diferentes investigaciones periodísticas (como los informes de Human Rights First o ProPublica) denuncian que la red opera bajo un manto de secretismo. Entre las críticas principales figuran el uso sistemático de restricciones físicas severas (esposas, cadenas en la cintura y grilletes durante horas de vuelo), las alertas de seguridad sobre la dificultad de evacuar un avión con pasajeros encadenados ante una emergencia, y las trabas que este movimiento constante de vuelos internos causa para que los migrantes mantengan contacto con sus abogados o familiares.    

Herramientas digitales de rastreo, otra mina de oro  

“Debo portar la tobillera electrónica mientras el juez resuelve mi limbo jurídico”, dice la joven keniata luego de que familiares y amigos lograran reunir 5.000 dólares de fianza para sacarla de la cárcel de Otero en Nuevo México y traerla de regreso a Saint Cloud en Minnesota.  

“El agente de ICE me indicó ir a la oficina de monitoreo y seguimiento para quitarme el grillete, pero allí me dijeron que no tienen jurisdicción y me mandaron de nuevo a migración. Así que cada uno le pasa la bolita al otro”, denuncia Eustaquio Orozco Verdusco, ahora libre despés de cinco meses tras las rejas del ICE y CoreCivic hasta que un juez federal ordenó frenar temporalmente la detención y deportación de inmigrantes con solicitudes de visa T, visa U y VAWA pendientes.  

Pese a estar en un proceso para obtener el beneficio migratorio para víctimas de secuestro de EE.UU. (visa T), este reconocido líder sindical fue detenido en la ofensiva de los 3000 agentes del ICE en el estado de Minnesota, la Operación Metro Surge. De allí fue enviado a Camp East Montana en El Paso, Texas. Luego a una prision en el condado de Cibola, Nuevo México.

Tanto el reconocido líder sindical oriundo de México como la estudiante de Kenia, así como todos los inmigrantes que obtienen la libertad, están obligados a llevar puesta la tobillera electrónica mientras sus casos se resuelven definitivamente en las cortes.

El programa "Alternativas a la Detención" (ISAP V), supervisado por GEO Group a través de su subsidiaria BI Inc., vigila a los migrantes liberados bajo fianza mediante herramientas digitales como tobilleras electrónicas, relojes inteligentes y la aplicación SmartLINK. Una investigación de The New York Times, revela que este sistema representa un lucrativo negocio con el gobierno federal, consolidado con la adjudicación de un contrato de ICE por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares.

Por este servicio de monitoreo, el gobierno paga a la empresa tarifas diarias que van desde casi 3 dólares por cada grillete de tobillo hasta 4.50 dólares por dispositivo de muñeca.

El Departamento de Seguridad Nacional está sopesando la renovación de un contrato de larga duración con la empresa para rastrear a cerca de 180.000 mil personas.

Financiamiento político bajo la lupa

Los vínculos financieros entre The GEO Group y CoreCivic y la administración Trump son estrechos. Un análisis de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW) a la declaración financiera más reciente del presidente republicano reveló que sus corredores de bolsa han realizado 29 operaciones con acciones de prisiones privadas desde que regresó a la Casa Blanca. El monto total comprado y vendido ascendió a cientos de miles de dólares, repartidos entre las dos empresas.

Según registros fiscales de la Comisión Federal Electoral (FEC), GEO Group y CoreCivic donaron, cada una, 500 000 dólares al comité de toma de posesión de Trump en 2025.

CoreCivic gastó cerca de 2 millones de dólares en actividades de cabildeo ante el gobierno federal de los Estados Unidos durante el año 2025. Los directivos de GEO Group aportaron más de un millón de dólares a la campaña de Donald Trump para 2024.

El New York Times reveló que una filial de GEO Group donó en julio 1,4 millones a la campaña de Trump, después de que su Gobierno adjudicara contratos que podrían reportarle a la empresa 165 millones de dólares al año por recluir a inmigrantes en espera de ser deportados.

Estas donaciones se dieron a conocer en un informe de financiación de campaña presentado por MAGA Inc., un super-PAC dirigido por aliados del Sr. Trump. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, rechazó cualquier vínculo entre las donaciones y los contratos de The GEO Group con el Gobierno.

Puerta giratoria entre el gobierno federal y las empresas privadas de prisiones  

Altos cargos públicos de la administración de Trump han pasado a ocupar puestos directivos en la corporación carcelaria The GEO Group y viceversa, revela una investigacion de Proyecto para la Supervisión del Gobierno (POGO)

Daniel A. Bible, el burócrata de mayor rango del ICE a cargo de la detención de inmigrantes indocumentados renunció para ocupar un puesto de alto nivel en GEO Group a pocos días de la reelección de Trump.  

David Venturella pasó de ser vicepresidente sénior y consultor de GEO Group a integrarse en el Departamento de Seguridad Nacional. The GEO Group contrató también al exdirector de campaña de Trump, Christopher LaCivita, para cabildear en asuntos relacionados con contratos de centros de detención.

Asimismo, Tom Homan, el “zar de la frontera” de la administración Trump, trabajó como consultor remunerado para la firma antes de incorporarse al gobierno, mientras que la exfiscal general Pam Bondi ejerció presión a favor de la privada The GEO Group antes de asumir ese cargo público promoviendo el uso de asociaciones público-privadas en los servicios penitenciarios.

Por su parte, Allen Weh, director de CSI Aviation, fue nombrado por Trump durante su primer mandato como asesor en una junta del Pentágono, mientras que su hija participó en los intentos por revertir la derrota electoral de 2020, según la investigación de Milenio.

 

Cárceles de lucro. Presos por contrato:

"Éramos 38 indocumentados en el autobús. Salimos a las cinco de la mañana y no nos dieron agua ni alimentos durante las doce horas de recorrido. Llegamos a la medianoche, nos registraron y en ese momento nos dieron un vaso de agua; nada más hasta el día siguiente", sostiene Eustaquio Orozco Verdusco sobre su traslado desde Camp East Montana (Texas) al Centro Correccional del Condado de Cibola (Nuevo México), una prisión operada por la empresa privada CoreCivic. 

“Te tratan igual que a un criminal independientemente de que estés allí por ser una inmigrante indocumentada”, narra la joven keniata sobre su reclusión en el Centro de Tramitación del Condado de Otero (Nuevo México), ubicado al lado de una prisión penal ordinaria operadas ambas por la privada MTC. 

Las prisiones de los condados de Cibola, Torrance y Otero se ubican en lugares remotos del estado de Nuevo México, el estado con mayor porcentaje de población hispana del país. Los tres centros albergan en conjunto a unos 3.000 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante años, estas cárceles operaron mediante el modelo de acuerdos intergubernamentales entre la agencia federal y cada condado que, a su vez, subcontrataba a una empresa penitenciaria privada. En este patrón, las administraciones locales actúan solo como intermediarias para transferir los fondos federales a la corporación.

El modelo sufrió un revés el 5 de febrero cuando el estado de Nuevo México promulgó la histórica Ley de seguridad para los Inmigrantes (HB9) que prohíbe al estado, los condados y los gobiernos locales firmar o mantener contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas por motivos civiles de inmigración.

El texto establece que a partir de la entrada en vigor de esta legislación, el 20 de mayo, los condados de Torrance, Cibola y Otero debían rescindir sus contratos con el ICE para la detención de inmigrantes en estos tres centros.

Pero, el Gobierno federal actuó con rapidez para mantenerlos abiertos. Y lo consiguió.

“El ICE hizo un contrato directo con CoreCivic —sin ningún condado como intermediario— que permite a las autoridades federales seguir deteniendo a inmigrantes en los condados de Cibola y Torrance. Y el estado de Nuevo Mexico no puede hacer nada para regular ese nuevo contrato”, lamenta Tiffany Wang, abogada de Contigo Immigrant Justice in New Mexico

El centro de detención de Otero también permanece abierto en virtud de una prórroga por cinco años del contrato previo con el ICE, firmada por el condado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley HB9.  “El fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, exigió ante la Corte Suprema del estado el bloqueo inmediato del contrato prorrogado de Otero argumentando que los municipios no tienen autoridad para la detención civil de inmigrantes federales (según o establece la ley HB9) y que faltaba la firma del Departamento de Finanzas”, explica Wang.

No obstante, la Corte Suprema de Nuevo México rechazó la demanda del fiscal, dando luz verde a que la industria de la detención de inmigrantes siga floreciendo en el estado de Nuevo México.

Convertir al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía

Cabe preguntarse si la política migratoria de Donald Trump —al crear un sistema cada vez más privatizado, subcontratado y caótico— tiene otra intención más allá de enriquecer las arcas del oligopolio carcelario.

Para el experto en justicia criminal Sebastián Sclofsky, el uso de empresas privadas en la acción estatal responde a una concepción política que busca convertir al Estado en una corporación: “Se trata de reducir el tamaño del Estado —no en sus gastos, porque esto le cuesta carísimo al Estado, sino en su responsabilidad estatal— y delegar sus funciones sociales a los sectores privados”.

En la lógica del mercado, estas compañías privadas buscan lucrar y su mercancía son los inmigrantes detenidos, explica Sclofsky. Esa es la razón de ser de la criminalización de los inmigrantes indocumentados, afirma: “Una falta administrativa —como ingresar al país sin los documentos adecuados— se transforma en un delito. Sin embargo, el detenido no cuenta con las garantías del debido proceso penal, justamente porque se encuentra bajo un procedimiento netamente administrativo que ha sido criminalizado en la práctica".

El especialista cita como precedente jurídico importante el fallo emitido por la Suprema Corte de Israel en 2009 frente al intento de privatizar las prisiones israelíes: “El Alto Tribunal de Israel determinó que delegar la prisión a empresas privadas vulnera los derechos constitucionales a la dignidad humana y a la libertad. Convertir el confinamiento en un negocio convierte al ser humano en una simple mercancía. Y concluyó, de manera contundente, que privar de la libertad a una persona es una función soberana e inherente del Estado que no puede subordinarse a la eficiencia económica ni a las ganancias privadas”.

Y con todo, mientras que en 2025 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) triplicó su presupuesto, los gigantes carcelarios privados registraron el año más rentable de su historia y un conglomerado de empresas gozó de la disparada de sus ingresos gracias a la industria de las detenciones y las deportaciones, 2025 también fue el año más mortífero de la historia para las personas detenidas en prisiones privadas bajo la custodia del ICE.

El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema.

A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron.

Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados.

"La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica.

"Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta. 

Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica.

Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando.

Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta.

"Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica. 

Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder 

El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo.

Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado.

"La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente. 

Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar.

"Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca del mercado justamente por estos costos en dólares elevados y estos costos en pesos que no bajan. Entonces, el costo en dólares subió, el costo en pesos no bajó, y a eso le agregamos la apertura de la economía, y las empresas dicen abrí la economía, pero no inclines la cancha a favor de las importaciones, porque estamos haciendo una apertura de la economía con la cancha inclinada al revés", analiza Zack. 

En este contexto, cierran miles de empresas, la inversión total de la economía argentina cae, se contrae el consumo masivo, y crece la morosidad de las familias.

El crecimiento del PIB crece gracias al sector agropecuario, la minería y la energía

Sin embargo, al mismo tiempo se está dando una consolidación de sectores primarios, como el agropecuario, la minería y la energía. De hecho, su fortaleza está impulsando el crecimiento del producto bruto interno y de las exportaciones.

Entre esos sectores están los beneficiados por políticas específicas, particularmente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, o RIGI, una norma que le otorga beneficios cambiarios, tributarios y jurídicos a quienes comprometan grandes desembolsos. 

"Ya por sus resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", así hablaba el propio presidente Milei del RIGI en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026.

"Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir", agregó. 

Hasta fines de agosto los proyectos aprobados en el RIGI sumaban promesas de inversión por más de 46.700 millones de dólares.

El auge de la minería: una proyección de 25.000 millones de dólares de exportación 

El sector que más proyectos ha presentado al RIGI es el minero, que espera despegar en los próximos años, dice Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

"Nosotros estimamos que para el 2034-35 Argentina esté en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportación para la minería, lo cual significa estar mucho más cerca de lo que exporta el agro", vaticina Cacciola. 

Aunque históricamente el principal generador de divisas en Argentina ha sido el complejo agroexportador, la energía, beneficiada por el régimen de incentivos, y de la mano de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y cuarta de petróleo, se le acerca cada vez más. Tan es así que en 2026 el petróleo crudo superó a la harina y pellets de soja como principal producto de exportación, si bien todo el complejo agroexportador sigue siendo líder en ventas al exterior.

La minería espera seguir el mismo camino que la energía, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Roberto Cacciola, de la cámara minera, espera que en menos de diez años se multipliquen varias veces los 1.300 millones de dólares de inversión que el sector tuvo en 2025.

"Las definiciones más fuertes de inversión van a empezar paulatinamente. Yo creo que los años más fuertes van a ser entre 2028 y 2030 estabilizándose en una meseta para llegar a esa cifra que hoy conocida ronda los 40.000 millones de dólares y con la posibilidad de que haya otros RIGIs adicionales que se presenten", analiza. 

"¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?"

La coexistencia de sectores que se fortalecen, como el energético y el minero, y otros que se contraen, como el industrial, está creando lo que algunos denominan una economía de dos velocidades, pero Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, disputa esa lectura.

"Eso no es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay algunos sectores que crecen y que están creciendo fuerte, pero hay otros sectores que están cayendo. Son más que dos velocidades, son dos economías en una o una economía partida en dos. Y además se da la particularidad que los sectores que crecen aportan dólares a la economía, cosa muy necesaria, pero no empleo, cosa casi más necesaria que los dólares. ¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?", se pregunta Guyido Zack. 

Se está dando, por otra parte, una informalización del empleo en Argentina. Personas que tenían trabajos en relación de dependencia, pasan a trabajar por su cuenta. "Y dependía en lo económico sobre todo que era un laburo estable. Y era el sustento de mi hogar", comenta José Orellano mientras maneja su viejo Ford Fiesta. 

Está circulando por la zona de la fábrica de Fate, en la que fue operario durante 14 años. Ahora trabaja por su cuenta, en aplicaciones de transporte de pasajeros y de reparto de mercadería. "Y aparte yo tengo una hija con parálisis cerebral y dependía de la obra social. Su bienestar, su salud, su vida depende de la obra social, por todos los gastos que tengo con ella", afirma. 

Dos trabajos para sostener a una familia 

La obra social de la que habla José Orellano es la cobertura de salud que le daba el empleo formal, algo de todo lo que perdió con el cierre de la fábrica de neumáticos. "Esto es horrible. Estoy haciendo dos trabajos para poder sostener algo del gasto diario de la casa. Porque tampoco es rentable tener que estar arriba de un auto 10, 12 horas manejando para por lo menos llevar la comida", se queja. 

Orellano realmente no se esperaba lo que ocurrió. "Veía que la situación del país estaba mal con el gobierno nuevo, pero nunca pensé que una empresa como Fate iba a cerrar", reconoce. 

Este cambio abrupto de una vida previsible y ordenada es un fuerte sacudón para las familias, no solo en lo económico, sino también a nivel emocional. En el acampe de Fate, Pablo Olivera, el primer exoperario de la planta con el que hablamos, siente que son pocas las oportunidades que puede tener ahora.

"Hoy estamos en un momento difícil del país, donde no hay trabajo y yo con 52 años, mucho más difícil, porque si no hay empleo para jóvenes, menos para mí. Por más que yo era un operario calificado, donde yo realmente he manejado una máquina muy compleja, muy neumática, muy difícil de manejar y, bueno, obviamente hoy en el mercado laboral, si no es por una aplicación, no tenés trabajo", afirma. 

Unos metros más allá está su esposa, Gabriela Asesore. "Para mí es expectativa o, no sé, como que uno lo está deseando que abra y que vuelva todo a la normalidad. Que volvamos a ser una familia de que te espero con la cena, te espero con el almuerzo. Uy, estaría bueno un asadito, que hace mucho que no se habla de asadito, ¿viste?", afirma con esperanza. 

Un círculo vicioso: entre macro y economía real 

No está del todo claro que esto vaya a ocurrir. La prioridad del gobierno parece ser otra. No sólo el incentivo a los sectores primarios, y la llamada "destrucción creativa", sino también el estricto orden fiscal, el déficit cero como política central, que limita el margen de maniobra para intervenciones del Estado en la economía

Para Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, además, existe el riesgo de que los problemas de la economía real impacten sobre el orden financiero.

"La pregunta es, si las finanzas ordenadas logran ordenar la macro y la economía real, y la economía real llega a buena parte de la población y la imagen del gobierno mejora, eso a su vez ordena más las finanzas y se alcanza un círculo virtuoso. Ahora, si la economía real, desordenada, que todavía no mejoró y de hecho ha estado empeorando, hace que la imagen del gobierno caiga, eso puede también desordenar a las finanzas, y las finanzas retroalimentar el malestar en la economía real y generar el círculo vicioso, bueno, eso también puede suceder", plantea Zack. 

El gobierno cree que el camino elegido es el adecuado, el que permitirá entrar en un proceso virtuoso. El veredicto definitivo lo dará la ciudadanía en 2027, cuando concurra a las urnas y con su voto le diga al Ejecutivo si quiere o no continuar por este sendero.

José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) 

Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

—¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales?

— Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.  

— Lamentamos informarte que acaba de fallecer.

La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria.

— ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.  

En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”.

Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”.

El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción.

Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio.

Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva.

“Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”.

Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño.

La responsabilidad del Estado

José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.   

“Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente.

Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado.

“Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa.

Detenido en aislamiento

El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero no pudieron reunirse con él.

“Yo nunca había ido al aeropuerto. Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de policía y si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no y me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”.

Mas de una hora de ruta en vano. Mónica y su mamá no encontraron a José Emlio en el centro donde se registra a los recién deportados, conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto. 

Después de mucho buscarlo, lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” a donde son remitidos los detenidos con padecimientos o enfermedades.

La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde que se impuso la medida en 2022, el gobierno ordenó aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales.

La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica.

Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca habia estado ahi antes. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”.

Caza de brujas. Opción: Estados Unidos

En 2017, José Emilio fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras o pandillas. No obstante,  fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente.

En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales.

“Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.  

Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla.

También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”.

“Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos".

José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la petición de asilo se resolvía en las cortes.

“De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto”, relata Mónica.

A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero.

“Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y que, además, había visto con sus propios que ni siquiera tenía tatuajes. Pero, ella me dijo que no estaba en sus manos”.

En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito”

Tres meses después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas.

“Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano de mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia

Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción

En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se habían documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI.

La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica.

“Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente.

El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud idóneos y oportunos.

“Hemos documentado casos de familias que han intentado hacerle llegar los medicamentos y el Estado no se los recibe o no se los entrega. Tenemos un porcentaje de personas que han fallecido, incluso, en tránsito hacia los hospitales”, sostiene Valiente.  

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 239 vuelos han aterrizado en El Salvador con nacionales deportados; una fuerza laboral que sostenía la economía nacional mediante el envío de remesas. ¿Qué les espera a su regreso?. Reportaje realizado en el marco de 'Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump'. Investigación de RFI y otros 25 medios del mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories (Historias Prohibidas).

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales.

Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" . Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes indocumentados de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura.

Acorde con esta línea discursiva —señalada por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos—, cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto internacional de El Salvador aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Inmediatamente, son trasladados en autobuses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro.

Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador

“A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”.

Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.  

Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5.031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.

La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano.

Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal. 

“Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal.

"Entramos con permiso"

“No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo trabajába en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas. David en la construcción”, relata. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con el proceso de asilo pendiente.   

Pese a estar tramitando ante los tribunales su beneficio migratorio - situación que, en principio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE en Texas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.    

Al aldo de María, la señora Juana cuenta la historia que la ha traído hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar para Amazon repartiendo paquetes, a las seis de la mañana”.

Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo.

Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal y se les mantiene prisioneros sin derecho a fianza (en cárceles operadas por los gigantes de las prisones privadas). “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos ”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía.

De héroes a criminales

De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre.

“Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio.

Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza. 

ICE nos decía que firmáramos

“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión.

Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900.000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación

“Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, afirma David.

Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes del ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del ICE te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que vas a estar encerrado largo tiempo, que mejor firmes para irte del país, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia.

Nuestro delito es ser inmigrantes   

Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fueron deportados tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, cuenta.

José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la 'migra' para que me llevaran”.

Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU. que registró en 2025 el volumen de ingresos más alto de toda su historia corporativa debido a los contratos firmados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)..

"Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se quedaron en Estados Unidos.

Hace cuatro años, José Adán y su esposa emigraron al norte buscando una vida digna para su familia. Tras pagar 40. 000 dólares a los coyotes, sufrieron un secuestro. Sin rendirse, él volvió a intentarlo y logró cruzar la frontera. Luego, pagó 13.000 dólares adicionales para trasladar a su hijo menor en avión  con unos padres falsos. Actualmente, sigue pagando parte de la deuda acumulada con sus ingresos en EE. UU.

José Adán guarda la esperanza de recibir los 2.600 dólares que el gobierno Trump, empeñado en aumentar las expulsiones masivas, ofrece a los extranjeros en situación irregular que opten por la deportación voluntaria y bajo condición de no regresar a Estados Unidos por cinco años.

Por ahora, no tiene en los bolsillos ni los cinco dólares que el gobierno de El Salvador le entrega a cada deportado para que regrese a casa tras el control migratorio en el Centro de Atención al Migrante.

Cinco dólares no alcanzan para comprar el pasaje desde la colonia La Chacra al centro de la capital salvadoreña, mucho menos para ir a su casa en Usulután, a más de dos horas de camino, afirma José Adán: “Les dije que no quería esa plata”.

Estos salvadoreños que el gobierno de Estados Unidos deporta por no tener sus papeles en regla —lo que es una falta administrativa y no un delito penal— se fueron un día en busca del sueño americano. Hicieron su vida en Estados Unidos: trabajaron, mantuvieron a sus familias y, en parte, sostuvieron la economía salvadoreña. El sueño se transformó en pesadilla al caer presos de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump. Ahora retornan con las manos esposadas y vacías.

¿Qué les espera?

Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sostiene que existe una brecha entre las promesas políticas de integración para los migrantes retornados y la falta de programas reales y recursos financieros para ejecutarlas.

Rodriguez subraya que la reinserción va más allá de lo económico. “Los retornados enfrentan graves traumas debido a maltratos en centros de detención o la pérdida repentina de su vida y arraigo en Estados Unidos. Al ser expulsados a El Salvador se ven obligados a enfrentar un nuevo escenario de incertidumbre.” precisa.  

El experto también deplora la falta de apoyo psicosocial para la familia que recibe a su pariente expulsado. “Sin embargo, los recursos asignados a los equipos de apoyo son insuficientes y las políticas públicas actuales no coinciden con las necesidades reales”, concluye el experto en migración.

Radio Francia Internacional estrena los reportajes de "Deportation Project", una investigación realizada en EE. UU. y El Salvador sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump. La serie inicia con el caso más emblemático,  masivo, controvertido y punta de lanza de deportaciones a un tercer país. Este trabajo se enmarca en un proyecto en el que participan 26 medios del mundo liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Te lo contamos en un serie de tres podcasts.

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal.

"Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda.

“Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen.

No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen.

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Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch.

Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.     

“Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda.

Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.

 

“Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”.

Pacto secreto bajo régimen de excepción

Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.  

También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles.

El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.    

Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno.

Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino.

La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump.

La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.  

La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo.

A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump.

“Bienvenidos al infierno”

Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.

“Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *   

“Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”.

Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

“El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente.

El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal.

36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados

En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas.

“De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones.

“Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión."

Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados.

Y fue gracias a la gestión de los familiares de estos once salvadoreños y de sus abogados ante el sistema interamericano que se pudo establecer el paradero de seis de ellos.

Uno se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los demás en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. Esta es la información que el Gobierno de El Salvador ha presentado ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en beneficio de estos deportados.

“Del resto de las personas no tenemos conocimiento de dónde están”, insiste Nathaly Cotrino de HRW.

 A la pregunta de por qué es tan difícil rastrearlos en El Salvador, la investigadora sénior responde: “Por el contexto general de miedo frente a las actuaciones del gobierno y a las medidas que se han tomado bajo el régimen de excepción. Estas familias hablaron con nosotros casi un año después de que ocurrieran las deportaciones. Tenían mucho miedo de que algo malo le pudiera pasar a sus familiares dentro de esos sistemas de detención. Y los mismos abogados les han dicho que no asumen la defensa de estos casos porque no quieren tener problemas con el régimen”.

En el marco de la negociación entre las actuales administraciones de Estados Unidos y El Salvador, se cambió el grado de riesgo del país centroamericano, al que históricamente le iba mal en esa evaluación. El gobierno de Trump clasificó a El Salvador entre los países más seguros del mundo, a pesar de que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —bajo la administración Biden— señalaba claramente el riesgo de tortura en ese país, según indicó Juanita Goebertus, de Human Rights Watch (HRW).

¿Dónde están? El viacrucis de la búsqueda

Elmer Concepción Romero apareció en el video oficial de los deportados a El Salvador el 31 de marzo de 2025.

“El 21 de marzo de 2025 le informaron que iba a pasar a manos de Migración para ser retornado a su país. En ningún momento le dijeron que venía a una cárcel acá en El Salvador”. Glenda recuerda que su hermano Elmer habló con ella por teléfono desde el Centro Correccional Federal de Lompoc, en California, una prisión federal de baja seguridad para reclusos varones.

Ella ignora por qué fue enviado a esta cárcel de reos comunes a purgar los últimos 26 meses de su condena por estar indocumentado. La primera parte de la pena la había cumplido en el Centro de Tramitación del Condado de Otero, Nuevo México, con capacidad para 900 inmigrantes en situación irregular, en virtud de un contrato entre la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) y la empresa privada de gestión penitenciaria MT.

“Voy a ir llegando a El Salvador a principios de abril”, me dijo. Glenda y su familia esperaron a Elmer hasta que lo vieron aparecer en el video oficial de las deportaciones del 31 de marzo, presentado como un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y conducido a la megaprisión del CECOT. Después perdieron su rastro. 

Kevin Rolando Barrera Torres llegó a El Salvador en el vuelo militar del 15 de marzo de 2025, según la procuradora general.

“Ahí viene el deportador. Voy a hablar con él”, me dijo. “Te vuelvo a llamar”. Y ya nunca me llamó, cuenta con tristeza Gerber; el amigo y jefe de Kevin en Estados Unidos al recordar la última llamada que este le hizo el 13 de marzo de 2025 desde el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Texas, una cárcel operada por la empresa privada GEO Group y utilizada para recluir a inmigrantes en situación irregular bajo la custodia del ICE.

"Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano Kevin desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata su hermana Karen—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció."

Sin conocerse aún en ese momento, Glenda y Karen empezaron un ritual contra la desesperanza: buscar infatigablemente, cada una por su cuenta, a sus respectivos hermanos en las instituciones de El Salvador.

Indagaron por ellos en el Centro de Recepción del Migrante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la embajada de Estados Unidos en San Salvador, en las procuradurías locales, en centros penales y en la prisión del CECOT. No han llegado al país. No existe registro de su entrada, les respondieron en todas partes.   

Cada una acudió a la Fiscalía, donde le entregaron documentos que indicaban que Elmer y Kevin no tenían expedientes de investigación activos en su contra. Ambas interpusieron una denuncia por desaparición; de nada sirvió.

La práctica establecida por la administración Trump consiste en eliminar a los deportados de la base de datos del ICE. Al respecto, Juanita Goebertus, de HRW, explica que “si Estados Unidos cumpliera con el deber fundamental de la Convención sobre la Desaparición Forzada de informar el paradero de la persona, tendría que decir que fue trasladada a El Salvador o a determinado país. Pero en el ICE Locator indica: ‘Esta persona no está bajo custodia de Estados Unidos’, y nadie puede saber dónde está”.

Por su parte, El Salvador, bajo el régimen de excepción, restringe por completo el acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad. “La incomunicación es una particularidad del régimen de excepción que consiste en aislar por completo a las personas privadas de la libertad del mundo exterior, impidiéndoles el contacto con sus abogados o seres queridos. Al mismo tiempo, se oculta la información de dónde se les detiene. Eso genera que las personas queden fuera de la protección de la ley, que es la definición técnica de desaparición forzada”, explica la experta.

No son criminales

Kevin Rolando Barrera Torres

“Él estaba subiendo sus herramientas de trabajo al vehículo cuando llegaron. Lo raro es que no vestían el uniforme del ICE, sino que iban de civil; por eso no se percató. Le pidieron documentación y, como no tenía nada, lo detuvieron y se lo llevaron. Fue el 3 de marzo de 2025 en Irvington, Nueva Jersey”, relata Karen. Tras el arresto, su hermano Kevin fue recluido en el Centro de Detención Hidalgo, Texas, para migrantes en situación irregular.

En 2015, la policía salvadoreña acusó erróneamente a Kevin de pertenecer a las pandillas. Tras demostrarse su inocencia, quedó en libertad. Dos años después, los mareros cometieron un crimen en la zona donde él vivía con su familia y la policía volvió en su búsqueda. “Lo maltrataron aquí enfrente de mi mamá. Se lo llevaron al cementerio del municipio y lo torturaron para que se declarara culpable. Solo estuvo ocho días detenido porque se comprobó, otra vez, su inocencia. Entonces, pensó que lo mejor era alejarse de aquí y se fue a trabajar a Estados Unidos. Pidió asilo, pero no se lo otorgaron y tuvo que regresar”, relata Karen.

En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele impuso un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Esta medida extraordinaria permite hacer arrestos sin orden judicial. En cuatro años, más de 92.000 personas han sido detenidas. Organismos humanitarios denuncian que muchos inocentes están tras las rejas.

Karen cuenta que cuando empezó el régimen de excepción, los policías volvieron a buscar a su hermano. “Ahí sí nos preocupamos porque golpearon a mi tío y lo amenazaron, tiraron puertas y todo eso”.

Huyendo de esta caza de brujas, Kevin decidió emigrar, por segunda vez, a Estados Unidos. En El Paso, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo expulsaron a México. Después logró cruzar la frontera. No solicitó asilo porque ya tenía dos deportaciones. Empezó a trabajar en la construcción.

El 13 de marzo de 2025, Kevin fue expulsado a El Salvador. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

“No debieron enviarlo a El Salvador, considerando que ya tenía este precedente”, afirma Kelvi Zambrano, abogado en Estados Unidos que representa a la familia de Kevin, refiriéndose a los intentos de la policía salvadoreña por incriminar en el pasado a Kevin como pandillero.

El abogado recuerda que el principio de non-refoulement es una norma fundamental del derecho internacional, inscrita en la Convención de Ginebra, que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales puedan verse amenazados.

“El Comité contra la Tortura, en interpretación del artículo tres de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es parte, establece que no se puede enviar a una persona a un país donde corre riesgo su integridad y su vida”, precisa Zambrano.

 La familia de Kevin está segura de que fue detenido al llegar en los vuelos militares de deportados en 2025, debido al empeño de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por demostrar que se trataba de peligrosos pandilleros. “Las personas con antecedentes penales en El Salvador han sido recapturadas, a pesar de haber sido absueltas de todos los cargos. Ni siquiera tiene un tatuaje de marero en el cuerpo”, insiste Karen.

Para Juanita Goebertus, de HRW, “La narrativa del gobierno de El Salvador busca justificar la detención de estos deportados al señalar que están involucrados en la delincuencia organizada; sin embargo, la información que tenemos de parte del ICE indica que la gran mayoría no tenía antecedentes judiciales ni vinculación con estos grupos criminales”.

 Goebertus subraya que, aunque los índices de seguridad en El Salvador han mejorado bajo el régimen de excepción, también se ha registrado un aumento de las detenciones arbitrarias. HRW ha documentado cientos de detenciones de personas que no estaban vinculadas a pandillas. Asimismo, cuenta con un informe a partir de testimonios policiales que revelan cómo recibían órdenes de cumplir ciertas cuotas de arrestos, independientemente de si los sospechosos pertenecían a estos grupos o no.

Elmer Concepción Romero

“Él no se fue huyendo del país, sino para ayudar a su hijo debido a la difícil situación económica acá en El Salvador. Las constancias de la fiscalía muestran que no tiene delitos. En todas las instituciones nos preguntan si tiene tatuajes. Él no tiene”, sostiene Glenda.

 La primera vez que su hermano Elmer emigró a Estados Unidos fue en 2003. Entró por la frontera y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio con el que EE. UU. acoge a personas que huyen de situaciones de extrema violencia, conflictos bélicos o desastres naturales. Los salvadoreños fueron los primeros en beneficiarse de este programa humanitario en 2001, a raíz de dos terremotos devastadores y una guerra civil que sumió al país en la pobreza y forzó al exilio a miles de personas. (En septiembre, la administración Trump puso fin al TPS para los salvadoreños, dejando sin protección a unas 232 000 personas y a sus familias**).

Un año después de recibir el TPS, Elmer fue condenado a ocho años de cárcel por agresión en grupo y homicidio involuntario. 

“En ese tiempo, él tenía 17 años. Cumplió su condena en 2011, salió libre y fue deportado. Vino al país. No tuvo ningún problema. Lo recogimos en el aeropuerto y todo bien”.  

 En 2023, emigró nuevamente a Estados Unidos y las autoridades migratorias lo detuvieron por encontrarse sin sus papeles en regla. Tras 26 meses de prisión junto a otros indocumentados, fue deportado desde EE. UU. en el vuelo militar del 31 de marzo de 2025.

Un año y una semana después, aconsejada por la familia de uno de los once identificados que logró averiguar que su pariente se encontraba allí, Glenda fue al Centro de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. “Primero me aseguraron que no estaba, pero yo insistí. Me hicieron esperar y luego me dijeron: 'Sí, aquí está, ya le puede dejar el paquete’. Con la desesperación, corrí y compré lo que pude. Pero no hemos tenido ni una llamada ni una foto para saber si él está bien o si recibe los paquetes con los víveres que pide la cárcel”.

En un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha del 9 de junio, y en respuesta a la solicitud de medidas cautelares, el Estado de El Salvador reconoció que Elmer Concepción Romero Yanes se encuentra recluido e incomunicado en la cárcel de Santa Ana. 

“Queremos una respuesta clara del Estado porque los abogados nos han dicho que en El Salvador una persona no puede ser detenida ni condenada por un delito que cometió en Estados Unidos y cuya pena ya cumplió”, insiste Glenda.

“El Estado de El Salvador ha indicado dónde se encuentra detenido, pero no presenta ningún sustento jurídico que justifique la privación de su libertad. En consecuencia, estamos ante una detención arbitraria”, afirma Kelvi Zambrano, abogado que representa a nueve familias —entre ellas la de Elmer— de los once identificados de un total de 36 deportados.

Ha pasado año y medio de las deportaciones de estos salvadoreños y las familias aún no tienen contacto con ellos. Sus abogados no han podido acceder a los expedientes, ni han sido informados de qué se les acusa para estar en prisión. Hay familias a las que ni siquiera se les ha confirmado en qué cárcel está su pariente.

El jurista señala que, según los estándares internacionales, la incomunicación de un detenido está prohibida y solo se justifica para preservar sus derechos fundamentales —como su integridad física— o para proteger el proceso. En este sentido, el juez debe razonar si procede o no dicha medida; sin embargo, en este caso ni siquiera existe un proceso judicial contra los deportados detenidos. 

Según los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, cuando se encuentra a la persona o se conoce su paradero, el delito de desaparición forzada no desaparece ni se extingue, sino que cesa su consumación. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.

“Nosotros hemos presentado la demanda contra el Estado de El Salvador a favor de estas personas, para que el Estado salvadoreño sea condenado por el concepto de desaparición forzada”, dice Zambrano. Y subraya que se trata de un patrón de continuidad de desaparición forzada: “El delito comienza en Estados Unidos y se mantiene en El Salvador”  

*El 18 de mayo de 2025, Ruth López, directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, desde donde se ha investigado al presidente Bukele, fue apresada acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín al mandatario salvadoreño. López ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, ya que el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción.

** Para el caso salvadoreño, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que la supresión del TPS y las deportaciones desde EE. UU. reducirían drásticamente las remesas (24%-26% del PIB), golpeando gravemente a los hogares y a una economía salvadoreña ya estancada. También existe un riesgo en materia de seguridad y derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones del derecho a un juicio justo y otros abusos graves cometidos bajo el estado de emergencia.

La crisis de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes sin tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Mientras aumentan las quejas contra las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) por la no entrega de medicamentos, familias en Medellín denuncian largas filas, gastos de bolsillo y meses de espera para acceder a tratamientos esenciales.

Escuche el reportaje del colombiano Santiago Palomino Ochoa, estudiante de la Universidad EAFITen Medellín, Colombia, mención especial de la décimosegunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español, que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2026.

Cuando María Teresa Agudelo recibe una llamada de su hermana menor, casi siempre sabe que algo pasó con su mamá.

Las tres hermanas se repartieron las tareas sin necesidad de acordarlo. Mónica permanece junto a ella las 24 horas del día. Luisa Fernanda se encarga de pedir citas médicas, reclamar medicamentos y buscar soluciones cuando algo falla. María Teresa, la mayor, trabaja y asume buena parte de los gastos que requiere el cuidado de la familia.

El centro de todo es María Ángela Muñoz Álvarez, una mujer de 81 años que quedó completamente dependiente después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un accidente cerebrovascular.

Desde entonces, las hijas aprendieron a cambiar pañales, mover a una paciente inmovilizada, alimentarla por una gastrostomía y vigilar cada señal de alarma. También tuvieron que aprender algo que nunca imaginaron: cómo cuidar a una persona cuando los medicamentos y servicios médicos formulados dejan de llegar.

“Todo lo hemos aprendido por YouTube y por inteligencia artificial”, cuenta María Teresa.

La familia asegura que, desde septiembre de 2025, los medicamentos dejaron de entregarse con regularidad. Los pañales nunca llegaban. La atención médica domiciliaria que necesitaba tampoco se concretó.

Cada visita terminaba con respuestas parecidas:

“No está disponible”.

“No lo están dando”.

“No hay ese medicamento”.

Mientras intentaban mantener estable a su madre, las hermanas empezaron a asumir gastos que antes cubría el sistema de salud. Entre medicamentos, traslados en ambulancia, insumos y una cama hospitalaria que tuvieron que comprar para atenderla en casa, calculan que gastaron cerca de 10 millones de pesos colombiano, más de dos mil dólares, prácticamente un salario mínimo colombiano cada mes.

“Sale uno triste. Hemos salido llorando”, dice María Teresa.

“Uno nunca sabe si el medicamento llegará”

La frase se repite una y otra vez en distintos lugares de Colombia.

A varios kilómetros de la casa de María Ángela, Estebinson Rodríguez escucha la misma respuesta cuando intenta reclamar los medicamentos de su madre, Blanca Inés Montoya, una profesora pensionada de 83 años.

Durante años ha aprendido a convivir con largas filas, autorizaciones, trámites y esperas. Pero en los últimos meses, asegura, conseguir los tratamientos se ha vuelto más difícil.

Hay medicamentos para controlar la hipertensión y otras enfermedades crónicas que simplemente no aparecen: “El valsartán nunca lo hay. El nifedipino tampoco”, cuenta.

La rutina suele comenzar temprano. Llega al punto de entrega, espera su turno, presenta las fórmulas médicas y aguarda una respuesta. Algunas veces recibe una parte del tratamiento. Otras veces sale con una lista de medicamentos pendientes.

Cuando eso ocurre, la única opción es comprarlos. “Toca reducir el mercado”, dice. “Unas veces comemos arroz con huevo y otras veces huevo con arroz para poder comprar los medicamentos”.

El problema es que la enfermedad no espera. Las cuentas tampoco.

Por eso, muchas familias terminan destinando parte de sus ingresos a tratamientos que deberían recibir a través del sistema de salud.

Las historias de Estebinson y María Teresa son distintas, pero comparten una misma sensación: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo medicamento.

Una crisis que supera las ventanillas

Lo que viven estas familias forma parte de un problema más amplio.

En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió cerca de 675.000 reclamos relacionados con la entrega tardía o la no entrega de medicamentos. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, una encuesta de percepción ciudadana encontró que el 34 % de los habitantes se declaró insatisfecho con la entrega de medicamentos, una de las principales razones de inconformidad con el sistema de salud.

Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo, la institución en cargada en el país de velar por los derechos de los ciudadanos. En un informe publicado en noviembre del 2025 por dicha entidad, se advirtieron que los problemas de abastecimiento y entrega afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren tratamientos continuos.

Según sus análisis, muchas familias terminan asumiendo de su propio bolsillo gastos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Dependiendo del tratamiento y de la capacidad económica del hogar, estos desembolsos pueden representar desde una pequeña fracción de los ingresos familiares hasta porcentajes que superan el 70 % o incluso el 90 % en los casos más críticos.

Entre los medicamentos cuya entrega registra mayores dificultades figuran tratamientos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, epilepsia, trastornos psiquiátricos y algunos medicamentos de alto costo utilizados para cáncer y enfermedades huérfanas. Para los pacientes, la interrupción de estos tratamientos puede traducirse en complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables o un deterioro acelerado de su estado de salud.

Para Johnattan García-Ruiz, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, detrás de la escasez existen problemas financieros y logísticos que afectan la distribución de medicamentos en el país.

Según explica, las dificultades no se limitan a la falta de recursos. También influyen retrasos en los pagos entre aseguradoras, prestadores y distribuidores, problemas en la planeación de inventarios y fallas en la coordinación de la cadena de suministro. Cuando los recursos no circulan con normalidad entre los distintos actores del sistema, advierte, las consecuencias terminan llegando a los pacientes en forma de demoras, entregas incompletas o interrupciones de tratamientos esenciales.

Sin embargo, para quienes esperan una entrega, las explicaciones técnicas suelen sentirse lejanas.

La crisis se experimenta de formas mucho más concretas. En una silla de ruedas. En una cama hospitalaria instalada en la sala de una casa. En una fila que empieza antes del amanecer. En una hija que aprende procedimientos médicos viendo tutoriales en internet. En un hijo que reorganiza el presupuesto familiar para comprar medicamentos. En un paciente que depende de una pastilla diaria para mantener estable su salud.

Nota del editor: Después de la realización de este reportaje, María Ángela Muñoz Álvarez, uno de los personajes de este reportaje, murió el 22 de mayo de 2026.

Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo.

El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido".

A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar.

“Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”.

Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas.

Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”.

Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia.

Solidaridad en San Pacho

En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar.

“Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella.

La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”.

Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris.

“Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice.

Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados.

Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice.

Vallejuelo: promesas, pero sin fecha

En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar.

“Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice.

Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa.

“El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita’. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir.

Roldanillo, "buenos corazones"

Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían.

“Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía.

Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar’’ Porque uno tiene que saber para dónde ir”.

El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente

De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores.

Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando.

“Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.  

Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes.

“La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar. 

Cargando tejas a los 67 años

En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó.

“Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice.

De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo.

“Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica.

Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

El reclutamiento en Colombia es un flagelo latente que sufren muchos menores de edad. En 2025 se registraron 386 casos de niños, niñas y adolescentes. Una violación a los derechos humanos que va en aumento especialmente en la región del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde la población indígena es la más afectada. ¿Pero qué pasa con la presencia del Estado? ¿Por qué se los llevan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué papel protagónico están jugando las redes sociales? RFI se desplazó al departamento del Cauca, para intentar entender esta crisis.  

"A los 15 años me encontraron trabajando en una finca. Cuando llegaron, me dijeron que si yo quería ser parte de ese grupo. Me recogieron y ahí fue donde me llevaron", cuenta Juan, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad y hace parte de las vergonzosas cifras de reclutamiento de menores que tiene la guerra en Colombia. 386 casos se registraron en el país en 2025, según datos oficiales, pero los números reales son mayores. El miedo inunda estas comunidades, que dicen sentirse desamparadas y controladas por grupos armados.

El Cauca es el departamento donde hay mayor reclutamiento. Conviven grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, bandas criminales y de allí viene Juan, del norte. Solo pasó una semana mientras lo convencían para que se fuera con uno de estos actores armados. "Me dejé convencer por el dinero, pues cuando yo llegué casi no conocía a la gente. Encontraba más jóvenes muchas veces mayores que uno o menores que uno. Son grupos que no sabría cómo diferenciarlos, porque son cosas que uno muchas veces no entiende de la guerra", cuenta el joven. 

A los niños se los llevan a la fuerza o los seducen, pero en cualquier caso hablamos de reclutamiento forzado explica la mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nini Johana Daza. "Hoy los grupos armados desafortunadamente lo han tomado como un factor importante escoger nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños y convencerlos de que allá hay una oportunidad económica y quizás de que podrán tener mejores oportunidades. Entonces, se los llevan convencidos", indicó Daza al resaltar que, al tratarse de menores de edad, la persuasión también responde a este flagelo. "Mientras nosotros evidenciamos que ha habido una desventaja en ofrecerle oportunidades distintas a nuestros jóvenes, niños y niñas, de alguna forma es reclutamiento forzado porque están forzando a ver oportunidades donde realmente es una situación de muerte, que no lo vemos de otra manera".  

Juan a sus 15 años ganaba 150 dólares mensuales trabajando en el campo y le prometieron 500 dólares mensuales si se iba a ese grupo armado. "Me dijeron que las cosas allá eran bien, que allá iba a tener un recurso para sustentarme, quería ayudar a mi familia", dice Juan, pero ese deseo solo le duró el primer mes, porque el dinero después no llegó.   

Las redes sociales como arma de reclutamiento en auge 

A algunos los contactan personalmente. Son extraños, amigos o enamorados, pero hay algo que está irrumpiendo de forma masiva y preocupa a organizaciones, padres y profesores, explica María Mercedes Lievano directora para Colombia de la ONG Save The Children: "Estos grupos están abogando en las redes sociales a una velocidad impresionante para seducir a los niños en estos territorios, haciendo una apología a la narco cultura, al poder, al dinero, a las motos”, indicó Lievano, agregando que dichos grupos armados se han especializado en estrategias de marketing muy robustas. "Dependiendo del sector o de la región del país, usa vallenatos (música) y apologías, entonces publican 'súmate a las filas', 'únete y tendrás poder', reconocimiento y, pues realmente tienen todas esas estrategias de seducción y captación para ser atractivos y vender una cultura, una falsa promesa de que vincularse a estos grupos les va a resolver muchos de sus problemas", indicó.

El profesor Carlos, cuya escuela está en una zona rural del Cauca, sabe muy bien estos casos. "Conozco un caso de un chico que empezó a hablar con una niña muy bonita a través de Facebook. Se pusieron cita semanalmente como 5 veces y a la quinta semana de estar conversando, un comandante de un grupo al margen de la ley corre a la niña que estaba hablando y le dice: 'Juan, sabemos dónde vives, tu papá se llama tal y tu mamá se llama tal, el viernes te presentas acá o si no los vamos a matar a todos'. A él le tocó dejar botado todo con sus papás e irse, y eso fue a través de un engaño estructurado a través de las redes sociales", cuenta el docente. 

Carlos indicó que a algunas jóvenes que reclutan a otros les pagan hasta  20.000.0000 de pesos (aproximadamente 5.000 dólares). "Es casi que una industria que está en este momento en auge. Tenemos niños reclutados desde los 10, 12 y 13 años", agregó.   

Este profesor, a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad, tiene que ver a algunos de sus pequeños estudiantes pasar de multiplicar a ponerse un uniforme, pues según las últimas cifras anuales de la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los menores tomados por el conflicto tienen menos de 15 años.    

 

Cada 20 horas al menos un niño en algún rincón de Colombia es reclutado por un grupo armado, cuenta María Mercedes Lievano, quien resalta el miedo extremo que sienten estos menores. “Cuando van caminando a su escuela y encuentran un artefacto explosivo en mitad del camino o, por ejemplo, de aquellos niños o niñas que nos cuentan que una vez ya entran a las filas de los grupos armados, son niños de 10, 12 años que estando en la selva o combatiendo, y viven un terror muy grande”.  

“Sienten la muerte todo el tiempo” 

Además de los combates, en ocasiones son víctimas de violaciones y abusos sexuales, señala la directora de la ONG, quien recuerda que estos niños no tienen un entrenamiento, los tratan como adultos y cuentan el doble miedo que sienten cuando están en enfrentamientos. “El primero de que lo van a matar por impacto de bala y el segundo de que si se llega a esconder o se llega a escapar, igual va morir porque él tiene la amenaza que tienes que combatir y no te puedes escapar de estos grupos. De alguna manera, sienten la muerte todo el tiempo", señaló.  

La sensación de que la muerte lo perseguía fue lo que hizo escapar a Juan de las filas en las que se encontraba desde hace dos años.  "Cuando uno siente que una bala casi se lo lleva a uno, esos son los momentos en los que no piensa en salirse de allá. Lo peor que me pudo haber pasado fue perder compañeros. Que en algún momento quise y aprecié como si hubieran sido hermanos de sangre. Muchas veces me quería volar, pero me daba miedo de que algo me pasara".

Tras muchos intentos, Juan logró escapar, pues lo que más lo frenaba era el miedo de correr con la misma suerte de sus compañeros, quienes "muchas veces no alcanzan a escaparse y los matan".  

Juan tiene algunas marcas en su cuerpo; los entrenamientos también son exigentes, dice. Los nuevos reclutas son utilizados para labores de extorsión, vigilancia, inteligencia o incluso en primera línea de enfrentamientos con la fuerza pública u otros rivales.  

Dicho conocimiento lo tienen algunos ex integrantes de las Farc, quienes son objeto de chantaje por los grupos actuales, asegura un excombatiente y firmante de los diálogos de paz de 2016, que no dio su nombre por seguridad. "Hay algunas personas que en el pasado posiblemente fueron colaboradores nuestros y que hoy, conociendo nuestra condición de firmantes, buscan atraer al padre, por la experiencia que tenía, pero en consecuencia de la respuesta negativa de los padres, algunos estúpidos mandos medios nuevos de ellos usaban como forma de presión atraer a los hijos de estos", señaló el excombatiente de las Farc, agregando que algunos casos están denunciados y otros "lamentablemente ya perdieron a sus hijos en la guerra".   

Abandono del Estado   

¿Pero por qué los grupos armados logran ejercer control de esta manera? ¿Y qué pasa con el Estado? La directora de Save the Children señala que uno de los mayores problemas que favorecen estas prácticas es el aislamiento en el que viven ciertos territorios.  

"Hay que entender que en un país como Colombia desafortunadamente hay regiones donde el acceso es muy limitado, incluso para ONG humanitarias por temas de riesgo. Esa expansión de conflicto armado lo que genera es un una expansión del control social sobre las comunidades y las comunidades están amenazadas. Las comunidades tienen miedo, no denuncian”, subrayó Lievano, alegando que falta mayor presencia estatal, programas sociales y calidad educativa.  

“Nosotros tenemos en el país territorios donde los niños a los 9 años no saben leer y comprender un texto simple, eso es pobreza de aprendizaje y eso hace que los perdemos rápidamente. Son niños que desertan del sistema educativo y son los que tienen mayor riesgo de incurrir en acciones delictivas", señaló.

Ante el abandono del Estado, algunas comunidades han desarrollado mecanismos para rescatar a sus niños de la guerra, es el caso del “Camino de Enraizamiento”, un programa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que busca fortalecer los derechos de las menores víctimas de reclutamiento, una vez logran regresar a sus hogares, dice la mayora Daza, quien lamenta la dificultad para encontrar a los jóvenes, pues los grupos armados, a veces, los desplazan a otros departamentos para que sea más difícil encontrarlos, denunció.    

Más allá de la atención, estas comunidades también rescatan, no siempre los chicos y las chicas logran escapar. A veces son las mismas madres quienes van en busca de sus hijos arriesgando sus vidas o la guardia indígena, indica José Tenorio, coordinador político de este organismo perteneciente al CRIC, que tiene tres modalidades de recuperación de menores de edad. "Una es cuando los menores de edad nos llaman desde el grupo armado que están arrepentidos por volarse. Entonces, con la autoridad en conjunto con la Guardia, vamos a buscar y hablar con el grupo armado para que haya una entrega de manera voluntaria. La segunda es cuando hay menores que no se quieren ir, entonces se rodea al grupo armado de manera contundente y se exige la liberación en la entrega al menor de edad y un tercer momento es comunicarse con los grupos armados para que entreguen al menor", dice Tenorio, recordando los riesgos de esta tarea. "No es fácil, corre con dos riesgos: que lo maten a uno por recuperar a un menor de edad o que terminen muertos los dos".  

Los padres, los maestros, las comunidades, pero sobre todo los niños, niñas y adolescentes sufren con el drama del reclutamiento forzado que en los últimos cinco años en Colombia ha aumentado un 300%. Es la desgarradora cifra de Naciones Unidas, según casos verificados, pero todas las entidades hablan de un subregistro por miedo. Porque si algo va de la mano del reclutamiento, es el miedo a hablar de ello, miedo a denunciarlo, miedo a admitir que se está trabajando para frenarlo.

Mientras tanto, los grupos armados aumentan sus filas en gran parte con esas niñas, niños y adolescentes a los que el Estado colombiano les ha fallado constantemente.  

Algunas voces y nombres fueron cambiados por seguridad.

La ruta canaria de la inmigraicón, que une África con las Islas Canarias, es una de las más letales. El año pasado 1.900 perosnas fallecieron en esta travesía intentando alcanzar suelo europeo. Sin embargo, llegar a tierra es solo un primer paso en busca de una vida nueva. En este gran reportaje seguimos el camino que cada año hacen miles de migrantes para aprovechar esta segunda oportunidad. 

De nuestro enviado especial Manu Terradillos

“Flotaba la gente en el mar. Tenía mucho miedo, no sabes si vas a sobrevivir o vas a morir". Así habla Djeneba Kane, originaria de Costa de Marfil. Forma parte de los miles de migrantes que cada año se juegan la vida para alcanzar las Islas Canarias desde África.

El año pasado fueron casi 18.000 los que llegaron al archipiélago a través de la conocida como Ruta Atlántica o Ruta Canaria, una de las más peligrosas, navegando hacinados en pequeños barcos llamados cayucos o pateras.

“Llegué aquí con 16 años, cuando estaba embarazada. Vine de Marruecos en patera. Gracias a Dios, yo llegué sana y salva, pero fue muy dura la travesía en patera. Fue muy complicada porque estaba embarazada. Cuando estaba en la patera, vomitaba y me mareaba", explica Djeneba sobre su viaje.

Canarias se ha convertido en destino de la migración irregular africana, dada su cercanía con la costa oeste del continente. El viaje lo suelen iniciar a pie en su país, hasta alcanzar alguno de los países costeros, donde pagan en ocasiones miles de dólares para tener sitio en una de las frágiles embarcaciones. En ocasiones, no tienen elección en su búsqueda de una vida mejor.

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Kalili Soukouna partió desde su Mali natal: “Yo llegué aquí el 14 de febrero de 2005 y tenía 14 años. Estaba en mi país. Un día cualquiera, como hoy, mi mamá se puso enferma. No tenía medios para llevarla al hospital y, al final, tomas decisiones como estas. Era toda una aventura sin saber lo que me iba a encontrar.

Antes de la embarcación estuvimos prácticamente un mes de caminata, porque no teníamos dinero para coger taxis, para coger autobuses, para cruzar la frontera de Mali hasta Mauritania, donde tomamos el barco. El viaje duró tres días en el cayuco, que nos trajo hasta aquí, hasta Maspalomas. Yo soy uno de los pocos afortunados que, por suerte, llegué y puedo contar la historia. Muchos no han tenido la misma suerte", continúa.

Una ruta migratoria letal

Como bien lo sabe Kalili, es afortunado, porque esta travesía se cobró 1.900 vidas el año pasado, convirtiéndose en una de las rutas migratorias más letales. Él pudo alcanzar tierra con su cayuco; en otras ocasiones, los migrantes son rescatados en alta mar.

José Antonio Rodríguez Verona es técnico de primera respuesta de Cruz Roja. Está entre los primeros que reciben a los migrantes cuando son rescatados en alta mar o llegan a tierra exhaustos: “Yo muchas veces en lo que más me fijo de la persona es en la mirada. Son miradas de ojos perdidos, miradas que no miran más allá del propio muelle. Sobre todo dan las gracias, no a nosotros, sino por llegar al destino en buenas condiciones".

En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 personas en estas circunstancias. Cuenta cómo, poco a poco, su perfil ha ido cambiando con el paso de los años: "Normalmente vienen del sur de África. Mayoritariamente son varones de entre 18 y 24 años. Pero sí es cierto que también estamos notando un aumento de familias. Están viniendo familias completas. Es decir, está viniendo el padre, la madre, con un menor; o un padre con su hijo; una madre con su hijo. Siempre están alegres porque han pasado una travesía muy dura y ya están en tierra, que eso para ellos es lo más fundamental".

Una visita de León XIV para despertar conciencias

La visita del papa León XIV a las Islas Canarias en mayo fue un momento histórico. El sumo pontífice se desplazó a dos de las islas, Gran Canaria y Tenerife, que cuentan con importantes centros de recepción para estos migrantes.

El tema central de su viaje no fue otro que el de la migración, para despertar la conciencia de aquellos que no lo viven en primera línea, pero también para llamar la atención sobre esta ruta atlántica tan mortífera.

Eloy Santiago, obispo de Tenerife, estuvo entre quienes le recibieron:"Creo que la visita del papa León XIV a Canarias va a traer, sobre todo, la posibilidad de que, a nivel nacional e internacional, se ponga el foco en el conocimiento de las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera. Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos y América, y la Ruta Atlántica queda un poco en el olvido. La presencia del Papa permitirá que los focos internacionales y, ojalá, como consecuencia, los organismos internacionales, los países, etcétera, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión que afecte meramente a Canarias, ni siquiera a España, sino que es global y exige una respuesta global por parte de las instituciones".

 Sin embargo, llegar a tierra es el primer paso de un camino hacia una nueva vida. Kalili lo sabe bien, porque llegó siendo menor de edad, con 14 años. Aún hoy se dice sorprendido de la solidaridad y la ayuda que encontró:

"Fue bastante complicado. Yo estuve en un centro de menores durante cuatro años. Allí conocí a un ángel, al que nosotros llamamos mamá Loli. Doy las gracias a esa persona que a mí me salvó la vida, porque tanto para la integración, el idioma y la alimentación… Gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a ella".

Maritza Legon trabaja en un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no muy lejos de Las Palmas, en Telde, en el barrio de Marpequeña. Ella misma nos recibe y nos abre las puertas de sus instalaciones. Allí conviven medio centenar de personas. Comen, duermen, pero, sobre todo, reciben formación para integrarse. Desde el idioma hasta tareas básicas como pedir cita para el médico o inscribir a un hijo en el colegio.

"Las personas que viven en nuestro centro son solicitantes de protección internacional, lo que comúnmente llamamos asilo. Ahora mismo la mayoría son de Mali, pero hemos tenido épocas, dependiendo de cómo va el mundo y de la situación económica y geopolítica, en las que hemos acogido a muchas personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, Rusia o Ucrania; muchas nacionalidades", cuenta a RFI.

Además, Maritza explica que, antes de buscar su sitio en la sociedad española, muchos deben encontrar un momento de paz tras vivir una etapa traumática:

"Tienen derecho a atención psicológica, porque muchas veces es muy, muy importante para que puedan ir avanzando. Muchos vienen con estrés postraumático por la experiencia que ha supuesto la travesía y la llegada aquí. Después van a clases de español hasta que alcanzan un cierto nivel y pueden pasar a buscar cursos de formación ocupacional. Esa es la parte fundamental, porque al final todas estas personas que llegan aquí lo que quieren es tener un futuro para trabajar y vivir dignamente, como queremos todos en la vida".

El turismo, clave en la integración de los migrantes

El turismo es precisamente uno de los sectores donde los migrantes encuentran trabajo. El año pasado las islas acogieron a cinco millones de visitantes, atraídos por sus playas y su clima, haciendo de este sector el gran motor de la economía de Canarias y aportando uno de cada cuatro empleos existentes.

Estas robustas cifras económicas esconden un dato: la necesidad de la migración. Uno de cada cuatro trabajadores del sector es extranjero.

Lo sabe muy bien José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Las Palmas. Pese a las políticas de inmigración que defienden partidos como la formación de extrema derecha Vox, él asegura que los migrantes son fundamentales.

"Lo que pasa es que estamos en una situación donde se mezcla todo: ideas políticas intentando entrar en la economía, cuando realmente hay que ver la realidad, ver cómo España va a necesitar en los próximos años mano de obra. Tenemos una población envejecida, con jóvenes europeos, españoles y canarios que no quieren trabajar en el sector servicios, y donde la mano de obra migrante va a sustituir a esas personas que se van a jubilar en los próximos años y va a suponer una mayor riqueza para nuestros países", cuenta a RFI a la entrada de uno de los hoteles que gestiona. 

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Entre esos trabajadores migrantes se encuentra Marcia Díaz, chilena llegada a Canarias hace 27 años. Empezó a trabajar de manera irregular, hasta que logró la documentación y ahora supera el cuarto de siglo de experiencia como camarera de piso en hoteles.

Marcia no solo defiende la necesidad de los trabajadores migrantes, sino que además es portavoz en Canarias de la asociación Las Kellys, diminutivo de «las que limpian», que lucha para que este colectivo, formado principalmente por mujeres extranjeras, tenga mejores condiciones laborales.

"La mayoría son mujeres migrantes, muchas de ellas sudamericanas, y también tenemos muchas compañeras africanas. La asociación se creó en 2014 mediante un grupo de Facebook, por las mismas razones de las que estamos hablando: las injusticias que se estaban cometiendo en los hoteles. Las camareras de piso somos una parte estructural de un hotel. Un hotel vende camas limpias. Por tanto, nuestro trabajo es esencial. Tenemos algo dentro de nosotras, como un fuego, esa necesidad de prosperar, de salir adelante y de no volver atrás a lo que estábamos pasando en nuestros países".

Prosperar cuando se parte sin nada

Ese es el siguiente paso: prosperar. Migrar suele suponer muchos sacrificios, incluido el de comenzar de cero, sin familia, sin papeles, en una situación en la que cualquier oportunidad es bien recibida.

Alexa Martínez Mazabel llegó a Canarias hace nueve años y, pese a su experiencia en el campo de la comunicación, aceptó empezar trabajando en la atención a personas. Sin embargo, pronto descubrió que iba a ser muy difícil cambiar. Todas las ofertas y formaciones que le proponían siempre estaban relacionadas con el mismo sector.

Ahora asesora a distancia a otras mujeres para ayudarlas a que no entren en esa misma espiral, puedan regularizar su situación de manera más fluida y optar a mejorar su vida personal y profesional. Para ello creó la comunidad Arraigadas:

"Decidí hacer acompañamiento exclusivamente a mujeres migrantes que han tenido que pasar por las mismas situaciones que yo he vivido, trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, del que muchas veces es difícil salir por las condiciones sociolaborales en España".

Buscar su sitio en un lugar donde nadie te conoce. Ese es el gran desafío.

"Hoy en día doy gracias a Dios porque puedo ganarme la vida y tengo gente a mi lado que me ayuda, me da consejos y que para mí son como mi familia", dice Djeneba, con su semblante serio.

Con ocasión de cumplirse dos semanas del doble terremoto que sacudió a Venezuela, nuestro corresponsal, Víctor Amaya, recogió los testimonios de sobrevivientes en La Guaira que tratan de sobreponerse al inmenso dolor y, en algunos casos, siguen buscando los cadáveres de sus seres queridos mientras denuncian el abandono y la desorganización de las autoridades.

El miércoles 24 de junio de 2026 la alarma sísmica de los teléfonos celulares comenzó a sonar, pero muy pocos sabían qué significaba ni qué hacer. “En el momento que llega una alerta por mi teléfono, yo grito: ‘Niños, va a temblar’”, cuenta Osnervy Pérez. “Eran las 6h00. A las 6:04 no me había dado tiempo ni de salir”.

La Guaira se convirtió en la zona cero del desastre. Aún hoy no se ha terminado de contabilizar cuántos cientos de edificios quedaron completamente dañados, ni cuántos se vinieron abajo. El gobierno afirma que se derrumbaron 190, pero con cada reporte el número aumenta.  

Cada sobreviviente tiene su historia. Francisco, Magdalena, Antonella, Leandro, Anyuri, Génesis y Jérica nos contaron la suya.

“Éramos siete personas en Residencias El Molino. En ese momento pega un estruendo muy fuerte y el piso se separa. Mi mente lo que dijo fue ‘nos morimos’. Y les grité muy fuerte. Yo pienso que sí me escucharon porque fue justamente antes de que todo se volviera oscuro. Les dije que las amaba con todo mi corazón, y de repente todo se vino abajo”, relata Francisco.

“’Mami, ¿qué está pasando?’, me preguntó mi hijo. ‘Qué está temblando’, le respondí. Sobre mi bebé había escombros. Y por encima de nosotros estaba lo que era la platabanda del techo de mi casa, y nos separaba un huequito”, explica Magdalena.

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“Me dijo que me quería, que mi mamá era la mejor mamá del mundo, y volteó su cara como para que yo no lo viera fallecer, y murió allí. Aquí ustedes me ven hablando y super optimista, pero la verdad sí duele en el alma porque es perder a tu único hermano. Prácticamente mi hermano me crió”, dice Antonella.

“Cuando llegué, el edificio ya estaba en el piso, derrumbado. Yo estaba buscando a mi papá, a mi mamá y a mi hermana. Saqué a mi mamá viva y se me murió en mis brazos”, cuenta Leandro.

“Me arrodillé y le pedí a Dios. Aquí estaban mis cuatro hijos con mis nietos y sus parejas. Me dicen que sacaron a mi hija con sus tres niños”. En plena oscuridad estaba mi otro hijo, Moisés, todo tapado, excepto la cabeza”, dice Anyuri.

“Una vez que el edificio cayó de golpe, empezó a temblar más duro. Tomamos la decisión de bajar por las escaleras. Preferimos morir en el intento y, como cosa de Dios, no nos cayó ninguna pared encima”, cuenta Génesis.

“Yo vivía con mi mamá en la (torre) 33, piso 4, que cayó completica. Ahí no se pudo salvar nada”, dice Jerica.

Un luto imposible por el momento 

Han pasado 20 días y en La Guaira todavía no hay luto. La emergencia no ha terminado. Cientos de venezolanos aún buscan entre escombros a víctimas del doblete sísmico, de 7,2 y 7,5. Aspiran encontrar milagros con vida, pero también quieren encontrar a sus muertos.

Augusto Rojas, residente en el urbanismo “Hugo Chávez”, perdió a sus dos hijas.

“Yo tuve dos pérdidas y todavía no me lo creo. Estoy parado aquí frente a mi torre y no me creo todavía lo que ha pasado. Yo que tengo pérdidas tengo que recuperarme porque soy el pilar de la casa”, dice Augusto Rojas.

Jenny Varela aún aspira encontrar a los suyos en un edificio que se hundió dejando decenas de personas enterradas. “No me permito entrar en luto porque tengo que verlos. Tengo la fe de que ellos están vivos. Pero en estos momentos no viene nadie, nadie nos apoya. ¿Cómo me quito yo esta incertidumbre de si están o no están vivos?”, dice.

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Maryori Aponte no pierde las esperanzas. “Mi hijo, su esposa y mi nieta Marcela estaban allí. Al parecer nos dicen que hay una bodega en planta donde presuntamente hay 16 personas y están tratando de meterse, abriendo como un huequito para que tengan oxigeno”, explica.

“Abajo, en esas dos torres, hay unos sótanos que vienen siendo los tanques subterráneos. Ahora pasaron un aparatico los compañeros voluntarios. Se ve agua y como un espacio de calor. Tenemos esperanza de que allí haya gente de los que estaban en planta baja o piso bajo”, afirma Aponte.

Los edificios "OPP", desplomados 

Entre los edificios caídos hay residencias de gran y mediana altura. Quizá los edificios de mayor densidad eran los llamados Oficina de Planificación Presidencial (OPP), los cuales fueron construidos durante el gobierno de Hugo Chávez. Cientos de apartamentos en esos conjuntos residenciales quedaron destruidos, con varias de sus torres completamente apiladas.

Luis y Gabriela buscan a los suyos denunciando la falta de apoyo gubernamental, la cual ha sido tardía e insuficiente ante una situación también inabarcable, cuyas respuestas más efectivas han quedado en mano de la asistencia internacional.

“Aquí nos encontramos con muchas personas voluntarias que vienen de México, Valencia o Maracay. Estamos agradecidos con cada uno de ellos porque vienen a prestarnos apoyo para levantar estos escombros y así poder rescatar los cuerpos de nuestros familiares”, dice Luis.

César Padrón, otro residente de ese urbanismo, relata: “Aquí vivía mi hijo de 10 años y su hermanito de 12 años. Con el derrumbe no pudieron salir de ahí, Hemos estado cavando. hemos abierto cinco agujeros y nada”, dice César.

“Ya van dos semanas que llevamos pidiendo maquinaria. La torre de al lado, toda esa maquinaria que usted ve, toda esa ayuda, es porque allí viven policías. Ellos están tratando de sacar a su gente. En la torre del otro lado también vivir un militar y tenía un pocotón de maquinaria, pero como sacaron a su gente, pues se llevó todo”, denuncia Gabriela.

Buscando con las uñas 

Marcos busca a su hijo en el edificio Belo Horizonte, en Playa Grace, que colapsó sobre sí mismo apilando seis pisos en una sola planta, donde estaba el muchacho de 16 años. Junto a amigos y a su esposa ha liderado los esfuerzos de rescate en esta zona de Playa Grande, en La Guaira, donde afirma que funcionarios se acercan para ver, documentar y “hacer show”, pero no para ayudar.

“Vienes después de dos semanas de este desastre a decirme que tenemos que seguir un protocolo. No, güevón. La primera persona que yo salvé, la bajé con líneas del cable del internet. Fue la primera persona que sacamos viva de aquí. Fue la única. De resto han sido uñas, palitos, tubitos… He sacado más de 20 cadáveres. A mi esposa le ha tocado reconocer a más de 50 muertos. Yo soy mecánico. Estoy acostumbrado a ver piezas de carros rotas, no piernas ni orejas ni personas desmembradas”, subraya.

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Marcos admite el daño psicológico por ver tanta muerte, como otro rescatista que nos dijo que ha rescatado en otro punto del territorio a 11 muertos, incluyendo cuerpos de niños severamente dañados.

Entretanto, los voluntarios aún piden máquinas para levantar losas completas, pero no hay suficientes, se dañan, les falta combustible o simplemente alguien pagó más por ella. “He escuchado que piden 650 dólares el día. Pero no sabría decir si es cierto porque no he buscado. Tampoco tenemos los recursos hacerlo”, nos confía Egly Matos.

No muy lejos de ella, José Liendo dice: “Queremos que nos ayuden con maquinarias para retirar escombros y poder recuperar a nuestros muertos y así poder darles su cristiana sepultura”, dice.

“No tenemos la culpa de que, teniendo en cuenta la magnitud de lo que pasó aquí, se nos dañen las máquinas cuando estamos trabajando. Esta máquina está parada porque le falta un repuesto, un turbo. Hemos amanecido, tres, cuatro, cinco días, amaneciendo aquí sacando gente, sacándola de los escombros”, dice Edgar, maquinista.

“Tengo amigos a los que les están cobrando para sacar a los familiares de los escombros. Eso está mal. El gobierno, la alcaldía, tiene que apoyar con maquinaria y no que uno tenga que pagarla privadamente”, opina Emilio.

Oscar lidera un equipo de maquinistas que trabajan en edificios privados. “El domingo fue el día más terrible para mí porque me llegaron muchas familias de otros edificios pidiéndome apoyo. Hasta ofreciéndome dinero: ¡1000 dólares! Una señora me pidió sacar a sus hijas, se me arrodilló, me abrazó. Cuando pudimos hacerlo, la apoyamos y sacamos a las niñas. Fue fuerte. El domingo fue horrible para mí. Esta experiencia no se la deseo a nadie, a nadie”, dice Emilio.

Frente a cada edificio derrumbado, y los hay por cientos a donde vaya la mirada en La Guaira, hay voluntarios sobre los escombros tratando de rescatar cuerpos, mientras otros hacen el recuento de cuántos familiares les faltan.

“Mira, habían sacado cuatro personas vivas, también varios cadáveres, como tres… era una familia de siete en total”, dice Gustavo Bastardo. “Fueron dos, tres, cuatro, cinco personas conocidas directas. Amigos míos. No te miento. Te puedo decir que perdí unos 35 amigos, 35 amigas, 30 niños que eran hijos de esos amigos. Y los conocidos lejanos… ¡infinidades!”, agrega.

“En la OPP 26 y en la OPP 27 perdí como 20 familiares. Ya hemos rescatado 17, y me faltan tres todavía. Pero ahorita no podemos entrar porque hay unas columnas y debemos picar las cabillas para poder avanzar. Necesitaríamos una planta con un esmeril y el martillo eléctrico para poder avanzar”, explica otro sobreviviente.

Riesgo de más derrumbes 

Pero Protección Civil ya advierte que hay zonas donde las labores deben parar. Uno de sus voceros advierte sobre los riesgos: “Estamos aquí desde el día uno, el 25 de junio, hemos ido monitoreando el edificio 26 del complejo habitacional de Misión Vivienda. Hay que evacuar a todas las personas que están laborando de aquel lado porque ese edificio en cualquier momento va a caerse, va a derrumbarse. Es el momento de dejar de hacer labores allí porque están arriesgando la vida, y es precisamente lo que estamos evitando”.

La cuenta oficial habla de 4.490 fallecidos, 16 mil heridos y casi 20 mil personas refugiadas. No hay un dato formal de desaparecidos, pero registros ciudadanos contabilizan al menos 30.000 personas aún no encontradas y 14.000 ya localizadas.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez habla de la Venezuela que renace y de construcción acelerada de nuevas viviendas. En La Guaira, su hermano Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y ahora jefe del estado mayor para atender las consecuencias del terremoto, dijo que han identificado varios terrenos como seguros por un sobrevuelo de helicóptero.

“Son terrenos que no están tan cerca de la zona de costa, donde están los peores terrenos. Sino que por lo general son terrenos planos o que están al pie de la montaña, en una especie de mesetas o valles que pueden ser aplanados para la construcción de viviendas. Son 40 terrenos que suman 584.000 m2 y que nos van a permitir la construcción de nuevas viviendas no solamente en otras partes del país sino también en el estado La Guaira”, dijo Jorge Rodríguez, quien también prometió que se culminarán proyectos residenciales paralizados desde hace años y anunció la reforma de la ley de alquileres para que unas 200.000 viviendas vacías salgan al mercado.

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Además el Estado ha instalado 94 campamentos de refugiados mientras que en muchos lugares de La Guaira cientos de carpas ocupan aceras, terrenos y calles donde muchos todavía esperan mejores condiciones en refugios improvisados y a la intemperie aunque con asistencia internacional, principalmente.

Dos venezolanas, Keily Henriquez y Fabiana Gutierrez, advierten llega, si bien no es ideal. “Ya nos trajeron los baños, nos dan comidas, medicinas”. “Desayuno no nos dan, falta más organización”. “Nos dijeron para llevarnos a Los Caracas (un refugio), pero no nos fuimos porque no nos podemos ir sin sacar a nuestros familiares”. “Ya cuando los saquemos veremos lo que vamos a hacer”, concluye.

En el camino, van saliendo los reclamos de vulnerabilidades advertidas. Vecinos de la OPP 25, donde dos de los enormes edificios construidos por el chavismo se desplomaron, denunciaron hace cuatro años que la estructura estaba dañada, y pidieron ser desalojados, como recuerda Deivi Vásquez.

“Obviamente nos tenían que haber reubicado, cosa que no fue así. Taparon el orificio y eso quedó así. Lastimosamente por dentro eso estaba fracturado”, dice.

En el urbanismo Hugo Chávez, el propio expresidente dijo que eran antisísmicas cuando las inauguró hace 15 años. Pero Damelis Díaz ahora llora la muerte de su hija y de decenas de vecinos, aplastados por las estructuras prefabricadas que se hundieron. “Ya había un precedente y eso lo sabían. Ellos vendieron este urbanismo como si fuera tecnología de punta y antisísmico, pero en realidad no lo era”, dice Damelis.

En La Guaira la adrenalina corre sin parar, la urgencia y el miedo se imponen. Pero las víctimas ya comienzan a pensar en el mañana, a evaluar si quedarse o no en este territorio que ha visto tres tragedias en casi 30 años: un deslave, una vaguada y un doble terremoto.

“Bueno, si hay la posibilidad sí. Pero si me toca que me quede, me quedo”, dice Augusto Rojas.

“No me gustaría irme de La Guaira. Sé que me va a tocar porque ahorita está inhabitable”, dice Gabriela.

“Son muchos sentimientos, muchas experiencias aquí vividas. Es difícil irse”, dice Daniela Segura.

“No me gustaría irme de La Guaira, porque aquí es donde nací y es donde me he levantado, y mi guaira es muy bonita”, confiesa Jérica Ochoa.

“Realmente no tenemos para dónde irnos. Esta es nuestra propiedad y nuestro terreno privado”, dice Nélida Ciral.

“Yo diría que no, porque yo digo que ya lo peor pasó”, opina Osnervy Pérez.

“Pues no, porque hay mucho movimiento de tierra y ya casi todo quedó muy sentido. Yo lo que recomiendo es que no vuelvan a hacer apartamentos”, sugiera Jonaris Salazar.

“Quisiera que se recuperara, pero no que construyeran más edificios. Creo que quedamos traumatizados con vivir en apartamentos”, dice Johana Granado.