Grandes Reportajes de RFI

Las quiebras de las pymes en EE. UU. aumentaron un 67 % interanual en el primer trimestre de 2026 según la consultora Epiq Global. Es un dato preocupante para las aspiraciones electorales de los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato. Los efectos internos de las políticas migratoria y arancelaria, sumada al histórico aumento de los combustibles, por la guerra contra Irán, están lastrando las ambiciones del republicano para sus dos últimos años de mandato. Para las pequeñas y medianas empresas, la situación se vuelve insostenible. RFI habló con algunos de ellos en Arlington, Virginia.

Jessica Córdova es co-dueña del restaurante mexicano Cafecito, en Arlington, Virginia, a las afueras de la capital estadounidense. Los pequeños negocios como el de ella generan la mitad de los empleos en Estados Unidos, según el Departamento de Trabajo. Sin embargo, el alza en la inflación derivada de los aranceles está limitando su capacidad de operar el negocio.

“El aumento de los precios, directa e indirectamente, nos pega muchísimo. Nos han estado pegando mucho porque, si bien no estamos importando nosotros de países latinoamericanos, pues toda la compra que hacemos es local. Pero la compra local no significa que realmente se haga aquí. Nos acaba de llegar esta semana dos correos de nuestros principales proveedores diciéndonos que, a partir de ya, hay un nuevo incremento de entre un 6 y un 10% en todos nuestros productos. Obviamente ellos también han venido absorbiendo los sobrecostos; y como ya no pueden seguir absorbiéndolos, entonces nos los están pasando a nosotros. Y eso complicado”.

Jessica ha tenido que reducir las horas de empleo a su personal en el restaurante y hacer otros ajustes para confrontar las presiones económicas.

“Me hace falta comprar equipo y todo, entonces no nos hemos querido meter en préstamos justamente por la incertidumbre. Pero sí, o sea, inevitablemente con nuestros precios vamos a tener que hacer un pequeño ajuste”, explica.

A pesar de que las empresas pequeñas latinas crecen a una tasa anual promedio de un 7,7%, para José Arturo Encarnación, socio de Jessica en Cafecito, los planes de expansión están suspendidos por ahora.

“Quisiéramos abrir una segunda ubicación, un segundo negocio, el próximo año. Pero, de momento, en estos tiempos tan inciertos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pasos porque un paso en falso nos puede llevar a una quiebra”, subraya.

En Estados Unidos hay cerca de 5 millones de empresas latinas que se concentran en los sectores de la construcción, restaurantes y servicios, sectores muy vulnerables a los cambios económicos.

“No me gustaría ser negativo, pero en los pequeños y medianos negocios en estos momentos somos muy susceptibles a que en cualquier momento pueda haber un cierre total, ya que, de no haber mano de obra disponible, de que los precios sigan aumentando y de que nosotros no podamos ofrecer productos en un rango de precio adecuado, entonces los clientes simplemente no van a venir”.

Todos los negocios sufren por igual. Rebecca y Eva Saint Clair son dueñas de Princess Awesome, una empresa que importa tela de varios países y hace vestidos para mujeres y niñas. “Hay gente que se ha casado con nuestros vestidos. Eso es increíble”, dice Rebecca. Las dos forman parte de la iniciativa Pequeñas Empresas contra los Aranceles, que aboga por eliminar este impuesto a la importación de al menos un 10% a la mayoría de productos que entran a Estados Unidos.

“Estamos pagando mucho más por los mismos productos que seguimos vendiendo prácticamente al mismo precio que antes. Yo me pago menos dinero, y la gasolina ahora cuesta 4,50 dólares. Así que sí, sin duda estábamos mejor hace dos años”, nos explica Rebecca Saint Clair.

Desde la mesa de su cocina, que también es el centro de operaciones, Rebecca dice que, además de ser injusto, es ilegal y por eso impusieron una demanda contra los aranceles del gobierno de Trump. La Corte Suprema de Justicia falló a su favor.

“Creo que la estrategia económica de Trump consiste en dar recortes de impuestos a los multimillonarios y no subir los impuestos a nadie más. Así que se reponen mediante aranceles. No lo sé, pero realmente espero que quien llegue al poder dentro de dos años elimine esos aranceles, porque van a arruinar a las pequeñas empresas. Si el país necesita ingresos, hay otras maneras de obtenerlos, además de imponer aranceles a las pequeñas empresas”, agrega Rebecca Saint Clair.

Para Eva Saint Clair, cofundadora de Princess Awesome, no se puede guardar silencio frente a las decisiones comerciales arbitrarias de Donald Trump.

“Lo que más me ha deprimido en los últimos 18 meses ha sido ver a muchas empresas grandes y pequeñas que se niegan a pronunciarse por temor a las represalias de la administración Trump. Y eso es vergonzoso. Pero, de nuevo, no pueden auditar a todo el mundo. Así que, si todos alzan la voz, ¿a quién van a perseguir? Todo el mundo está furioso con los aranceles. Si tienes un negocio, estás furioso con los aranceles, así que di algo”, sostiene

El contrapeso que se puede hacer a los aranceles desde el Congreso será clave, dice Eva Saint Clair.

“El año pasado dediqué muchísimo tiempo al Congreso y a defender a las pequeñas empresas, y eso es lo que seguiremos haciendo, porque no hay mucho más que podamos hacer. Podemos elegir representantes que voten como queremos. Podemos hacer todo lo posible por gestionar nuestros costos y recursos, pero nuestro lema es que luchamos donde podemos luchar y aquí es donde podemos luchar”, precisa.

Para estas empresarias, además del costo económico de los aranceles, los constantes cambios regulatorios hacen que sea difícil planificar, incurriendo en altos costos logísticos y legales.

“Lo más difícil ha sido el caos que se ha generado en los últimos dos años. No se sabe cuánto va a costar todo ni de qué país procede. Y los precios pueden cambiar de una semana a otra. Eso ha sido lo más complicado de navegar. Así que, pase lo que pase en el futuro, incluso si nos aplican aranceles del 100% a todo, al menos lo sabríamos”, dice Eva Sait Clair.

Sin embargo, el presidente Trump afirma en sus alocuciones en televisión que los aranceles están trayendo prosperidad e inversión histórica para el país. Y es que ofrece excepciones de aranceles a las empresas extranjeras y países que decidan invertir en montar en suelo americano fábricas de producción de los bienes que importan.

A este propósito el presidente Trump manifestó: “He conseguido una inversión récord de 18 billones de dólares en Estados Unidos, lo que significa empleos, aumentos salariales, crecimiento, apertura de fábricas y una seguridad nacional mucho mayor. Gran parte de este éxito se ha logrado mediante aranceles. Mi palabra favorita: aranceles, que durante muchas décadas otros países han utilizado con éxito contra nosotros, pero ya no. Las empresas saben que, si construyen en Estados Unidos, no hay aranceles y por eso están regresando a Estados Unidos en cifras récord”.

Trump impuso tres rondas de aranceles globales justificadas por el déficit comercial, la seguridad nacional y el abuso laboral de algunos países. Sin embargo, la Corte Suprema invalidó las dos primeras rondas y obligó a devolver 166 mil millones de dólares. Esta disputa legal ha generado mucha confusión entre empresarios. Así lo afirma Kimberly Daniels, fundadora de la consultora mercantil Logistics e intermediaria comercial aprobada por Estados Unidos.

“La intervención del gobierno conduce al corporativismo y a todo tipo de males. Así, tenemos empresas que se han consolidado a lo largo de 30 años y que ahora se ven completamente confundidas y no saben qué hacer en los próximos dos años. Lo que funcionó ayer no funciona hoy y probablemente no funcionará mañana. Así son las cosas ahora, en este nuevo mundo en el que vivimos”, dice Daniels.

Kimberly, que también hace parte de la iniciativa Pequeños Negocios en contra los Aranceles, recomienda asesorarse en medio de tanto cambio regulatorio y evitar importar productos a suelo estadounidense.

“A cualquiera que esté empezando en esto le diría: no lo hagan, simplemente no lo hagan. No es el momento. Es un mal momento. Hoy mismo recibí un correo de una empresa totalmente nueva con sede en China que quiere importar mil contenedores al mes a Estados Unidos. Y mi respuesta es: no lo hagan, simplemente no lo hagan”, dice Kimberly Daniels.

Los constantes cambios en los aranceles y la regulación aduanera hacen difícil mantenerse dentro del marco legal y, según Kimberly, el panorama se hace cada vez más sombrío.

“Sinceramente, en el peor de los casos, y ya lo he dicho un par de veces, nos convertiremos en una especie de Corea del Norte, la Corea del Norte de Norteamérica. La verdad, creo que eso irritará y enfurecerá a tanta gente que simplemente dirán: "¿Sabes qué? Ya no queremos saber nada de su economía. No vamos a perder más el tiempo con ustedes", apunta Kimberly Daniels.

Aranceles, inflación y guerra en Irán, principales dificultades para los republicanos

Sobre las consecuencias que pueda tener esta situación en las elecciones de medio mandato, fuimos a entrevistar a Abel Núñez, quien dirige “Carecen”, una ONG que impulsa los derechos y los emprendimientos de los latinos en Washington. Según él, los aranceles, la inflación y la guerra en Irán, que afecta los precios de la energía, terminarán afectando a los republicanos en las elecciones de medio mandato.

“No, disculpa por la puerta cerrada. Es que ahorita, por el ICE, no la dejamos abierta”, nos dice Núñez al llegar. “No han entrado aquí ni nos han visitado, pero ahora no se sabe. Ahorita hasta a los clientes les decimos que nos llamen si tienen cita para nosotros abrirles la puerta porque, si está cerrado, ellos no pueden entrar. Se tendrían que presentar y decir qué es lo que están haciendo”, dice Núñez.

Abel Núñez resalta el papel de los inmigrantes en la economía de Estados Unidos. “Hay que reconocer que en este país el crecimiento del negocio pequeño es gracias al inmigrante. Ese es el motor de esta economía y este presidente está haciendo todo lo posible para hacerles la vida más difícil a los empresarios. Entonces, yo creo que pasa una de dos: o no salen a votar o cambian su voto. Pero eso no conlleva buenos resultados para los republicanos”, dice.

Las decisiones económicas de Trump le pasarán factura política a los republicanos en las elecciones de medio mandato. Abel afirma que el voto en estas elecciones será en contra de Trump y su partido, y no a favor de los demócratas.

 “En realidad, los demócratas, si es que ganan, y esto es si es que ganan, van a tener una responsabilidad de actuar rápido para mejorar la condición de vida de la gente. Los demócratas tienen que estar claros de que se les ha dado una oportunidad, pero no la han ganado, sino que el pueblo está tan descontento con el otro lado que se las hemos dado”, comenta.

Estados Unidos, durante décadas, impulsó el libre comercio para importar bienes básicos, transformarlos en productos terminados y revenderlos. Hoy se aferra a los aranceles para disminuir un déficit comercial estructural. Estados Unidos importa más de lo que exporta porque consume más de lo que produce. Sin embargo, Trump insiste en las tarifas generalizadas que hacen a sus empresas menos competitivas, devalúan el valor del dólar como moneda de referencia y obligan a sus principales socios a buscar nuevas opciones comerciales en el mundo. Entre tanto, sus votantes, afectados por la inflación, el desempleo y la bancarrota, reclaman en las urnas el cambio y el bienestar que se les prometió hace dos años.

¿Cómo ha logrado Donald Trump rozar el récord de 51 mil inmigrantes detenidos en el mes de agosto y deportar a mil inmigrantes cada día, incluso a más de 25 mil a terceros países? ¿Quién se beneficia con la industria de detenciones y deportaciones?  Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de expulsiones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) 

Angélica Pérez, enviada especial a Estados Unidos y El Salvador

 “Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño o comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández. Es martes 12 de mayo y acaba de aterrizar en el aeropuerto internacional de El Salvador, tras soportar más de seis horas de vuelo junto a otros doscientos compatriotas deportados desde EE. UU.   

Semanas atrás, había sido arrestado en Dallas (Texas) por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el brazo armado de la política anti inmigración del presidente Donald Trump.

La familia no supo de su paradero durante varios días hasta que lograron localizarlo a 800 kilómetros de distancia en el Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason), una prisión federal gestionada por la mega empresa privada CoreCivic. Presionado por las condiciones del encierro y por los agentes de inmigración, optó por firmar su propia expulsión.

David entró legalmente a EE. UU. en 2018 y tenía un permiso de trabajo vigente junto a un proceso de asilo abierto para regularizar su situación. Pese a ello, fue expulsado a El Salvador donde lo espera el régimen de excepción vigente desde 2022, un modelo de seguridad que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denuncian por sus detenciones masivas y arbitrarias, torturas y otros malos tratos en detención, desapariciones forzadas y violaciones al debido proceso.

“Me pidieron firmar unos documentos, pero me negué. A medianoche me sacaron de un condado de Luisiana en Estados Unidos y me trasladaron a República Democrática del Congo (RDC). Como no podían devolverme a Colombia, buscaron un tercer país y me mandaron aquí, sin mi consentimiento ni autorización de un juez de inmigración”.

Tras 25 horas de vuelo, amarrados de cintura, manos y pies, José Palencia y otros quince latinoamericanos aterrizaron en el aeropuerto de Ndjili, en Kinsasa, el 17 de abril de 2026. Llegaban expulsados por la administración de Donald Trump en virtud de un acuerdo opaco alcanzado con el gobierno de RDC para enviar al país africano a personas de otras nacioalidades deportadas por Estados Unidos.  

José había sido detenido por el ICE y enviado a una prisión en el estado de Luisiana a pesar de contar con la protección de la Convención contra la Tortura (CAT), alivio migratorio que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a otro país donde existan razones fundadas para creer que su vida o integridad correrían peligro. 

 

En su informe “En medio de la noche, vienen y te llevan”, Human Rights First revela que la administración de Trump ha trasladado por la fuerza al menos a 310 personas con “Withholding of Removal” (suspensión de expulsión por orden de un juez estadounidense) y protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT) a 15 terceros países, incluidos algunos de los lugares más peligrosos del mundo.

La historia de David, —salvadoreño de 25 años a quien encontramos en el Centro de Recepción de Migrantes en la colonia La Chacra de San Salvador— y de José —colombiano ubicado por RFI en un hotel de la capital de RDC, bajo vigilancia policial y a miles de kilómetros de sus países de origen— son el reflejo crudo de la maquinaria de persecución migratoria del gobierno de Donald Trump, episodio 2.

 

►► Escuche el gran reportaje "Ofensiva jurídica de Trump contra los migrantes, el gran negocio para el oligopolio carcelario privado".   

 

Los testimonios que recogimos de inmigrantes arrestados y deportados, con el respaldo de expertos, autoridades y archivos documentales y digitales, dejan al descubierto que detrás de la promesa de Donald Trump de realizar la mayor deportación en la historia de EE. UU., se esconde un agresivo rediseño institucional que convierte al Estado en una corporación y al inmigrante en una mercancía. El plan transfiere totalmente el control migratorio al oligopolio carcelario privado.

De esta forma, se desmantelan las funciones sociales del Estado y se consolida la lucrativa industria del confinamiento y la expulsión masiva. Para ello, se ha implementado una ofensiva jurídica -en varias ocasiones calificada de ilegal por los tribunales – dirigida a criminalizar la inmigración irregular, que en realidad es una falta administrativa y no un delito penal.

La ofensiva jurídica silenciosa

"David me cuenta que también hay criminales, que los reclusos no son solo inmigrantes indocumentados y que los tratan muy mal. Él está muy enfermo y no lo ha atendido un médico".  Es lunes 4 de mayo de 2026. Hace cinco meses que  Isabel lucha dede Mineápolis por sacar a su esposo José David Ochoa Aguilar del Centro de Detención del Condado de Torrance en Nuevo México, una prisión operada por CoreCivic, la segunda empresa de cárceles privadas en EEUU. 

A pesar de estar en proceso de ajuste de estatus por su matrimonio con una ciudadana estadounidens— Isabel—, este  salvadoreño fue arrestado el 9 de enero de 2026 por el ICE durante Metro Surge, la brutal operación antiinmigrantes en Minnesota.

Esta pareja ha sido blanco de una ofensiva jurídica que, aunque menos ruidosa que esas redadas de comienzos de 2026 en las que cayó José David, igualmente busca masificar las detenciones de inmigrantes y prolongar su cautiverio para desgastarlos y acorralarlos. La estrategia es inducirlos mientras están bajo arresto a firmar su propia repatriación o, si el derecho internacional no lo permite, deportarlos a uno de la treintena de países con los que se han suscrito contratos para recibir en su territorio a inmigrantes no originarios de dichas naciones.

La clave de la estrategia reside en una interpretación inédita de la ley de Inmigración por parte de la administración Trump. Durante treinta años, la detención obligatoria y sin derecho a fianza se aplicó exclusivamente a personas capturadas al intentar cruzar la frontera de forma irregular.

Sin embargo, la actual Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) determinó que dicha medida se aplica a todo inmigrante que haya entrado al país de manera irregular en cualquier momento de la historia. De esta forma, incluso quienes llevan años residiendo en el país o se encuentran en trámites de regularización mediante matrimonio con ciudadano (a) estadounidense, demanda de asilo o visas T y U. son detenidos sin derecho a fianza y, en la mayoría de los casos, expulsados del país.

"Esto es demasiado difícil: tener que dejar a mis hijos pequeños, a mi esposa y a mis padres ancianos y enfermos. Yo soy el único sustento económico de toda la familia. He intentado hacer todo bien en este país. ¿Qué voy a hacer en El Salvador si allá no tengo nada?". Todo lo que José Mariano Vásquez tiene está en EE. UU., a donde llegó siendo un adolescente que huía del yugo de las pandillas salvadoreñas.

Es miércoles 6 de mayo de 2026, un juez de inmigración de Mineápolis acaba de denegarle la solicitud de asilo y de ordenar su expulsión inmediata del país sin darle  posibildad de responder a los cargos. Tras ocho años de espera en los tribunales, el juez le otorgó un plazo mínimo para apelar.

José Mariano tiene permiso de trabajo, es dueño de un restaurante y paga sus impuestos sin falla, pero el juez basó su decisión en una infracción por conducir bajo los efectos del alcohol hace un par de años,  Menos de un 1% de peticiones de asilo están siendo aprobadas por esta administración, lamenta su abogada Gloria Contreras.

El mismo día que asumió su segundo mandato, Donald Trump prohibió las solicitudes de asilo en la frontera, medida que tras una batalla judicial fue respaldada por la mayoría conservadora de la Corte Suprema. Además, eliminó el programa CBP One de su antecesor —que permitía ingresar al país con permiso de trabajo mientras se resolvía el caso en las cortes— y canceló el estatus legal de más de 900,000 beneficiarios, convirtiéndolos en blanco de detención y deportación. Dos meses después, creó la aplicación CBP HOME que consiste en la firma de la propia expulsión con un estímulo de 2600 dólares para el inmigrante detenido que se acoja. 

Al menos 135 jueces de inmigración —empleados administrativos del Poder Ejecutivo de libre nombramiento y remoción— han sido destituidos desde enero de 2025, según denunciaron relatores de la ONU en julio. Los datos públicos revelan que la gran mayoría concedían asilo con una frecuencia superior al promedio nacional.

Como parte de la ofensiva jurídica, los tribunales del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) han acogido la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza. Los inmigrantes detenidos por el ICE son trasladados sistemáticamente a prisiones en estos estados. 

Además, la administración Trump eliminó el Estatus de Protección Temporal (TPS) para una docena de nacionalidades, afectando a más de un millón de personas que provenían de países inseguros debido a guerras o desastres naturales y dejándolas en riesgo de enfrentar un proceso de deportación en la corte de inmigración.

Desde septiembre de 2026, el localizador en línea de ICE dejó de mostrar a los inmigrantes con una orden final de deportación, incluyendo a aquellos protegidos por la Retención de Deportación o la Convención contra la Tortura.

 

Aunque la Suprema Corte —con una mayoría de 6 magistrados conservadores frente a 3 liberales— ha respaldado la mayor parte de la agenda del Ejecutivo, los tribunales federales de distritos inferiores han emitido fallos clave para bloquear o limitar varias de sus medidas más severas en materia de inmigración.  

El viacrucis carcelario

"Estuve 24 horas esposada en una celda del edificio federal Whipple en Minnesota. Les pregunté si podía llamar a un abogado y me respondieron: ‘Aquí no se llevan a cabo procedimientos legales. Tendrás que esperar hasta llegar a Texas’. Así fue como me enteré de que me iban a llevar al Paso en Texas”.

La que habla es una estudiante originaria de Kenia —quien prefiere guardar el anonimato— detenida en Saint Cloud al despuntar el 2026, por ocho agentes enmascarados de migración (ICE). La llmaron por su nombre y sabían que ella  había perdido su estatus legal al no inscribirse en la universidad. Un día después, fue trasladada al centro de detención del ICE Camp East Montana. Y de Texas fue enviada a la cárcel del condado de Otero, en el estado de Nuevo México, operada por una corporación privada.

“Nos despertaron a las cuatro de la madrugada. ‘Tomen sus cosas, los vamos a mudar’, nos dijeron. Nos subieron a un autobús sin informarnos a dónde íbamos. Yo tenía mi audiencia en Texas el 11 de febrero, pero al trasladarme a Nuevo México, transfirieron mi caso y pospusieron la cita. Varios de los que viajaron conmigo ese martes tenían sus audiencias en Texas justo al día siguiente. Si tu abogado no tiene licencia en Nuevo México, debes buscar otro, y eso toma más tiempo. Por eso nos mudaban una y otra vez. Conocí a personas a las que habían trasladado unas seis veces.”, relata la joven keniata.

Tras la detención, los inmigrantes en situación irregular quedan incomunicados. Al desconocer su paradero, las familias no pueden emprender acciones legales para su liberación mediante herramientas constitucionales como el Habeas Corpus o el pago de fianza. Y por tratarse de una falta administrativa, el Estado despoja a estas personas del derecho automático a un abogado de oficio reservado para quienes cometen delitos penales.    

En menos de 24 horas, y generalmente pasada la medianoche, los detenidos son esposados de manos y pies y trasladados sistemáticamente a estados del Quinto Circuito (Texas, Luisiana y Misisipi, estados que cuentan con los  centros más grandes de detención de inmigrantes) y del Octavo Circuito (estados del Medio Oeste) cuyos tribunales han acogido a rajatabla la política del gobierno federal de detención estricta y obligatoria sin derecho a fianza.

A la mayoría, se les recluye en Camp East Montana (Texas), el mayor centro de detención del ICE construido a las carreras en 2025 en la base militar de Fort Bliss para satisfacer la política oficial de arrestos masivos de inmigrantes. Conocida como el “infierno en El Paso”, esta prisión se encuentra en la mira de organizaciones de defensa de derechos humanos que denuncian violencia, negligencia médica y muertes bajo custodia.

“Todos lloramos allí encerrados. Tratan de quebrarte.  No nos prestaban el teléfono. Yo apenas me comía lo que no sabía feo, pero algunos tiraban esa cosa nauseabunda que nos daban. Otros gritaban ‘sáquenme de aquí’. Un muchacho se golpeó la cabeza hasta reventarla contra la pared. Otro se intentó suicidar colgandose con una sábana”, relata Juan, ciudadano mexicano que lleva cerca de treinta años en Estados Unidos con proceso de visa en curso y permiso de trabajo.

Camp East Montana registra un flujo constante de internos que rara vez permanecen más de dos semanas encerrados pese a que el centro cuenta con 5.000 plazas. Pasan ese tiempo hacinados, hasta 75 en una celda sin ventanas, de la que no pueden salir nunca ni ver la luz del día.

Después, los detenidos son evacuados de madrugada en autobuses o aviones hacia prisiones de reos comunes en otros estados operadas por las mayores empresas carcelarias privadas  del país.Estos traslados múltiples incluyen la transferencia de sus expedientes a otras jurisdicciones y convierten su defensa legal en un proceso kafkiano. 

Los acuerdos colaboracionistas

Los agentes del ICE buscan cumplir la cuota de 3.000 arrestos diarios mediante redadas en sitios de trabajo, hogares, comercios, escuelas, hospitales o centros religiosos. Incluso durante controles viales o citas de rutina en sus propias sedes.

Para lograrlo, cooperan con otras fuerzas policiales mediante los acuerdos 287(g). Bajo estos pactos de colaboración, estados como Florida obligan por ley a la policía local (patrulleros, agentes del orden y custodios institucionales) a ejercer funciones propias del ICE. Esto les permite exigir papeles de inmigración y arrestar a personas indocumentadas en controles rutinarios de tráfico o al ingresar a oficinas públicas, con el fin de transferir su custodia a la policía de migración.

Dariel Gómez, organizador de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) en Florida, denuncia que desde 2025 las universidades estatales permiten a la policía de sus campus colaborar directamente con el ICE. En virtud del programa 287(g), algunos agentes de la Universidad Internacional de Florida (FIU) cuentan ahora con autoridad migratoria delegada. Gómez califica la medida de "inédita y peligrosísima" en una universidad que cuenta con una gran comunidad de estudiantes, docentes y trabajadores extranjeros, y situada en una ciudad tan hispana como Miami. De hecho, advierte que el temor ya ha obligado a varios estudiantes beneficiarios de DACA a abandonar sus estudios.

Con cerca de 1.600 arrestos diarios, Florida y Texas —ambos bastiones trumpistas— lideran las detenciones de inmigrantes gracias a estos acuerdos de colaboración. Gómez explica que desde el 1 de agosto de 2025 hasta abril de 2026, se registraron 18.500 detenciones de indocumentados. De esa cifra, 12.000 se realizaron en virtud del programa 287(g). "Esto significa que fueron ejecutadas por la policía local de Florida, mientras que ICE solo detuvo a 6.000 personas".

La corte de inmigración de Miami campea en desestimaciones de las demandas de asilo, afirma Billy Botsch, activista del Comité de Servicio de los Amigos Americanos( AFSC) y el Círculo de Protección de Miramar. Cada semana, Botsch asiste voluntariamente a los tribunales de Miami para documentar las detenciones sistemáticas de migrantes durante citas que solían ser rutinarias antes de la era Trump 2.0. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el activista registró más de 300 detenciones en el tribunal de inmigración de Florida.

Según explica, bajo la nueva administración, el ICE ya no espera a que termine el caso de asilo o se ordene la expulsión. Ahora, en coordinación con fiscales y jueces de inmigración, los agentes detienen a las personas en sus audiencias preliminares colectivas, privándolas de la oportunidad de argumentar su defensa contra la deportación.

Los arrestos en las cortes de inmigración disminuyeron a mediados de 2026 debido a restricciones legales y fallos judiciales.

La maquinaria en cifras

Los resultados de esta artillería jurídica representan un parte de victoria de la cruzada contra los inmigrantes que libra el presidente Trump:

Las detenciones de inmigrantes pasaron de 21.201 personas en febrero de 2025 a rozar en agosto pasado el récord de las 51.000 arrestos.

Las expulsiones de la administración Trump superan las 1.000 personas por día. 1.745 vuelos en 2026, con un récord de 329 en julio, según ICE Flight Monitor / Human Rights First. El 57% de los arrestados por el ICE es deportado en menos de 60 días y solo el 7% es liberado en ese lapso.

Desde el 20 de enero de 2025, se contabilizan entre 300.000 y 500.000 personas expulsadas. Según la investigación Deportation Project, 25.477 fueron enviados en 105 vuelos a 28 países distintos a los de su origen, bajo contratos opacos firmados por la administración de Trump con al menos 35 gobiernos.

 

La gran industria del encierro y el destierro  

 

No hay crimen, hay lucro

“Yo sabía que unos dos mil agentes del ICE estaban en las calles, pero, como cuento con permiso de trabajo, creía que tendría la oportunidad de que me revisaran y me dejaran seguir puesto que no tengo ningún récord criminal”. Juan se equivocó. Fue arrestado en enero de 2026 cuando se dirigía a su trabajo durante la brutal operación Metro Surge llevada a cabo en las ciudades gemelas de Mineápolis y Saint Paul (Minnesota) por 3.000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la fuerza de choque de la agenda migratoria del presidente Trump,

Según los datos más recientes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), siete de cada diez de los inmigrantes detenidos por el ICE no tienen antecedentes penales, El 70,3% se encuentra bajo custodia por faltas estrictamente migratorias o infracciones menores, como violaciones de tránsito.

 ¿Qué subyace a esta ofensiva para criminalizar de facto a los inmigrantes? La respuesta es el lucro. Detrás de este negocio emergen dos nombres: CoreCivic y The GEO Group, los gigantes de las prisiones privadas en Estados Unidos que se benefician del confinamiento de los inmigrantes durante la travesía carcelaria a la que son sometidos.

No obstante, el lucro derivado de la persecución de la inmigración irregular —una infracción civil— no se limita a CoreCivic y The GEO Group, sino que se extiende a todo un conglomerado empresarial interesado en criminalizar este fenómeno y del cual dependen las agencias federales como el ICE.

Lejos de limitarse a la gestión de prisiones, estas dos corporaciones han expandido su negocio hacia el transporte y la vigilancia digital. Lo hacen mediante subsidiarias y alianzas con gigantes tecnológicos como Amazon Web Services, encargado de la administración de sus bases de datos.

Estado S.A.: El inmigrante, una mercancía tras las rejas

La lógica de las mega empresas que lucran con este negocio archimillonario es generar ganancias y la mercancía que tienen son los inmigrantes tras las rejas, explica Sebastian Sclofsky, profesor del departamento de justicia criminal en la Universidad estatal de California.

 “Aquí hay una concepción política de la sociedad que busca reducir el tamaño del Estado —no en sus gastos, porque esto le cuesta carísimo al Estado, sino en su responsabilidad estatal —y delegar sus funciones sociales a los sectores privados”, detalla el experto.

Desde el momento en que los centros de detención de inmigrantes están en manos de las grandes compañías privadas, si hay problemas con los alimentos o la salud, la responsabilidad es de la compañía y no del Estado, subraya: “Al reducir su responsabilidad social, el Estado se corporativiza”.

Sclofsky enfatiza que la lógica de este mercado necesariamente criminaliza al inmigrante indocumentado:“Una falta administrativa se transforma en un delito en la práctica. Sin embargo, el detenido no cuenta con las garantías del debido proceso penal, justamente porque se encuentra bajo un procedimiento netamente administrativo. Y, entre tanto, permanece encerrado".  

Es importante destacar que el aumento de las detenciones de indocumentados exige que se liberen plazas en los centros de reclusión.

"Los agentes de ICE te llaman y te aseguran que vas a perder tu caso en la corte mientras sigues encerrado en esas condiciones. Te aconsejan que firmes tu autodeportación y te vayas a tu país". Este testimonio se repite entre los inmigrantes detenidos con quienes hablamos. Todos denuncian acoso constante en las prisiones para firmar la "deportación voluntaria", una medida promovida por el programa oficial Project Homecoming y la aplicación CBP Home del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).  El plan ofrece un bono de 2.600 dólares a quienes acepten auto expulsarse.

Organizaciones de derechos de los inmigrantes y abogados recomiendan no firmar ningún documento ni tomar decisiones sin antes consultar con un abogado especializado, ya que renunciar a la corte puede acarrear consecuencias migratorias a largo plazo.  

“Esta presión de los agentes del ICE busca intimidar y viola la ley. Ningún detenido puede ser abordado sin presencia de su abogado”, afirma Andrea Mejía, abogada litigante en Mineápolis.

Algunos detenidos firman su propia deportación como un recurso desesperado para recuperar la libertad, sobre todo cuando han dejado a su familia e hijos en casa o no tienen cómo pagar un abogado. Otros, en cambio, se resisten a hacerlo, aferrados a un hilo de esperanza de que la corte apruebe su beneficio migratorio, o simplemente porque temen volver a su país.

En este último caso se les deporta un tercer país sin previo aviso y sin darles la oportunidad de argumentar temores de persecución o tortura. Práctica que viola el debido proceso, según un fallo del 18 de septiembre pasado dictado por un juez federal de Boston y respaldado por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito. Sin embargo, diez días depués el Tribunal Supremo -de mayoría conservadora- permitió a la Administración de Trump seguir expulsando temporalmente a los migrantes a países con los que no tienen vínculo sin ofrecerles la posibilidad de defenderse.

Cárceles de lucro. Presos por contrato:

El 4 de julio de 2025 Donald Trump promulgó la “One Big Beautiful Bill”. La extensa ley presupuestaria otorgó un aumento meteórico al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyo presupuesto pasó de unos 10.000 millones de dólares a 85.000 millones para un periodo de cuatro años, convirtiéndola en la agencia policial más grande de Estados Unidos.

La legislación incluyó una partida sin precedentes de 45.000 millones de dólares destinados a la construcción de centros de detención de inmigrantes indocumentados, tanto adultos como menores.

Con esta inyección de fondos públicos, el gobierno de Trump ha hecho de la creciente detención y expulsión de indocumentados un sistema cada vez más privatizado, subcontratado y caótico.

Para lograrlo, amplió la red de acuerdos encadenados con los gigantes carcelarios: primero, la agencia de inmigración (ICE) firma contratos con los condados locales para que recluyan a los inmigrantes detenidos; después, estos condados subcontratan a las grandes corporaciones de prisiones privadas, CoreCivic y The GEO Group, para que operen sus cárceles. Los condados actúan como intermediarios en la transferencia de los fondos de la agencia federal a estas mega empresas.

Financiamiento político bajo la lupa

The GEO Group y CoreCivic mantienen estrechos vínculos financieros con la administración Trump. Un análisis de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética (CREW) a la declaración financiera del presidente revela que sus corredores de bolsa han realizado 29 operaciones con acciones de estas prisiones privadas desde su regreso a la Casa Blanca, sumando transacciones por cientos de miles de dólares entre ambas empresas.

Según registros fiscales de la Comisión Federal Electoral (FEC), las dos corporaciones carcelarias donaron, cada una, 500 000 dólares al comité de toma de posesión de Trump en 2025.

CoreCivic gastó cerca de 2 millones de dólares en actividades de cabildeo ante el gobierno federal de Estados Unidos durante el año 2025.

El New York Times destapó que una filial de The GEO Group donó en julio 1,4 millones a la campaña de Trump, después de que su Gobierno adjudicara contratos que podrían reportarle a la empresa 165 millones de dólares al año por recluir a inmigrantes en espera de ser deportados.

Estas donaciones se dieron a conocer en un informe de financiación de campaña presentado por MAGA Inc., un super-PAC dirigido por aliados de Trump. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, rechazó cualquier vínculo entre las donaciones y los contratos de The GEO Group con el Gobierno.

Puerta giratoria

Altos cargos públicos de la administración de Trump han pasado a ocupar puestos directivos en la corporación carcelaria The GEO Group y viceversa, revela una investigación de Proyecto para la Supervisión del Gobierno (POGO).

Daniel A. Bible, exdirector de detención del ICE, renunció para asumir un puesto directivo en GEO Group tras la reelección de Trump.

David Venturella, exvicepresidente de GEO Group, se integró al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Christopher LaCivita, exdirector de campaña de Trump, fue contratado por The GEO Group para cabildear contratos de centros de detención.

Tom Homan (zar de la frontera de Trump) trabajó como consultor remunerado para la firma antes de incorporarse al gobierno.

Pam Bondi (exfiscal general de la actual administración) ejerció presión a favor de la privada The GEO Group antes de asumir ese cargo público.

Allen Weh, director de la contratista CSI Aviation, fue nombrado asesor del Pentágono en el primer mandato de Trump, mientras que su hija participó en los intentos por revertir las elecciones de 2020, según una investigación de Milenio.

2025, el año de la bonanza

2025 quedará inscrito como el año dorado para las dos mas grandes empresas carcelarias privadas de EE.UU. cuyas ganancias netas alcanzaron máximos históricos gracias a los contratos y subcontratos con el ICE.

“Se trata del año más exitoso en la historia de la compañía" destaco George C. Zoley, fundador y presidente ejecutivo de la empresa The GEO Group cuyos contratos con el ICE generaron hasta 520 millones de dólares en ingresos adicionales y reportó ingresos por 2.630 millones de dólares (6% de aumento). 

Los ingresos anuales de CoreCivic crecieron un 13 % alcanzando los 2.200 millones de dólares. El motor principal de este crecimiento financiero fue “el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), el mayor socio gubernamental de la compañía”, destaca el reporte anual de la empresa.  

Para Bianca Tylek, autora de La industria penitenciaria, la rentabilidad del negocio de las cárceles se basa en tener la mayor cantidad de personas detenidas, el mayor tiempo posible y en reducir al máximo los costos en los servicios.

Organizaciones de derechos humanos denuncian la precariedad de estos centros de reclusión, las barreras para acceder a la salud y su ubicación remota que dificulta la asistencia legal y familiar.

La ruta dorada del traslado de migrantes

“Me arrestaron en Mineápolis por no tener mis papeles en regla y al otro día me enviaron en un avión a Camp East Montaña, en el Paso (Texas). Llegamos a la medianoche y a la seis de la mañana me trasladaron a una cárcel en Luisiana donde había inmigrantes sin papeles y criminales revueltos. Un mes después me sacaron a la una de la madrugada de la celda, me montaron esposado de pies y manos en un avión y me expulsaron aquí a El Salvador”.

Wilfredo Carrillo —un agricultor salvadoreño convertido en obrero de la construcción en Estados Unidos hasta que cayó en poder del ICE y The GEO Group en enero de 2026— nos cuenta su historia en el cantón de Apancoyo, zona rural de El Salvador. Su periplo evidencia que hablar de detención y deportación de inmigrantes es hablar de autobuses y aviones. Y de réditos económicos.

Por una parte, se beneficia The GEO Group a través de sus filiales GEO Transport, Inc. (GTI), Paragon o Via Incorporated que alquilan al ICE su flotilla de autobuses, furgonetas y vehículos. Estas empresas trasladan a las personas detenidas a lo largo de miles de kilómetros entre las distintas instalaciones carcelarias y cobran una tarifa por milla recorrida.

Para los traslados internos por aire o para las deportaciones, la división de transporte aéreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE Air) no posee una flota pública de aviones comerciales. En su lugar, el gobierno estadounidense contrata a CSI Aviation, una red que gestiona vuelos chárteres privados. 

Desde el regreso de Donald Trump al poder el 20 de enero de 2025, las operaciones de deportación y traslado de ICE Air se aceleraron drásticamente. Según el monitoreo de Tom Cartwright —exbanquero de JPMorgan convertido en defensor de los derechos de los migrantes—, el ritmo habitual de unos 600 vuelos al mes que se registraba previamente se disparó hasta superar los 1.000 vuelos mensuales conforme avanzaba la gestión. Gracias a esta escalada, la red secreta de ICE Air logró movilizar una flota de al menos 110 aviones para completar un acumulado que ya supera los 5.100 vuelos en Estados Unidos y el resto del mundo durante sus primeros meses de operaciones. 

Detrás de estas cifras se esconde un sector privado en auge: desde el intermediario CSI Aviation hasta las compañías de vuelos charters GlobalX y la de bajo costo Avelo.

Según una investigación de Milenio, estas dos aerolíneas obtienen millones de dólares con dichos traslados y, en algunos casos, lograron revertir crisis financieras que amenazaban su supervivencia. Rentabilidad demostrada en un memorando interno obtenido por el Financial Times (FT), donde Avelo —compañía que se ha centrado en las deportaciones— definió los vuelos de ICE como “demasiado valiosos como para ignorarlos”. Por su parte, el programa de ICE Air permitió a GlobalX pasar de pérdidas a utilidades al convertirse en el 58 % de su negocio.

Este lucrativo negocio se enmarca en una logística masiva y restrictiva. Para ejecutar esta operación, el manual oficial de ICE Air exige, según el medio digital The Verge, que cada deportado sea "completamente inmovilizado" mediante esposas, una cadena abdominal y otra en las piernas. Bajo este estricto protocolo, los pasajeros no tienen acceso a sus lentes de contacto, a ciertos medicamentos, a los cinturones ni a las chaquetas, y su "comida" suele consistir en un sándwich seco y una barrita de cereales.

Diferentes investigaciones periodísticas (como los informes de Human Rights First o ProPublica) denuncian que la red opera bajo un manto de secretismo. Entre las críticas principales figuran el uso sistemático de restricciones físicas severas durante horas de vuelo, así como las alertas de seguridad sobre la dificultad de evacuar un avión con pasajeros encadenados ante una emergencia. A esto se suman las trabas que este movimiento constante de vuelos internos causa para que los migrantes mantengan contacto con sus abogados o familiares.

Herramientas de rastreo: otra mina de oro

“Debo portar la tobillera electrónica mientras el juez resuelve mi limbo jurídico”, dice la joven keniata luego de que familiares y amigos lograran reunir 5.000 dólares de fianza para sacarla de la cárcel de Otero en Nuevo México y traerla de regreso a Saint Cloud en Minnesota.  

“El agente de ICE me indicó ir a la oficina de monitoreo y seguimiento para quitarme el grillete electrónico, pero allí me dijeron que no tienen jurisdicción y me mandaron de nuevo a migración. Así que cada uno le pasa la bolita al otro”, denuncia, por su parte, Eustaquio Orozco Verdusco, reconocido líder sindical liberado después de pasar cinco meses tras las rejas del ICE y CoreCivic hasta que un juez federal ordenó frenar temporalmente la detención y deportación de inmigrantes con solicitudes de visa T — como en su caso—, visa U y VAWA pendientes.  

Todos los inmigrantes que obtienen la libertad están obligados a llevar puesta la tobillera electrónica mientras esperan que sus porcesos se resuelvan definitivamente en las cortes.

El programa Alternativas a la Detención (ISAP V), diseñado para vigilar a migrantes liberados bajo fianza mediante herramientas digitales como la aplicación SmartLINK, tobilleras electrónicas y relojes inteligentes, se ha consolidado como un lucrativo negocio con el gobierno federal de EE. UU.

Supervisado por The GEO Group a través de su subsidiaria BI Inc., este sistema es objeto de una investigación de The New York Times que ha sacado a la luz la magnitud financiera del proyecto: un contrato con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) valorado en aproximadamente 1.000 millones de dólares.

En virtud de este acuerdo, el gobierno paga tarifas diarias que oscilan entre casi 3 dólares por cada grillete de tobillo y 4,50 dólares por dispositivo de muñeca. El impacto y alcance de este modelo de negocio podría expandirse aún más: el Departamento de Seguridad Nacional evalúa la renovación de un contrato de larga duración para rastrear a cerca de 180.000 personas.

 

 

Nuevo México: Trump salvó las cárceles privadas

"Ibamos 38 en el autobús. Salimos a las cinco de la mañana y no nos dieron agua ni alimentos durante las doce horas de recorrido. Llegamos a la medianoche, nos registraron y en ese momento nos dieron un vaso de agua; nada más hasta el día siguiente", sostiene Eustaquio Orozco Verdusco sobre su traslado desde Camp East Montana (Texas) al Centro Correccional del Condado de Cibola (Nuevo México), una prisión operada por la empresa privada CoreCivic. 

“Te tratan igual que a un criminal sexual, independientemente de que estés allí por ser una inmigrante indocumentada”, narra la joven keniata sobre su reclusión en el Centro de Tramitación del Condado de Otero (Nuevo México), ubicado al lado de una prisión penal ordinaria operadas ambas por la privada MTC. 

Las prisiones de los condados de Cibola, Torrance y Otero se ubican en lugares remotos de Nuevo México, el estado con mayor porcentaje de población hispana del país. Los tres centros albergan en conjunto a unos 3.000 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante años, estas cárceles operaron mediante acuerdos intergubernamentales entre el ICE y los condados, quienes a su vez subcontrataban a empresas penitenciarias privadas.

El modelo sufrió un revés el 5 de febrero cuando el estado de Nuevo México promulgó la histórica Ley de seguridad para los Inmigrantes House Bill 9 (HB9) que prohíbe a los gobiernos  locales celebrar acuerdos para detener a personas por violaciones civiles de inmigración; además, evita el uso de tierras públicas para detención migratoria y elimina los acuerdos 287(g) que convierten a las fuerzas policiales locales en agentes de inmigración  

El texto establece que a partir de la entrada en vigor de esta legislación, el 20 de mayo, los condados de Torrance, Cibola y Otero debían rescindir sus contratos con el ICE para la detención de inmigrantes en los tres centros operados por las empresas carcelarias privadas.

Pero, el Gobierno federal actuó con rapidez para mantenerlos abiertos. Y lo consiguió.

“El ICE hizo un contrato directo con CoreCivic —sin ningún condado como intermediario— que permite a las autoridades federales seguir deteniendo a inmigrantes en los condados de Cibola y Torrance. Y el estado de Nuevo México no puede hacer nada para regular ese nuevo contrato”, lamenta Tiffany Wang, abogada de Contigo Immigrant Justice in New Mexico

El centro de detención de Otero también permanece abierto en virtud de una prórroga por cinco años del contrato previo con el ICE, firmada por el condado antes de la fecha de entrada en vigor de la ley HB9.  “El fiscal de Nuevo México, Raúl Torrez, exigió ante la Corte Suprema del estado el bloqueo inmediato este contrato prorrogado por ilegal argumentando que los municipios ya no tienen autoridad para la detención civil de inmigrantes federales (según establece la ley HB9) y que faltaba la firma del Departamento de Finanzas”, explica Wang.

No obstante, la Corte Suprema de Nuevo México rechazó la demanda del fiscal, dando luz verde a que la industria de la detención de inmigrantes siga floreciendo en el estado de Nuevo México.

La libertad no es mercancía: un fallo contra la privatización de prisiones

En 2009, la Suprema Corte de Israel emitió un fallo crucial que frenó en seco el intento de privatizar las cárceles del país. El Alto Tribunal israelí determinó que delegar el control penitenciario a empresas particulares vulnera directamente los derechos constitucionales a la libertad y a la dignidad humana porque convertir el confinamiento en un negocio lucrativo reduce al ser humano a una simple mercancía.

Bajo esta premisa, la sentencia concluyó de manera contundente: privar de la libertad a una persona es una función soberana e inherente del Estado. Por lo tanto, dicha facultad jamás debe subordinarse a criterios de eficiencia económica ni a la búsqueda de ganancias privadas.

Pero en EEUU, durante el segundo mandato del magnate republicano Donald Trump, 2025 fue el año en que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) triplicó su presupuesto, los gigantes carcelarios privados registraron la mayor rentabilidad de su historia y un conglomerado de empresas gozó de la disparada de sus ingresos gracias a la criminalización de la inmigración que ha convertido a la detención y la deportación en una boyante industria.  

Al mismo tiempo, con 33 fallecidos 2025 fue el año más mortífero de la historia para las personas bajo la custodia del ICE detenidas en prisiones privadas.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló que entre los detenidos hay familias enteras con niños y personas con condiciones médicas vulnerables. Además, ha recibido informes frecuentes de condiciones de detención y trato inhumanos, entre ellos  atención sanitaria y alimentación insuficientes, así como exposición a brotes de enfermedades en instalaciones sobrepobladas.

También existen denuncias preocupantes sobre el uso de la fuerza. Cinco de las muertes notificadas oficialmente fueron clasificadas como suicidios.

El gobierno de Javier Milei apuesta al crecimiento impulsado por sectores primarios, como la minería y la energía, a los que busca incentivar con beneficios especiales. Pero la contracara es que otras áreas de la economía se paralizan o contraen y la histórica matriz productiva del país sufre un rediseño profundo, que ya impacta en la vida de los argentinos. En este Gran Reportaje de Radio France Internacional, nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy, explora el tema.

A unos 15 kilómetros al norte de la Ciudad de Buenos Aires la planta de neumáticos Fate está en silencio. Ya ni siquiera tiene el gran cartel con su nombre sobre la fachada, lo retiraron.

Fate cerró en febrero de 2026, tras más de 80 años de operaciones en Argentina, argumentando que no podía sostenerse frente a la competencia de los neumáticos importados.

"La verdad que, nada, fue un balde de agua fría, llegar y ver que estaban todos con candado, donde pusieron un cartel de que no podíamos entrar más", recuerda Pablo Olivera, que llevaba 12 años como operario en la fábrica.

"Imaginate que yo tenía una vida de rutina organizada, donde todos los días mis hijos iban al colegio, yo llevo a mi nene, Joaquín, al más chico al club, a entrenar, como que todo eso se me desarmó y, bueno, obviamente que pasó esto", lamenta. 

Ahora está cobrando un fondo de desempleo de 300.000 pesos por mes, equivalentes a unos 200 dólares, una sexta parte de lo que ganaba en la fábrica.

Desde el cierre, Pablo Olivera y varios de sus compañeros están acampando en la puerta de la planta. Justo al lado de la reja de la fábrica montaron una suerte de gran tienda de campaña, algunas carpas, y organizan comidas y hacen guardias. Piden ser reincorporados y aseguran que la fábrica puede seguir operando.

Mientras dentro de la tienda de campaña se prepara el almuerzo, Pablo Olivera está sentado en un espacio donde antes había un alambrado, detrás de él están las grandes naves de la planta.

"Yo digo, acá, justamente donde estamos nosotros, acá hay un alambre. Esto divide la fábrica de lo que es la parte de afuera, ¿no? Esto estaba todo, obviamente, estaba el alambre acá y cuando pasó todo, bueno, nosotros saltamos el alambre. Y yo digo que en mi vida hay un antes y un después de este alambre, donde yo, para mí, nunca pensé llegar a estar acá y menos en esta situación, obviamente", explica. 

Más de 30.000 empresas cerraron desde que Milei llegó al poder 

El caso de Fate, afectada especialmente por la apertura de las importaciones que decidió el gobierno, no es único. Desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei llegó al poder, hasta mayo de 2026, cerraron más de 30.000 empresas, un 6% del total del país. Entre los sectores con más pérdidas está el manufacturero que es, además, un importante generador de empleo.

Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, el empleo asalariado privado registrado se redujo en más de 240.000 trabajadores, según datos oficiales. La industria manufacturera fue en la que más puestos se perdieron: más de 85.000 empleados fabriles quedaron sin trabajo.

Para el presidente Javier Milei, todo esto es parte de un proceso de destrucción creativa, que llevará a una transformación virtuosa de la economía argentina. Así lo dijo en un discurso que dio a fines de abril pasado.

"La transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico, están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que les va a ir mejor y hay sectores que les va a ir peor. Los que se les va peor si no se adaptan, quiebran", advirtió entonces el presidente. 

Pero no todos leen el fenómeno de igual forma. "Que solamente estén cerrando los que no supieron adaptarse es falso", denuncia Guido Zack, director del área de economía del centro de pensamiento Fundar.

"Hay algunos que tienen la eficiencia suficiente para competir, pero el modelo macroeconómico de estabilización que eligió el gobierno los saca del mercado justamente por estos costos en dólares elevados y estos costos en pesos que no bajan. Entonces, el costo en dólares subió, el costo en pesos no bajó, y a eso le agregamos la apertura de la economía, y las empresas dicen abrí la economía, pero no inclines la cancha a favor de las importaciones, porque estamos haciendo una apertura de la economía con la cancha inclinada al revés", analiza Zack. 

En este contexto, cierran miles de empresas, la inversión total de la economía argentina cae, se contrae el consumo masivo, y crece la morosidad de las familias.

El crecimiento del PIB crece gracias al sector agropecuario, la minería y la energía

Sin embargo, al mismo tiempo se está dando una consolidación de sectores primarios, como el agropecuario, la minería y la energía. De hecho, su fortaleza está impulsando el crecimiento del producto bruto interno y de las exportaciones.

Entre esos sectores están los beneficiados por políticas específicas, particularmente el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones, o RIGI, una norma que le otorga beneficios cambiarios, tributarios y jurídicos a quienes comprometan grandes desembolsos. 

"Ya por sus resultados presentes, estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo", así hablaba el propio presidente Milei del RIGI en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de 2026.

"Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir", agregó. 

Hasta fines de agosto los proyectos aprobados en el RIGI sumaban promesas de inversión por más de 46.700 millones de dólares.

El auge de la minería: una proyección de 25.000 millones de dólares de exportación 

El sector que más proyectos ha presentado al RIGI es el minero, que espera despegar en los próximos años, dice Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

"Nosotros estimamos que para el 2034-35 Argentina esté en el orden de los 25.000 millones de dólares de exportación para la minería, lo cual significa estar mucho más cerca de lo que exporta el agro", vaticina Cacciola. 

Aunque históricamente el principal generador de divisas en Argentina ha sido el complejo agroexportador, la energía, beneficiada por el régimen de incentivos, y de la mano de Vaca Muerta, segunda reserva de gas no convencional más grande del mundo y cuarta de petróleo, se le acerca cada vez más. Tan es así que en 2026 el petróleo crudo superó a la harina y pellets de soja como principal producto de exportación, si bien todo el complejo agroexportador sigue siendo líder en ventas al exterior.

La minería espera seguir el mismo camino que la energía, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones. Roberto Cacciola, de la cámara minera, espera que en menos de diez años se multipliquen varias veces los 1.300 millones de dólares de inversión que el sector tuvo en 2025.

"Las definiciones más fuertes de inversión van a empezar paulatinamente. Yo creo que los años más fuertes van a ser entre 2028 y 2030 estabilizándose en una meseta para llegar a esa cifra que hoy conocida ronda los 40.000 millones de dólares y con la posibilidad de que haya otros RIGIs adicionales que se presenten", analiza. 

"¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?"

La coexistencia de sectores que se fortalecen, como el energético y el minero, y otros que se contraen, como el industrial, está creando lo que algunos denominan una economía de dos velocidades, pero Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, disputa esa lectura.

"Eso no es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay algunos sectores que crecen y que están creciendo fuerte, pero hay otros sectores que están cayendo. Son más que dos velocidades, son dos economías en una o una economía partida en dos. Y además se da la particularidad que los sectores que crecen aportan dólares a la economía, cosa muy necesaria, pero no empleo, cosa casi más necesaria que los dólares. ¿Para qué queremos los dólares si no para generar empleo?", se pregunta Guyido Zack. 

Se está dando, por otra parte, una informalización del empleo en Argentina. Personas que tenían trabajos en relación de dependencia, pasan a trabajar por su cuenta. "Y dependía en lo económico sobre todo que era un laburo estable. Y era el sustento de mi hogar", comenta José Orellano mientras maneja su viejo Ford Fiesta. 

Está circulando por la zona de la fábrica de Fate, en la que fue operario durante 14 años. Ahora trabaja por su cuenta, en aplicaciones de transporte de pasajeros y de reparto de mercadería. "Y aparte yo tengo una hija con parálisis cerebral y dependía de la obra social. Su bienestar, su salud, su vida depende de la obra social, por todos los gastos que tengo con ella", afirma. 

Dos trabajos para sostener a una familia 

La obra social de la que habla José Orellano es la cobertura de salud que le daba el empleo formal, algo de todo lo que perdió con el cierre de la fábrica de neumáticos. "Esto es horrible. Estoy haciendo dos trabajos para poder sostener algo del gasto diario de la casa. Porque tampoco es rentable tener que estar arriba de un auto 10, 12 horas manejando para por lo menos llevar la comida", se queja. 

Orellano realmente no se esperaba lo que ocurrió. "Veía que la situación del país estaba mal con el gobierno nuevo, pero nunca pensé que una empresa como Fate iba a cerrar", reconoce. 

Este cambio abrupto de una vida previsible y ordenada es un fuerte sacudón para las familias, no solo en lo económico, sino también a nivel emocional. En el acampe de Fate, Pablo Olivera, el primer exoperario de la planta con el que hablamos, siente que son pocas las oportunidades que puede tener ahora.

"Hoy estamos en un momento difícil del país, donde no hay trabajo y yo con 52 años, mucho más difícil, porque si no hay empleo para jóvenes, menos para mí. Por más que yo era un operario calificado, donde yo realmente he manejado una máquina muy compleja, muy neumática, muy difícil de manejar y, bueno, obviamente hoy en el mercado laboral, si no es por una aplicación, no tenés trabajo", afirma. 

Unos metros más allá está su esposa, Gabriela Asesore. "Para mí es expectativa o, no sé, como que uno lo está deseando que abra y que vuelva todo a la normalidad. Que volvamos a ser una familia de que te espero con la cena, te espero con el almuerzo. Uy, estaría bueno un asadito, que hace mucho que no se habla de asadito, ¿viste?", afirma con esperanza. 

Un círculo vicioso: entre macro y economía real 

No está del todo claro que esto vaya a ocurrir. La prioridad del gobierno parece ser otra. No sólo el incentivo a los sectores primarios, y la llamada "destrucción creativa", sino también el estricto orden fiscal, el déficit cero como política central, que limita el margen de maniobra para intervenciones del Estado en la economía

Para Guido Zack, del centro de pensamiento Fundar, además, existe el riesgo de que los problemas de la economía real impacten sobre el orden financiero.

"La pregunta es, si las finanzas ordenadas logran ordenar la macro y la economía real, y la economía real llega a buena parte de la población y la imagen del gobierno mejora, eso a su vez ordena más las finanzas y se alcanza un círculo virtuoso. Ahora, si la economía real, desordenada, que todavía no mejoró y de hecho ha estado empeorando, hace que la imagen del gobierno caiga, eso puede también desordenar a las finanzas, y las finanzas retroalimentar el malestar en la economía real y generar el círculo vicioso, bueno, eso también puede suceder", plantea Zack. 

El gobierno cree que el camino elegido es el adecuado, el que permitirá entrar en un proceso virtuoso. El veredicto definitivo lo dará la ciudadanía en 2027, cuando concurra a las urnas y con su voto le diga al Ejecutivo si quiere o no continuar por este sendero.

José Emilio Canizales es uno de los prisioneros fallecidos bajo el régimen de excepción, tras ser deportados desde EE. UU. y detenidos en El Salvador. Esas personas murieron sin haber tenido un debido proceso ni recibir condena; sus vidas dependían por completo del Estado. Reportaje realizado en el marco de Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump. Una investigación de RFI y 25 medios del mundo, liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas) 

Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

—¿Aló? ¿Eres la hermana de José Emilio Canizales?

— Sí —respondí, y yo pensé: “Me lo van a dar mañana, me van a decir que vaya a traerlo”.  

— Lamentamos informarte que acaba de fallecer.

La voz al otro lado del teléfono le informó a Mónica que debía recoger el cuerpo de su hermano en la morgue de San Salvador, a dos horas de camino desde su casa en el cantón La Noria.

— ¿Por qué? —pregunté. Y me cortaron.  

En el dictamen médico forense adscrito al Instituto de Medicina Legal de El Salvador reza que José Emilio Canizales Villalta murió en el Hospital Nacional San Rafael, en Santa Tecla La Libertad, el 30 de noviembre de 2023, “a raíz de un edema agudo de pulmón, causa preliminar sujeta a estudios complementarios”.

Mónica no confía en el diagnóstico científico de la muerte de su hermano: “Mi hermano estaba enfermo de los riñones y no de los pulmones. Al menos me hubieran dicho que murió por insuficiencia renal; estaría más tranquila”.

El hermano de Mónica fue deportado desde Estados Unidos y es uno de los más de 400 detenidos fallecidos bajo custodia del Estado salvadoreño durante los últimos cuatro años que el país ha permanecido bajo régimen de excepción.

Cerca del 40 % de los casos se ha utilizado el edema pulmonar como causa genérica de la muerte, afirma René Valiente, director de investigación en Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, que fue obligada recientemente al exilio.

Valiente explica que, a veces, los médicos registran el edema pûlmonar solo como causa preliminar porque faltan estudios para determinarla de forma definitiva.

“Hemos identificado casos en los que los restos de las personas presentan laceraciones en el cuerpo, señales inequívocas de tortura o de golpes que nos hacen pensar que no es del todo precisa esa causa de muerte”.

Estos hallazgos concuerdan con los testimonios recabados por Cristosal de personas liberadas que denuncian la existencia de torturas en el sistema penitenciario salvadoreño.

La responsabilidad del Estado

José Emilio Canizales es uno de los cinco casos documentados por Cristosal de salvadoreños deportados desde EE. UU., capturados al aterrizar en el aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y fallecidos en las cárceles en medio de la opacidad que caracteriza al régimen de excepción.   

“Las familias no saben ni siquiera de qué se les imputaba, ni en qué estado se encontraban los procesos, si es que había procesos, ni a cuáles tribunales acudir”, subraya Valiente.

Sobre la muerte de José Emilio, el investigador resalta que los documentos oficiales dejan un registro de una muerte natural, pudiendo insinuar con ello que no es responsabilidad del Estado.

“Sin embargo, la obligación del Estado es todavía mayor respecto de estas personas que son más vulnerables. Y el Estado sabe que han entrado al sistema penitenciario con enfermedades crónicas que requieren atención”, precisa.

Detenido en aislamiento

El 7 de agosto de 2023, tres meses antes de su muerte, José Emilio fue deportado desde Estados Unidos, pese a estar en proceso de solicitud de asilo. Mónica y su mamá fueron a recibirlo al aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero. Pero no pudieron reunirse con él.

“Yo nunca había ido al aeropuerto. Lo primero que hice fue preguntar por mi hermano en la estación de policía y si iba a quedar detenido. Me aseguraron que no y me dijeron que siguiera el bus en el que iban todos los deportados para su registro en el Centro de Atención al Migrante”.

Mas de una hora de ruta en vano. Mónica y su mamá no encontraron a José Emlio en el centro donde se registra a los recién deportados, conocido como "La Chacra".  En realidad, sí había sido capturado en el mismo aeropuerto. 

Después de mucho buscarlo, lograron ubicarlo en el penal de Quezaltepeque, en La Libertad, convertido durante el régimen de excepción en “hospital” a donde son remitidos los detenidos con padecimientos o enfermedades.

La familia fue privada de todo contacto con José Emilio. No es un caso excepcional. Desde que se impuso la medida en 2022, el gobierno ordenó aislamiento estricto y encierro permanente de los detenidos en centros penales.

La única vez que lo vieron fue a través de un video de la Fiscalía. “Estaba agachado, esposado y con mascarilla. Y se leía Penal de Quezaltepeque. “Lo mostraban como un pandillero de la Mara 18 de Zacatecoluca. Mintieron”, asegura Mónica.

Según ella, su hermano fue detenido en Zacatecoluca por haber sido arrestado en el aeropuerto internacional del El Salvador y trasladado a la estación de policía de ese municipio. “Mi hermano no era de Zacatecoluca como dijeron en el video. Nunca habia estado ahi antes. Nosotros hemos vivido siempre acá en el Cantón La Noria, municipio Jiquilisco, departamento de Usulután”.

Caza de brujas. Opción: Estados Unidos

En 2017, José Emilio fue detenido durante una redada de la policía salvadoreña contra las maras o pandillas. No obstante,  fue puesto en libertad sin cargos 72 horas después al demostrarse que era inocente.

En marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele puso a El Salvador bajo régimen de excepción como respuesta a los homicidios perpetrados por los pandilleros. La medida se ha transformado en una política permanente de encarcelamiento masivo y suspensión de todos los derechos constitucionales.

“Cuando impusieron el régimen de excepción no dijeron que todo el que había estado preso sería detenido automáticamente. Anunciaron que se iba a encarcelar solamente a los pandilleros. Y todos estuvimos de acuerdo porque se trataba de criminales”.  

Un año después de entrar en vigor el régimen de excepción, habían sido detenidas 67.000 personas, muchas de ellas de forma arbitraria. Relatores de la ONU, exhortaron a El Salvador a garantizar que las personas no sean arrestadas sin autorización legal suficiente, por la simple sospecha de pertenecer o estar asociadas con una pandilla.

También alertaron de que las medidas vigentes “amenazan con criminalizar a las personas que viven en las zonas más empobrecidas y que han sido blanco de pandillas en el pasado”.

“Mi hermano entró en pánico cuando vimos que se llevaban a gente inocente sin autorización legal ni derecho a juicio. Entonces nos dijo: 'No quiero estar acá porque voy a ir preso a pagar algo que no debo, que no he hecho'. Y se fue para Estados Unidos".

José Emilio fue detenido en EE. UU. por entrar de manera irregular y deportado a su país. En enero de 2023 volvió a intentarlo por la vía de la aplicación CBP ONE -derogada dos años después por la administración Trump- que permitía solicitar asilo en la frontera e ingresar legalmente y con un permiso de trabajo temporal mientras la petición de asilo se resolvía en las cortes.

“De tanto intentar, lo aceptaron. Pero el problema fue cuando ya entró al país. Cayó enfermo de los riñones y de la vesícula y lo llevaron a un hospital. El 8 de agosto vino deportado a El Salvador. Y fue cuando lo detuvieron en el aeropuerto”, relata Mónica.

A partir de ese momento, la hermana de José Emilio hizo todo lo que estuvo a su alcance por demostrar que él no era un pandillero.

“Me pidieron documentos. Los llevé. Sacar sus antecedentes penales. Los saqué. Buscar adultos que atestiguaran que él nunca había estado en pandilla. Lo hice. Le recordé a la fiscal que ella había hablado con él y que, además, había visto con sus propios que ni siquiera tenía tatuajes. Pero, ella me dijo que no estaba en sus manos”.

En la constancia de antecedentes penales de la Dirección General de Centros Penales, con fecha del 15 de agosto de 2023, reza que “José Emilio Canizales Villalta, de 26 años, soltero de profesión u oficio, agricultor, originario de Usulután. A la fecha no posee antecedente penal por sentencia condenatoria, ejecutoria en su contra por imputársele delito”

Tres meses después de recibir este documento, Mónica recibió la fatídica llamada de las autoridades salvadoreñas.

“Decirme que estaba muerto. Me dolió el alma. No lo supero y no lo voy a superar nunca. Era mi único hermano de mamá y papá”, dice entre el dolor y la rabia

Cientos de detenidos muertos bajo régimen de excepción

En su informe "Seguridad sin derechos", Amnistía Internacional (AI) denuncia que hasta diciembre pasado se habían documentado "al menos 470 muertes en centros de detención" en El Salvador bajo régimen de excepción. "En varios casos se registraron lesiones incompatibles con las causas oficiales de muerte o indicios de violencia física y negligencia médica", agrega AI.

La oenegé salvadoreña Socorro Jurídico eleva a 547 el número de muertos en El Salvador bajo custodia del Estado y sin haber sido vencidos en juicio: el 31% de los casos se debió a muertes violentas y otro 31% a la falta de atención médica.

“Tras ingresar al sistema penitenciario, muchas personas adquieren enfermedades o se les agravan las que ya tenían antes”, afirma René Valiente.

El investigador de Cristosal precisa que no solo el Estado no genera las condiciones de salubridad en las prisiones, sino que ha abandonado su obligación de velar por la salud de los detenidos y proporcionarles acceso a servicios de salud idóneos y oportunos.

“Hemos documentado casos de familias que han intentado hacerle llegar los medicamentos y el Estado no se los recibe o no se los entrega. Tenemos un porcentaje de personas que han fallecido, incluso, en tránsito hacia los hospitales”, sostiene Valiente.  

Desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 239 vuelos han aterrizado en El Salvador con nacionales deportados; una fuerza laboral que sostenía la economía nacional mediante el envío de remesas. ¿Qué les espera a su regreso?. Reportaje realizado en el marco de 'Deportation Project, revelaciones sobre la maquinaria de deportaciones de la administración de Donald Trump'. Investigación de RFI y otros 25 medios del mundo, bajo el liderazgo de Forbidden Stories (Historias Prohibidas).

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La pobreza extrema de El Salvador es una de las principales causas por las que la población emigra del país. Según datos de la Cepal, ocho de cada diez personas de zonas rurales viven en pobreza multidimensional, privados de derechos básicos como salud, educación e ingresos dignos. El salario mínimo apenas alcanza los 400 dólares mensuales.

Esta crisis social se ha amortiguado históricamente gracias a las remesas familiares que representan cerca del 26 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Desde su retorno a la Casa Blanca, Donald Trump ha lanzado una ofensiva destinada a cumplir su promesa de "llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de la historia" . Para justificar sus políticas restrictivas y la ejecución de deportaciones masivas, el magnate que preside a EE. UU. utiliza un retórica deshumanizante y ruin: ha calificado a los inmigrantes indocumentados de criminales, violadores, asesinos, animales, alimañas, invasores, veneno para la sangre de la nación y... basura.

Acorde con esta línea discursiva —señalada por Naciones Unidas y organizaciones de defensa de los derechos humanos—, cada martes y jueves aterrizan en el aeropuerto internacional de El Salvador aviones fletados desde Estados Unidos con cientos de expulsados a bordo. Inmediatamente, son trasladados en autobuses al Centro de Recepción al Migrante. Fuimos a su encuentro.

Martes 12 de mayo de 2026, colonia La Chacra, San Salvador

“A mi hijo David lo agarraron cuando iba al trabajo en Dallas (Texas) hace tres semanas. Pasamos varios días sin saber nada de él hasta que mi hija logró localizarlo en los registros de una prisión en Tennessee. Anoche, por fin pudo comunicarse con ella y le avisó que a las tres de la madrugada los iban a llevar al aeropuerto para deportarlos aquí, a El Salvador”.

Desde hace varias horas, María Campos, la madre de David Hernández, aguarda de pie y bajo un sol infernal frente al portal del Centro de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra de la capital salvadoreña. A su lado, decenas de familias de zonas rurales empobrecidas esperan a un pariente deportado desde EE.UU., en medio de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump quien ha fijado a las autoridades migratorias la cifra de un millón de expulsiones de inmigrantes al año.  

Los martes y los jueves aterrizan en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero aviones con cientos de estos salvadoreños: un total de 5.031 en el primer trimestre de 2026, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de El Salvador.

La inmensa mayoría de estas personas eran obreros en EE. UU., cuyo envío de remesas representa entre el 24 % y el 26 % del PIB del país centroamericano.

Han sido arrestados y apresados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el brazo armado de la política antinmigrante de Trump.  La razón: entrar y permanecer en el país en situación irregular que es una falta administrativa, no un delito del orden de lo penal. 

“Los tratan como criminales solo por el hecho de haber cruzado la frontera sin el permiso”, dice María y aclara, enseguida, que ese no fue su caso porque ella, sus dos hijos y sus nietos entraron a Estados Unidos con Estatus legal.

"Entramos con permiso"

“No fuimos en la época en que salían las caravanas de emigrantes, en el 2018. Pedimos el asilo en Tijuana, nos dieron un número para tramitar el proceso y entramos de manera regular. Ya en Estados Unidos nos dieron el permiso de trabajo. Yo trabajába en las fábricas que producen jamón y carne para las hamburguesas. David en la construcción”, relata. Ella prefirió regresar a El Salvador hace tres años. El resto de la familia se quedó con el proceso de asilo pendiente.   

Pese a estar tramitando ante los tribunales su beneficio migratorio - situación que, en principio, protege de la detención y la expulsión-  su hijo David fue capturado por el ICE en Texas, y trasladado al Centro de Detención del Oeste de Tennessee (Mason, TN), una prisión federal operada por el gigante privado CoreCivic.    

Al aldo de María, la señora Juana cuenta la historia que la ha traído hasta aquí: “Estoy esperando a mi nieto y le traigo su regalo. Él cumplía años el 25 de abril, y ese día lo detuvieron y se lo llevaron los agentes de migración cuando salía a trabajar para Amazon repartiendo paquetes, a las seis de la mañana”.

Esta abuela vio partir a su nieto cuando era niño, de la mano de sus padres. Ellos, al igual que cerca de dos millones de salvadoreños, emigraron a Estados Unidos huyendo de las pandillas, la muerte, el secuestro, la extorsión, el hambre y las múltiples violencias que genera la pobreza. También ingresaron a Estados Unidos de manera regular a través de la solicitud de asilo.

Una de las diferencias de la administración Trump respecto los gobiernos demócratas de Joe Biden y Barack Obama –que tuvieron tazas altas de deportación- es que actualmente se está deteniendo a inmigrantes en proceso de obtener un estatus legal y se les mantiene prisioneros sin derecho a fianza (en cárceles operadas por los gigantes de las prisones privadas). “Gente con caso de asilo pendiente o con una solicitud de visa T, o visa U, en curso está siendo detenida. Y la estrategia es resolver rápidamente su caso, con una negativa, para deportarlos ”, explica la abogada experta en migración Andrea Mejía.

De héroes a criminales

De repente, aparece el primero de los tres buses en los que vienen unos 250 deportados. La muchedumbre se agolpa emocionada y los saluda a través del vidrio. Apenas unos instantes de alegría mezclada con miedo. Los buses entran a la sede gubernamental. La puerta se cierra. Y en la calle, queda la incertidumbre.

“Tememos que lo acusen de ser pandillero”, dicen algunos familiares que prefieren no dar su nombre. Explican que, bajo el régimen de excepción vigente en el país, los deportados pueden ser acusados de pertenecer a bandas criminales y ser encerrados en las cárceles del régimen —como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad y emblema de la política represiva del gobierno de Nayib Bukele— bajo aislamiento total, sin contacto con la familia o un abogado, y sin derecho a juicio.

Después de varias horas de espera, la puerta del Centro de Atención al Migrante se abre y empiezan a salir los deportados. Traen el rostro surcado por la humillación: de héroes que sostienen al país con sus remesas han pasado a ser tratados como criminales. La mayoría llora al abrazar a sus familias. Es un llanto de derrota y desesperanza. 

ICE nos decía que firmáramos

“Nos trajeron esposados de manos y pies. Para ir al baño y comer, uno hacía como podía”, relata David Hernández sobre el vuelo de más de seis horas en el que venía con decenas de compatriotas. La mayoría firmaron su propia expulsión.

Otra particularidad de la guerra contra la migración del actual gobierno estadounidense es la llamada auto deportación. Se trata de una figura creada a partir del programa CBP HOME de Donald Trump que remplazó al CPB ONE, creado por su antecesor, y que permitía la entrada a país a través de una demanda de asilo en la frontera y la obtención del permiso de trabajo temporal mientras el caso se resolvía en las cortes. Al cancelar el gobierno de Trump esta protección de manera general, unas 900.000 personas perdieron su estatus legal y quedaron en riesgo de deportación

“Para que iba a pelear mi caso de asilo ahí encerrado si, de todas formas, lo iba a perder. Eso es lo que le decían a uno ahí adentro”, afirma David.

Los testimonios de inmigrantes apresados dan cuenta de la presión de los agentes del ICE durante el cautiverio para que firmen la auto deportación. “Si un agente del ICE te dice, en ausencia de tu abogado, que vas a perder tu caso, que vas a estar encerrado largo tiempo, que mejor firmes para irte del país, está buscando intimidarte y está violando la ley. Ningún prisionero puede ser contactado sin que su abogado esté presente. Esa es la ley”, subraya la abogada litigante Andrea Mejia.

Nuestro delito es ser inmigrantes   

Sentado en la calle, robándole una mínima porción de sombra a la acera, se encuentra José Adán Alasmoy. Espera a que salga un amigo con el que fue capturado en el estado de Misisipi. Fueron deportados tras ser detenidos cuando salían del trabajo. “Trabajábamos poniendo pisos”, cuenta.

José Adán explica que no fueron los agentes del ICE, sino unos patrulleros quienes lo detuvieron por no llevar encendidas las luces intermitentes del auto. “Me pidieron los documentos. Les dije que no tenía y, entonces, llamaron a la 'migra' para que me llevaran”.

Tras unas horas de detención en Pearl, fue trasladado del estado de Misisipi al Centro de Procesamiento del ICE en Luisiana, administrado por el gigante GEO Group, la principal empresa privada a cargo de las cárceles en EE. UU. que registró en 2025 el volumen de ingresos más alto de toda su historia corporativa debido a los contratos firmados con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)..

"Duele que traten así a la gente trabajadora que sostiene a este país. Nuestro único delito es ser inmigrantes", deplora José Adán con la voz quebrada al recordar que su esposa y su hijo se quedaron en Estados Unidos.

Hace cuatro años, José Adán y su esposa emigraron al norte buscando una vida digna para su familia. Tras pagar 40. 000 dólares a los coyotes, sufrieron un secuestro. Sin rendirse, él volvió a intentarlo y logró cruzar la frontera. Luego, pagó 13.000 dólares adicionales para trasladar a su hijo menor en avión  con unos padres falsos. Actualmente, sigue pagando parte de la deuda acumulada con sus ingresos en EE. UU.

José Adán guarda la esperanza de recibir los 2.600 dólares que el gobierno Trump, empeñado en aumentar las expulsiones masivas, ofrece a los extranjeros en situación irregular que opten por la deportación voluntaria y bajo condición de no regresar a Estados Unidos por cinco años.

Por ahora, no tiene en los bolsillos ni los cinco dólares que el gobierno de El Salvador le entrega a cada deportado para que regrese a casa tras el control migratorio en el Centro de Atención al Migrante.

Cinco dólares no alcanzan para comprar el pasaje desde la colonia La Chacra al centro de la capital salvadoreña, mucho menos para ir a su casa en Usulután, a más de dos horas de camino, afirma José Adán: “Les dije que no quería esa plata”.

Estos salvadoreños que el gobierno de Estados Unidos deporta por no tener sus papeles en regla —lo que es una falta administrativa y no un delito penal— se fueron un día en busca del sueño americano. Hicieron su vida en Estados Unidos: trabajaron, mantuvieron a sus familias y, en parte, sostuvieron la economía salvadoreña. El sueño se transformó en pesadilla al caer presos de la cruzada antiinmigrante de Donald Trump. Ahora retornan con las manos esposadas y vacías.

¿Qué les espera?

Jorge Rodríguez, coordinador nacional del Servicio Jesuita para Migrantes en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, sostiene que existe una brecha entre las promesas políticas de integración para los migrantes retornados y la falta de programas reales y recursos financieros para ejecutarlas.

Rodriguez subraya que la reinserción va más allá de lo económico. “Los retornados enfrentan graves traumas debido a maltratos en centros de detención o la pérdida repentina de su vida y arraigo en Estados Unidos. Al ser expulsados a El Salvador se ven obligados a enfrentar un nuevo escenario de incertidumbre.” precisa.  

El experto también deplora la falta de apoyo psicosocial para la familia que recibe a su pariente expulsado. “Sin embargo, los recursos asignados a los equipos de apoyo son insuficientes y las políticas públicas actuales no coinciden con las necesidades reales”, concluye el experto en migración.

Radio Francia Internacional estrena los reportajes de "Deportation Project", una investigación realizada en EE. UU. y El Salvador sobre la maquinaria de expulsiones de la administración Trump. La serie inicia con el caso más emblemático,  masivo, controvertido y punta de lanza de deportaciones a un tercer país. Este trabajo se enmarca en un proyecto en el que participan 26 medios del mundo liderados por Forbidden Stories (Historias Prohibidas). Te lo contamos en un serie de tres podcasts.

Por Angélica Pérez, enviada especial a El Salvador

La historia de Glenda y Karen es la de dos mujeres salvadoreñas convertidas en sabuesos tras el rastro de sus respectivos hermanos deportados desde Estados Unidos. También es una historia de desaparición forzada y secuestro estatal.

"Mi hermano está desaparecido. Tiene más de un año detenido sin un proceso legal. Quisiéramos tener una constancia de que está bien porque no podemos seguir con la incertidumbre de no saber nada de él”, afirma Glenda.

“Ha sido deportado hace más de un año y hasta la fecha no nos han querido aclarar su paradero. No hay registro suyo en la Fiscalía. Para nosotros es una desaparición forzada. Es como si no existieran acá en El Salvador”, replica Karen.

No existen, pero sí aterrizaron en San Salvador entre marzo y abril de 2025, a bordo de los vuelos militares que la administración Trump envió con 252 venezolanos y un número indeterminado de salvadoreños acusados por ambos gobiernos de ser criminales peligrosos. A partir de ese momento, se pierde el rastro de Elmer Concepción Romero Yanes, hermano de Glenda, y de Kevin Rolando Barrera Torres, hermano de Karen.

Leer tambiénForbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas

Los traslados se realizaron en tres fechas: el 15 y 30 de marzo, y el 12 de abril. "Lamentablemente, a diferencia del caso de los venezolanos, con los salvadoreños nunca se dio una cifra exacta ni información oficial. Supimos de ellos primero por una nota de la Casa Blanca, después por un tuit y luego a través de los medios de comunicación”, explica Nathaly Cotrino, investigadora sénior de Human Rights Watch.

Glenda y su familia supieron que Elmer estaba en el país a través de un video en el que la presidencia de El Salvador promocionaba la llegada de los vuelos militares con supuestos pandilleros deportados desde Estados Unidos.     

“Gracias a Dios que pudimos reconocerlo en el video. Él es el último que aparece cuando lo bajan del avión y lo suben a un bus. Mi hermano venía en el segundo vuelo que aterrizó el 31 de marzo de 2025. Además, él había hablado con una tía que vive en los Estados Unidos y le había dicho que lo iban a retornar al país, que le mandara ropa. La tía pudo reconocer que la ropa que ella le envió es la que trae puesta. Eso es lo único que nos ha mantenido con la esperanza de que lo vimos y de que sí vino al país”, dice Glenda.

Tras presentar la denuncia por desaparición y acudir a las instituciones competentes, Karen tuvo la certeza del arribo de su hermano Kevin a El Salvador.

 

“Fue en mayo de 2025. La procuradora general me confirmó que sí había sido deportado el 15 de marzo junto con el grupo de venezolanos; el vuelo había aterrizado a las 10:30 de la noche. Sin embargo, me dijo que no podía darme más información porque no estaba autorizada. Incluso se negó a enseñarme el documento porque era confidencial. Después de eso hemos preguntado en muchas partes y nadie nos da respuesta”.

Pacto secreto bajo régimen de excepción

Estas deportaciones ocurrieron bajo el régimen de excepción que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, instauró en 2022 en el marco de su guerra contra las maras o pandillas; un modelo que permite detener a una persona sin informarle los motivos, negarle asistencia legal y mantenerla en prisión incomunicada, por tiempo indefinido y sin comparecer ante un juez.  

También se dieron en el marco de la guerra contra la migración que libra su par estadounidense, Donald Trump, en su segundo mandato bajo la consigna de “lograr la mayor deportación de la historia de Estados Unidos”.Antes de llevar a cabo las expulsiones de estos inmigrantes en marzo y abril de 2025, las dos administraciones habían alcanzado un pacto migratorio secreto, anunciado dos semanas después del retorno de Trump a la Casa Blanca sin entrar en los detalles.

El 4 de febrero de 2025, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial a El Salvador, calificó como un “acto de generosidad que ningún país ha tenido” el ofrecimiento del presidente Nayib Bukele de “recibir a criminales peligrosos deportados por Estados Unidos, miembros del Tren de Aragua o de la pandilla Mara S13 y encerrarlos en sus cárceles”. Incluso a ciudadanos estadounidenses o residentes legales condenados en Estados Unidos. “Es una señal más del amigo increíble que es el presidente Bukele”, aseguró Rubio.    

Por su parte, el presidente Nayib Bukele confirmó en su cuenta de X que aceptaría a los presos a cambio de una tarifa económica para Estados Unidos, pero con ganancias significativas para El Salvador. Los prisioneros serían llevados al CECOT, la cárcel de máxima seguridad emblema de la política represiva de su gobierno.

Los detalles del pacto migratorio firmado entre las administraciones de los presidentes de EE. UU., Donald Trump, y El Salvador, Nayib Bukele, eran desconocidos hasta el mes de septiembre de 2025, cuando salieron a la luz como parte de la evidencia de un litigio judicial. “Es un contrato y no han querido revelarlo. Supimos de su existencia por un documento de la administración Trump que se filtró adjunto con evidencia en la demanda GGV vs. Trump”, explica Nathaly Cotrino.

La investigadora sénior de HRW se refiere a la demanda colectiva interpuesta el 15 de marzo de 2025 por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Esta acción judicial, presentada en representación de ciudadanos venezolanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), buscaba frenar la inminente amenaza de expulsión de migrantes por parte de la administración de Trump.

La evidencia es una carta oficial del Departamento de Estado estadounidense al Gobierno de El Salvador, fechada el 22 de marzo de 2025, en la que se formaliza la concesión de 4,76 millones de dólares destinados al apoyo penitenciario y logístico para la detención de los migrantes venezolanos y salvadoreños expulsados y su encarcelamiento en el CECOT.  

La transferencia de dichos fondos quedaba sujeta a la prohibición impuesta a El Salvador de proveer recursos o asistencia legal a los solicitantes de asilo.

A partir de este contrato, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, símbolo de guerra contra las pandillas del mandatario salvadoreño, se transforma en una herramienta de la política migratoria de su homólogo Donald Trump.

“Bienvenidos al infierno”

Esposados de manos y pies, los deportados fueron bajados de los aviones en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y conducidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad.

“Más allá de la narrativa oficial, los datos que logramos recabar contaban una historia muy diferente”, afirma René Valiente, director de Cristosal, la principal ONG humanitaria de El Salvador, obligada recientemente al exilio. *   

“Se trataba de migrantes pobres que estaban buscando un mejor futuro en Estados Unidos. Solo un pequeño porcentaje de ellos tenía antecedentes penales y, en esos casos, los delitos no daban indicios de participación en actividades de criminalidad organizada”.

Cristosal y HRW constataron que en el CECOT fueron sometidos a graves y sistemáticas torturas físicas, psicológicas y sexuales y al delito de lesa humanidad de desaparición forzada.

“El director del centro les dijo: “Bienvenidos al infierno”, y que la única forma de salir de ahí era ‘muertos’, agrega Valiente.

El patrón de Estados Unidos se repite en El Salvador: durante los cuatro meses de detención en el CECOT, estas personas no tuvieron acceso a un juez o tribunal que les brindara garantías. No estuvieron sometidas a ningún proceso legal. El Estado salvadoreño negó sistemáticamente la información sobre ellas, incluso a sus familias. “Esto tiene un nombre en el derecho internacional: desaparición forzada”, denuncia el responsable de la ONG Cristosal.

36 salvadoreños sin rastro, 11 nombres identificados

En julio de 2025, los venezolanos recobraron la libertad y regresaron a su país a cambio de presos políticos, tras una negociación entre los tres gobiernos. Sin embargo, no se supo nada de los salvadoreños que fueron deportados con ellos y señalados como miembros de las maras, las pandillas que Bukele declaró organizaciones terroristas.

“De ese grupo, solo el 10% tenía antecedentes por delitos violentos o potencialmente violentos en Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora de la división Américas de Human Rights Watch (HRW), ONG que ha puesto su lupa en la investigación de estas deportaciones.

“Al igual que con los venezolanos, pudimos documentar que los salvadoreños fueron desaparecidos; es decir, inmediatamente borrados de cualquier información que pueda dar el gobierno estadounidense, sin ningún tipo de información provista por el gobierno salvadoreño sobre su lugar y condiciones de reclusión."

Fruto de una minuciosa pesquisa, organizaciones de defensa de derechos humanos y de los migrantes de Estados Unidos lograron establecer que en los tres vuelos de marzo y abril de 2025 venían 36 salvadoreños deportados. De ellos, únicamente once han sido identificados.

Y fue gracias a la gestión de los familiares de estos once salvadoreños y de sus abogados ante el sistema interamericano que se pudo establecer el paradero de seis de ellos.

Uno se encuentra recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y los demás en el Centro de Cumplimiento de Penas de Santa Ana. Esta es la información que el Gobierno de El Salvador ha presentado ante las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó en beneficio de estos deportados.

“Del resto de las personas no tenemos conocimiento de dónde están”, insiste Nathaly Cotrino de HRW.

 A la pregunta de por qué es tan difícil rastrearlos en El Salvador, la investigadora sénior responde: “Por el contexto general de miedo frente a las actuaciones del gobierno y a las medidas que se han tomado bajo el régimen de excepción. Estas familias hablaron con nosotros casi un año después de que ocurrieran las deportaciones. Tenían mucho miedo de que algo malo le pudiera pasar a sus familiares dentro de esos sistemas de detención. Y los mismos abogados les han dicho que no asumen la defensa de estos casos porque no quieren tener problemas con el régimen”.

En el marco de la negociación entre las actuales administraciones de Estados Unidos y El Salvador, se cambió el grado de riesgo del país centroamericano, al que históricamente le iba mal en esa evaluación. El gobierno de Trump clasificó a El Salvador entre los países más seguros del mundo, a pesar de que el Informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado —bajo la administración Biden— señalaba claramente el riesgo de tortura en ese país, según indicó Juanita Goebertus, de Human Rights Watch (HRW).

¿Dónde están? El viacrucis de la búsqueda

Elmer Concepción Romero apareció en el video oficial de los deportados a El Salvador el 31 de marzo de 2025.

“El 21 de marzo de 2025 le informaron que iba a pasar a manos de Migración para ser retornado a su país. En ningún momento le dijeron que venía a una cárcel acá en El Salvador”. Glenda recuerda que su hermano Elmer habló con ella por teléfono desde el Centro Correccional Federal de Lompoc, en California, una prisión federal de baja seguridad para reclusos varones.

Ella ignora por qué fue enviado a esta cárcel de reos comunes a purgar los últimos 26 meses de su condena por estar indocumentado. La primera parte de la pena la había cumplido en el Centro de Tramitación del Condado de Otero, Nuevo México, con capacidad para 900 inmigrantes en situación irregular, en virtud de un contrato entre la Agencia de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE) y la empresa privada de gestión penitenciaria MT.

“Voy a ir llegando a El Salvador a principios de abril”, me dijo. Glenda y su familia esperaron a Elmer hasta que lo vieron aparecer en el video oficial de las deportaciones del 31 de marzo, presentado como un peligroso pandillero de la Mara Salvatrucha (MS-13) y conducido a la megaprisión del CECOT. Después perdieron su rastro. 

Kevin Rolando Barrera Torres llegó a El Salvador en el vuelo militar del 15 de marzo de 2025, según la procuradora general.

“Ahí viene el deportador. Voy a hablar con él”, me dijo. “Te vuelvo a llamar”. Y ya nunca me llamó, cuenta con tristeza Gerber; el amigo y jefe de Kevin en Estados Unidos al recordar la última llamada que este le hizo el 13 de marzo de 2025 desde el Centro de Detención del Condado de Hidalgo, en Texas, una cárcel operada por la empresa privada GEO Group y utilizada para recluir a inmigrantes en situación irregular bajo la custodia del ICE.

"Ese mismo viernes, el nombre de mi hermano Kevin desapareció de los registros de la detención de Hidalgo, y la custodia nos informó que había sido deportado —relata su hermana Karen—. Tendría que haber llegado el mismo fin de semana a El Salvador, pero no apareció."

Sin conocerse aún en ese momento, Glenda y Karen empezaron un ritual contra la desesperanza: buscar infatigablemente, cada una por su cuenta, a sus respectivos hermanos en las instituciones de El Salvador.

Indagaron por ellos en el Centro de Recepción del Migrante, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la embajada de Estados Unidos en San Salvador, en las procuradurías locales, en centros penales y en la prisión del CECOT. No han llegado al país. No existe registro de su entrada, les respondieron en todas partes.   

Cada una acudió a la Fiscalía, donde le entregaron documentos que indicaban que Elmer y Kevin no tenían expedientes de investigación activos en su contra. Ambas interpusieron una denuncia por desaparición; de nada sirvió.

La práctica establecida por la administración Trump consiste en eliminar a los deportados de la base de datos del ICE. Al respecto, Juanita Goebertus, de HRW, explica que “si Estados Unidos cumpliera con el deber fundamental de la Convención sobre la Desaparición Forzada de informar el paradero de la persona, tendría que decir que fue trasladada a El Salvador o a determinado país. Pero en el ICE Locator indica: ‘Esta persona no está bajo custodia de Estados Unidos’, y nadie puede saber dónde está”.

Por su parte, El Salvador, bajo el régimen de excepción, restringe por completo el acceso a la información relativa a las personas privadas de libertad. “La incomunicación es una particularidad del régimen de excepción que consiste en aislar por completo a las personas privadas de la libertad del mundo exterior, impidiéndoles el contacto con sus abogados o seres queridos. Al mismo tiempo, se oculta la información de dónde se les detiene. Eso genera que las personas queden fuera de la protección de la ley, que es la definición técnica de desaparición forzada”, explica la experta.

No son criminales

Kevin Rolando Barrera Torres

“Él estaba subiendo sus herramientas de trabajo al vehículo cuando llegaron. Lo raro es que no vestían el uniforme del ICE, sino que iban de civil; por eso no se percató. Le pidieron documentación y, como no tenía nada, lo detuvieron y se lo llevaron. Fue el 3 de marzo de 2025 en Irvington, Nueva Jersey”, relata Karen. Tras el arresto, su hermano Kevin fue recluido en el Centro de Detención Hidalgo, Texas, para migrantes en situación irregular.

En 2015, la policía salvadoreña acusó erróneamente a Kevin de pertenecer a las pandillas. Tras demostrarse su inocencia, quedó en libertad. Dos años después, los mareros cometieron un crimen en la zona donde él vivía con su familia y la policía volvió en su búsqueda. “Lo maltrataron aquí enfrente de mi mamá. Se lo llevaron al cementerio del municipio y lo torturaron para que se declarara culpable. Solo estuvo ocho días detenido porque se comprobó, otra vez, su inocencia. Entonces, pensó que lo mejor era alejarse de aquí y se fue a trabajar a Estados Unidos. Pidió asilo, pero no se lo otorgaron y tuvo que regresar”, relata Karen.

En marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele impuso un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas. Esta medida extraordinaria permite hacer arrestos sin orden judicial. En cuatro años, más de 92.000 personas han sido detenidas. Organismos humanitarios denuncian que muchos inocentes están tras las rejas.

Karen cuenta que cuando empezó el régimen de excepción, los policías volvieron a buscar a su hermano. “Ahí sí nos preocupamos porque golpearon a mi tío y lo amenazaron, tiraron puertas y todo eso”.

Huyendo de esta caza de brujas, Kevin decidió emigrar, por segunda vez, a Estados Unidos. En El Paso, las autoridades migratorias lo detuvieron y lo expulsaron a México. Después logró cruzar la frontera. No solicitó asilo porque ya tenía dos deportaciones. Empezó a trabajar en la construcción.

El 13 de marzo de 2025, Kevin fue expulsado a El Salvador. Hasta el día de hoy se desconoce su paradero.

“No debieron enviarlo a El Salvador, considerando que ya tenía este precedente”, afirma Kelvi Zambrano, abogado en Estados Unidos que representa a la familia de Kevin, refiriéndose a los intentos de la policía salvadoreña por incriminar en el pasado a Kevin como pandillero.

El abogado recuerda que el principio de non-refoulement es una norma fundamental del derecho internacional, inscrita en la Convención de Ginebra, que prohíbe a un Estado expulsar, devolver o extraditar a una persona a un territorio donde su vida, su libertad o sus derechos fundamentales puedan verse amenazados.

“El Comité contra la Tortura, en interpretación del artículo tres de la Convención contra la Tortura, de la cual Estados Unidos es parte, establece que no se puede enviar a una persona a un país donde corre riesgo su integridad y su vida”, precisa Zambrano.

 La familia de Kevin está segura de que fue detenido al llegar en los vuelos militares de deportados en 2025, debido al empeño de los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos por demostrar que se trataba de peligrosos pandilleros. “Las personas con antecedentes penales en El Salvador han sido recapturadas, a pesar de haber sido absueltas de todos los cargos. Ni siquiera tiene un tatuaje de marero en el cuerpo”, insiste Karen.

Para Juanita Goebertus, de HRW, “La narrativa del gobierno de El Salvador busca justificar la detención de estos deportados al señalar que están involucrados en la delincuencia organizada; sin embargo, la información que tenemos de parte del ICE indica que la gran mayoría no tenía antecedentes judiciales ni vinculación con estos grupos criminales”.

 Goebertus subraya que, aunque los índices de seguridad en El Salvador han mejorado bajo el régimen de excepción, también se ha registrado un aumento de las detenciones arbitrarias. HRW ha documentado cientos de detenciones de personas que no estaban vinculadas a pandillas. Asimismo, cuenta con un informe a partir de testimonios policiales que revelan cómo recibían órdenes de cumplir ciertas cuotas de arrestos, independientemente de si los sospechosos pertenecían a estos grupos o no.

Elmer Concepción Romero

“Él no se fue huyendo del país, sino para ayudar a su hijo debido a la difícil situación económica acá en El Salvador. Las constancias de la fiscalía muestran que no tiene delitos. En todas las instituciones nos preguntan si tiene tatuajes. Él no tiene”, sostiene Glenda.

 La primera vez que su hermano Elmer emigró a Estados Unidos fue en 2003. Entró por la frontera y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS), beneficio migratorio con el que EE. UU. acoge a personas que huyen de situaciones de extrema violencia, conflictos bélicos o desastres naturales. Los salvadoreños fueron los primeros en beneficiarse de este programa humanitario en 2001, a raíz de dos terremotos devastadores y una guerra civil que sumió al país en la pobreza y forzó al exilio a miles de personas. (En septiembre, la administración Trump puso fin al TPS para los salvadoreños, dejando sin protección a unas 232 000 personas y a sus familias**).

Un año después de recibir el TPS, Elmer fue condenado a ocho años de cárcel por agresión en grupo y homicidio involuntario. 

“En ese tiempo, él tenía 17 años. Cumplió su condena en 2011, salió libre y fue deportado. Vino al país. No tuvo ningún problema. Lo recogimos en el aeropuerto y todo bien”.  

 En 2023, emigró nuevamente a Estados Unidos y las autoridades migratorias lo detuvieron por encontrarse sin sus papeles en regla. Tras 26 meses de prisión junto a otros indocumentados, fue deportado desde EE. UU. en el vuelo militar del 31 de marzo de 2025.

Un año y una semana después, aconsejada por la familia de uno de los once identificados que logró averiguar que su pariente se encontraba allí, Glenda fue al Centro de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana. “Primero me aseguraron que no estaba, pero yo insistí. Me hicieron esperar y luego me dijeron: 'Sí, aquí está, ya le puede dejar el paquete’. Con la desesperación, corrí y compré lo que pude. Pero no hemos tenido ni una llamada ni una foto para saber si él está bien o si recibe los paquetes con los víveres que pide la cárcel”.

En un informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con fecha del 9 de junio, y en respuesta a la solicitud de medidas cautelares, el Estado de El Salvador reconoció que Elmer Concepción Romero Yanes se encuentra recluido e incomunicado en la cárcel de Santa Ana. 

“Queremos una respuesta clara del Estado porque los abogados nos han dicho que en El Salvador una persona no puede ser detenida ni condenada por un delito que cometió en Estados Unidos y cuya pena ya cumplió”, insiste Glenda.

“El Estado de El Salvador ha indicado dónde se encuentra detenido, pero no presenta ningún sustento jurídico que justifique la privación de su libertad. En consecuencia, estamos ante una detención arbitraria”, afirma Kelvi Zambrano, abogado que representa a nueve familias —entre ellas la de Elmer— de los once identificados de un total de 36 deportados.

Ha pasado año y medio de las deportaciones de estos salvadoreños y las familias aún no tienen contacto con ellos. Sus abogados no han podido acceder a los expedientes, ni han sido informados de qué se les acusa para estar en prisión. Hay familias a las que ni siquiera se les ha confirmado en qué cárcel está su pariente.

El jurista señala que, según los estándares internacionales, la incomunicación de un detenido está prohibida y solo se justifica para preservar sus derechos fundamentales —como su integridad física— o para proteger el proceso. En este sentido, el juez debe razonar si procede o no dicha medida; sin embargo, en este caso ni siquiera existe un proceso judicial contra los deportados detenidos. 

Según los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, cuando se encuentra a la persona o se conoce su paradero, el delito de desaparición forzada no desaparece ni se extingue, sino que cesa su consumación. Es un delito de lesa humanidad que no prescribe nunca.

“Nosotros hemos presentado la demanda contra el Estado de El Salvador a favor de estas personas, para que el Estado salvadoreño sea condenado por el concepto de desaparición forzada”, dice Zambrano. Y subraya que se trata de un patrón de continuidad de desaparición forzada: “El delito comienza en Estados Unidos y se mantiene en El Salvador”  

*El 18 de mayo de 2025, Ruth López, directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, desde donde se ha investigado al presidente Bukele, fue apresada acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía afín al mandatario salvadoreño. López ha permanecido la mayor parte del tiempo incomunicada y sin acceso a su expediente, ya que el caso fue declarado secreto bajo el estado de excepción.

** Para el caso salvadoreño, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advierte que la supresión del TPS y las deportaciones desde EE. UU. reducirían drásticamente las remesas (24%-26% del PIB), golpeando gravemente a los hogares y a una economía salvadoreña ya estancada. También existe un riesgo en materia de seguridad y derechos humanos. Diversas organizaciones internacionales han documentado detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos, desapariciones forzadas, violaciones del derecho a un juicio justo y otros abusos graves cometidos bajo el estado de emergencia.

La crisis de medicamentos en Colombia sigue dejando a miles de pacientes sin tratamientos para enfermedades como diabetes e hipertensión. Mientras aumentan las quejas contra las EPS (Empresas Prestadoras del Servicio) por la no entrega de medicamentos, familias en Medellín denuncian largas filas, gastos de bolsillo y meses de espera para acceder a tratamientos esenciales.

Escuche el reportaje del colombiano Santiago Palomino Ochoa, estudiante de la Universidad EAFITen Medellín, Colombia, mención especial de la décimosegunda edición del Premio Reportaje de RFI en Español, que tuvo lugar entre febrero y mayo de 2026.

Cuando María Teresa Agudelo recibe una llamada de su hermana menor, casi siempre sabe que algo pasó con su mamá.

Las tres hermanas se repartieron las tareas sin necesidad de acordarlo. Mónica permanece junto a ella las 24 horas del día. Luisa Fernanda se encarga de pedir citas médicas, reclamar medicamentos y buscar soluciones cuando algo falla. María Teresa, la mayor, trabaja y asume buena parte de los gastos que requiere el cuidado de la familia.

El centro de todo es María Ángela Muñoz Álvarez, una mujer de 81 años que quedó completamente dependiente después de sufrir varias enfermedades, entre ellas un accidente cerebrovascular.

Desde entonces, las hijas aprendieron a cambiar pañales, mover a una paciente inmovilizada, alimentarla por una gastrostomía y vigilar cada señal de alarma. También tuvieron que aprender algo que nunca imaginaron: cómo cuidar a una persona cuando los medicamentos y servicios médicos formulados dejan de llegar.

“Todo lo hemos aprendido por YouTube y por inteligencia artificial”, cuenta María Teresa.

La familia asegura que, desde septiembre de 2025, los medicamentos dejaron de entregarse con regularidad. Los pañales nunca llegaban. La atención médica domiciliaria que necesitaba tampoco se concretó.

Cada visita terminaba con respuestas parecidas:

“No está disponible”.

“No lo están dando”.

“No hay ese medicamento”.

Mientras intentaban mantener estable a su madre, las hermanas empezaron a asumir gastos que antes cubría el sistema de salud. Entre medicamentos, traslados en ambulancia, insumos y una cama hospitalaria que tuvieron que comprar para atenderla en casa, calculan que gastaron cerca de 10 millones de pesos colombiano, más de dos mil dólares, prácticamente un salario mínimo colombiano cada mes.

“Sale uno triste. Hemos salido llorando”, dice María Teresa.

“Uno nunca sabe si el medicamento llegará”

La frase se repite una y otra vez en distintos lugares de Colombia.

A varios kilómetros de la casa de María Ángela, Estebinson Rodríguez escucha la misma respuesta cuando intenta reclamar los medicamentos de su madre, Blanca Inés Montoya, una profesora pensionada de 83 años.

Durante años ha aprendido a convivir con largas filas, autorizaciones, trámites y esperas. Pero en los últimos meses, asegura, conseguir los tratamientos se ha vuelto más difícil.

Hay medicamentos para controlar la hipertensión y otras enfermedades crónicas que simplemente no aparecen: “El valsartán nunca lo hay. El nifedipino tampoco”, cuenta.

La rutina suele comenzar temprano. Llega al punto de entrega, espera su turno, presenta las fórmulas médicas y aguarda una respuesta. Algunas veces recibe una parte del tratamiento. Otras veces sale con una lista de medicamentos pendientes.

Cuando eso ocurre, la única opción es comprarlos. “Toca reducir el mercado”, dice. “Unas veces comemos arroz con huevo y otras veces huevo con arroz para poder comprar los medicamentos”.

El problema es que la enfermedad no espera. Las cuentas tampoco.

Por eso, muchas familias terminan destinando parte de sus ingresos a tratamientos que deberían recibir a través del sistema de salud.

Las historias de Estebinson y María Teresa son distintas, pero comparten una misma sensación: la incertidumbre de no saber cuándo llegará el próximo medicamento.

Una crisis que supera las ventanillas

Lo que viven estas familias forma parte de un problema más amplio.

En 2025, la Superintendencia Nacional de Salud recibió cerca de 675.000 reclamos relacionados con la entrega tardía o la no entrega de medicamentos. En Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, una encuesta de percepción ciudadana encontró que el 34 % de los habitantes se declaró insatisfecho con la entrega de medicamentos, una de las principales razones de inconformidad con el sistema de salud.

Las alertas también han sido respaldadas por la Defensoría del Pueblo, la institución en cargada en el país de velar por los derechos de los ciudadanos. En un informe publicado en noviembre del 2025 por dicha entidad, se advirtieron que los problemas de abastecimiento y entrega afectan especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas que requieren tratamientos continuos.

Según sus análisis, muchas familias terminan asumiendo de su propio bolsillo gastos que deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Dependiendo del tratamiento y de la capacidad económica del hogar, estos desembolsos pueden representar desde una pequeña fracción de los ingresos familiares hasta porcentajes que superan el 70 % o incluso el 90 % en los casos más críticos.

Entre los medicamentos cuya entrega registra mayores dificultades figuran tratamientos para enfermedades cardiovasculares, diabetes, epilepsia, trastornos psiquiátricos y algunos medicamentos de alto costo utilizados para cáncer y enfermedades huérfanas. Para los pacientes, la interrupción de estos tratamientos puede traducirse en complicaciones médicas, hospitalizaciones evitables o un deterioro acelerado de su estado de salud.

Para Johnattan García-Ruiz, investigador en salud pública de la Universidad de Harvard, detrás de la escasez existen problemas financieros y logísticos que afectan la distribución de medicamentos en el país.

Según explica, las dificultades no se limitan a la falta de recursos. También influyen retrasos en los pagos entre aseguradoras, prestadores y distribuidores, problemas en la planeación de inventarios y fallas en la coordinación de la cadena de suministro. Cuando los recursos no circulan con normalidad entre los distintos actores del sistema, advierte, las consecuencias terminan llegando a los pacientes en forma de demoras, entregas incompletas o interrupciones de tratamientos esenciales.

Sin embargo, para quienes esperan una entrega, las explicaciones técnicas suelen sentirse lejanas.

La crisis se experimenta de formas mucho más concretas. En una silla de ruedas. En una cama hospitalaria instalada en la sala de una casa. En una fila que empieza antes del amanecer. En una hija que aprende procedimientos médicos viendo tutoriales en internet. En un hijo que reorganiza el presupuesto familiar para comprar medicamentos. En un paciente que depende de una pastilla diaria para mantener estable su salud.

Nota del editor: Después de la realización de este reportaje, María Ángela Muñoz Álvarez, uno de los personajes de este reportaje, murió el 22 de mayo de 2026.

Al cumplirse un mes del terremoto que sacudió el occidente de Colombia, RFI recorrió varios municipios del norte del Valle del Cauca, entre ellos Roldanillo, Toro y El Águila. Entre viviendas destruidas, refugios improvisados y obras apenas iniciadas, los testimonios recogidos muestran que la reconstrucción avanza a ritmos muy desiguales y que, en muchos casos, depende de la solidaridad de familiares, vecinos y donantes. Reportaje de nuestra corresponsal en Cali, Carmen Andrea Rengifo.

El 10 de agosto pasado, a las 7h34 de la mañana, la tierra se movió con fuerza. El epicentro del terremoto, de magnitud 7,4, fue en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La sacudida atravesó el occidente colombiano y dejó más de 330 muertos. Estamos en Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. Ha pasado un mes desde el terremoto. En la fachada de la vivienda de Luz Mary Giusti Varela se lee un aviso que dice: "Uso restringido".

A sus 78 años, Luz Mary está sacando con las manos los restos de su casa. “Qué íbamos a pensar que de la noche a la mañana íbamos a tener este inconveniente tan grave”, dice.  Desde el terremoto duerme donde una hermana, pero vuelve todos los días para retirar escombros y recuperar lo que todavía puede salvar.

“Desde el día del terremoto toda mi familia, mis sobrinos, me ayudaron a sacar todos los enseres y a llevarlos a cuatro casas de familiares. Luego hemos venido aquí poco a poco, sacando lo que nos ha ido quedando y tratando de retirar los escombros para aprovechar cuando viene el carro recolector de escombros”.

Le preguntamos de donde sale ese carro. “Pues me imagino que el municipio”. Luego nos invita a entrar para ver las condiciones en que quedó mi casa. “No podemos habitarla. Esta pared se nos desploma hacia el lado de allá. Mire que está bien abierta”, dice señalando unas grietas.

Cuando empezó a temblar, ella estaba adentro de su residencia. Mientras recorremos la vivienda, señala el lugar exacto donde se encontraba y el bloque que cayó a pocos pasos. “Yo me quedé en el marco de una puerta, aquí, en esta pieza. Me agarré así y alcancé a salir”.

Luz Mary sigue entrando a una casa que oficialmente no puede habitar. Un ingeniero le explicó que la estructura podría repararse con columnas y vigas de amarre. La vivienda fue construida por su padre en 1952 y quedó para la familia.

Solidaridad en San Pacho

En San Pacho, corregimiento del municipio de Toro, nos encontramos con Bertha Oliva Bedoya, de 77 años. Camina despacio desde el fondo del galpón, apoyada en dos muletas. La artrosis le dificulta el andar.

“Ella está discapacitada, pero no se queda quieta”, nos dice la vecina que nos conduce hasta ella.

La mañana del 10 de agosto Bertha Oliva estaba atendiendo a sus gallinas, limpiando la cochera y poniendo agua a los animales. “Cuando empezó el terremoto escuché a los vecinos gritar. Yo estaba solita. Me agarré de un poste que había ahí. Menos mal el techo no tenía tejas, sino zinc. Cuando todo pasó vi el desastre: la casa de allá se cayó encima de la mía. Todo el techo cayó sobre el mío y mi casa se fue hacia el otro lado del cerco. Cuando miré, las paredes se tambaleaban”.

Un mes después, el terreno de Bertha ya no luce como aquel primer día. Entre los restos de la antigua vivienda aparecen nuevas paredes y una cocina que todavía está en obra gris.

“Mi hijo y muchas amistades vinieron a ayudarnos. Llegó una familia de Cali, vino mucha gente. Entre todos hicieron un combo. De Toro vinieron muchas amistades. Mi hijo trajo un maestro de obra de Pitalito, Huila, y a las carreras levantaron esto que ve aquí. En trece días levantaron todo”, dice.

Pero esas primeras paredes no significan que la reconstrucción esté resuelta. Su hijo tuvo que volver a Pitalito y lo que falta depende ahora de materiales que la familia consiga fiados.

Damos gracias a Dios porque la señora de la ferretería nos dio lo que necesitábamos. Nos dijo: "Me van pagando como puedan, de a millón o de a quinientos mil. Gracias a Dios nos facilitó todo para poder trabajar”, dice.

Vallejuelo: promesas, pero sin fecha

En Vallejuelo, otro corregimiento de Toro, Edinson Cañarte González camina entre los restos de la casa que construyó durante años. Tiene 76 años y se apoya en un bordón mientras nos invita a entrar.

“Yo no puedo caminar mucho. Yo voy caminando lentamente”, dice.

Mientras la prometida casa llega, Edinson ha tenido que resolver dónde dormir. Ensayó una noche en la vivienda de su hijo, pero no es una solución de largo plazo porque también está dañada y con las lluvias tuvieron que apuntalarla para evitar que se terminara de caer. Así que volvió a su terreno, donde apenas le levantaron un refugio provisional en el espacio que antes ocupaba su casa.

“El alcalde ya ha venido dos veces a visitarme. Me dijo: ‘No se preocupe, le vamos a fabricar su casita’. La promesa está hecha, pero no sabe cuándo se la van a cumplir.

Roldanillo, "buenos corazones"

Muy cerca de allí, en Roldanillo, Consuelo Rojas Jiménez enfrenta otra incertidumbre. El albergue donde se refugia está por cerrar. Ella todavía no sabe dónde va a dormir después. Su casa quedó tan dañada que tuvieron que demolerla. Sus padres la habían levantado poco a poco, reuniendo materiales como podían.

“Gracias a Dios han aparecido buenos corazones. Nos están regalando cemento y ladrillo. Ahora me siento más segura porque le van a poner columnas. Va a quedar mucho mejor”, confía.

Las ayudas para la reconstrucción empiezan a llegar. Lo que Consuelo todavía no tiene es un lugar donde quedarse hasta que su casa vuelva a estar en pie. “Le pedimos el favor a cualquier persona que pueda ayudarnos. Anoche vino una prima y le dije: ‘Usted que anda en moto, avíseme si sabe de algún lugar’’ Porque uno tiene que saber para dónde ir”.

El Águila, hospital en ruinas, pero personal al frente

De Roldanillo seguimos hacia el municipio de El Águila, en el extremo norte del Valle del Cauca. Allí el terremoto no solo golpeó viviendas, sino que también dejó en ruinas el Hospital San Rafael, el único centro asistencial del municipio y sus alrededores.

Cuando el edificio empezó a moverse, pacientes y trabajadores salieron como pudieron. Una funcionaria quedó atrapada bajo un escritorio. Apenas terminó el sismo, dos compañeras regresaron al hospital, siguieron sus gritos y lograron rescatarla. No hubo muertos dentro del centro médico, pero el edificio ya no podía seguir funcionando.

“Inmediatamente después del terremoto montamos un hospital de campaña. Sacamos las carpas de Misión Médica y las instalamos en el parque. Bomberos y Policía también ayudaron. Todo fue supremamente rápido. Sacábamos camillas, equipos y materiales, y los íbamos instalando en el parque para continuar la atención. Armamos una zona de urgencias y seguimos trabajando”, explica Olga Lucía Aguilar, la gerente del Hospital San Rafael.  

Con el paso de los días surgió otra tarea: encontrar dónde seguir atendiendo a los pacientes. La urgencia salió del parque y se trasladó a una construcción que había servido anteriormente como hospital. Otros servicios fueron repartidos entre locales, un puesto de salud y una casa. Un mes después, cerca de 60 trabajadores continúan distribuidos en tres lugares diferentes.

“La terapia física va para uno de los locales de afuera. Citologías y programas de prevención están en uno de los cubículos. El laboratorio clínico toma las muestras aquí, aunque los análisis deben hacerse en otro sitio. Luego los resultados se entregan acá”, comenta Olga Lucía Aguilar. 

Cargando tejas a los 67 años

En ese mismo municipio vive Amilbia Valle Gutiérrez. Tiene 67 años. La encontramos cargando tejas. Su casa creció al ritmo de lo que la familia podía conseguir: primero dos habitaciones, luego otra pieza y una pequeña cocina. El terremoto le arrancó el techo. Su esposo vive del jornal y desde entonces buena parte de sus días se van tratando de sostener lo que quedó.

“Nos dicen que hay que esperar y esperar. Mi esposo fue a preguntar y le dijeron lo mismo, que hay que esperar. Y mire cuánto tiempo ha pasado. El terremoto fue el 10 de agosto y ya se cumplió el mes. Vivo con miedo de que se me moje la casita. Un señor noble me regaló un plástico y el otro lo compré con mucha dificultad”, dice.

De regreso en Roldanillo, Luz Mary Justy sigue entrando a su casa para llenar recipientes con pedazos de pared, tierra y tejas. Los lleva hasta la calle y regresa por más. Una tarea que se ha tornado muy lenta por su edad. Tiene miedo de entrar, pero no se detiene. Le cuesta sostener el recipiente. Tiene 78 años y después del terremoto siente que está empezando de nuevo.

“Nosotros no pensamos derribar la casa. Ya nos han dicho que tiene arreglo, que con una pared nueva y buenas vigas se puede salvar. Lo que pasa es que estas casas no tienen vigas de amarre, sino chonta”, explica.

Un mes después, en el norte del departamento del Valle del Cauca, algunas paredes comienzan a levantarse. Otras casas siguen igual que el primer día de la tragedia. A unos la reconstrucción ya les llegó, a otros los dejó varados, contando los días bajo un plástico prestado.

El reclutamiento en Colombia es un flagelo latente que sufren muchos menores de edad. En 2025 se registraron 386 casos de niños, niñas y adolescentes. Una violación a los derechos humanos que va en aumento especialmente en la región del Cauca, en el suroccidente colombiano, donde la población indígena es la más afectada. ¿Pero qué pasa con la presencia del Estado? ¿Por qué se los llevan? ¿Cómo lo hacen? ¿Y qué papel protagónico están jugando las redes sociales? RFI se desplazó al departamento del Cauca, para intentar entender esta crisis.  

"A los 15 años me encontraron trabajando en una finca. Cuando llegaron, me dijeron que si yo quería ser parte de ese grupo. Me recogieron y ahí fue donde me llevaron", cuenta Juan, cuyo nombre ha sido cambiado por seguridad y hace parte de las vergonzosas cifras de reclutamiento de menores que tiene la guerra en Colombia. 386 casos se registraron en el país en 2025, según datos oficiales, pero los números reales son mayores. El miedo inunda estas comunidades, que dicen sentirse desamparadas y controladas por grupos armados.

El Cauca es el departamento donde hay mayor reclutamiento. Conviven grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, bandas criminales y de allí viene Juan, del norte. Solo pasó una semana mientras lo convencían para que se fuera con uno de estos actores armados. "Me dejé convencer por el dinero, pues cuando yo llegué casi no conocía a la gente. Encontraba más jóvenes muchas veces mayores que uno o menores que uno. Son grupos que no sabría cómo diferenciarlos, porque son cosas que uno muchas veces no entiende de la guerra", cuenta el joven. 

A los niños se los llevan a la fuerza o los seducen, pero en cualquier caso hablamos de reclutamiento forzado explica la mayor del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) Nini Johana Daza. "Hoy los grupos armados desafortunadamente lo han tomado como un factor importante escoger nuestros jóvenes, nuestras niñas y niños y convencerlos de que allá hay una oportunidad económica y quizás de que podrán tener mejores oportunidades. Entonces, se los llevan convencidos", indicó Daza al resaltar que, al tratarse de menores de edad, la persuasión también responde a este flagelo. "Mientras nosotros evidenciamos que ha habido una desventaja en ofrecerle oportunidades distintas a nuestros jóvenes, niños y niñas, de alguna forma es reclutamiento forzado porque están forzando a ver oportunidades donde realmente es una situación de muerte, que no lo vemos de otra manera".  

Juan a sus 15 años ganaba 150 dólares mensuales trabajando en el campo y le prometieron 500 dólares mensuales si se iba a ese grupo armado. "Me dijeron que las cosas allá eran bien, que allá iba a tener un recurso para sustentarme, quería ayudar a mi familia", dice Juan, pero ese deseo solo le duró el primer mes, porque el dinero después no llegó.   

Las redes sociales como arma de reclutamiento en auge 

A algunos los contactan personalmente. Son extraños, amigos o enamorados, pero hay algo que está irrumpiendo de forma masiva y preocupa a organizaciones, padres y profesores, explica María Mercedes Lievano directora para Colombia de la ONG Save The Children: "Estos grupos están abogando en las redes sociales a una velocidad impresionante para seducir a los niños en estos territorios, haciendo una apología a la narco cultura, al poder, al dinero, a las motos”, indicó Lievano, agregando que dichos grupos armados se han especializado en estrategias de marketing muy robustas. "Dependiendo del sector o de la región del país, usa vallenatos (música) y apologías, entonces publican 'súmate a las filas', 'únete y tendrás poder', reconocimiento y, pues realmente tienen todas esas estrategias de seducción y captación para ser atractivos y vender una cultura, una falsa promesa de que vincularse a estos grupos les va a resolver muchos de sus problemas", indicó.

El profesor Carlos, cuya escuela está en una zona rural del Cauca, sabe muy bien estos casos. "Conozco un caso de un chico que empezó a hablar con una niña muy bonita a través de Facebook. Se pusieron cita semanalmente como 5 veces y a la quinta semana de estar conversando, un comandante de un grupo al margen de la ley corre a la niña que estaba hablando y le dice: 'Juan, sabemos dónde vives, tu papá se llama tal y tu mamá se llama tal, el viernes te presentas acá o si no los vamos a matar a todos'. A él le tocó dejar botado todo con sus papás e irse, y eso fue a través de un engaño estructurado a través de las redes sociales", cuenta el docente. 

Carlos indicó que a algunas jóvenes que reclutan a otros les pagan hasta  20.000.0000 de pesos (aproximadamente 5.000 dólares). "Es casi que una industria que está en este momento en auge. Tenemos niños reclutados desde los 10, 12 y 13 años", agregó.   

Este profesor, a quien se le ha cambiado el nombre por seguridad, tiene que ver a algunos de sus pequeños estudiantes pasar de multiplicar a ponerse un uniforme, pues según las últimas cifras anuales de la Defensoría del Pueblo, casi la mitad de los menores tomados por el conflicto tienen menos de 15 años.    

 

Cada 20 horas al menos un niño en algún rincón de Colombia es reclutado por un grupo armado, cuenta María Mercedes Lievano, quien resalta el miedo extremo que sienten estos menores. “Cuando van caminando a su escuela y encuentran un artefacto explosivo en mitad del camino o, por ejemplo, de aquellos niños o niñas que nos cuentan que una vez ya entran a las filas de los grupos armados, son niños de 10, 12 años que estando en la selva o combatiendo, y viven un terror muy grande”.  

“Sienten la muerte todo el tiempo” 

Además de los combates, en ocasiones son víctimas de violaciones y abusos sexuales, señala la directora de la ONG, quien recuerda que estos niños no tienen un entrenamiento, los tratan como adultos y cuentan el doble miedo que sienten cuando están en enfrentamientos. “El primero de que lo van a matar por impacto de bala y el segundo de que si se llega a esconder o se llega a escapar, igual va morir porque él tiene la amenaza que tienes que combatir y no te puedes escapar de estos grupos. De alguna manera, sienten la muerte todo el tiempo", señaló.  

La sensación de que la muerte lo perseguía fue lo que hizo escapar a Juan de las filas en las que se encontraba desde hace dos años.  "Cuando uno siente que una bala casi se lo lleva a uno, esos son los momentos en los que no piensa en salirse de allá. Lo peor que me pudo haber pasado fue perder compañeros. Que en algún momento quise y aprecié como si hubieran sido hermanos de sangre. Muchas veces me quería volar, pero me daba miedo de que algo me pasara".

Tras muchos intentos, Juan logró escapar, pues lo que más lo frenaba era el miedo de correr con la misma suerte de sus compañeros, quienes "muchas veces no alcanzan a escaparse y los matan".  

Juan tiene algunas marcas en su cuerpo; los entrenamientos también son exigentes, dice. Los nuevos reclutas son utilizados para labores de extorsión, vigilancia, inteligencia o incluso en primera línea de enfrentamientos con la fuerza pública u otros rivales.  

Dicho conocimiento lo tienen algunos ex integrantes de las Farc, quienes son objeto de chantaje por los grupos actuales, asegura un excombatiente y firmante de los diálogos de paz de 2016, que no dio su nombre por seguridad. "Hay algunas personas que en el pasado posiblemente fueron colaboradores nuestros y que hoy, conociendo nuestra condición de firmantes, buscan atraer al padre, por la experiencia que tenía, pero en consecuencia de la respuesta negativa de los padres, algunos estúpidos mandos medios nuevos de ellos usaban como forma de presión atraer a los hijos de estos", señaló el excombatiente de las Farc, agregando que algunos casos están denunciados y otros "lamentablemente ya perdieron a sus hijos en la guerra".   

Abandono del Estado   

¿Pero por qué los grupos armados logran ejercer control de esta manera? ¿Y qué pasa con el Estado? La directora de Save the Children señala que uno de los mayores problemas que favorecen estas prácticas es el aislamiento en el que viven ciertos territorios.  

"Hay que entender que en un país como Colombia desafortunadamente hay regiones donde el acceso es muy limitado, incluso para ONG humanitarias por temas de riesgo. Esa expansión de conflicto armado lo que genera es un una expansión del control social sobre las comunidades y las comunidades están amenazadas. Las comunidades tienen miedo, no denuncian”, subrayó Lievano, alegando que falta mayor presencia estatal, programas sociales y calidad educativa.  

“Nosotros tenemos en el país territorios donde los niños a los 9 años no saben leer y comprender un texto simple, eso es pobreza de aprendizaje y eso hace que los perdemos rápidamente. Son niños que desertan del sistema educativo y son los que tienen mayor riesgo de incurrir en acciones delictivas", señaló.

Ante el abandono del Estado, algunas comunidades han desarrollado mecanismos para rescatar a sus niños de la guerra, es el caso del “Camino de Enraizamiento”, un programa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que busca fortalecer los derechos de las menores víctimas de reclutamiento, una vez logran regresar a sus hogares, dice la mayora Daza, quien lamenta la dificultad para encontrar a los jóvenes, pues los grupos armados, a veces, los desplazan a otros departamentos para que sea más difícil encontrarlos, denunció.    

Más allá de la atención, estas comunidades también rescatan, no siempre los chicos y las chicas logran escapar. A veces son las mismas madres quienes van en busca de sus hijos arriesgando sus vidas o la guardia indígena, indica José Tenorio, coordinador político de este organismo perteneciente al CRIC, que tiene tres modalidades de recuperación de menores de edad. "Una es cuando los menores de edad nos llaman desde el grupo armado que están arrepentidos por volarse. Entonces, con la autoridad en conjunto con la Guardia, vamos a buscar y hablar con el grupo armado para que haya una entrega de manera voluntaria. La segunda es cuando hay menores que no se quieren ir, entonces se rodea al grupo armado de manera contundente y se exige la liberación en la entrega al menor de edad y un tercer momento es comunicarse con los grupos armados para que entreguen al menor", dice Tenorio, recordando los riesgos de esta tarea. "No es fácil, corre con dos riesgos: que lo maten a uno por recuperar a un menor de edad o que terminen muertos los dos".  

Los padres, los maestros, las comunidades, pero sobre todo los niños, niñas y adolescentes sufren con el drama del reclutamiento forzado que en los últimos cinco años en Colombia ha aumentado un 300%. Es la desgarradora cifra de Naciones Unidas, según casos verificados, pero todas las entidades hablan de un subregistro por miedo. Porque si algo va de la mano del reclutamiento, es el miedo a hablar de ello, miedo a denunciarlo, miedo a admitir que se está trabajando para frenarlo.

Mientras tanto, los grupos armados aumentan sus filas en gran parte con esas niñas, niños y adolescentes a los que el Estado colombiano les ha fallado constantemente.  

Algunas voces y nombres fueron cambiados por seguridad.

La ruta canaria de la inmigraicón, que une África con las Islas Canarias, es una de las más letales. El año pasado 1.900 perosnas fallecieron en esta travesía intentando alcanzar suelo europeo. Sin embargo, llegar a tierra es solo un primer paso en busca de una vida nueva. En este gran reportaje seguimos el camino que cada año hacen miles de migrantes para aprovechar esta segunda oportunidad. 

De nuestro enviado especial Manu Terradillos

“Flotaba la gente en el mar. Tenía mucho miedo, no sabes si vas a sobrevivir o vas a morir". Así habla Djeneba Kane, originaria de Costa de Marfil. Forma parte de los miles de migrantes que cada año se juegan la vida para alcanzar las Islas Canarias desde África.

El año pasado fueron casi 18.000 los que llegaron al archipiélago a través de la conocida como Ruta Atlántica o Ruta Canaria, una de las más peligrosas, navegando hacinados en pequeños barcos llamados cayucos o pateras.

“Llegué aquí con 16 años, cuando estaba embarazada. Vine de Marruecos en patera. Gracias a Dios, yo llegué sana y salva, pero fue muy dura la travesía en patera. Fue muy complicada porque estaba embarazada. Cuando estaba en la patera, vomitaba y me mareaba", explica Djeneba sobre su viaje.

Canarias se ha convertido en destino de la migración irregular africana, dada su cercanía con la costa oeste del continente. El viaje lo suelen iniciar a pie en su país, hasta alcanzar alguno de los países costeros, donde pagan en ocasiones miles de dólares para tener sitio en una de las frágiles embarcaciones. En ocasiones, no tienen elección en su búsqueda de una vida mejor.

Leer también“No sabes si vas a sobrevivir”: La Ruta del Atlántico, travesía migratoria letal hacia las Canarias

Kalili Soukouna partió desde su Mali natal: “Yo llegué aquí el 14 de febrero de 2005 y tenía 14 años. Estaba en mi país. Un día cualquiera, como hoy, mi mamá se puso enferma. No tenía medios para llevarla al hospital y, al final, tomas decisiones como estas. Era toda una aventura sin saber lo que me iba a encontrar.

Antes de la embarcación estuvimos prácticamente un mes de caminata, porque no teníamos dinero para coger taxis, para coger autobuses, para cruzar la frontera de Mali hasta Mauritania, donde tomamos el barco. El viaje duró tres días en el cayuco, que nos trajo hasta aquí, hasta Maspalomas. Yo soy uno de los pocos afortunados que, por suerte, llegué y puedo contar la historia. Muchos no han tenido la misma suerte", continúa.

Una ruta migratoria letal

Como bien lo sabe Kalili, es afortunado, porque esta travesía se cobró 1.900 vidas el año pasado, convirtiéndose en una de las rutas migratorias más letales. Él pudo alcanzar tierra con su cayuco; en otras ocasiones, los migrantes son rescatados en alta mar.

José Antonio Rodríguez Verona es técnico de primera respuesta de Cruz Roja. Está entre los primeros que reciben a los migrantes cuando son rescatados en alta mar o llegan a tierra exhaustos: “Yo muchas veces en lo que más me fijo de la persona es en la mirada. Son miradas de ojos perdidos, miradas que no miran más allá del propio muelle. Sobre todo dan las gracias, no a nosotros, sino por llegar al destino en buenas condiciones".

En lo que va de año, Cruz Roja ha atendido a más de 3.000 personas en estas circunstancias. Cuenta cómo, poco a poco, su perfil ha ido cambiando con el paso de los años: "Normalmente vienen del sur de África. Mayoritariamente son varones de entre 18 y 24 años. Pero sí es cierto que también estamos notando un aumento de familias. Están viniendo familias completas. Es decir, está viniendo el padre, la madre, con un menor; o un padre con su hijo; una madre con su hijo. Siempre están alegres porque han pasado una travesía muy dura y ya están en tierra, que eso para ellos es lo más fundamental".

Una visita de León XIV para despertar conciencias

La visita del papa León XIV a las Islas Canarias en mayo fue un momento histórico. El sumo pontífice se desplazó a dos de las islas, Gran Canaria y Tenerife, que cuentan con importantes centros de recepción para estos migrantes.

El tema central de su viaje no fue otro que el de la migración, para despertar la conciencia de aquellos que no lo viven en primera línea, pero también para llamar la atención sobre esta ruta atlántica tan mortífera.

Eloy Santiago, obispo de Tenerife, estuvo entre quienes le recibieron:"Creo que la visita del papa León XIV a Canarias va a traer, sobre todo, la posibilidad de que, a nivel nacional e internacional, se ponga el foco en el conocimiento de las realidades migratorias en esta ruta atlántica mortífera. Hasta ahora se ha subrayado mucho el tema del Mediterráneo, el tema de Estados Unidos y América, y la Ruta Atlántica queda un poco en el olvido. La presencia del Papa permitirá que los focos internacionales y, ojalá, como consecuencia, los organismos internacionales, los países, etcétera, vean que la cuestión migratoria no es una cuestión que afecte meramente a Canarias, ni siquiera a España, sino que es global y exige una respuesta global por parte de las instituciones".

 Sin embargo, llegar a tierra es el primer paso de un camino hacia una nueva vida. Kalili lo sabe bien, porque llegó siendo menor de edad, con 14 años. Aún hoy se dice sorprendido de la solidaridad y la ayuda que encontró:

"Fue bastante complicado. Yo estuve en un centro de menores durante cuatro años. Allí conocí a un ángel, al que nosotros llamamos mamá Loli. Doy las gracias a esa persona que a mí me salvó la vida, porque tanto para la integración, el idioma y la alimentación… Gran parte de lo que soy hoy en día es gracias a ella".

Maritza Legon trabaja en un centro de acogida de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, no muy lejos de Las Palmas, en Telde, en el barrio de Marpequeña. Ella misma nos recibe y nos abre las puertas de sus instalaciones. Allí conviven medio centenar de personas. Comen, duermen, pero, sobre todo, reciben formación para integrarse. Desde el idioma hasta tareas básicas como pedir cita para el médico o inscribir a un hijo en el colegio.

"Las personas que viven en nuestro centro son solicitantes de protección internacional, lo que comúnmente llamamos asilo. Ahora mismo la mayoría son de Mali, pero hemos tenido épocas, dependiendo de cómo va el mundo y de la situación económica y geopolítica, en las que hemos acogido a muchas personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, Colombia, Rusia o Ucrania; muchas nacionalidades", cuenta a RFI.

Además, Maritza explica que, antes de buscar su sitio en la sociedad española, muchos deben encontrar un momento de paz tras vivir una etapa traumática:

"Tienen derecho a atención psicológica, porque muchas veces es muy, muy importante para que puedan ir avanzando. Muchos vienen con estrés postraumático por la experiencia que ha supuesto la travesía y la llegada aquí. Después van a clases de español hasta que alcanzan un cierto nivel y pueden pasar a buscar cursos de formación ocupacional. Esa es la parte fundamental, porque al final todas estas personas que llegan aquí lo que quieren es tener un futuro para trabajar y vivir dignamente, como queremos todos en la vida".

El turismo, clave en la integración de los migrantes

El turismo es precisamente uno de los sectores donde los migrantes encuentran trabajo. El año pasado las islas acogieron a cinco millones de visitantes, atraídos por sus playas y su clima, haciendo de este sector el gran motor de la economía de Canarias y aportando uno de cada cuatro empleos existentes.

Estas robustas cifras económicas esconden un dato: la necesidad de la migración. Uno de cada cuatro trabajadores del sector es extranjero.

Lo sabe muy bien José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas de Las Palmas. Pese a las políticas de inmigración que defienden partidos como la formación de extrema derecha Vox, él asegura que los migrantes son fundamentales.

"Lo que pasa es que estamos en una situación donde se mezcla todo: ideas políticas intentando entrar en la economía, cuando realmente hay que ver la realidad, ver cómo España va a necesitar en los próximos años mano de obra. Tenemos una población envejecida, con jóvenes europeos, españoles y canarios que no quieren trabajar en el sector servicios, y donde la mano de obra migrante va a sustituir a esas personas que se van a jubilar en los próximos años y va a suponer una mayor riqueza para nuestros países", cuenta a RFI a la entrada de uno de los hoteles que gestiona. 

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Entre esos trabajadores migrantes se encuentra Marcia Díaz, chilena llegada a Canarias hace 27 años. Empezó a trabajar de manera irregular, hasta que logró la documentación y ahora supera el cuarto de siglo de experiencia como camarera de piso en hoteles.

Marcia no solo defiende la necesidad de los trabajadores migrantes, sino que además es portavoz en Canarias de la asociación Las Kellys, diminutivo de «las que limpian», que lucha para que este colectivo, formado principalmente por mujeres extranjeras, tenga mejores condiciones laborales.

"La mayoría son mujeres migrantes, muchas de ellas sudamericanas, y también tenemos muchas compañeras africanas. La asociación se creó en 2014 mediante un grupo de Facebook, por las mismas razones de las que estamos hablando: las injusticias que se estaban cometiendo en los hoteles. Las camareras de piso somos una parte estructural de un hotel. Un hotel vende camas limpias. Por tanto, nuestro trabajo es esencial. Tenemos algo dentro de nosotras, como un fuego, esa necesidad de prosperar, de salir adelante y de no volver atrás a lo que estábamos pasando en nuestros países".

Prosperar cuando se parte sin nada

Ese es el siguiente paso: prosperar. Migrar suele suponer muchos sacrificios, incluido el de comenzar de cero, sin familia, sin papeles, en una situación en la que cualquier oportunidad es bien recibida.

Alexa Martínez Mazabel llegó a Canarias hace nueve años y, pese a su experiencia en el campo de la comunicación, aceptó empezar trabajando en la atención a personas. Sin embargo, pronto descubrió que iba a ser muy difícil cambiar. Todas las ofertas y formaciones que le proponían siempre estaban relacionadas con el mismo sector.

Ahora asesora a distancia a otras mujeres para ayudarlas a que no entren en esa misma espiral, puedan regularizar su situación de manera más fluida y optar a mejorar su vida personal y profesional. Para ello creó la comunidad Arraigadas:

"Decidí hacer acompañamiento exclusivamente a mujeres migrantes que han tenido que pasar por las mismas situaciones que yo he vivido, trabajando en el sector del hogar y de los cuidados, del que muchas veces es difícil salir por las condiciones sociolaborales en España".

Buscar su sitio en un lugar donde nadie te conoce. Ese es el gran desafío.

"Hoy en día doy gracias a Dios porque puedo ganarme la vida y tengo gente a mi lado que me ayuda, me da consejos y que para mí son como mi familia", dice Djeneba, con su semblante serio.