Grandes Reportajes de RFI

Recientemente, la Corte Suprema de Israel emitió un fallo histórico prohibiendo el profiling racial en los operativos policiales de identidad, se trató de una demanda presentada por minorías étnicas, como los judíos etíopes, para protegerse de la discriminación que sufren por parte de las autoridades. Sin embargo, esta decisión es tomada con pinzas por los también llamados Beta Israel, los judíos negros de Israel y que representan el 2% de la población. 

 

Desde Tel Aviv y Ashkelon

Actualmente, son unos 170 mil los judíos etíopes que viven en Israel. Llegaron en los años 80 siguiendo el sueño que habían alimentado sus ancestros, llegaron anhelando Jerusalén porque para ellos no existía el Estado de Israel ni sus fronteras sino solamente Jerusalén. Sin embargo, al llegar la realidad sería otra y el sueño de la Tierra prometida donde todos serían hermanos no tardaría en disolverse bajo expresiones de racismo y discriminación por parte de otros judíos. Rápidamente, los judíos etíopes entendieron que, en Israel, que era también su tierra y su único hogar, debían abrirse camino y empezar desde cero. Asi lo explica Dany Admasu, doctor en sociología, judío, etíope y también ciudadano israelí

En Occidente hay este dicho acerca de la democracia, se dice que algún día va a llegar, pero, en ese momento del presente, no existe y nunca vas a estar allí cuando llegue. Sin embargo, esa esperanza te anima para que sigas haciendo lo que haces para mejorar la sociedad. Jerusalén era así. No era un lugar específico, pero desde niño yo sabía que era de allí. Pero cuando al llegar aquí te llaman «kushi», que es como decir negro - ni siquiera es llamar a alguien de piel oscura - es realmente Khushi, nigger. Muchas cosas fueron muy extrañas. Fue muy difícil como niño, pero sé que soy de aquí y no extraño ni tampoco deseo regresar a Etiopía

En este camino, Dany Admasu se ha convertido en uno de los principales referentes científicos de la comunidad. Este 2026, Dani publicará su libro Negritud y judaísmo: la resistencia del judaísmo etíope. Cuatro décadas después de la llegada de los etíopes a esta tierra prometida, su libro será el primero de carácter científico publicado por un miembro de la misma comunidad. Cuarenta años después de su llegada a Israel, el camino de los judíos etíopes es uno cuesta arriba y saben que sus condiciones en tanto que comunidad afrodescendiente son bastante distintas a las de los judíos blancos de Israel. 

Racheli Makali, directora de la organización Empoderando mujeres etiopes, cuenta que ella, pese a haberse criado en Israel sufre la discriminación por ser etíope, es decir, por el color de su piel. No solo lo experimentó cuando le negaron alquilarle un departamento por ser etíope sino que es algo que ya sus hermanos y padres y familiares habían vivido.

Sucede todo el tiempo… ahora y antes. Cuando mi hermano era chico y estaba aún en la escuela, un día quería comprarle un regalo a mi papá, tenía 200 o 300 shekels, unos 70 u 80 euros en el bolsillo,  y un policía lo vio y lo detuvo ¿Por qué tienes tanta plata?, le dijo. En realidad, no era tanta plata y mi hermano no entendía por qué lo detenían, pero son cosas que pasan todo el tiempo. Los jóvenes etíopes no pueden sentarse en las bancas así como así en la noche en un barrio de blancos porque son vistos como sospechosos…

Racheli tiene 43 años está casada y es madre de tres hijos. Ella emigró de Etiopía a Israel en 1991 para instalarse en Kiryat Malachi. Racheli cuenta que fundó su organización inspirada por el mensaje de su madre: “Hay que luchar contra el racismo accediendo a puestos clave. Solo así podremos tener un impacto, sin esperar a que otros cambien la realidad”. En 2020, Empoderando mujeres etíopes pasó de ser una asociación a una organización con una estructura jurídica, gracias a ella más de 250 pequeñas empresas han sido creadas por mujeres etíopes. 

El Harlem de Israel

En Israel, los migrantes judíos, aquellos que llegaron a través de la aliyá, es decir, la inmigración de judíos a la Tierra de Israel, y que es considerada un retorno espiritual y físico a su patria ancestral, se encuentran agrupados en la periferia de la ciudad. Históricamente fue el barrio de Kyriat Malachi donde se construyeron residencias temporales para estas personas, sin embargo lo temporal devino permanente y estos lugares menos favorecidos se convirtieron en el lugar de los excluidos.

Otro de estos lugares es Ashkelon, al sur de Tel Aviv, muchos judíos etíopes viven allí hoy rodeados por otras minorías étnicas. Una de ellos es Shulamit

Somos el Harlem de Israel. Aquí se cometen muchos delitos. Hay proxenetas, drogas y más… Todo esto está sucediendo aquí y es difícil llevar una vida así… pero necesitábamos crecer y salir adelante lo mejor que podíamos y lo hicimos.

Shulamit es judía de padres árabes, judía mizrahi como designa el término de los judíos descendientes del norte de Africa y de Medio Oriente. Shulamit no tiene el brazo izquierdo completo, su mano no termino de desarrollarse y esta discapacidad, además de sus orígenes árabes, le hicieron a ella y a su hermana Orel, darse cuenta de que, si bien todos son judíos, no todos los judíos son iguales. 

Los judíos ashkenazíes, es decir, los judíos blancos recibían un trato muy diferente al nuestro. Había niveles y nosotros estábamos en el nivel más bajo. Siempre fuimos los desfavorecidos en este país. Entonces, cuando llegaron los etíopes, que estaban por debajo de nosotros, eso supuso un pequeño cambio. Hoy en dia, el racismo es más difícil de ver, pero sigue ahí.

Operaciones de exfiltración de los judíos etíopes

La historia de los judíos etíopes en Israel empezó oficialmente a fines de 1984 y principios de 1985 cuando tras décadas de idas y venidas el gobierno decidió exfiltrarlos tras haber aceptar que al ser también judíos tenían el derecho a la Ley de retorno y a ser reconocidos como ciudadanos israelíes.

Bajo el nombre de la operación Moisés, primero, y operación Salomón, después, militares israelíes, miembros del Mossad, aterrizaban de noche en los campos de refugiados de Sudan, país enemigo de Israel y exfiltraban a estos judíos etíopes hermanos suyos para llevarlos luego a Israel. Una tarea delicada, pero sobre todo una odisea para los propios etíopes pues debían primero lograr la hazaña de llegar a Sudán. Fue el caso del periodista Dany Abebe quien publicó este 2025 el primer libro de testimonio y ensayo escrito por un miembro de la comunidad etíope acerca de la aliyá

Cuando tenía unos nueve años, mi familia y yo dejamos nuestro pueblo y emprendimos un viaje hacia Sudán. La verdad es que lo pasamos bastante mal. Perdimos a mucha gente en el camino. Como comunidad judía, sufrimos por ser judíos. Sufrimos por culpa de los gobiernos nacionales, de los gobiernos locales y también por culpa de los no judíos, muchos de ellos eran cristianos, muchos de ellos eran musulmanes. Ser judío es complicado en todo el mundo y - ya sabes - el antisemitismo no solo proviene del mundo occidental, está en todas partes. Por ejemplo, durante un año, el gobierno etíope no concedió ni compartió tierras a los judíos a pesar de que éramos etíopes. Si eras judío, no podías conseguir tierras. Y, bueno, a nuestra comunidad se la llamaba falasha que quiere decir sin tierra, extranjero; y nuestros vecinos cristianos etíopes no confiaban en nosotros, creían que íbamos a quedarnos para siempre ahí.

Pese a estas condiciones de vida difíciles en Etíopía, estos judíos y mal llamados falashas vivieron en una especie de pseudo tranquilidad hasta que en los años 70 una terrible hambruna golpeo el país y con el cambio de régimen, el nuevo gobierno marxista de Mengistu Hailé Mariam - que se convirtió luego en dictadura - decretó que ninguna persona podía abandonar el territorio. Se calcula que, en su ruta de escape, en el camino entre Etiopia y Sudán unos 4 mil etíopes judíos perdieron la vida. Dany recuerda aún el día en que salió de Etiopía hacia una destinación desconocida

En 1983, oímos hablar de un viaje de la comunidad judía y una noche, un viernes por la noche, nos fuimos, dejamos nuestro pueblo. No sabíamos adónde íbamos ni cuánto tiempo duraría. Todo era un gran secreto. Caminamos descalzos, sin zapatos, sin comida, sin ropa.. Caminamos un mes o algo así y llegamos a la frontera de Sudán.Por desgracia, nos quedamos en Sudán un año, en un campo de refugiados. Unos cuatro mil etíopes murieron, entre ellos algunas personas de mi familia, vidas que se perdieron en Sudán y durante el camino a Sudan. Entonces, nuestro sueño y nuestra misión es contárselo a la sociedad israelí, al pueblo judío, lo mucho que sufrimos para llegar a Jerusalén. Luchamos por formar parte de ella, por ser como ellos, como la sociedad israelí.

Ashkelon, un bunker antibombas para cientos 

Las diferencias de trato hacia los judíos de minorías étnicas en Israel se expresa también en bunkers antibombas, ciertos barrios como el de Ashkelon cuentan solo con un bunker antibombas para varios edificios en caso de ataque. En el barrio de Shulamit, el bunker se encuentra al centro del conjunto habitacional, expuesto. Sin embargo, la situación es otra en barrios más privilegiados y menos mixtos, ellos tienen incluso un bunker para cada departamento. Shulamit cuenta cómo fue su experiencia el 7 de octubre, cuando el grupo islamista Hamas ataco Israel

No podíamos salir de nuestras casas y  llegar al refugio porque corríamos el riesgo de que los terroristas nos mataran. Y no podíamos llegar a las escaleras porque había cohetes. Así que, bueno, nosotras estamos en el último piso, en el cuarto; lo único que atinamos a hacer fue a meternos debajo de las mesas de la casa y rezar para seguir con vida. No teníamos nada más que hacer. Y esta es la complejidad, otra complejidad que la gente no entiende. No somos una élite. No todos los judíos son ricos. No todos los judíos están pasando el mejor momento de sus vidas. Estamos luchando. Luchamos por sobrevivir cada día, especialmente en barrios como este. 

Avera Mengistu, el judío etíope secuestrado una década por Hamas

Cuando Shulamit aún estaba en la secundaria, Orel, su hermana había empezado a hablar en casa del secuestro de Avera Mengistu, un judío etíope con problemas mentales retenido por Hamas y que permaneció en su poder por más de diez años. Shulamit sintió que Avera podía haber sido ella 

Cuando Orel empezó con el activismo y se involucró un poco más, y empezó a hablar del caso de Avera en nuestra casa, yo pensaba: «Esto es una mierda, lo siento, pero es una mierda. Es una mierda, es igual que con nosotros (judíos mizrahi). Si fuéramos nosotros, nadie lucharía por nosotros». Y ese es el problema - lo siento - pero es lo que pasó con muchas familias del 7 de octubre, ellas no lo entendían hasta que les pasó a sus hijos.

Inspirada en su experiencia personal y la discapacidad de su hermana, Orel Schitrit decidió crear la cuenta de Instagram Counting Avera para sensibilizar y exigir su liberación. Ella tomó contacto con la familia de Avera Mengistu y periódicamente organizaron manifestaciones en las que exigían al gobierno israelí que interceda ante el gobierno de Gaza por su liberación. Después de 7 de octubre 2024, las cosas cambiaron, la presión fue mayor y ya no no solo de los judíos mizrahi y etíopes sino de toda la sociedad israelí que se unió detrás de una bandera exigiendo la liberación de todos los que se encontraban en manos de Hamas. La presión surtió efecto y Avera fue liberado a principios de 2025. 

Contra la discriminación, educación, activismo y redes sociales

En Israel, el activismo ha logrado cierto reconocimiento y Racheli Malkai de Empoderando mujeres etíopes, fue elegida para encender la antorcha en las celebraciones por las fiestas nacionales de Israel. El empoderamiento de las mujeres, en general y de las judías etíopes, en particular, es más que necesario dice Racheli Malkai desde su oficina en Ashkelon. En 2013, el gobierno israelí admitió, como lo habían denunciado decenas de mujeres etiopes, que les administro Depo-Provera un contraceptivo de larga duración en contra de su voluntad.

Hoy en día es diferente. Estamos más informadas y tenemos más educación. Conocemos el idioma, conocemos nuestros derechos. Antes, se administraba la vacuna a mujeres migrantes que no entendían el idioma, y se les  administraba a la fuerza. Se les administraba tanto que ya no podían tener hijos. Básicamente, se les daba una vacuna que las dejaba estériles. Hoy en día es diferente. Entendemos mejor, conocemos nuestros derechos. Tenemos médicos etíopes, así que es completamente diferente, ya no pueden hacer lo que quieren. Pero sí, es doloroso saber que, al final, han trabajado con mujeres inocentes que no estaban al tanto de lo que les hacían y que recibieron una vacuna en contra de su voluntad.

Gracias a la organización de Racheli, mujeres como Shelly han podido crear sus empresas, empezar a generar sus propios ingresos y ganar un poco de independencia.

En realidad, yo empecé a diseñar desde casa. Aprendí a cortar y coser por mi cuenta. Vivía en el kibutz Gevra'am, en el sur del país, y cuando llegué a Ashkelon, la asociación Empoderando mujeres etíopes estaba organizando un evento muy importante al día siguiente y me ofrecieron hacer un desfile de moda allí. Era la primera vez que organizaba un desfile de ese tipo, fue muy emocionante, fue mi oportunidad de mostrar lo que me gusta y lo que hago. Antes yo tenía una tienda, pero con el coronavirus tuve que cerrarla. Ahora trabajo desde casa, tengo una página web y estoy en las redes sociales, en Facebook, TikTok e Instagram. Las cosas van bien y participé hace poco en un programa de televisión de modas en Tel Aviv, donde también había modelos muy conocidas.

Las redes de apoyo no solo provienen de los propios judíos etíopes sino también de voluntarios que se han organizado y creado iniciativas para que jóvenes de la comunidad etíope puedan cursar estudios superiores y tener mejores oportunidades de vida. Es el caso de YOEL, una organización que los ayuda a preparse para pasar un examen de admisión, les enseñan a utilizar computadoras y programas y sobre todo a tener un nivel de idioma que les permita defenderse en el ámbito profesional. Oshrat, judío etíope, es una antigua alumna de este programa, ella hoy estudia derecho en la universidad de Reichman.

La línea de inicio no es la misma para todos. En sentido metafórico diría que, para empezar una carrera, necesitas, por ejemplo, zapatillas y otros implementos y eso es lo que YOEL me dio. Gracias a ellos pude seguir en la carrera con el agua y las zapatillas, por ejemplo. Especialmente en mi universidad, es muy, muy cara. Es una universidad privada, de otra manera no sé cómo podría haber entrado.

Desde otros espacios los jóvenes etíopes intentan también abrirse camino en la sociedad israelí pese a los desafíos. Brhan, influencer judío etíope, cuenta que después del 7 de octubre hubo muchas informaciones falsas acerca de los judíos en general y de los judíos etíopes, en particular, eso la animó a contar su historia y la de su comunidad a través de las redes sociales.

Lo que estoy haciendo es contar la historia y reformular la historia de los Beta Israel, porque cuando la gente piensa en Israel, hay mucha desinformación que se les ha transmitido. Creen que (los judíos etíopes) no hemos aportado nada a la sociedad israelí, que aquí somos delincuentes y ciudadanos de segunda clase y eso es mentira. Hay un enorme legado que los Beta Israel trajeron consigo a la sociedad judía israelí. La gente piensa que fue el Mossad el que vino y salvó a los judíos etíopes, lo cual es cierto, pero también hay que dar crédito al pueblo judío que se marchó de sus pueblos y recorrió miles de kilómetros hasta Sudán y de Sudán a Israel. Los etíopes también se salvaron a sí mismos. Y si los etíopes no hubieran estado allí para presionar entre bastidores, el Mossad no habría venido.

Convivir entre nosotros lo mejor que podamos 

"Israel es una sociedad compleja", no se cansan de repetir los judíos etíopes que entrevisté. Todos ellos aman su patria, no solo porque no tienen otra sino porque es su hogar y la tierra con la que sus ancestros les enseñaron a sonar. Sin embargo, la idea de una sociedad homogénea y con un solo perfil étnico que los segrega va en contra de la idea de la nación de Israel según explica Dany Admasu

Es un reto. Israel es lo que llamamos el espacio afro-levantino. Esta nación existe y es posible porque hay muchos grupos pequeños que la conforman. Si separas a sus miembros e intentas convertirlo en grupos puros diferentes entonces la idea de nación ya no existe.  La cuestión es como lo resolvemos y cómo podemos vivir y mejorar la sociedad para todos. Esta es mi idea.

En un mundo cada vez más polarizado, la sociedad israelí libra su propia batalla, y las fracturas se hacen cada vez más visibles pese a un discurso que pareciera borrar todas las diferencias, a pesar de ello, los grupos que lo conforman elevan su voz y eligen también contar, contar como ciudadanos y contar también su propia historia.

El Senado argentino examina este miércoles un proyecto de modificación de la ley de protección de glaciares. El presidente Milei, que niega el cambio climático, busca flexibilizar la norma en beneficio de la industria minera, prometiendo proyectos millonarios de explotación de oro y cobre. Pero organizaciones ecologistas y habitantes temen el sacrificio de reservas hídricas vitales "por un par de monedas". Reportaje de nuestro corresponsal en Argentina, Théo Conscience.

Estamos en la provincia de San Juan, en la quebrada de San Lorenzo, a más de 4.000 metros de altitud. "Es un lugar encantador de los Andes áridos entre Argentina y Chile", dice Silvio Pastore, coordinador del Gabinete de Estudios de Glaciología, Nivología y Cambio Climático de la Universidad de San Juan. El viento sopla fuerte, pero el oxígeno se hace más escaso. Respirar y hablar ya cuesta un poco más. Alrededor hay montañas de color ocre, rojizo, marrón. Y arriba, un manchón blanco: el glaciar de San Lorenzo.

"El paisaje es espectacular porque estamos arriba de un glaciar de escombro. Lo que vemos hacia el fondo es el límite internacional con Chile, el famoso límite divisorio de aguas, con un glaciarete que drena sus aguas hacia el territorio argentino", agrega Silvio Pastore.

El glaciarete al que se refiere está cubierto de penitentes, formaciones de hielo características de los Andes, que toman la forma de cuchillas afiladas orientadas hacia el cielo.

"Está tipificado como un glaciar, pero hoy la situación es que se ha llenado de penitentes, como lo podemos observar. Eso significa que ya está en un proceso continuo de degradación. Y, en tiempo humano, vamos a ver que esto va a desaparecer casi totalmente".

El gobierno planea modificar la ley de los glaciares 

En los últimos 30 años, Argentina perdió el 42 % de la superficie de sus glaciares por culpa del calentamiento global. Desde 2010, los 17.000 cuerpos de hielo inventariados y los suelos congelados del ambiente periglacial están protegidos y reconocidos por ley como reservas estratégicas de agua. Pero el gobierno del presidente Javier Milei quiere modificar la ley para dejar que las provincias definan qué zonas deben protegerse, con el objetivo de abrir la puerta a la industria minera. Y, sin embargo, estamos rodeados de una gran riqueza, como una roca que le muestro a Pastore.

"Esto que vemos aquí es una composición mineralógica extraordinaria. Esta variedad de colores, de textura… Esta está llena de cristales indicadores de minerales. No sé si los ves, algunos de ellos brillan. Tómale el peso. Es muy pesada. Tiene una densidad que lo que va a dar esta densidad son sulfuros o contenidos de metales, principalmente cobre, oro, plata, zinc".

Para Silvio Pastore, la presencia de estos minerales plantea un dilema. Las zonas periglaciales de San Juan son ricas en cobre, un mineral clave para la transición energética y para la lucha contra el calentamiento global que agobia los glaciares. Para el científico, hay que aclarar y flexibilizar la ley de protección de glaciares.

"Esta zona que te estoy mostrando es un ambiente periglacial. La ley actual prohíbe la actividad en este ambiente. Pero yo puedo observar, a simple vista, y demostrar con metodología científica, que gran parte de estos cerros que están aflorando no contienen ni agua ni hielo. Pero es un ambiente periglacial. Su significancia hídrica es mínima, comparada, en la misma área, con estos glaciares blancos o glaciares de escombro. Lógicamente, hay sectores en los cuales no se va a poder hacer ninguna actividad, de ningún tipo, pero hay sectores que pueden ser liberados".

A pesar de pertenecer a una agrupación del lobby minero, el Grupo Sarmiento, Silvio Pastore dice que no quiere hacer política. Asegura que solo quiere aportar datos científicos al debate público. Pero sus posiciones han sido cuestionadas por otros glaciólogos, incluso en su propia universidad. Juan Pablo Milana, doctor en geofísica e investigador del Conicet, considera que la modificación de la ley propuesta por el gobierno es peligrosa.

"Esa modificación deja a criterio de las provincias la posibilidad de desclasificar glaciares. Y el problema es que los criterios están a la venta. Entonces, si hay mucho interés del gobierno de que ocurra una explotación minera, dentro de la universidad siempre vas a encontrar a alguien que diga: 'este glaciar no sirve porque tiene poco hielo, contribuye poco, o lo que sea'".

Sacrificar una reserva hídrica por unas monedas 

Este científico denuncia que el gobierno quiere cambiar el espíritu de la ley de protección de glaciares, pasando de un criterio de tipo científico a uno político, a la hora de definir lo que es una reserva estratégica de agua.

"Este es el problema de utilizar la palabra 'estratégico'. Porque a lo mejor para la provincia es mucho más estratégica esta explotación minera porque va a sacar muchos más impuestos, va a dar más trabajo. Pero, a la larga, es pan para hoy y hambre para mañana. Estás sacrificando una reserva hídrica por unas monedas”.

El tema es que estos minerales representan mucho más que unas monedas. Con la incertidumbre del contexto geopolítico actual, el valor del oro y de la plata viene marcando récords históricos. Y el cobre también: el metal rojo es un muy buen conductor. Entre vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, la demanda explotó estos últimos años, y el precio también.

En la cordillera sanjuanina, las multinacionales Lundin Mining (canadiense) y BHP (australiana) impulsan una de las iniciativas mineras más grandes del mundo: el proyecto Vicuña. Tiene reservas estimadas en 35 millones de onzas de oro y 12 millones de toneladas de cobre.

Iván Grgic, responsable de relaciones institucionales de Vicuña y presidente de la Cámara de Minería de San Juan, evoca algunos de esos proyectos. "Hay proyectos mineros en distintas etapas. Tenemos dos proyectos… podríamos decir cuatro de cobre en etapa avanzada de exploración. Entonces, cuando el mundo dice '¡cobre, por favor!', San Juan está casi lista para empezar a vender cobre".

Chile y el cobre, ¿fuente de inspiración para Argentina? 

Iván Grgic destaca el potencial que representa la minería para la provincia y para el país en términos de empleo y de inversiones. Para él, Argentina tiene que inspirarse en Chile, primer exportador de cobre a nivel mundial.

"Una frase que me decía mi papá cuando era chico: no te olvides que lo que está del otro lado de la cordillera está de este lado. Si Chile exporta entre 50 y 60 mil millones de dólares al año, Argentina también puede exportar esa cantidad. O sea que podemos generar al país rápidamente un desarrollo muy grande porque el mundo lo requiere y con la seguridad de que lo que estamos iniciando es un desarrollo inmenso para el país, y sin embargo todavía incipiente".

Los proyectos mineros de la provincia de San Juan ya atrajeron más de 17 mil millones de dólares de inversión a través del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones impulsado por Javier Milei. Pero para que estas inversiones puedan materializarse y multiplicarse, la ley de protección de glaciares tiene que flexibilizarse, sostiene Iván Grgic.

"Todos estos proyectos están avanzando porque entienden que hay seguridad jurídica. Es decir, tú tomas una propiedad minera en donde vos te encontrás con crioformas inventariadas, en donde los estudios iniciales de los proyectos mineros determinan que no tienen aporte hídrico, que no son glaciares ni son crioformas a custodiar. Pero no pueden avanzar en ningún tipo de exploración hasta que la ley no les determine. Entonces, esas inversiones o intereses han quedado latentes".

"Jáchal no se toca"

Este es justamente el caso del proyecto Vicuña, cuyo futuro open pit, o tajo a cielo abierto, se encontraría en parte sobre un glaciar registrado en el inventario nacional, el GE 110. La empresa quiere desclasificarlo, pero la población local se resiste.

"Nosotros desde la asamblea "Jáchal no se toca" generamos, con asesoramiento técnico apropiado, un reclamo en el año 2021”, dice Saúl Zeballos, integrante de la asamblea "Jáchal no se toca". "Ese reclamo fue atendido y fue incorporado al inventario nacional de glaciares. Cuatro años después, estamos peleando nuevamente para que no lo hagan desaparecer al glaciar GE 110".

"Jáchal no se toca" es un grupo de vecinos autoconvocados que se reúne todas las semanas en una carpa instalada en la plaza del pueblo con la misión de preservar el río Jáchal.

Carolina Caliva, integrante de la asamblea, dice: "Sabiamente, nuestros pueblos originarios se asentaron al lado de un río. Nosotros vivimos en una zona árida. Si no tuviésemos agua, no existiría este pueblo".

Los glaciares funcionan como reguladores del recurso hídrico. En las zonas áridas como San Juan, compensan el déficit de precipitaciones. La provincia declaró la emergencia hídrica hace tres años, y los habitantes padecen cada vez más la escasez de agua.

"Nosotros ya sufrimos los cortes de agua por días. Hasta perdemos la dignidad. A ver, no tenemos agua para el baño, no tenemos agua para las necesidades básicas. A veces uno abre la canilla y piensa que nunca se va a acabar. Pero cuando padecés esta escasez, hace que uno tome conciencia", denuncia Carolina Caliva.

Carolina Caliva y los integrantes de la asamblea ya no creen en las promesas de la industria minera. Hace 20 años que conviven con la mina de oro a cielo abierto de Veladero, propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold.

"Dejaron contaminación, enfermedad y muerte" 

"Venían con el discursito del pleno empleo, del desarrollo sustentable. Ahora está claro que nuestro pueblo sigue tan pobre o más pobre que antes. Y si nos dejan algo, nos dejan contaminación, enfermedad y muerte", subraya Carolina Caliva.

Carolina Caliva se refiere a los escándalos de contaminación ambiental por parte de la mina Veladero.

"En el 2015 se produce el derrame más grande de la historia de Argentina, por parte de la empresa Barrick Gold. Miles de litros de solución cianurada que afectan a cinco ríos; y ahí ya se ve totalmente modificada nuestra vida".

Este derrame y los siguientes impactaron profundamente al pueblo, que depende exclusivamente del río Jáchal para su agricultura.

"Acá tenemos alfalfa", dice Omar Aciar, productor, mostrando sus tierras agrietadas por la sequía. "Tenemos otro cuadro ahí de algodón. Y tenemos algo de cebolla también. Eso es básicamente para lo que nos alcanza el agua, nada más".

Este productor denuncia el consumo y la contaminación del agua por parte de la industria minera. "Los yacimientos mineros sacan el agua dulce. Entonces acá, cada vez viene el agua más salinizada. Mucho más boro, mucho más arsénico. Entonces ya los crecimientos de las mismas plantas no son iguales. Y ahora se complica porque cada vez tenemos menos agua para el regadío".

Por falta de agua, Omar solo pudo sembrar 60 de las 100 hectáreas de su explotación este año. Está muy preocupado por el avance de la minería. El proyecto Vicuña necesitará un promedio anual de 1.200 litros de agua por segundo, 10 veces más que el consumo actual de toda la industria minera en la provincia.

"Al paso que van las concesiones de agua para la minería, nosotros estimamos que en 10 años no vamos a poder hacer agricultura acá en Jáchal. Si eso ocurre, moriríamos como pueblo. ¿Qué le dejamos a nuestros hijos? Yo tengo nietos, unos nietos chicos. ¿Y dónde nos vamos nosotros? Ya no tenemos agua potable para el consumo humano, se están secando los pozos. No hay recargas. ¡¿Cómo vamos a sacrificar los glaciares?! Es una cosa muy evidente que el agua es la vida".

Agricultores, organizaciones ecologistas y poblaciones locales están juntando fuerzas para resistir el avance de la industria minera en los Andes. A lo largo de la cordillera, ciudadanos se organizan en asambleas populares con una consigna: el agua vale más que el oro, la ley de glaciares no se toca.

La salida de Nicolás Maduro de Venezuela dejó un sabor agridulce en la diáspora venezolana, entre esperanza y temor a regresar. En la ciudad colombiana de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, RFI conoció a una pareja de comerciantes con una historia de exilio, una historia para escuchar en nuestro podcast.

No es un jardín en sí, pero está ubicado frente a un parque florido en el barrio La Ceiba de la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela. Jardín de Sabores es como una miscelanea de comida y de historias. Lo abrieron hace unos años los emprendedores Abdul Muhamad Hernández y su esposa Ana Quiroz, ambos venezolanos. 

Este proyecto de vida conjunto busca ofrecer alternativas saludables para personas con diversas condiciones médicas, como diabetes, celiaquía, y problemas de tiroides. 

En 2017, Ana salió de Venezuela "con seis meses de embarazo y una maleta cargada de ilusiones". Decidieron emigrar a Colombia debido a la inestabilidad en su país. Abdul fue a recoger sus pertenencias a Venezuela, pero durante el viaje de vuelta a Cúcuta, fue asaltado y lo perdió todo. 

"Yo llegué aquí y exploté a llorar los nervios y la angustia. Entonces comenzamos aquí con unos pequeños ahorros de mi esposa. No teníamos absolutamente nada", recuerda Abdul. 

Este incidente traumático los dejó sin nada, pero con la determinación de comenzar de nuevo y abrir "Jardín de Sabores", enfrentando las dificultades con esperanza.

Abdul y Ana mantienen vínculos fuertes con su familia y amigos en Venezuela, a pesar de la distancia. La pareja se despertó a principios de enero con la noticia de que en Venezuela ya no gobernaba Nicolás Maduro y que los Estados Unidos habían bombardeado la ciudad de La Guaira. Pensaron en el hermano de Abdul, integrante de Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

A pesar de las dificultades iniciales, encontraron en Cúcuta un lugar de acogida y apoyo. La comunidad colombiana los recibió con calor humano y aceptación, facilitando su adaptación a un nuevo entorno. "Me gusta el apoyo de las personas, aunque uno nunca deja de extrañar, sobre todo la comida. A veces tú sientes aquí que la sal no sala y el azúcar, por decir algo, no endulza", dice Ana.

Con casi una década viviendo en Colombia la familia Muhamad Quiroz es verdaderamente colombo-venezolana. Aunque recordar a su país tiene sabor agridulce, también han probado el deleite de adaptarse a un hogar fuera de casa. 

El pasado 16 de enero se cumplió un año desde que estalló en Colombia la crisis del Catatumbo. Desde enero de 2025, decenas de miles de personas han huído de sus hogares en esta región del nororiente del país, en la frontera con Venezuela, debido a enfrentamientos entre guerrillas que operan en la zona.

 

María amamanta a su bebita enferma en el Centro Regional de Atención a Víctimas. No tiene cómo darle el biberón. Su familia huyó sin pertenencias de Tibú a Cúcuta por los grupos armados, que utilizan uniformes verdes como los del ejército, pero con botas de caucho. 

“Ella mira alguien uniformado y le da miedo”, cuenta a RFI. “Mis hijos han visto muertos allá. A veces el niño grande me pregunta “Mamá, ¿usted qué siente?” Y no normal, porque si uno se asusta, los niños también”. 

María, sus tres hijos y su esposo encontraron refugio en casa de una prima. Más de 800 familias del Catatumbo han sido desplazadas a Cúcuta en estas últimas semanas. Las que logran extraerse. 

No hay que hablar más de la cuenta. Incluso en la ciudad, hay informantes por todas partes, ya sea del ELN o de las disidencias de las FARC, las dos guerrillas que se enfrentan por el control territorial, ahora con drones. La primera crisis humanitaria tuvo lugar en enero de 2025. 

En diciembre se reactivó en dos municipios de la región: Tibú y El Tarra. “Se inició un paro armado por parte del grupo ELN en todo el país, pero en el Catatumbo no paró”, explica Ludy Páez, personera municipal. 

“No es contra ninguna fuerza del orden. Se enfrentan las dos fuerzas que están al margen de la ley. Con drones es más difícil para la población civil evadir los ataques, porque si ellos detectan calor humano en algún sitio de más de dos o tres personas, atacan", asegura. 

Los desplazados del conflicto y sus familias acuden la personería de Cúcuta, la entidad pública que monitorea los derechos de la ciudadanía. Deben registrarse para recibir ayuda humanitaria y mercados. “No se trata de que a mí me den el mercado para mí, sino que también para el sitio donde yo llego, porque voy a ocupar su cocina, estoy gastando su luz”, dice Páez.

"Él está dando plata a cambio de mi ubicación"

En este conflicto, los civiles se vuelven carne de cañón y los lideres de las comunidades un blanco. Los líderes de Juntas Comunales --que representan a la población en pequeñas localidades– fueron los primeros desplazados.  

En Cúcuta, se reúnen a escondidas. Comandantes de una u otra guerrilla los tienen amenazados. Uno de ellos muestra un video en el que se ve al comandante Richard Suárez, del Frente 33 de las disidencias de las Farc, señalándolo como “instigador”.  "Él está dando plata a cambio de mi ubicación, porque dice que yo soy del ELN y que me tienen que matar”, explica bajo anonimato.  

La casa de otro líder fue blanco de tiros. Un maestro de obras recibió los disparos porque estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. 

“Hay puntos claves. Corregimiento o veredas estratégicas que buscan conquistar porque para son corredores y quieren llegar nuevamente a a retomarlas. Esos terrenos los habían perdido cuando la antigua guerrilla FARC se desmovilizó en el 2016. Desde 2018 los quieren tomar y de ahí es que está saliendo la población amenazada”, detallan. 

Las autoridades eclesiásticas gozan de mayor respeto en la región, en cierta medida. Negocian con los grupos armados para ayudar a los habitantes con ayuda de la de la Defensoría del Pueblo y de la ONU.  

“Hemos creado una comisión humanitaria”, dice a RFI el obispo de Tibú Israel Bravo Cortés. Habla con los grupos armados por ejemplo sobre temas de reclutamiento de menores. "Hay que hacer todo un proceso para que los puedan dejar salir de de las filas”. 

¿Institucionalidad?

“Cuando uno dice estas cosas, pues todo mundo piensa que la mayor presencia del Estado es llenar de tropas, llenar de militares el territorio”, dice el obispo. La soledad del Catatumbo no data del año pasado, explica, sino que tiene raíz en décadas de violencia y de abandono del gobierno. “La institucionalidad significa que la educación y la salud deben funcionar. Pero se le invierte poco a la región”. 

Destaca que incluso los programas de restitución de cultivos ilícitos son ineficaces en esta zona donde hay 50.000 hectáreas de coca. “Que el que esté mostrando deseos de cambiarse de cultivo pues tenga unas mejoras de condición de su casa, de su batería sanitaria, de sus aguas residuales. Cosas que en el contexto uno no ve que se estén haciendo”, lamenta. 

Para un líder comunal anónimo, no es solo la droga. Hay en el Catatumbo “minería ilegal, carbón y economía legal como ganadería o extracción de palma de aceite de palma. Es más, en Tibú hay campo de crudo, uno de los más antiguo en Colombia. Ellos tienen su seguridad, pero igual los actores armados les roban las camionetas a los vigilantes y perforan la tubería que saca el petróleo allá”. Así se financia el conflicto. 

Según él, sí falta fuerza armada. “En el casco urbano del municipio de Tibú, la policía tenía prohibido salir de la estación”, recuerda. Cinco policías fueron secuestrados en enero de 2026 y luego liberados. 

Según la Defensoría del Pueblo, en 2025 más de 100.000 habitantes del Catatumbo fueron desplazados por la violencia, que está despoblando la región, hundiéndola en su soledad. 

Pandillas, violencia y narco. La impunidad es el caldo de cultivo en el que Honduras se desangra. El narcotráfico ha permeado en muchos poderes estatales a través de la financiación de campañas políticas. RFI recorre el país para remontar la cadena de la violencia: desde el pandillero al congresista comprado por el crimen organizado. Un itinerario desde San Pedro Sula hasta Tegucigalpa pasando por varios municipios de uno de los países más violentos del mundo. 

Del enviado especial de RFI a Honduras, Carlos Herranz

José ha pasado media vida entre rejas. Dice que su devoción por Dios es lo que le ha apartado de la pandilla 18. Lleva tan solo unos meses fuera de la cárcel y acude cada semana a una escuela religiosa dirigida por un pastor que reinserta pandilleros a las afueras de Tegucigalpa. Hoy es sábado a mediodía y varios ex pandilleros, algunos con un largo historial de asesinatos a sus espaldas, acuden al centro religioso. “Yo inicié en el camino de la pandilla a la edad de 17 años, en el año 1995. Me gustó el ambiente y empecé a llevarme con ellos y luego pues me fui metiendo más y más a fondo y luego nos tocó hacer cosas que no son gratas ante los ojos de nadie para poder ir ascendiendo dentro de la organización... como si fuesen niveles, según lo que los méritos que uno vaya haciendo. Los méritos son delitos, algunos de sangre. No hay opción para salirse porque uno es un compromiso de por vida. O está preso, está muerto, pero que no sales, no sales” nos cuenta este expandillero desmovilizado que ahora profesa una fe sin límites a la que atribuye su propia salvación. 

El pastor Wilmer Sauceda es quien dirige este centro en Comayagüela, localidad pegada a la capital hondureña. Lleva toda una vida dedicado a reinsertar pandilleros y trabajando con ellos en varias cárceles del país. Apasionado por su trabajo, su historia familiar también está marcada por la violencia. Wilmer decidió perdonar en prisión al asesino de su hermano pequeño, quien se negó a pagar una extorsión. A su madre, nos cuenta, le costó entender aquel perdón que daba sentido a su vida y su trabajo con pandilleros. “Ahora las maras ya no extorsionan a los pequeños. Son organizaciones, funcionan como grandes empresas, son dueños de empresas. Cada tiene dividido ya sus sectores, ya no pelean por territorios, todo está definido y tienen el control y el tráfico de drogas en esos sectores propios” nos cuenta Wilmer que añade que las maras se preoucpan ahora por tener una buena implantación e imagen en las comunidades. “Sí, ayudan mucho a la sociedad para sobreguardar ese respaldo de la sociedad, que nos cuiden para que la policía no vaya a sorprendernos”.Una implantación social de las maras que ocupan los espacios vacíos que el estado hondureño. No alcanza a ocupar.

El factor edad también ha contribuido al cambio. “Los líderes que iniciaron las pandillas son personas que ahora andan entre los 45 a 50 años de edad. Yo he platicado con ellos y ellos ya no son violentos”. Estos factores de cambio en la dinámica de las maras son los que han ayudado a rebajar el nivel de violencia en los últimos años. El sociólogo Fermín Lainez ha estudiado las diferentes mutaciones que han vivido las pandillas en Honduras y no duda en apuntar hacia arriba a cómo el poder político ha instrumentalizado a pandilleros. “Te lo resumo principalmente que fueron cooptados por grupos militares. De hecho, en el 2017, según el Departamento de Estados de Estados Unidos, estos grupos fueron utilizados para causar los disturbios que hubieron en ese tiempo para que se mantuviera en el poder Juan Orlando Hernández (expresidente del país condenado por narcotráfico en EE.UU.) Entonces eso causó la última mutación. Nosotros veníamos midiendo las mutaciones del de los grupos pandilleros en este país. Iban mutando de ser muchachos, que estaban en las calles simplemente pasando el tiempo. Luego pasaron a tener armas, verdad, y esas armas venían principalmente de Nicaragua, en tiempo de que armas que llegaron por parte de los contras. Entonces todo eso ha venido a evolucionar, pero nunca, nunca, nunca el joven de pandilla ha tenido el control, siempre ha sido cooptado” afirma Lainez cuya historia personal ejemplifica la hidra del crimen en el país que conecta pandillas, narco y poder. El pandillero que lo salvó de la muerte tras un secuestro ordenado desde el poder, apareció después muerto.

El país ha conseguido reducir su alto índice de homicidios en los últimos años, algo que muchos expertos conectan con un cambio de paradigma en las pandillas que buscan ahora mayor aceptación social. Leonardo Pineda, politólogo, así lo afirma: “más que obedecer a políticas estatales, obedece a cambios en las dinámicas criminales. Las pandillas decidieron no calentar sus zonas, no hacerle tanto escándalo, sino tener un control más específico sin estar matando a gente en las calles, algo que no es conveniente para sus negocios”.

Hacemos una parada en la morgue de San Pedro Sula. Durante años fue calificada como la ciudad más violenta del mundo, con tasas que llegaron a los 187 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2013. Un récord que se ha ido reduciendo durante los últimos años. Simón trabaja en la principal funeraria de la ciudad y ha sido testigo de ese horror. “Había días muy críticos de hasta 32 levantamientos. Estoy hablando que en 32 levantamientos se podían levantar más de 40 o 50 muertos porque hay levantamientos que son múltiples. También cuerpos desmembrados, aunque esto ya no es tan frecuente como antes. Antes uno se se topaba con escenas dantescas, hallar cuerpos hasta en 26 pedazos.(...) Esto era un mensaje atemorizante que mandaban las maras”. La falta de medios contribuye al gran problema que sustenta la violencia, la impunidad según estiman diversas voces que conocen bien la problemática sobre terreno. Leonardo Pineda incide en ello: “muchas veces hasta que encuentran, por ejemplo, una fosa clandestina con 2030 cuerpos tratan de identificar algunos en Honduras todavía tenemos muchos problemas con la identificación de cadáveres. Porque no tenemos un banco de datos de ADN que los pueda identificar y a veces tal vez por los dientes se lo van a identificar, pero por decirte una cosa, el año pasado se encontraron 3 cuatro fosas clandestinas en varios sectores peliurbanes de la ciudad y esa gente pues no pasa ni a las estadísticas y muchos de ellos ni siquiera son identificados.

JOH, caso no aislado

La detención del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022, recientemente indultado por Trump,  dio la vuelta al mundo en la apertura de informativos. Condenado 45 años por narcotráfico, el caso Hernández es el más conocido pero dista de ser un caso aislado. La simbiosis entre narco y poder político es una gangrena en Honduras. La financiación de las campañas políticas es la puerta de entrada del narcotráfico y el problema del origen es el costo de las campañas, según apunta el director de Flacso Honduras, Rolando Sierra. "Aquí hay que decir que en el caso de Honduras las campañas son de alto costo. Hay mucha inversión en publicidad, inversión en recorrer el país. De hecho, hay candidatos a diputados que lo que invierten en su campaña electoral es mucho más de lo que van a recibir como salario en los en los cuatro años. Entonces, frente a esto, busca, se busca el dinero donde se puede encontrar y eso abre la puerta del narcotráfico". El límite de gasto para los candidatos presidenciales es de casi 20 millones de dólares, aunque parezca poco comparado con otros países, los expertos coinciden en que es mucho para la realidad del país y critican la forma de obtener fondos discrecional y carente de supervisión. Cristian Nolasco, de la organización civil Consejo Nacional Anticorrupción, critica la falta de datos. "La responsabilidad de recabar esos datos corresponde a la Unidad de financiamiento de las campañas políticas. Sin embargo, como la unidad está debilitada, no presenta datos. Entonces no podemos ni siquiera retomar esos datos de quiénes y cuántos candidatos o candidatas son de cierta manera financiados por el crimen organizado. Lo que sí podemos mencionar es que ha sido una práctica recurrente" apunta Nolasco. El resultado es que el narco financia al político. Y el político queda a su servicio. "Y por lo tanto, después el Estado termina capturado en un congreso nacional en función de quienes lo financiaron" sentencia Rolando Sierra, director de FLACSO Honduras.

La tutela de EE.UU. 

Estados Unidos siempre ha tutelado la política hondureña. Por ello, son muchas las voces que no dudan en señalar la responsabilidad de Washington en el manejo de la seguridad del estado hondureño. Julio Uclés, presidente de la Federación de Patronatos de Chamalecón en San Pedro Sula, se atreve a señalarlo claramente. "Definitivamente, el crimen organizado premió la institucionalidad del país por completo. Y también a los partidos políticos que son parte de la sociedad. Pero también había que ver el estado de responsabilidad que han tenido nuestros cooperantes nuestros socios en permitir estas cosas también porque la embajada americana tuvo conocimiento desde a desde mucho tiempo atrás  de actos reñidos con la con la ley y los permitió hasta que a ellos les convino".

La impunidad es también la base de acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos vinculados con las élites poderosas. Y los periodistas corren riesgos por denunciarlo. Osman Reyes fue el presidente del Colegio de Periodistas Hondureño. "Desde el año 2000 hasta aquí, en 25 años, tenemos 104 periodistas asesinados. Lo más terrible es que en su gran mayoría, casi el 93% están en completa impunidad. Nunca se investigó las causas. Alguna gente después, el caso de algunos narcotraficantes en las cortes de Estados Unidos, revelaron que ellos habían mandado a asesinar a estos periodistas por el trabajo que realizaban" explica Reyes.

Pagar con la vida por denunciar es moneda de cambio, no solo para periodistas, también para medioambientalistas. Hace 10 años, el caso de Berta Cáceres impactó al mundo. La activista sufrió una persecución constante durante años que obligó a parte de su familia a abandonar el país. Su hija, Berta Zúñiga Cáceres, continúa una década después empeñada en llevar ante la justicia al autor intelectual del asesinato de su madre. Asesinatos, desapariciones y torturas con fines interesados y sobre una base de impunidad. Un patrón sistemático amparado por negligencia institucional en un país demasiado acostumbrado a la violencia y a la muerte.

“Españoles, Franco ha muerto”: el 20 de noviembre de 1975, el entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, anunciaba en la televisión la muerte del dictador español Francisco Franco. España inició entonces un difícil camino para recuperar la democracia, un camino que para parte de la población aún está incompleto. Reportaje desde Madrid.

La plaza de la Puerta del Sol es la más céntrica de Madrid, también de España, porque allí se sitúa el kilómetro cero de todas las carreteras del país. Justo en la entrada de la Real Casa de Correos, el edificio que sobresale con su reloj en este bullicioso enclave comercial y turístico.

En frente de la Real Casa de Correos, siempre hay visitantes extranjeros con guías que narran en varios idiomas la historia del edificio construido en el siglo 18. Pero casi ninguno cuenta que hasta hace pocas décadas, el edificio era la sede de la Dirección General de Seguridad, donde se torturaba a opositores a la dictadura de Francisco Franco.

“Amenazarte continuamente”

Entre ellos estaban Rosa García Alcón y Julio Pacheco. “Los calabozos eran muy pequeños”, cuenta Rosa. “Yo me acuerdo de una celda muy oscura, una celda muy pequeña”, prosigue Julio, a lo que Rosa añade: “Nos daban una manta que estaba asquerosísima. Por cierto, la manta era una cosa espantosa”.  

Aquello ocurrió en el verano de 1975, hace 50 años, cuando Julio y Rosa eran unos jovencísimos estudiantes y fueron detenidos por su implicación en una organización universitaria que luchaba por la democracia.

“Amenazas constantes, torturas…”, recuerda Julio. “Pues eso, amenazarte continuamente. O te vamos a tirar por la ventana, o te vamos a tirar por las escaleras. Yo decía bueno, pues tiradme porque así se acaba esto. O sea que al final acabas deseando morirte. Primero acabas deseando perder el conocimiento, pero no lo pierdes. Y luego dices bueno, pues mira, así se termina esta tortura”, detalla Rosa.

Uno de los pocos que en la Puerta del Sol recuerda que allí se torturaba a gente durante la dictadura es el periodista y sociólogo Emilio Silva, que recorre el centro de Madrid con un grupo de jóvenes, la mayoría estadounidenses de la Universidad de Nueva York.

Rescatar la memoria

Frente a la Real Casa de Correos, les explica en inglés que en España existe la tradición de recibir el nuevo año comiendo uvas frente al televisor, al compás que marcan las campanas del reloj del edificio de la Puerta del Sol.

Durante unos años esa fiesta se producía mientras en los sótanos había gente golpeada y privada de libertad, algo que ha marcado a Emilio Silva: “Debajo de ese reloj donde estábamos todos emocionados mirando, pidiéndole deseos al Año Nuevo, y había gente torturada unos metros más abajo. Esa imagen de esa España que esconde, que está aquí celebrando un año nuevo, pero a la vez era un año viejo, ¿no? Porque era un año con dictadura, con represión”, dice.

Silva preside la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una organización que en los últimos 25 años ha logrado rescatar los cuerpos de 1.700 hombres y mujeres asesinados por la dictadura de Franco y enterrados en fosas comunes donde pasaron décadas en el olvido, entre ellos su abuelo, Emilio Silva Fava.

“Mi abuelo era un hombre de El Bierzo, una comarca en el noreste de España. Había sido emigrante en Argentina y Estados Unidos, y cuando se proclamó la República empezó a militar en un partido que se llamaba Izquierda Republicana. Hoy pensaríamos que era un partido moderado. Era un hombre bastante culto que alguna vez se enfrentó en un periódico local a un aristócrata, de allí que escribía artículos burlándose de las personas que pedían la igualdad”, cuenta.

Cuando ocurrió “el golpe de Estado, su pueblo cayó muy rápido en manos de los golpistas. Le empezaron a sacar dinero y un día lo detuvieron en el ayuntamiento y a la mañana siguiente ya no estaba allí. Lo asesinaron con otras 13 personas a 33 kilómetros, y estuvo 64 años desaparecido en una fosa común, hasta que yo en el año 2000 di con ese lugar y conseguí que se exhumara la fosa, que él fuera identificado genéticamente y que se enterraran sus restos con los de mi abuela, que había muerto tres años antes de la exhumación”.

“Creo que hay mucho olvido”

Las rutas guiadas que ofrece Emilio Silva a estudiantes descubren rincones de Madrid en los que sobrevive simbología de la dictadura, y señalan también lugares en los que el ejército de Franco, con el apoyo de la aviación alemana de Adolf Hitler, bombardeaba a la población civil durante la guerra que lo llevó a convertirse en caudillo de España.

“Era muy interesante porque para mí, antes de llegar a España, ni sabía quién era Franco, nunca escuché su nombre. Pero yo creo que se debe a mi ignorancia”, cuenta un joven extranjero.

Junto a los estadounidenses hay una joven española, Ainara, que estudia periodismo en una universidad pública madrileña en la que echa en falta este tipo de ejercicios de memoria democrática: “Yo creo que hay mucho silencio, mucho olvido. No se quiere hablar de la realidad. Y yo, por ejemplo, en toda mi formación académica he tenido obviamente la formación de lo que fue la dictadura, pero desde muy por encima y siendo más un contexto histórico, sin explicarte bien en profundidad lo que sucedió”, lamenta.

Ainara cree que ese silencio y olvido sobre la historia reciente de España contribuye al auge de los postulados ultraderechistas en jóvenes de su generación: “Yo creo que todos los ideales de la ultraderecha están calando un montón en nuestras edades, y yo cada vez noto más auge”.

Actualmente en España, el 20% de la población siente nostalgia por los viejos himnos del pasado. También los jóvenes: uno de cada cinco de los nacidos en democracia, una generación que no vivió la dictadura, valora positivamente los casi 40 años del régimen de Francisco Franco.

Represión “implacable” en la guerra y posguerra

“Franco ha sido una figura fundamental en la historia de España porque dirigió la dictadura más larga, más sanguinaria y más terrible en todos los aspectos que nos podamos imaginar en España”, analiza Ainhoa Campos, doctora en Historia, especializada en la Guerra Civil española y en el franquismo.

“Franco formaba parte de un grupo de generales que dieron un golpe de Estado en julio de 1936 para acabar con el régimen de la República (un régimen democrático que se había instaurado en 1931) y tuvo la habilidad y la suerte de conseguir colocarse como el único que podía acceder al poder absoluto de ese grupo de generales”, explica.

Franco ganó la guerra con la ayuda de las tropas italianas de Mussolini y de la aviación nazi, responsable de matanzas de población civil y desarmada, como la que el pintor Pablo Picasso retrató en su obra Guernica. No fue suficiente para Franco, que después de la guerra siguió ejecutando durante años a decenas de miles de españoles.

“La represión después de la guerra, la que protagonizó la dictadura de Franco, fue absolutamente implacable con el enemigo. Él quería aplastar cualquier intento de ponerle coto a su poder o de poner en cuestión el régimen que él había construido. Entonces, ya durante la guerra, todos aquellos que hubieran estado relacionados con la República, con algunos de los elementos más característicos de la República, como la educación, por ejemplo, los maestros, fueron implacablemente perseguidos, detenidos, forzados al exilio interior o asesinados, ejecutados”, prosigue Campos.

“Las cifras son desoladoras. Casi medio millón de personas tuvieron que irse al exilio. También se calcula que casi medio millón de personas fueron encarceladas al final de la guerra, y se calcula que entre 140 y 150.000 personas fueron ejecutadas en esta represión que tuvo lugar en la posguerra”, recalca.

La muerte de Franco, “una gran alegría”

La España franquista no participó en la Segunda Guerra Mundial y quedó aislada internacionalmente tras la derrota de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini, que le ayudaron a acabar con la democracia en España. Aunque años después, en el contexto de la Guerra Fría, el dictador español se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Con el apoyo de la gran potencia, Franco pudo prolongar su régimen hasta el mismo día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975.

“Yo me enteré por una gran algarabía que hubo en el patio de los presos sociales, a los presos comunes los hacían formar para el recuento en un patio que estaba aledaño a nuestras celdas. Y entonces al cerrar la formación, hubo un griterío y en ese momento supimos que Franco había muerto. Como te puedes suponer, fue una gran alegría para para todos”, recuerda Pablo Mayoral.

Mayoral estaba en la cárcel ese día porque el dictador murió matando. Dos meses antes, autorizó el fusilamiento de cinco militantes antifranquistas de organizaciones que habían emprendido la lucha armada contra el régimen. Dos pertenecían a ETA, organización separatista vasca, y tres al Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), en el que participaba Mayoral, que fue juzgado en un consejo de guerra en septiembre de 1975, junto a sus compañeros.

“Cuando el abogado te dice que te piden la pena de muerte, se te viene el mundo encima, aunque estás preparado y sabes que puede pasar”, cuenta. Pablo Mayoral esquivó la pena de muerte y fue condenado a 30 años de prisión, no así tres de sus compañeros del FRAP.

Paca Sauquillo es una de las abogadas que intentaron salvar la vida de los procesados: “Sabíamos que les podían pedir pena de muerte y yo, contra la pena de muerte, podían acusarme de terrorista o acusarme de lo que quisieran o meterme en la cárcel. Pero había que luchar contra la pena de muerte”, explica.

Sauquillo consiguió evitar el fusilamiento de una de las procesadas por estar embarazada, en un juicio militar repleto de irregularidades: “No nos dejaron hacer nada porque desde que los cogieron hasta que les ejecutaron, no pasó ni un mes, y no pudimos ni estudiar el sumario ni verlo porque no pudimos aportar pruebas. Fue increíble”, afirma.

Una ley de amnistía dolorosa

Pablo Mayoral no pudo salir de prisión hasta finales de 1977, cuando España avanzaba hacia la democracia y se promulgó una ley de amnistía que borraba todos los delitos de los presos antifranquistas, pero también los crímenes de la dictadura. Para algunos fue un necesario gesto de reconciliación, para otros un pacto de silencio que consagraba la impunidad, equiparando a víctimas y victimarios.

Para Emilio Silva, presidente de la ARMH, “el verdadero problema ya no es solo la impunidad jurídica. No es que no podamos ver un juicio a estos crímenes, sino que el hábito de la impunidad se ha convertido en una cultura política, y está por muchos sitios corrompiendo nuestra democracia y debilitándola. Y eso es muy grave, porque si uno ha amnistiado los mayores crímenes que se pueden cometer contra miles de seres humanos, pues hay muchas cosas que están por debajo de eso y que han vivido también alejadas de los juzgados”.

En 2023, Julio Pacheco se convirtió en el primer español que pudo contar en un juzgado de su país las torturas a las que lo sometieron los policías franquistas: “Fue una alegría enorme. Fue la primera vez que unos querellantes o unos torturados -no nos gusta decir víctimas- del franquismo pudimos declarar ante una sede judicial: ‘Yo fui torturado por esta persona, ahí está’”, dice.

La querella por torturas que presentó Julio Pacheco aprovechó una rendija abierta por la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permite investigar delitos contra los derechos humanos cometidos durante la dictadura franquista, al menos en teoría, porque un año después la Justicia archivó la causa. Julio Pacheco ha recurrido y no pierde la esperanza de conseguir romper el muro de la impunidad.

Con la llegada al poder del presidente de centroderecha Rodrigo Paz, Bolivia da vuelta a la página de 20 años de gobierno del partido de izquierda Movimiento al Socialismo (MAS) y lo hace buscando salir de una profunda crisis económica sacudida por los hidrocarburos, sector que ese movimiento transformó durante su gobierno y que hoy es una de las principales causas de su ruptura. Un reportaje de Paola Ariza, enviada especial a Bolivia. 

"Queremos una nueva Bolivia, una nueva estructura, una nueva vida", "el país viene muy quebrado", "estamos sumamente dolidos de como al país lo han manejado a su antojo", "esperemos que mejore", "tenemos esperanza en el cambio", decían, entre otros, la comerciante Justina, la farmacéutica Belkis, el ingeniero Juan Pablo y la profesora Meris, que RFI entrevistó en La Paz. 

Pese a que no hay consenso en los detalles, los bolivianos se pusieron de acuerdo en que hay sed de cambio y dieron un giro histórico a la derecha en las pasadas elecciones en las que resultó como ganador al senador Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

En 2005 el país ya había dado un giro drástico, cuando un dirigente cocalero de origen aimara arrolló en aquellas elecciones, poniendo fin a un ciclo de gobiernos liberales en una Bolivia desigual. "Ahora estamos acá para nacionalizar todos los recursos naturales, para recuperar todos los recursos naturales que han sido subastadas", decía en ese entonces el presidente electo Evo Morales, ante un estadio lleno en su natal Cochabamba. 

Veinte años después, Bolivia da fin a ese ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, y luego del mandatario saliente Luis Arce, que dejan al país en cuidados intensivos, sobre todo en materia económica, en particular por la escasez de dólares, la falta de combustibles y la caída de las exportaciones.

El gas está en el corazón de la crisis económica

Gary Rodríguez, economista y gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, indicó que "esta situación de crisis se ha dado principalmente porque el Estado, que era un fuerte actor dentro del modelo hacia el socialismo, instaurado desde el año 2006, hizo del gas el principal actor de la economía", por lo que el aparato público era exportador y también importador.

Para Rodríguez, el problema se generó cuando el Estado que exportaba gas natural, "que le llegó a devengar 6.500 millones de dólares en el año 2013, hoy en día genera 2.000 millones. Es decir, se redujo a una tercera parte". Rodríguez agrega que las importaciones han ido en una crecida permanente por la caída de la producción de combustibles líquidos, lo que ha llevado a pasar de 200 millones de dólares en el 2005 a importaciones superiores a los 2.800 millones de dólares en los últimos años.

"Ese desbalance es lo que ha disminuido las reservas internacionales netas de Bolivia y con eso la incertidumbre en el país ha florecido y ha traído como consecuencia un proceso inflacionario", explicó el economista. 

Hace un poco más de 10 años, Bolivia brillaba por sus exportaciones de gas. Gracias a este recurso el país llegó a casi triplicar sus ingresos per cápita en 2013 y a reducir la pobreza. Pero hoy esa bonanza llegó a su fin y el principal reflejo son las constantes filas en las estaciones de servicio. Transportistas como Antenor Antunes, que trabaja en el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra son víctimas de esta situación: "Con la falta de gasolina, nos quedamos como 4 o 5 horas haciendo fila para poder cargar. Es un perjuicio para nosotros", señaló.

Laura Vega trabaja como taxista en Santa Cruz y cuenta que ha debido sacrificar sus horas de sueño para obtener gasolina. "Es terrible porque se hacen unas colas impresionantes, a veces uno tiene que hacer cola durante 24 hora, 48 horas. Muchas veces toca quedarse a dormir en los surtidores para esperar que lleguen las cisternas y descarguen. Esto ocurre en todos los surtidores". 

"Hoy en día, cerca del 60% del consumo de gasolina y más del 90% del consumo de diésel debe ser importado", afirma el economista Gary Rodríguez, quien lamenta la caída de la industria del gas en el país. "En el año 2006, el gobierno llamó a la nacionalización de los recursos de hidrocarburos, incluso hizo tomas con el ejército de empresas transnacionales, por ejemplo, Petrobras y otras. Pero, en realidad, no se nacionalizó, sino que se cambió la cuantía de pago de impuestos para las empresas petroleras transnacionales, de tal manera que para ellos ya no era negocio seguir operando bajo ese nuevo esquema".

Rodríguez explica que esas empresas no se fueron del país, pero sí dejaron de invertir en Bolivia. Esto hizo que "los mega-campos que se tenían en ese entonces se han ido agotando y no han habido nuevos que se incorporen", indicó el economista, agregando que fue así como "la producción empezó a bajar y al mismo tiempo subía la demanda, disparando la importación". 

Aumenta la importación de hidrocarburos y el gasto de dólares

"La alta importación de hidrocarburos resulta costosa para la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que controla toda la cadena productiva de hidrocarburos, y que consume una buena parte de los dólares del aparato estatal y hasta del mercado paralelo", explica Pedro Sanabria,  cambista en Santa Cruz. "Cuando YPFB venía y compraba dólares, no venía y compraba 50 mil dólares, sino que venía y compraba 300, 400, 500 mil dólares. Y si no hay, los mismos cambistas especulan porque dicen: 'yo estoy vendiendo con 12,80 y estos otros van a comprar sí o sí'. Entonces venden con 13. Si uno ya vende con 13, el otro vende con 13,10. El otro dice: 'estos no tienen dólares, yo vendo con 13,20', y es así que, al final, de boca en boca, hacen subir el precio", agregó. 

Según Sanabria, más allá de la escasez, el corazón de esta crisis de dólares es la especulación que causa la subida del billete verde, clave para las importaciones. Y como Bolivia se volvió altamente importador con un peso fuerte mientras su industria se debilita, hoy sigue necesitando esas mismas importaciones, pero con un dólar escaso y caro, lo que dispara los precios. 

Bolivia, uno de los países con mayor inflación en Latinoamérica

"Hace 2 años el mejor arroz costaba 7 pesos, casi un dólar. Ahora, ni siquiera el mejor arroz cuesta 15 pesos", cuenta Justina, una comerciante de Santa Cruz que también nos comenta las dificultades que tiene para pagar las facturas. Esto tambiné lo vive Fernanda Rivera, barista y estudiante de psicología. "Desde el papel higiénico hasta el agua, la leche, el pan, la carne. Lo que comprabas con 200 bolivianos, y que duraba aproximadamente 4 días, ahora te dura 2 días", dice. 

En las calles, pensar en precios y promociones hace parte del día a día y no es para menos pues el país está en recesión hasta al menos 2027, según proyecciones del Banco Mundial. Además, tiene una de las tasas de inflación más altas de la región: de enero a septiembre ésta se ubicó en el 18%, poniendo a Bolivia en el mismo club inflacionario que Venezuela y Argentina.

La crisis ha golpeado un sinfín de sectores y uno de los que más ha sufrido es el de los medicamentos. Según Belkis, química-farmacéutica, "algunos han subido más del 130% y generalmente los que son de especialidad como los oncológicos, han subido más del 200%. Ahora la gente está optando por medicamentos genéricos y ya no los de marca", indicó. 

División en el MAS

En medio de un alza de precios cotidiana, numeroisos bolivisanos dicen sentirse asfixiados y listos para pasar la página del MAS, el movimiento que durante dos décadas gozó de una avalancha de apoyo electoral. Hoy ese movimiento fue derrotado en las urnas y está dividido, como constata Wilma Alanoca, Concejal de El Alto, y quien fuera fórmula vicepresidencial de Evo Morales, pese al impedimento legal al expresidente para presentarse. "Considero que la elección como candidato de Luis Arce definitivamente fue un error porque él no viene de una trayectoria militante activa de la defensa de los derechos como sí lo fue Evo. Su tarea fue meramente administrativa y, disculpen que lo diga, pero para mí Luis Arces es simplemente un vulgar ladrón", aseveró.

Alanoca acusa a Arce de haber orquestado la salida del exmandatario Evo Morales como actor en estas elecciones, además de haber corrompió a toda la dirigencia del MAS. "¿Para qué corrompió a la dirigencia? Para tener 'su propio pacto de unidad', según decía él, de organizaciones sociales y que lo mantuvieran en el poder. Pero todo le jugó en contra. Es el causante de la división, ha elevado a tal nivel la ambición, que muchos dirigentes se han olvidado para que estaban allí", indicó Alanoca, quien se desempeñó también como ministra de Culturas y Turismo. 

Hugo Moldiz, exasesor del exmandatario Luis Arce, coincide con ella en que al MAS lo destruyó, en gran parte, la división interna, pero responsabiliza de ello a Morales.

"Las organizaciones políticas y sus dirigentes se habían convertido en actores pasivos bastante proclives a la prebenda. A esto hay que sumarle la guerra interna en el MAS y las organizaciones sociales, además de un expresidente que, en vez de esperar al 2024 para definir quién iba a ser el candidato para el 2025, desde el año 2021, a los pocos meses de haber regresado al país, lo que hizo fue desplegar contra Luis Arce una implacable guerra. El resultado es el que estamos viendo ahora: una victoria de la derecha y una derrota electoral de la izquierda. Ahora nos queda por ver si el próximo gobierno es de transición o no", apunta.  

Pese a las riñas internas, ambos se niegan a que el capítulo del MAS esté cerrado, tal vez como sigla está fragilizado, dicen, pero aseguran que sus facciones políticas estarán vigilando al nuevo gobierno y esperando pacientemente para resurgir. "Hay que esperar, no sé cuánto tiempo, puede ser más rápido de lo que pensamos. Puede ser que la realidad objetiva le demuestre a la gente que terminó creyendo en un espejismo", señaló Moldiz. 

Bolivia inicia un nuevo ciclo político

¿Qué sigue ahora?  Y, sobre todo ¿logrará el nuevo gobierno resolver el desastre económico que han heredado? Estas son dos de las principales preguntas que se hace el país. 

Como en su campaña electoral, el nuevo mandatario Rodrigo Paz intenta representar esa imagen de cambio que Bolivia está buscando de nuevo. Tras su viaje a Estados Unidos y desde antes de su investidura Rodrigo Paz anunció un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) de 3.100 millones de dólares para reactivar la economía boliviana, principalmente para atender la crisis de los hidrocarburos.

Está por verse si su política de "capitalismo para todos" coincide con la fuerza socialista que sostuvo al MAS durante dos décadas o si marca el inicio de un nuevo ciclo para el país andino. 

En Bolivia, donde la minería legal prácticamente no existe, la explotación del oro está fuera de control por la inacción de las autoridades y la obsesión irracional por el metal precioso que devora la Amazonía. El Estado y los candidatos presidenciales miran hacia otro lado. Reportaje especial de Gabriela Orozco, corresponsal de RFI en Bolivia.

Desde hace décadas, y especialmente en los últimos veinte años, los gobiernos han sellado acuerdos con las llamadas cooperativas mineras del oro, a las que han entregado buena parte de la cuenca amazónica. Estas entidades gozan de beneficios como la exención de impuestos, vulneran las normas laborales y operan con total impunidad.

Una familia enterrada por las explosiones con dinamita 

Don Isaac Catacora, floricultor del municipio de Yanacachi, en Los Yungas de La Paz, perdió a sus padres y a otros cinco familiares en marzo de 2010, cuando se derrumbó un cerro sobre la vivienda donde todos dormían.

"El 9 de marzo la caída del cerro pescó a mis padres durmiendo. Da pena recordarlo", dice.

Las explosiones con dinamita utilizadas por los mineros provocaron el derrumbe. "Las explosiones hacen mover los terrenos. [Los cadáveres de] mi papá y mi mamá, Humberto Catacora y Margarita Mamani Catacora, hasta la fecha no aparecen", lamenta.

Isaac y su hija Fanny, también floricultora, responsabilizan de estas muertes a la cooperativa minera La Salvadora Yerbani, que sigue utilizando explosivos que inestabilizan el suelo y provocan derrumbes en la comunidad Tres Marías.

Unos 240.000 cooperativistas auríferos 

"Con todos los derrumbes provocados por ellos, estuvimos medio año sin carretera. Tuvimos que transitar a pie para sacar nuestras flores", cuenta Fanny.

El uso de explosivos es una práctica común entre las cooperativas mineras. Estas organizaciones surgieron en los años cincuenta, tras la nacionalización de las minas, y cobraron fuerza en los ochenta, cuando la crisis económica empujó a miles de trabajadores a formar agrupaciones semi-privadas.

Actualmente, según el analista minero Héctor Córdova, existen unos 240.000 cooperativistas auríferos en el país. "Cien mil trabajan de manera ilegal y en condiciones precarias. No reciben salarios efectivos, se les paga en especie, no tienen seguridad social ni protección legal", señala.

Aunque la ley obliga a realizar consultas previas con las comunidades antes de iniciar una explotación minera, en Tres Marías nunca se otorgó esa autorización. "Nosotros como comunidad no hemos querido dar permisos para sus trabajos ilegales, por eso ellos crearon una comunidad ficticia para darse su propia consulta previa", denuncia Fanny Catacora.

Héctor Córdova confirma que esta práctica —inventar comunidades indígenas que avalen los proyectos— es un modus operandi habitual en países donde el control del Estado es débil. "Estos grupos actúan como mafias internacionales y aprovechan la flexibilidad del gobierno para explotar la riqueza nacional", afirma.

El efecto devastador del mercurio en los ríos

El impacto ambiental es devastador. En los ríos y cerros de Los Yungas, la búsqueda del oro se realiza mediante amalgamación con mercurio, un metal altamente tóxico. "El agua que antes era cristalina ahora está completamente negra", dice Don Isaac, mostrando una botella de la vertiente contaminada. "Cuando era chico había truchas; hoy no queda ni siquiera un árbol en la orilla del río".

Estudios recientes revelan que comunidades amazónicas bolivianas presentan niveles de mercurio en la sangre hasta veinte veces superiores a los permitidos. "Este metal daña el sistema neurológico, limita la capacidad de aprendizaje de los niños y puede causar deformidades en los fetos", advierte Córdova.

Aunque Bolivia firmó en 2013 un convenio internacional para reducir el uso del mercurio, no ha cumplido sus compromisos. Peor aún, el contrabando de este metal ha crecido, afectando a países vecinos como Perú y Brasil.

“Estamos destruyendo de manera irreversible la ecología de nuestras cuencas y las poblaciones indígenas”, denuncia la senadora ambientalista Cecilia Requena. "Hay alternativas, pero es escandaloso que no se haya hecho nada".

Cooperativas mineras, fuera de la ley 

Desde 2018, enormes dragas chinas y planchones colombianos se han multiplicado en los ríos amazónicos bolivianos. Aunque operan sin autorización estatal, el gobierno ha realizado un solo operativo en años, incautando apenas una draga. "El Ministerio de Gobierno no cumple las órdenes judiciales para intervenir la minería ilegal en áreas protegidas como el Madidi", explica la senadora Requena.

Las cooperativas mineras se han convertido en un poder político. No solo evaden impuestos, sino que influyen en el nombramiento de autoridades del sector. "Quienes han puesto a las autoridades de minería son precisamente las cooperativas. Varios ministros y funcionarios ambientales han sido designados como cuotas de poder de este sector", afirma la senadora.

Para conocer la versión de las autoridades, RFI intentó entrevistar a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar licencias a las cooperativas, pero no hubo respuesta. En 2022, una exdirectora fue destituida por recibir una joya de oro a cambio de conceder una gran área de explotación.

La Ciudad de México se convirtió en el refugio de miles de haitianos que encontraron una segunda oportunidad en esta desmesurada capital de 20 millones de habitantes. Descubrieron que aquí sería posible cumplir el sueño americano sin tener que llegar a Estados Unidos. Lo llaman “el sueño mexicano”. Este reportaje realizado por Ubaldo Bravo acaba de obtener una Mención honorífica en la XV Bienal Internacional de Radio de México en la categoría Podcast periodístico de migración.

“No necesitan llegar a Estados Unidos para cumplir su sueño”, dice con tono de seguridad Don Peter refiriéndose a sus compatriotas haitianos. Él llegó a México en 2023 y un año y medio después ya festejaba el primer aniversario de su negocio. “Empezar siempre no es fácil, pero después de un año se va a acostumbrar a la cultura y se va pa’ lante”, afirma.

Su nombre completo es Peterson Dattus, pero sus clientes y amigos le dicen Don Peter, además de que sus negocios lucen este nombre. La apacible atmósfera de su tienda tapizada de trenzas afro, licores de coco y animada por una clientela haitiana que habla en creole (el principal idioma de Haití) contrasta con el caótico y estridente ambiente de la alcaldía donde nos encontramos, Tláhuac, al sur de Ciudad de México. Y como suena una pegajosa canción haitiana que invita a bailar al visitante, es fácil imaginarse que así es la vida en el Caribe haitiano. 

Mientras nos muestra sus diversos y coloridos productos, Don Peter nos explica que muchos de sus compatriotas decidieron quedarse en México porque consideraban que hay muchas oportunidades, desde la escuela gratuita para los niños hasta la posibilidad de estudiar la universidad y, por supuesto, trabajo. Él, por ejemplo, se siente muy orgulloso por lo que ha logrado en tan poco tiempo, pues a finales de 2024 ya estaba abriendo un segundo negocio, un restaurante de comida haitiana justo a la vuelta del primero. “Todo va bien gracias a Dios, y gracias a México por las oportunidades que me da”, comenta.

La invención del sueño mexicano

Las autoridades mexicanas se vieron sorprendidas cuando México se convirtió en el destino de miles de migrantes porque hasta antes de la pandemia se le consideraba un país de origen y de tránsito hacia Estados Unidos. La diplomacia mexicana informó a finales de 2024 que la comunidad haitiana es una de las más numerosas con cerca de 100.000 haitianos instalados en el país y la mayoría viviría en Ciudad de México, cerca de 45.000, según la prensa local.

“¡Fue un choque!”, cuenta Michel Cortés al recordar el día en que vio por primera vez a un grupo de haitianos a las afueras del centro cultural donde les brinda clases gratuitas de español. “Yo creo que ellos nos veían como raro y nosotros a ellos”, agrega.

Los capitalinos ya se habían familiarizado con las caravanas de migrantes iniciadas en 2018, que eran pasajeras, pero nunca habían visto tantos improvisados y prolongados campamentos como los que acapararon sus banquetas, plazas y parques en los tiempos de Covid. Llegó un momento en que los albergues ya no podían atender a tanta necesidad, y los migrantes encontraron refugio al sur de la capital, donde la vida es más económica. 

Con lonas de viejas campañas electorales alzaron tiendas que apenas los protegían de las frías noches del altísimo altiplano mexicano, que se encuentra a 2.240 metros sobre el nivel del mar, y de los ardientes rayos de sol del mediodía, y para bañarse asistían a regaderas que los locales les rentaban en sus domicilios. En estos campamentos vivían médicos, cargadores, taxistas, profesoras, estilistas… haitianas y haitianos de todos los horizontes que en un principio sólo estaban de paso, pero que años después México se convertiría en su segundo hogar.

Su presencia causaba malestar para muchos lugareños que se quejaban de que no podían caminar por las banquetas, de que las autoridades no les brindaban sanitarios y de que se sentían inseguros con estos nuevos vecinos. Tiempo después muchos comprenderían que habían sido injustos tratándolos de delincuentes como algunos estadounidenses lo hacen con los mexicanos en Estados Unidos. 

Con su llegada, los mexicanos aprendieron de golpe que Haití era el país más pobre del continente americano y que huían de su isla porque había sido azotada por varias tragedias. Primero por el terremoto del 12 de enero de 2010 que le quitó la vida a más de 280 000 personas, y luego por la ola de violencia desatada tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de 2021, incontrolable hasta nuestros días y que obligó a más de un millón de haitianos a dejar su domicilio (la población de Haití es de poco más de 11,5 millones).

“Todo el mundo quiere huir del país porque está cansado. Todos los días hay balazos p’arriba, p’abajo… Todo el mundo si sale de Haití no piensa regresar”, cuenta Don Peter, triste y enfurecido. 

Además de la violencia que reina en aquel país caribeño, los mexicanos supieron de la espinosa relación entre Haití y Francia cuando el presidente galo, Emanuel Macron, insultó a los dirigentes haitianos llamándolos "idiotas" por haber destituido a un exministro, Garry Conille, que él apoyaba. Aquella frase le dio la vuelta al mundo el 21 de noviembre de 2024. 

Varios especialistas reaccionaron recordándole a Macron que parte de la desgracia de los haitianos se explica por la injusta deuda que los excolonos franceses les impusieron tras su independencia, en 1804. El famoso economista francés, Thomas Piketty, explica en su libro Capital e ideología que en 1825 Haití aceptó un préstamo de 150 millones de francos de oro (que equivaldrían a unos 40 billones de euros hoy en día) de la Caja de Depósitos y Consignaciones (Caisse des dépôts et consignations), una institución francesa existente hasta nuestros días. Sabiendo que ese monto sería imposible de pagar, pero con tal de que no los invadieran nuevamente, los haitianos se resignaron a pagar cada año, y de manera indefinida, un monto que cubría únicamente los intereses y que equivaldría al 15% de su producción anual. Aunque fue renegociada y saldada en 1950, los 125 años de deuda habrían impedido el desarrollo de Haití y por lo cual, dice Piketty, Francia debería reconocer su responsabilidad y pagar una indemnización. 

El conjunto de tragedias, pobreza y violencia empujó a los haitianos a un éxodo que nadie sabe cuándo ni cómo terminará. La pandemia de Covid los había detenido en México, pero en 2023 banquetas, plazas y parques recobraron su imagen original, ya olvidada por algunos. Las condiciones habían cambiado para seguir hacia Estados Unidos.

Unos lo hacían de manera legal, con la cita de la extinta aplicación CBP One creada por Joe Biden para controlar el ingreso de migrantes, otros continuaban arriesgando sus vidas en las peligrosas rutas del Río Bravo y del desierto, y muchos otros, miles, comenzaron a rentar cuartos, departamentos y hasta casas porque durante estos años habían encontrado que aquí era posible cumplir el sueño americano.

El plan B

“La situación en Haití sigue muy inestable, y aunque México también tiene sus dificultades es un país mucho más seguro, mucho más estable que Haití”, explica el encargado de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Thomas Liebig.

Nos recibió en sus oficinas en París para comprender por qué en su reporte sobre migraciones de 2024 la OCDE posiciona a México en el sexto lugar de los países con más solicitudes de asilo, detrás de Estados Unidos, Alemania, España, Canadá y Francia en respectivo orden. “¡Es sorprendente la dinámica migratoria de México! Vemos cifras de más del doble [que en tiempos] de la pandemia”, resalta.

En 2022 el Gobierno mexicano registró 118.756 solicitudes de asilo (17 mil eran de haitianos); en 2023 fueron 140.980 solicitudes (44 mil eran de haitianos), y en 2024 disminuyeron a 78.975 peticiones (10.853 eran de haitianos). En estos años la comunidad haitiana aparece en los primeros lugares junto con la cubana, la venezolana y la hondureña. 

“Lo importante es decir que México se ha convertido en un país acogedor de migrantes. No solamente es un país emisor de migrantes, sigue siendo un país de tránsito, pero también un país acogedor de flujos migratorios como se ven en esas cifras”, asegura Liebig. 

La institución mexicana encargada de atender las solicitudes de asilo es la Comisión Mexicana para Ayudas a Refugiados y a la que los migrantes llaman por sus siglas, la COMAR. Tiene oficinas en diferentes partes del país, incluidas ciudades cercanas a las fronteras como Tijuana y Ciudad Juárez en el norte, y Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en el sur. Nosotros visitamos las oficinas de Ciudad de México que se encuentran en la sureña Alcaldía de Iztapalapa, conocida por concentrar barrios de haitianos. 

Al salir de la estación de metro Escuadrón 201, la más cercana a la COMAR, nos encontramos con Andy, un joven haitiano quien nos permite conversar con él a pesar de que lo agarramos en la hora sagrada de los alimentos.

“Aquí estamos tratando de acostumbrarnos con la comida. Nuestra comida es diferente y es mejor”, nos dice soltando una risa e invitándonos a sentarnos en su mesa en un puesto de comida de tacos y hamburguesas. Le preguntamos si tiene algún inconveniente con el picante mexicano. “El de nosotros es un poquito más fuerte, pero es casi lo mismo”, responde.

“¿Vinieron a la COMAR a hacer algún trámite?”: “Sí”, contesta. “Estamos en trámite porque como usted sabe lo primero que uno debe de hacer es legalizarse en un país donde piense que tiene un futuro, porque nuestro futuro es vivir en México”; detalla. 

Andy nos explica que la solicitud de asilo puede durar medio año, y mientras tanto debe venir cada 10 días a firmar un documento para comprobar su presencia en México. Lleva tres meses en este procedimiento. “En máximo seis meses nos van a dar una respuesta, sea negativa o positiva, sé que máximo son seis meses”, afirma. 

“¿Usted consideraría que México es el país de las segundas oportunidades?”, preguntamos. “Para nosotros… para mí…bueno… para mí sí, porque mi sueño era vivir y llegar aquí en México. Ahora estamos aquí y esperamos lo que Dios diga. Creo que para Dios no hay nada imposible. Creo que todo va a estar bien… todo va a estar bien…”, responde.

Para otros migrantes México no es el destino principal, sino el plan B. Una joven haitiana nos contó que ella dejó Chile para llegar a Estados Unidos, pero que con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca considera quedarse en México. “Ahorita estoy en trámite para obtener asilo o la residencia definitiva. Después de eso ya veré si sigo intentando pasar o no”, dice.

El país es de quien lo trabaja

A las afueras de la COMAR nos encontramos con un comerciante haitiano que vende paté, las empanadas tradicionales de Haití. Un cubano se acerca a preguntarle que de qué están rellenas y él le responde que de “huevo cocido, pollo, tomate y cebolla”. “No solamente huelen rico, también saben ricas”, así seduce a su cosmopolita clientela. 

Su nombre es Ernso, llegó a México en abril de 2024 y en diciembre de ese mismo año obtuvo el estatus de refugiado que le brinda los mismos derechos que a un ciudadano mexicano, pero no votar. “Para mí fue muy fácil y rápido”, nos confía. 

“Estuve en Chile casi siete años y no he tenido [el permiso de residencia]. Tenía todos los requisitos que me han pedido allá pa’ tener la credencial de allá y no he podido porque la forma en que lo hacen está muy complicada, pero aquí, en México, es como diez veces más fácil que allá, en Chile”, cuenta.

Afirma que no piden “casi nada. Si tienes tu pasaporte vienes con tu pasaporte, [incluso] si no tienes con qué identificarte, vienes. A mí me dieron la entrevista 45 días después de que la solicité. El 3 de octubre [fue la entrevista], y me dieron la resolución el 5 de diciembre. Ahora estoy con el estatus de persona refugiada”, agrega.

“Te preguntan que por qué dejaste tu país, por qué estás en México y todo eso. La entrevista dura una hora. Y para las preguntas tienes traductor, tienes una persona ahí para traducir. Tú hablas en tu idioma”, detalla.

“¿Y cómo fue que desde Chile llegaste hasta México?”, le preguntamos. “Es un trayecto muy duro, muy complicado. Hay varias formas, pero para mí fue el trayecto del Darién [la peligrosa selva entre Colombia y Panamá]. Había que cruzar todos los países: Chile, Perú, Ecuador, Colombia, hasta Guatemala y llegar hasta la capital [de México]”, cuenta.

“El Darién fue duro. Yo no me metí por Tapachula, me metí por Tenosique, y de Tenosique a aquí es peor que Darién porque si te encuentra la migración te puede regresar hasta la frontera. Y también es mucho gasto, porque cobran bastante para llegar hasta aquí. No es un viaje directo hasta la ciudad, puro transporte. Fue duro. Viajando de la frontera a la capital casi es un sueño. Nunca sabes lo que va a pasar. Hay secuestro. Te quitan dinero. Hay violación. Te golpean”, continúa. 

Ernso nos cuenta su dolorosa y complicada travesía en un impecable español porque comenzó a aprenderlo en República Dominicana, donde vivió antes de intentar el sueño chileno. Nos dice que un momento clave de su historia en México apareció cuando encontró la organización Casa Refugiados: “Ellos me explican los apoyos que tienen para personas refugiadas y de ahí dije ‘ya, llegué a mi país’ porque siempre esperaba vivir en un país así”.

Días después esta organización apoyada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) nos abre sus puertas para detallarnos la orientación que brindan a los migrantes. Nos recibe Gabriela Pérez Guerra, periodista nicaragüense que dejó su país en 2018 debido a la insoportable represión instaurada por el presidente Daniel Ortega. Aquí es la encargada de la educación para la paz.

Nos cita en un céntrico parque de la Ciudad de México, en la colonia Roma, donde tienen un pequeño centro cultural que están restaurando. En una de las paredes se puede leer “Hagan por los demás todo lo que les gustaría que hicieran por ustedes”. “Esta es la frase de oro. Todos necesitamos ser abrazados, todos tenemos vulnerabilidades, todos tenemos algo que nos duele, pero también todos tenemos cosas lindas y la necesidad de vivir en paz”, dice.

Tras contarle la historia de Enrso, nos cuenta que ella también había sido orientada por Casa Refugiados. “La información es clave para tener ejercicio a derechos y a obligaciones en este país”, destaca. 

Las personas que llegan aquí siguen “La Ruta Humanitaria”, como lo llaman al proceso de acompañamiento que consiste, primeramente, en escuchar las necesidades de cada persona. Les brindan alimento, alojamiento o atención psicológica si la requieren. Luego les proponen una entrevista con un acompañante humanitario y es en ese momento les indican los pasos a seguir si desean pedir refugio en México.  

“La gente debe saber cuáles son sus derechos, a dónde acudir, cómo quejarte, cómo proteger tu dignidad. Todas esas cosas también son parte de un proceso de integración, pero que nosotros queremos que escale a inclusión: tengo derecho porque soy un ser humano”, concluye.

El hábil vendedor haitiano que nos habló de Casa Refugiados nos asegura que ya se siente “medio mexicano” y que quiere estudiar y hacer más negocios. ‘Yo creo que vamos a tener más entrevistas porque en México, lo prometo, lo voy a hacer en grande”, dice, y así nos despedimos.

Siempre la misma historia

Un haitiano perdió un brazo en su trabajo en la primavera de 2024. Se lo cortó una máquina. La empresa no hizo nada por él, pero sí la comunidad haitiana que lanzó una campaña de ayuda en las redes sociales. 

“El compatriota sigue viviendo de manera muy triste porque no es lo que esperaba”, lamenta el presidente de la Diáspora haitiana en México, Frisnel Joseph, y asegura que los migrantes irregulares son las primeras víctimas de la explotación laboral. 

“Siempre les decimos que tengan sus papeles en regla porque si llega a pasar algo, como un accidente, la empresa no te va a respaldar… La mayoría de las empresas aquí tienen su propia ley”, añade.

Además de exhibir la negligencia de las autoridades mexicanas para investigar las injusticias laborales, Frisnel también expone las desigualdades salariales entre personas legales e ilegales. Pone como ejemplo el trabajo informal en el concurrido mercado de La Merced donde es fácil encontrarse con migrantes provenientes de América Latina, pero también de África, en la clandestinidad.    

“A quien tiene papel no le dan trabajo porque es más provechoso darle trabajo a alguien que es ilegal. Las empresas dicen, ‘a quien no tiene papel le doy 100 pesos al día (cerca de 5 euros)’, pero el que tiene papel va a decir ‘el salario mínimo es de 300 y tantos pesos al día, me tiene que pagar el salario legal’. Eso pasa también en los Estados Unidos y en muchas otras partes”, explica.

Frisnel nos cuenta que su asociación busca una cita con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para exponerle estas injusticias. De concretarse, le pedirán que cree una asistencia especial para migrantes irregulares víctimas de explotación laboral.

“Los migrantes no son asesinos, no son criminales, son personas que buscan una vida mejor. Son personas que en sus propios países han encontrado muchas dificultades, y Haití no es el único país que está pasando por esta situación. Los migrantes vienen a hacer crecer la economía. Los migrantes buscan un refugio en el mundo”, afirma.

El “sueño mexicano” de los haitianos es también el sueño de miles de mexicanos, no sólo en Estados Unidos sino en su propio país: quieren justicia, seguridad y condiciones de trabajo que les permitan vivir en paz. Pero también es el sueño de millones de migrantes en todo el mundo que un día guardaron su vida en una mochila y se fueron sin saber cuándo regresarán. O si regresarán.

En las calles de Washington, el miedo se ha convertido en el compañero diario de miles de inmigrantes. Las operaciones de ICE, Servicio de Control de Inmigración y Aduana de Estados Unidos, se han intensificado desde que Donald Trump decidiera el 11 de agosto el envío de militares para “combatir la delincuencia”. Desde entonces, las redadas se han vuelto una rutina que paraliza barrios enteros y en particular a la comunidad latina.

Detrás de cada puerta cerrada y cada mirada esquiva, se esconden historias de miedo e incertidumbre. Pero la comunidad inmigrante de la capital de Estados Unidos intenta resistir y crecen las voces que se alzan en busca de justicia y dignidad.

“Yo no he trabajado durante toda una semana porque tres veces me los encontré. Siempre uso carro, pero como están agarrando en carro y no respetan, estoy yéndo ahora en bicicleta. El sábado, iba caminando en mi ruta de siempre y se me metió un (coche) de Texas y después se me metió Migración. Iban despacito, despacito. Tuve que dar vuelta para que no me agarraran porque yo sabía que me esperaban más adelante, en la misma calle”, dice una habitante de Washington  durante una marcha de miles de personas contra la presencia de los militares. Es inmigrante desde hace 26 años en Estados Unidos y prefiere presentarse con el nombre falso de Laura para proteger su identidad.

Su colega que tenía dos trabajos para poder subsistir no contó con la misma suerte. “Cuando llegamos en el turno de la mañana dijeron que ya una persona no estaba con nosotros, porque lo había agarrado Migración en la mañana, comprando pancito y café para ir a su trabajo. No le dieron oportunidad de corte ni nada”, nos cuenta.

La militarización de Washington está rompiendo el tejido social 

Como Laura, muchos migrantes han dejado de ir a trabajar, no van a misa, piden su mercado a domicilio y dejaron de llevar sus hijos al colegio entre otras actividades diarias. La militarización de Washington bajo el argumento de la inseguridad está rompiendo el tejido social.

Laura, cuando se atreve a salir de su casa, no sabe si va a regresar y con lágrimas describe cómo sus hijos, ciudadanos estadounidenses, le están escribiendo mensajes constantemente para confirmar si regresó.

“Siempre chequeando: ‘mami ¿llegaste a la casa?, mami ¿llegaste al trabajo?, mami ¿estás bien? Así son esos mensajes día y noche para saber. Y si no contesto, es lo más triste. Yo siempre les digo a mis hijos que si no contesto pues…. Ahora están cazando a la gente por el mero hecho de ser hispanos. En mi trabajo ya llegó dos veces Migración también. Han agarrado mucha gente. Rompen ventanas, no respetan ni los carros ni nada, sólo los sacan, los jalonean y se los llevan” explica Laura.

Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto pasado, cerca de 2.200 miembros de la guardia nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI, HSI, ERO y la DEA están patrullando, haciendo retenes, redadas y deteniendo arbitrariamente a supuestos criminales. Es un despliegue militar que seguirá al menos hasta noviembre y que cuesta más de 1 millón de dólares al día.

Cazarrecompensas al servicio de la deportación de Trump

Laura cuenta que, además, hay vigilantes a sueldo, cazarrecompensas que reciben hasta 1.500 dólares por inmigrante entregado a las autoridades.

“1.500 por hacer eso … Yo miré a uno que tenía un sombrero, se puso lentes negros, camisa negra y pantalón bombacho, cuando baja otro se me queda mirando con su sombrero y lentes oscuros y encapuchado y se fueron caminado a un restaurante latino. Yo no entiendo porque no quieren a la gente latina y van a buscar restaurantes latinos a comer”, nos explica.

Aunque es difícil identificarlos, los cazarrecompensas tienen características comunes. Entre ellas que no visten nada oficial, se tapan sus rostros, rara vez muestran su identificación, no presentan órdenes de arresto, perfilan racialmente a los latinos, están fuertemente armados y no tienen órdenes judiciales para entrar a las casas o hacer interrogatorios. Para Elian Contreras, mexicano americano presente en la marcha por la liberación de Washington, están pasando muchas cosas graves y la gente no se entera.

“Nosotros vivimos en un complejo de apartamentos en Maryland. Hace unas semanas entraron como a las tres o cuatro de la mañana, quebraron ventanas, en todos los apartamentos de al lado le pusieron cinta adhesiva Tape negro a todas las puertas. Entraron, agarraron una familia entera, ya la deportaron y todo. ¿Para qué necesitaban poner cinta adhesiva Tape negro en todas las puertas? ¿Están ocultando algo, están escondiendo algo que nosotros no queremos saber?”, se pregunta Contreras.

1.000 dólares por inmigrante indocumentado entregado

La figura de cazarrecompensas no es nueva en Estados Unidos. Durante el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ciudadanos denunciaron su presencia y en el estado de Misuri, hay un proyecto de ley para recompensar con 1.000 dólares al que entregue a un inmigrante indocumentado.

Para Julian Contreras, hermano de Elian, también ciudadano estadounidense de padres mexicanos, sus encuentros con esta policía secreta han sido desafortunados. “Les grité y les pregunté qué estaban haciendo aquí, que tengan vergüenza por vender a la gente, y sólo me miran así, ríen y mandan a los perros de la policía de DC a intimidarme para exigirme y picarme, para que yo me enoje, los toque y me arresten. Pero no me voy a dejar. Son pandilleros, solo por un dinero es suficiente para vender la gente. Como en la Biblia, cuando Judas vendió a Jesús por 20 monedas”, afirma Julian Contreras.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma que las acusaciones de que “ICE usa contratistas privados o cazadores de recompensas para realizar arrestos son falsas". Lo que sí ofrece públicamente a los nuevos agentes que se incorporan es 50.000 dólares como bono de ingreso, 60 dólares de condonación de deuda estudiantil y 10.000 dólares de bono anual a todos los empleados. Según ellos, la cifra de solicitudes ya supera las 100.000 tras las campañas de publicidad masiva en televisión y otros medios.

“La gente que llevaba dos años sin salir a cenar ahora está saliendo y los restaurantes en los últimos dos días han estado más ocupados que nunca”, repite Donald Trump sobre los supuestos efectos positivos en seguridad que ha tenido su orden de militarizar la ciudad. Sin embargo, dueños de restaurantes cuentan otras versiones muy diferentes.

Los restaurantes se vacían porque los clientes tienen miedo de salir 

Al norte de Washington, en el barrio Latino, los restaurantes están cada vez más vacíos y muchas personas llevan semanas encerradas en sus casas evitando ser detenidos y deportados. “Hay personas que nos han llamado que quieren que les vayamos a traer su comida porque no han salido durante un mes. Hay una señora que conocí hoy día que le vino un derrame facial del nervio porque le dijeron que estaba migración en su edificio”, explica la propietaria de un restaurante en el barrio de Columbia Heights que prefirió guardar el anonimato por seguridad.

La militarización de la ciudad y las detenciones arbitrarias a los migrantes ha generado un daño económico muy profundo del que demorará años en recuperarse. “Conforme empezaron las redadas migratorias, la gente empezó a tener más miedo y de ahí cayó el 30% de ventas hasta, ahorita no se ha recompuesto. Estamos peor que en pandemia. En pandemia, por lo menos la gente sale a comprar, pero ahorita el miedo se apoderó de todos los inmigrantes. Y la verdad es que los inmigrantes son los que alzan la economía, son los que compran”, explica.

Al haber menos consumo, esta emprendedora necesita menos gente en su restaurante y se ve obligada a rebajar la cantidad de horas que le ofrece a sus trabajadores. “La economía está mal, la gente no tiene trabajo, no tiene cómo solventar sus gastos. ¿Cuántas horas les pueden dar a un latino? ¿30, 28 horas (semanales)? Antes hacían 30 en un turno y 30 se iban a buscar otro lado, pero ya no hay trabajo, ¡no hay!”, se lamenta.

Según ella, también hay migrantes con papeles y otros ciudadanos que se aprovechan de la situación y del miedo de los indocumentados para arañarles cualquier dólar. “Lo que están haciendo es cobrar dinero para ir a traer a tu hijo a la escuela. ‘Ok, yo tengo papeles, yo puedo recoger tu niño, me pagas algo’. Es lo que están haciendo las mamás, por no salir a recoger a sus hijos a la escuela o llevarlos, porque a veces los de Migración están por la escuela, así que pagan a estas personas 20 ó 25 dólares, dependiendo del niño”, afirma.

Baja a la mitad la asistencia a las misas por miedo a ser detenidos 

Del total de las 2.120 personas que han detenido hasta el momento, la mitad son hispanos, según el Departamento de Justicia. Un perfilamiento que se traslada hasta en la salida de las iglesias, donde los curas han registrado al menos 8 detenciones y una reducción del 50% en la asistencia a sus misas. Sin embargo, prefirieron no hablar con los medios.

Para Keya Chaterjee, directora ejecutiva de la organización ‘Free DC’, callar es la peor opción ante la dictadura. “Hay personas que están aterrorizadas, que no están saliendo de sus casas y limitando sus actividades, pero no podemos dejarnos intimidar de cara a esta realidad porque los dictadores prosperan en una atmósfera de miedo y caos. Eso es lo que están tratando de incitar”, denuncia.

Según Chaterjee, la militarización y la campaña de intimidación por parte de una policía secreta hace parte de una estrategia a largo plazo para no ceder el poder y acabar con la democracia. “Todos los días hay un escalamiento. Empezamos con militares que estaban sin armas, después tenían pistolas, ahora tienen rifles semiautomáticos. Todos los días ha habido un escalamiento y ahora, Stephen Miller (subdirector de políticas y asesor de seguridad nacional de Trump), el nacionalista blanco y racista en la Casa Blanca, dice que quiere mantener a DC ocupada por los militares hasta finales del 2026. ¿Y usted sabe que hay detrás de esto, cierto? La gente no se olvida de la historia y entiende que los dictadores quieren crear un estilo de ley marcial en la capital del país para suprimir a la oposición y prevenir la transferencia del poder”, explica Keya Chaterjee. 

La organización Free DC recomienda cinco pasos contra la represión y el miedo. Primero, no obedecer por adelantado sin que haya justa causa para cualquier interrogatorio. Segundo apropiarse del espacio público que los agentes encubiertos no conocen tanto, tercero, mostrar solidaridad; cuarto, organizarse para saber los derechos de las personas y quinto mantenerse activo y alegre. Según ella, a pesar de la represión, mucha gente en la ciudad ha optado por una posición desafiante.

"La gente está desafiando al ICE"

“Las personas en DC no están tolerando esto y está desafiando al poder. Por ejemplo, cuando ICE hace retenes ilegales, tenemos a gente que se anticipa y desvía el tráfico para evitar el retén. Cuando vienen a nuestros barrios salimos a perseguirlos hasta que se vayan si somos más y todos están grabando en video a la policía y gritándoles las ilegalidades que están cometiendo”, asegura.

Bajo el pretexto de la lucha contra la inseguridad y la creciente polarización, el inmigrante latino se convierte en para rayo y responsable de los problemas estructurales de Estados Unidos, un país hecho por migrantes. Sin embargo, para los hermanos Contreras, al final, no pueden arrestar a todos los migrantes.

“Nos pueden arrestar a uno, pero no nos pueden arrestar a 11 millones. Los hispanos son los que trabajan más fuerte, el que limpia tus baños, el que trae tu comida, el que le sirve a tu niño, pero cuando no hay inmigrantes, esta economía se va a bajar”, dice Contreras.

Para muchos, Trump quiere dar un ejemplo con los inmigrantes hispanos de lo que les pasaría a los que decidan revelarse contra de sus decisiones. Entre el miedo y el silencio, el migrante pierde sus libertades básicas de movimiento, de expresión, religiosas, económicas y de consumo. Libertades por las que tanto arriesga y que vino a buscar a un país que ya no las ofrece.