Noticias de América

El presidente izquierdista Inácio Lula da y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, se encuentran empatados en los sondeos para las elecciones del 4 de octubre. En este contexto, el voto de los evangélicos, que ya representan un 30% de la población decisiva, puede inclinar la balanza hacia Bolsonaro.

Por el corresponsal de RFI en Río de Janeiro

Los gritos de "aleluya" son la banda sonora habitual en las más de 100.000 iglesias evangélicas que hay en Brasil. Son millones de fieles cuyo voto es más disputado que nunca en las elecciones. Leandro Augusto da Conceiçao, de la Asamblea de Dios del barrio de Catete, en Río de Janeiro, da por hecho que la mayoría optará por Flávio Bolsonaro:

“Nosotros somos más de derechas, eso es un hecho, como en algunos temas como el aborto, que es un tema polémico. Hay grupos que abogan a favor. Por su parte, la Iglesia procura no respaldar abiertamente a candidatos que defienden esas posturas, ya que buscan mantener su coherencia doctrinal”, explica.

Los evangélicos ya representan casi el 30% de la población brasileña, y en unas elecciones muy ajustadas su voto es decisivo.  Lula da Silva ha redoblado los esfuerzos para dialogar con este grupo social, pero para Magali Cunha, del Instituto de Estudios de Religión, buscar a los evangélicos sólo durante la campaña electoral es una estrategia fallida.

“Hay que reconocer una dificultad de la izquierda en escuchar a esa población. Hay un vacío entre periodos electorales que es ocupado justamente por los grupos más conservadores, que tiene el lenguaje, que tienen el acceso al interior de las comunidades, pero que tienen un efecto en esas comunidades, entonces los grupos más a la derecha, más conservadores, tienen una comunicación directa y permanente”.

Las encuestas electorales apuntan a un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Entre los evangélicos, en cambio, el ultraderechista tiene 30 puntos de ventaja. Reducir esa brecha es clave si la izquierda quiere ganar las elecciones. Según los sociólogos, los evangélicos, y sobre todo las mujeres evangélicas, que suelen ser más moderadas, podrían decidir el resultado.

Chile se ha transformado en el principal punto de apoyo logístico en las aguas del Pacífico para la gran flota china dedicada al calamar gigante o pota en aguas internacionales. RFI pone sobre la mesa las voces de varias personalidades y expertos que hablan de la conservación marítima, la pesca ilegal y la respuesta gubernamental de Chile ante esta cuestión. La Armada se encuentra atenta a los movimientos de la gigantesca flota pesquera china que actualmente opera al norte de Isla de Pascua.

En Chile, la marina monitorea una importante flota de alrededor de 300 barcos chinos situada frente a sus costas en aguas internacionales. Estas embarcaciones pescan el calamar gigante o pota. Esta flota china se ha acercado a Chile desde 2024 después de que Perú endureciera la regulación en sus puertos para los barcos pesqueros extranjeros. En el Centro de Control Naval de Tráfico Marítimo, la Armada chilena sigue la trayectoria de cientos de embarcaciones mediante cartas náuticas interactivas para disuadir cualquier actividad Ilícita despliega recursos tanto en las aguas territoriales de Chile como más allá de ellas.Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Chile, entrevistó a Gonzalo Jiménez Briones, jefe del departamento de pesca. "Existen las operaciones de fiscalización pesquera oceánica aquí donde se emplean aeronaves de la aviación naval, donde se emplean eventualmente fragatas, incluso han habido submarinos involucrados en operaciones de fiscalización pesquera oceánica" dice Jiménez Briones.

Sin embargo, Milkor Schwartzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal, detectó 6 incursiones de barcos chinos entre 2024 y 2025 en la zona económica exclusiva chilena. "Indicaban que estaban pescando, navegaban a velocidad de pesca de noche dentro de la zona económica exclusiva de Chile y con la iluminación de pesca de calamar encendida" afirma Schwartzman.

La flota china se encuentra a unas 350 millas náuticas de distancia, así lo describe Pascual Aguilera, portavoz de la Coordinadora Nacional de Pescadores de Pota: "Es como un muro. La flota china subvencionado por el Estado de China puede permanecer largas temporadas en alta mar". Pascual Aguilera también denuncia lo que considera una actitud demasiado permisiva de las autoridades frente a esta flota china que según él tiene un acceso excesivamente fácil a los puertos y servicios chilenos.

En cambio, el diputado de la región del Biobío, Sergio Bohadilla, se muestra confiado en la respuesta gubernamental. "Lo que Chile debe hacer siempre es resguardar nuestro patrimonio pesquero y para eso, reitero, tiene las facultades y el mandato legal, la armada de Chile, para hacer cumplir rigurosamente el respeto a nuestros límites marítimos y no permitir que ninguna nave extranjera esté operando en nuestra zona económica exclusiva. De ocurrir una situación, no tengo la menor duda que nuestro gobierno hará ver esta situación con la energía y la firmeza que se requiera, porque también tenemos muy claro que estas flotas son verdaderos depredadores de los recursos marítimos", según ha afirmado el diputado Sergio Bobadilla. 

La situación ha provocado críticas entre organizaciones de pescadores artesanales chilenos dedicados a la jibia, que cuestionan que el país proporcione soporte a una flota extranjera que explota en alta mar el mismo recurso del que dependen numerosas comunidades pesqueras nacionales.

Según un informe independiente presentado esta semana en Panamá, la Iglesia católica de ese país registra decenas de casos de abusos sexuales. RFI entrevistó a uno de los miembros de la comisión que lo elaboró.

Son 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales entre 2001 y 2025. La comisión compuesta por académicos de dos universidades católicas investigó 24 de ellas. El resto concernían otras arquidiócesis y por eso fueron dejadas de lado.

“Este informe es histórico”

El español Yago de la Cierva, miembro de la Comisión Transparencia, viajó a ese país para la presentación de un informe que, según él, es sin precedentes: “Este informe es histórico porque es la primera vez que una arquidiócesis, que una institución de la Iglesia, sin presión externa, sin denuncias de los medios de comunicación, sin denuncia de las autoridades públicas, ha decidido encargar a una comisión completamente independiente en la gestión, en la financiación, en todo su trabajo, ha encargado ‘decidme qué he hecho mal’. Y es la primera vez, que yo sepa en todo el mundo, que una institución católica hace esto. Nosotros hemos hecho el informe de manera independiente y se lo hemos entregado a la diócesis”, explica a RFI.

El informe contiene más de dos decenas de recomendaciones. “Nosotros lo que investigamos es qué ha hecho la arquidiócesis cuando alguien se ha dirigido a ella diciendo ‘he sido abusado o conozco un caso de abuso’. Y entonces la mayoría de las 26 recomendaciones se refieren a cambiar el enfoque, a poner en el centro a las víctimas en primer lugar. Dar muchísimo más peso a la escucha de la víctima, es decir, no solamente a la atención mientras que se la escucha, sino al acompañamiento”, indica Yago de la Cierva.

Escuchar a la víctima y dejar constancia

Además, señala, “otra de las recomendaciones que es muy importante, es que se necesita dar una formalidad a todos estos procesos, es decir, tiene que quedar constancia de la denuncia, de lo que se hace a continuación, de cómo se acompaña a la víctima, de cuál es la pena que se pone al culpable, si hay investigación, etcétera. De tal manera que no solo se hace lo que se tiene que hacer, sino que además se deja constancia para poder examinar y rendir cuentas de lo sucedido”.

“O sea que lo que estamos diciendo es que la Arquidiócesis utilizaba mucha informalidad a la hora de gestionar estos casos, y lo que hemos recomendado es que tiene que documentarlo y además tiene que poner a personal especializado que sepa, o sea, que tenga una formación sobre estos temas y que dé continuidad a todas las políticas”, concluye De la Cierva.

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones. Ulloa pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.

Se ha desatado en Colombia una viva polémica por la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz pasando de 230 a 199 millones. La JEP investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Es el organismo nacido en 2016 tras los acuerdos de paz de La Habana.  

En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la cúpula de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros. Las sentencias de este tribunal sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios.

“Las sanciones han sido una burla. Son de ocho años, pero los condenan a que busquen unos desaparecidos, que la condición para ellos recibir estos beneficios era que entregaran la información de los desaparecidos. Construir un sanitario equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses de condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hacer una caravana por la paz, se los descontaron también como otros tres o cuatro meses. Entonces realmente son penas simbólicas vergonzosas, que no son proporcionales a los crímenes que cometieron y no aportan a la reparación de las víctimas”, reacciona en RFI Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL).

“No ha habido un modelo restaurativo eficaz”

El expresidente Juan Manual Santos había advertido de lo que llamó “sapos” del acuerdo de paz de La Habana, que los ciudadanos tendrían que tragarse para obtener la desmovilización de miles de guerrilleros y, al final, la paz. ¿Acaso se han olvidado los colombianos del precio que había que pagar?

“Ellos no entregaron 13 billones de pesos en bienes y lo que se comprometieron a entregar, solamente entregaron el 10%. Y de los inmuebles se comprometieron a entregar 255 inmuebles y solo entregaron uno. Es decir, realmente ha sido una burla y no son sapos, son incumplimientos. No ha habido un modelo restaurativo eficaz. Desde los acuerdos de La Habana a hoy ha habido más reclutamientos, ha habido más violencia”, detalla Alzate.

“Esto ha sido una burla, es un modelo restaurativo que es un total fracaso. La JEP se ha vuelto un partido político y ha tenido más cargos burocráticos que eficacia. No ha dado respuesta a las víctimas y de manera vergonzosa le han dado 44.000 millones de pesos a la defensa jurídica de las FARC, 22.000 millones de pesos en viajes. Realmente ha sido un desgaste para el erario público, para las víctimas y por eso nosotros seguimos solicitando que suspendan estos recursos hasta que no exijan que las FARC entreguen la totalidad de bienes, o hasta que el secretariado de las FARC sea expulsado por incumplir esos compromisos de búsqueda de desaparecidos y de entrega de los bienes”, concluye el secretario general de la FEVCOL.

El Niño ha instaurado nuevas condiciones climáticas en Colombia, aunque el gobierno planea pronunciarse sobre las variaciones meteorológicas hasta el 8 de octubre. Sus consecuencias ya se sienten desde hace varias semanas, como los incendios que se anuncian particularmente intensos este año. Actualmente, se cuentan 17 incendios forestales activos.

Villa de Leyva está situada en el departamento de Boyacá. El incendio que amenazaba esta joya turística colombiana ha sido controlado en un 75%, y El Niño facilita las condiciones para que se expandan las llamas intensificando la temporada seca.

La teniente coronel Diana Carolina Rueda, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) considera que no se puede asociar por completo el incendio de Villa de Leyva con El Niño, pero “sí podemos afirmar que la tierra o el terreno está cada vez más seco, con menos humedad, y esto favorece que la dispersión de los incendios sea mucho más rápida y sea mucho más difícil de extinguir y de contener”.

Además, la experta precisó que los efectos de El Niño “ya están empezando a notarse en la disminución de las precipitaciones totales. Llueve menos de lo esperado”.

Gobierno y clima

La declaratoria oficial del Niño será el 8 de octubre, pero este fenómeno climático ya lleva cuatro meses en Colombia y en algunas regiones ya se están registrando máximos históricos, como en la región caribeña colombiana. “En algunos sectores del Tolima del Huila y otros puntos en los cuales estamos teniendo máximas de temperaturas, también por encima de los históricos, pues nos hacen pensar que también ya el niño está empezando a tener impactos”, explicó Rueda.

"Los ríos Cauca y Magdalena, fuentes principales de nuestro territorio que atraviesan de sur a norte nuestro país, han disminuido en términos de nivel. Hemos informado que esta condición está generando unas alertas para la toma de decisiones desde los diferentes sectores”.

La temporada de ciclones también es atípica este año a consecuencia del fenómeno meteorológico extremo. Rueda considera preocupante que 2026 sea “el único año con respecto a los anteriores que no ha presentado el primer huracán a esta fecha”. “Octubre es el pico de la temporada de huracanes para el mar Caribe”, recordó.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos proyecta que el actual fenómeno de El Niño tiene un 75% de probabilidades de llegar a una intensidad "histórica".

Estados Unidos endurece las reglas para obtener la Green Card y amplía los criterios que pueden tener en cuenta los funcionarios de migración. Una medida que ya está generando temor y polémica a partes iguales.

La administración de Donald Trump vuelve a endurecer las normativas migratorias, en este caso, para conseguir la Green Card. Si antes ya era difícil, ahora lo es más, porque los funcionarios de migración tendrán más margen para valorar si un solicitante de residencia cumple el perfil de un ciudadano que en un futuro podría depender de ayudas públicas.

El concepto de carga pública

Una medida que afecta a miles de migrantes latinos que dependen de programas como Medicaid, ayudas alimentarias o ayudas a la vivienda: “Para poder legalizarse en Estados Unidos u obtener la residencia permanente, uno de los elementos es que uno no sea una carga para el gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que le llaman una carga pública es una definición muy compleja, basada en políticas a veces conservadoras y a veces liberales”, explica a RFI el abogado de inmigración Jaime Barrón.

“El presidente Trump, en su primer mandato, trató de limitar estampillas, asistencia para los hijos, cierta ayuda de hospitales, etc., pero las cortes le anularon esa interpretación. Ahora, nuevamente tenemos al presidente Trump en el poder, por lo cual están volviendo a ser ultra conservadores”, agrega.

La medida recupera y amplía el concepto de “carga pública”. Un criterio que permite a las autoridades estadounidenses negar la admisión al país o la residencia cuando consideran que una persona podría convertirse en una carga pública para el sistema. Con esta nueva política de Green Card el sistema se endurece, aunque no afecta a todos los migrantes por igual.

“Lo que agregó el gobierno actual es que, si el oficial cree que, en el presente, pasado o en el futuro le podrían pedir algún beneficio público, se reservan el derecho a negar la residencia. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de un crimen que se llama la Visa U, alguien que es un asilado político, alguien que sometió su papelería de residencia antes del 18 de septiembre. Y hay algunas otras excepciones, pero esas son las más grandes”, detalla el abogado.

Dejar de solicitar ayudas

El temor para muchos latinos pendientes de este documento ya está provocando cambios de comportamiento. Organizaciones y abogados están detectando que algunas familias se plantean dejar de solicitar ayudas, a las que tienen derecho, por miedo a que puedan perjudicar su futuro migratorio.

“Mucha gente está previniendo que les afecte y se están tratando de limitar en cualquier beneficio que podría ser considerado público. [Hay] gente que prefiere no llevar a su hijo al doctor, gente que prefiere no pedir algún beneficio y mejor pasar hambre…”, indica Jaime Barrón.

La nueva regla ya ha sido impugnada en los tribunales por varios estados y gobiernos locales. Mientras tanto, miles de migrantes en Estados Unidos viven con incertidumbre sobre cómo afectará este nuevo cambio en su situación. 

Las autoridades sanitarias alertan del aumento histórico de número de suicidios en Argentina. Según los datos del Observatorio de Política Criminal (OPC), el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años en Argentina.

Decenas de familiares y especialistas en salud mental marcharon por las calles del centro de Buenos Aires para concienciar sobre el aumento de casos de suicidios en Argentina. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, nos explica algunos de los motivos que han llevado a que la tasa de suicidios aumentara un 57,6 % desde 2017.

Los suicidios no están en relación con una causa única, sino que son un fenómeno complejo y multicausal. No es casualidad, creemos nosotros en la Asociación Argentina de Salud Mental, que no esté en relación con las condiciones actuales de la situación económica y social de nuestro país, con lo cual puede llegar a actuar en personas vulnerables y con cierta predisposición", explica Trimboli.

El experto recalca que este no es el único motivo y pone de ejemplo que los suicidios entre miembros de las fuerzas de seguridad también han crecido.

¿Hacia una privatización de la atención psiquiátrica? 

No hay un plan ni programas de prevención. No existe ningún tipo de planificación de la salud mental. Simplemente recortes. Esta semana, 16 provincias argentinas han sacado un documento conjunto pidiendo un Plan Federal de Salud Mental y también el rechazo a un proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental, que sería un retroceso de siglos de gobierno", explica. 

"Lo que pretende es llevar todo atrás para beneficiar a las clínicas psiquiátricas privadas y al sistema de medicina privada", denuncia.  Trimboli critica que el Ministerio de Salud lleva desde 2003 sin establecer diálogo con su asociación y pide políticas de prevención.

Tiene que haber campañas de prevención, que se hable de suicidio, que se aplique el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud para Salud Mental. Eso dice nuestra ley y no llega ni al 1,5% en este momento", lamenta. 

El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental afirma que la situación solo mejorará cuando el sistema sanitario del país reciba los medios económicos y de personal que necesita.

El Gobierno de Venezuela desbloquea varios portales web de medios de comunicación que llevaban años censurados. El regulador de las telecomunicaciones del país dio la noticia, horas antes del inicio de la segunda ronda del diálogo entre el Gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. La libertad de expresión es uno de los temas principales de esta mesa de diálogo presidida por Estados Unidos.

Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios.

Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”.

Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué.

“El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice.

El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica.

Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica.

Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido.

Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe.

“No ha habido un cambio en los actores”

“En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica.

El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos.

“No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher.

Aún 500 presos políticos

La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados.

“La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala.

El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima.

Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Los feminicidios cometidos en Cuba en lo que va de 2026 ya superaron los del año pasado: 49 en 2025 y 52 en 2026 son las cifras que comunicó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). La plataforma alertó que la pobreza de la isla pone en mayor peligro a las mujeres porque no tienen dónde encontrar refugio.

Noemí Pérez López, así se llamaba la última víctima de feminicidio en Cuba. Tenía 38 años cuando su expareja la asesinó en la provincia de Las Tunas, al oriente de la isla, el pasado 8 de agosto. Es la víctima de feminicidio número 52 en lo que va de 2026.

“Es un Estado que no previene los feminicidios”

“Este caso permite explicar varios problemas a la vez. Primero, el principal peligro sigue estando muchas veces dentro del círculo íntimo, y esto es uno de los patrones que hemos identificado, que ocurre dentro del seno de las parejas y exparejas. Son la mayor cantidad de feminicidios”, comenta Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).

“Segundo”, prosigue, “ocurrió dentro de su propia casa, es decir que, donde presuntamente la víctima debía encontrar el mayor refugio, realmente ocurrió el mayor peligro. Y tercero, el agresor pudo permanecer prófugo durante semanas”.

Álvarez denuncia que las autoridades cubanas informan poco o nada de los feminicidios y no protegen a los familiares de las víctimas, quienes corren peligro de amenazas, intimidaciones o represalias por parte de los criminales: “Son las organizaciones independientes que tienen que dar la voz de alarma. Es un Estado que no previene los feminicidios, no previene la violencia de género, no tiene, por ejemplo, refugios para las mujeres que se encuentran en una situación de peligro”.

La crisis económica empeora la situación

Y los peligros aumentan con la crisis económica crónica que sufre la isla. Las mujeres son las más vulnerables: “Para una mujer que quiere separarse de un agresor, puede resultar extremadamente difícil encontrar otra vivienda, conseguir ingresos suficientes, trasladarse, alimentar a sus hijos o reconstruir una red familiar. Especialmente cuando una parte importante de la familia ha emigrado o, por ejemplo, se encuentra en una situación territorial donde apenas hay conexión, donde apenas hay red de apoyo para las mujeres que se encuentran en peligro”, subraya Ileana Álvarez.

“Nuestro informe advierte de que el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad institucional, no explican por sí solo la violencia feminicida. Claro está que sabemos que las causas son estructurales, pero sí agravan la vulnerabilidad y dificultan romper relaciones violentas”, concluye la directora de OGAT, quien atendió esta entrevista desde el exilio en España.