En un informe publicado el 19 de febrero, Human Rights Watch concluye que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que "la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal". Hablamos con Tyler Mattiace, investigador para México de HRW.

RFI: ¿Por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México? 

Tyler Mattiace: Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que sólo el 17% de todos los homicidios, desde 2010 a 2022, fueron esclarecidos, con un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea el 9%, llegaron a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanas y materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez. 

RFI: ¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana? 

Tyler Mattiace: Uno de los retos mayores que enfrenta en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos, que nosotros documentamos en este informe, cayeron porque el testigo fue asesinado. 

RFI: ¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe? 

Tyler Mattiace: Concretamente, voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasa de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y una recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones. 

RFI entrevistó al profesor de la UNAM Javier Oliva Posada sobre el anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que considera ampliar la demanda en curso contra armerías de Estados Unidos si ese país finalmente resuelve denominar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.

El gobierno mexicano advirtió el viernes que ampliaría sus demandas contra los fabricantes de armas estadounidenses, a quienes señala por su presunto papel en el suministro de arsenal a los delincuentes en México, incluidos los cárteles del narcotráfico.

El gobierno mexicano acusa a los fabricantes de armas de negligencia en la venta de armamento que termina en manos de los cárteles. Para la presidenta Sheinbaum, la querella podría incluir un nuevo cargo por presunta complicidad con grupos terroristas.

"El 74 % de las armas utilizadas por grupos delincuenciales en México provienen de Estados Unidos", denunció la mandataria. Esta cifra fue publicada a principios de año por el Departamento de Justicia estadounidense en un informe sobre la circulación de armas dentro y fuera del país.

El profesor Javier Oliva Posada, investigador en temas de defensa, seguridad e inteligencia, señala que la entrada de armas provenientes de Estados Unidos a México es "constante". Según este académico de la UNAM, "el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad calcula que, de cada diez armas incautadas en México, ocho fueron vendidas en Estados Unidos. Hay alrededor de mil negocios de venta de armas. Es un flujo muy importante, sobre todo de fusiles de asalto y de alto poder, que llegan a manos de los delincuentes", sostiene Oliva.

Los más de tres mil kilómetros de frontera común entre México y Estados Unidos facilitan el tráfico de armas, según el profesor de la UNAM.

"México y Estados Unidos tienen 15 ciudades gemelas y una población compartida de alrededor de 14 millones de habitantes. Además, hay 42 pasos fronterizos, es decir, cruces ferroviarios, de autotransporte y, por supuesto, peatonales. Otro dato importante: la frontera entre Tijuana y San Diego es la más transitada del mundo, con un millón de cruces diarios y alrededor de 300.000 vehículos", explica.

El Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación son los principales compradores ilegales de armamento en Estados Unidos. El expresidente Donald Trump solicitó a su gobierno que los declarara organizaciones terroristas, junto con otros tres cárteles. De ser así, su homóloga mexicana podría ampliar una demanda ya existente contra los fabricantes de armas en Estados Unidos por "complicidad".

"Si se venden armas que luego son incautadas en un escenario violento en México, la pregunta es: ¿se convierten esas personas en facilitadores de armas para organizaciones terroristas? Aunque en Estados Unidos está permitida la venta de armas, esas mismas llegan a México para ser utilizadas por el crimen organizado. El gobierno mexicano tendría que diseñar una fórmula jurídica a nivel internacional que establezca ciertos requisitos para la venta de armas de alto poder que terminan en nuestro país", concluye Oliva.

Por su parte, el secretario de Estado en la administración Trump, Marco Rubio, declaró en un programa de radio estadounidense que su país colabora con México para frenar el tráfico ilegal de armas de fuego.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la creación de un grupo de expertos en Honduras para investigar el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Una noticia que fue recibida con alegría por diversos organismos en el país.

Han pasado ya casi nueve años del asesinato de la lideresa ambiental Berta Cáceres y aunque se avanzó bastante en la investigación, aún quedan cabos por atar, como la autoría intelectual del crimen y los delitos relacionados.  

“No sabemos qué pueda pasar”

Por ello, su hija Bertha Zúniga y a su vez coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se congratuló después de que el Gobierno instalase un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para esclarecer el caso. 

“Es hasta que llega este Gobierno que retomamos las negociaciones sobre la posible instalación del grupo y que el Estado de Honduras decide solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana”, expresó. 

“No sabemos hoy mismo qué pueda pasar, si se podrá ir tras los autores intelectuales, si se van a lograr esos objetivos que hemos tenido desde que supimos de la terrible noticia del asesinato. Pero sí, para nosotras es una oportunidad de intentar agotar todos los esfuerzos para que toda la verdad salga a la luz y que se haga toda la justicia a las personas que participaron en este crimen, que por supuesto es parte de los ataques al pueblo lenca”, recalcó Zúniga. 

Beneficios económicos

La medida no es sólo celebrada entre los familiares de Cáceres y el COPINH, sino también por los organismos que suscribieron este acuerdo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). 

“El establecimiento del grupo abre todo un panorama nuevo de investigaciones, sobre todo vinculadas a los delitos financieros y a los intereses económicos que fraguaron el asesinato. ¿Quiénes eran las personas que se beneficiaban económicamente por la instalación del proyecto extractivo en contra del cual estaban resistiendo las comunidades?”, explica Claudia Paz y Paz, directora del Programa para Centroamérica y México del CEJIL.

“Entonces, tenemos mucha esperanza con esta reciente instalación y esperamos que esos seis meses de mandato sean muy fructíferos para avanzar en el esclarecimiento del caso. Un punto muy importante es que ellos deben de contar con la colaboración del Estado, especialmente de la Fiscalía. Hasta ahora esto está ocurriendo, así que también esas son buenas noticias”, señala asimismo. 

Berta Cáceres fue asesinada en su hogar el 2 de marzo de 2016 en la localidad de La Esperanza. Por su crimen han sido condenadas ocho personas, dos de ellas ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que impulsaba la construcción en territorio de la etnia lenca de la hidroeléctrica Agua Zarca.

Un juez federal bloqueó temporalmente la orden del presidente Donald Trump de congelar la ayuda exterior de Estados Unidos canalizada principalmente a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid). Diego Chávez, del Instituto de Política Migratoria, explicó a nuestra compañera Angélica Pérez cómo los gobiernos de América Latina conseguían elevadísimas cifras que podrían desaparecer de sus presupuestos si Trump desmantela esta institución.

En Estados Unidos el poder judicial arremete contra las órdenes del presidente Donald Trump que quiere desaparecer la USAID. Este viernes el juez federal Amir Ali contuvo la congelación de los fondos con los que la USAID sostiene cerca de 1300 proyectos en más de 40 países, así lo dijo a RFI el encargado para América Latina y Caribe de la Migration Policy Institute, Diego Chávez González. "USAID es la principal agencia que da este tipo de fondos. 1,9 billones a gobiernos en América Latina que quieren que les contraten consultores a ministerios o agencias y se lo piden a USAID" ha dicho Chávez en la antena de RFI. 

La decisión judicial indica que el Gobierno, por ahora, no puede suspender o cancelar la ayuda exterior que ya había sido aprobada antes de que Trump asumiera el mandato.

Diego Chávez explica que la decisión puede afectar "a todos los países de la región y que ya hay programas ahora mismo que han cerrado en temas como el conflicto armado o la migración".  Poniendo ejemplos en concreto, en Guatemala por ejemplo, puede verse afectada por un programa de la USAID que significaba 150 millones de dólares. Guatemala es el quinto país a nivel regional que más fondos recibe. "Todavía hay incertidumbre por las órdenes ejecutivas y lo que pueden suponer. Los gobiernos locales no tienen muchas veces capacidad para responder a estos efectos" ha dicho Chávez en RFI.

Siguiendo la orden emitida por Trump a finales de enero, el secretario de Estado, Marco Rubio, emitió una directiva en la que frenó toda la asistencia exterior, con excepción del apoyo para Israel y Egipto, y mantuvo solo el envío de alimentos en situaciones de emergencia extrema.

La decisión desató el pánico en organizaciones humanitarias de todo el mundo que dependen de los contratos con Estados Unidos para seguir operando.

Según la ONU, Estados Unidos es, de largo, el principal suministrador de ayuda exterior, con cerca de 72.000 millones de dólares invertidos durante 2023, lo que representa un 40 % de la ayuda humanitaria global.

Mientras Donald Trump amenaza al mundo con aranceles, Colombia le manda rosas, claveles y crisantemos. Para este 14 de febrero, Día de San Valentín, las exportaciones de flores colombianas aumentaron un 13% en comparación con el año pasado, pero si continúan los roces entre el mandatario colombiano Gustavo Petro y el estadounidense Donald Trump, miles de parejas se quedarían sin rosas. 

Colombia es el segundo exportador de flores a nivel mundial y Estados Unidos es su primer cliente, quien le compra el 80% de su producción. No es casualidad tan elevada cifra porque en las tierras colombianas crece una variedad excepcional de rosas, crisantemos y otras flores.

“Colombia cultiva alrededor de 60 especies y eso le ha permitido, para el mercado de Estados Unidos por la cercanía, elaborar los bouquets, o sea, los arreglos que ya van directo a los supermercados. Y se estima que el 80% de los bouquets que están en los supermercados estadounidenses son hechos en Colombia. Colombia puede hacer un bouquet de 5 dólares, de 10, 20, 30, 100 dólares, y con todas las mezclas que se pueda ocurrir al cliente o al mismo cultivador de flores”, detalla para RFI el presidente de Asocolflores, Augusto Solano. 

“Ambos países están ganando”

Como el mercado estadounidense es vital para los productores colombianos, el líder del sector floricultor recuerda que su gremio pasó un mal momento cuando Gustavo Petro y Donald Trump se amenazaron con aumentar los aranceles.

“Dado que Colombia exporta el 80% a Estados Unidos, eso habría sido sencillamente fatal, imposible de absorber, porque un arancel del 25% y 50% es imposible que lo asuman los floricultores. Afortunadamente se llegó a una solución y no tuvimos ningún inconveniente”, señala. 

“Ambos países están ganando. Aquí mandamos principalmente flores, café, pero Estados Unidos nos vende maíz, soya y somos de los tres primeros compradores del mundo de esos dos productos de Estados Unidos. Entonces estamos en una situación en que ambos ganamos”, recalca. 

Un ganar ganar que genera unos 200 mil empleos en Colombia y alegría en Estados Unidos: “Varios estudios han demostrado en universidades muy respetadas que el impacto emocional de las flores es muy grande y mucho más que otro tipo de regalos. Y es un impacto emocional no sólo para el que recibe las flores, sino para el que las regala”, subraya Augusto Solano. 

En 2024, América Latina recuperó sus niveles económicos que fueron perturbados por la pandemia, pero la generación de empleos no crece como la demanda. Esta es una de las principales conclusiones del último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que también alertó de las preocupantes tasas de empleo informal y precariedad. 

En Lima, la capital peruana, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó su informe “Panorama Laboral 2024”. Desde allí, Gerson Martínez, quien coordinó este reporte, explica a RFI que en cuestiones laborales el panorama de América Latina y del Caribe se quedó congelado en el tiempo, como si estuviéramos en el año 2014.

“Podemos decir que la recuperación del empleo, si bien ha sido positiva, aunque se ha desacelerado en los últimos años, aún es insuficiente para superar los niveles que teníamos hace 10 años”, señala.

“Condiciones de precariedad laboral”

Ante la falta de empleos formales y que además ofrezcan salarios que correspondan al costo de vida, millones de personas han encontrado una solución en el empleo informal, a tal punto que este tipo de trabajo forma parte de la economía de los países. Sin embargo, estas personas estarían expuestas a varios peligros e injusticias. 

“Esta característica estructural condiciona a las personas que están en esta situación a no tener acceso a la seguridad social. Normalmente están ocupadas en sectores de baja productividad y por ende baja remuneración, dado que están en condición de informalidad, no tienen un salario mínimo. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la condición de informalidad resume en buena medida las condiciones de precariedad laboral que enfrentan las personas trabajadoras en esa condición”, detalla Martínez.

Posibles deportaciones masivas

En Perú, la tasa de informalidad es del 72%, en Ecuador del 68%, en Paraguay del 67%, y más lejos con un 52% está México, país al que Estados Unidos amenaza con aumentarla los aranceles y donde quiere enviar a miles de migrantes irregulares. El panorama laboral entonces podría cambiar vertiginosamente, pero la OIT pide prudencia. 

“Definitivamente, si las medidas son profundas, de largo alcance y afectan a sectores estratégicos de la economía, particularmente aquellos que tienen mayor peso en la generación de empleo, el impacto en los mercados de trabajo seguramente será sensible, y esto podría derivar en varias cosas: un aumento del desempleo, un aumento de la informalidad laboral”, comenta Martínez.

“¿Cuál podría ser el efecto que tendrían deportaciones masivas a los países de origen? De nuevo, esto va a depender de si efectivamente son masivas. Son anuncios aún recientes, y todavía estamos a la espera de ver cómo se consolidan y se llevan a cabo”, agrega. 

El informe también destaca que el 60% de los jóvenes no tienen trabajo, y que la brecha del desempleo entre hombres y mujeres se reduce lentamente, aunque aún hay 22 puntos que los separan.

RFI entrevistó a Mario Moreno Cepeda, exjefe de gabinete de control de drogas en la Casa Blanca y exfuncionario de la administración Biden, sobre las nuevas políticas de la administración Trump hacia México, las cuales incluyen la amenaza de imponer aranceles para abordar la crisis del fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero entre 50 y 100 veces más potente.

El pasado 1° de febrero, Trump firmó órdenes ejecutivas imponiendo aranceles del 25 % a las importaciones procedentes de México y Canadá. Tras una llamada telefónica con la presidenta Claudia Sheinbaum dos días después, acordó suspender los aranceles a México por un mes. Como parte del acuerdo, México se comprometió a desplegar 10.000 soldados en la frontera con EE. UU. para combatir el narcotráfico y reducir la presión de Washington.

Sheinbaum declaró que las tropas también reforzarían las operaciones de seguridad en la región fronteriza norte. El martes 4 de febrero, comenzó el despliegue de los militares.

Recurrir a las amenazas de aumentar los aranceles no es nuevo para México con Trump, pues ya lo hizo durante su primer mandato. Lo novedoso es utilizarlas para enfrentar el problema del fentanilo.

"La imposición de aranceles a México por parte de su administración es una estrategia netamente política. Trump busca un culpable para un problema de adicción y salud pública que tenemos aquí en Estados Unidos", explica sostiene este ex funcionario de la administración demócrata.

La administración republicana sostiene, sin embargo, que México no está haciendo lo suficiente y acusa al gobierno de Sheinbaum de mantener una "alianza intolerable" con los cárteles del narcotráfico, principales traficantes de fentanilo.

¿Qué opina Moreno Cepeda sobre la estrategia de la nueva administración? 

"Es una forma de presionar a México, pero esto tiene sus límites. Trabajar con México como socio puede dar mejores resultados que estas amenazas. Para abordar el problema del fentanilo se necesitan varias herramientas. Lo preocupante es que la administración Trump presenta esta medida como la única solución a un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", opina. .

Moreno también advierte sobre el énfasis de Trump en tratar la crisis del fentanilo solo como un problema de seguridad, sin considerar estrategias previas que lograron avances.

"En 2023, durante la administración Biden, llegamos a 110.000 muertos por sobredosis en un año. Esa cifra se ha reducido a 89.000 gracias a políticas que combinaban seguridad y salud pública. Estas políticas no solo se promovieron, sino que se implementaron, y ahí está el resultado", sostiene.

Para él, centrarse únicamente en seguridad no es el camino para abordar eficazmente un problema de salud pública.

"Si esta administración sigue enfocada solo en seguridad, ese declive no será sostenible. Lo preocupante es que amenazar a México no es productivo y que esta presión se presenta como la única solución para un problema tan complejo como la adicción a las drogas en Estados Unidos", concluye.

Los incendios forestales que arden en múltiples focos en la Patagonia argentina desde diciembre han consumido más de 36.000 hectáreas hasta este jueves y han movilizado a cientos de bomberos. RFI entrevistó a María Vergara, damnificada de un paraje rural en la provincia de Río Negro y a Manuel de Lucía, brigadista voluntario, de la agrupación Mallín Ambiental. 

Desde diciembre, la Patagonia argentina arde sin control. En los últimos días, el fuego se ha intensificado. Bomberos y habitantes apenas tienen descanso.

"Es un incendio de dimensiones extraordinarias. Empezó muy cerca de mi casa. Ya pasó, pero no quedó nada. Tenía dos casitas y cuatro 'dormís' [habitaciones de alquiler]. Todo quedó en cenizas. Y del bosque, ni hablar", dice María Vergara, habitante del paraje rural Mallín Ahogado, en el municipio de El Bolsón, provincia de Río Negro, en la Patagonia argentina.

Vergara relata el momento en que advirtió el peligro:

"Estaba a punto de salir de mi casa cuando me preguntaron: 'María, ¿es esto normal?'. Miré por la ventana y vi una columna de humo tremenda, con una fuerza espantosa. Le respondí: 'No, eso es un incendio. Busquen sus cosas. Esto se viene. ¡Rápido, rápido, rápido!’. En menos de una hora tuvimos que evacuar. Yo salí solo con lo que llevaba puesto', relata. 

Los brigadistas voluntarios, como Manuel de Lucía, coordinador de la agrupación Mallín Ambiental, explican que enfrentan las llamas con recursos limitados.

"El fuego aún no está controlado y sigue avanzando. En un principio, trabajamos con herramientas manuales. También usamos cursos de agua, como ríos y arroyos, para enfriar el terreno y sofocar las llamas. En las zonas de difícil acceso, trasladamos agua en camionetas particulares de familias de pequeños productores. Utilizamos bidones de hasta 1.000 litros con motobombas portátiles para abastecer a las cuadrillas y extinguir los focos de una sola vez. De lo contrario, tendríamos que regresar con herramientas manuales, lo que hace más lento el trabajo", explica De Lucía.

La falta de una respuesta efectiva por parte del Estado mantiene a la región en la incertidumbre. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta identificar a los responsables de los incendios, la demanda desde el terreno es clara.

"Pedimos medidas urgentes para evitar que más viviendas sean arrasadas y que no haya más víctimas fatales. Esta es una zona de producción agroecológica. Necesitamos preservar la tierra en buen estado. También exigimos que no se nos desplace para favorecer negocios inmobiliarios. No olvidemos que esta es una región turística muy codiciada", advierte un residente.

Más allá del esfuerzo de brigadistas y organizaciones no gubernamentales, el fuego sigue fuera de control al otro lado de la frontera con Chile. La situación es alarmante: hay 78 focos activos, 35 de ellos en la región de La Araucanía, fronteriza con la provincia argentina de Neuquén.

Tras 14 meses y medio de gobierno de Daniel Noboa, los ecuatorianos votan este domingo en medio de una crisis multidimensional que abarca la economía, el sistema energético, la institucionalidad y la seguridad. Ecuador es el primer país de Latinoamérica en índice de homicidios. 

La violencia que el país andino arrastra hace un lustro se arreció en 2024, segundo año consecutivo más violento en la historia de Ecuador, con un homicidio intencionado cada 75 minutos, según datos de la Policía Nacional. Incluso en las elecciones anteriores fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Las matanzas en las cárceles son moneda corriente. Enero de 2025 es el mes más violento de los últimos tres años, con un asesinato cada hora.  

“¿Cómo llegamos a esto? Si tuvimos ya unos niveles super reducidos de violencia, ¿qué pasó?”, se pregunta Carla Álvarez, investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales y experta en seguridad.

"Hubo una desinstitucionalización del país y del campo de la seguridad. Teníamos un Estado mucho más fuerte en el campo de la seguridad y, de repente, se dio una reducción del tamaño estatal, una reducción de todas las instituciones, de su presupuesto, de funcionarios y funciones", explica a RFI. 

Eso provocó que hubiera "espacios fuera de control y los espacios que están controlados, se debilitan al mínimo, dejas que la tecnología se pudra", denuncia la investigadora. Y esto afectó, afirma, a cárceles, puertos, aeropuertos y carreteras. "El Ecuador se convierte es un territorio baldío. Una autopista genial para sacar droga hacia el mundo, donde nadie controla, nadie ve y nadie dice nada", agrega. 

¿Cuando ocurrió este desmonte del Estado? 

 "A partir del 2017, claramente. Nosotros veníamos de un modelo de desarrollo de tipo nacionalista y desarrollista que creía y confiaba mucho en la planificación estatal centralizada. Esto significaba que el Estado debía ser grande para poder controlar los espacios y los asuntos estratégicos", recuerda. 

"Viene un nuevo gobernante, Lenín Moreno, que dice ‘no, así no funcionan las finanzas públicas, estamos muy endeudados y no podemos asumir este gasto estatal. Hay que cortar al Estado’. A partir del 2017 todos los gobiernos han seguido la misma política", afirma a RFI.

"El crimen organizado encontró a Ecuador con los pantalones abajo"

"Noboa no es el culpable de todo porque los anteriores gobiernos no habían invertido en nada, y eso en un contexto de pandemia que debilitó muchísimo a la sociedad, fuimos el segundo país con más mortalidad.  Además, hay un escenario o unas condiciones apropiadas para el crecimiento del crimen organizado en el mundo. Pero, lo que pasa es que al Ecuador lo encuentra con los pantalones abajo.

"Cuando el joven Noboa llega al poder se encuentra con un gobierno muy nuevo que tenía que sostener en popularidad si quería proyectarse para un siguiente mandato. Y dice voy a tomar acciones de mano dura para posicionar su imagen como una persona, no que obtiene resultados, sino que sí se preocupa. Entonces, empieza a tomar  medidas sobre la marcha y declara el 'conflicto armado intern'o, saca a los militares a las calles, pide una reforma constitucional para prohibir la prisión preventiva, aunque eso viola los derechos humanos, los principios legales y el Estado de Derecho e Invade la Embajada de México para coger al ex vicepresidente Jorge Glas. Todo esto para mostrarse como un actor, un hacedor, un hombre de acción".

Violaciones de los derechos humanos de parte de las Fuerzas Armadas

Daniel Noboa llevaba menos de dos meses en el cargo, cuando delincuentes armados irrumpieron en el estudio de una cadena de televisión estatal durante una transmisión en directo. El presidente declaró, entonces, en "conflicto armado interno” al país y emitió un decreto ejecutivo declarando el estado de excepción y movilizando a las Fuerzas Armadas por todo el territorio para “neutralizar grupos terroristas”.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos denuncia violación de derechos humanos de parte de las  Fuerzas Armadas ecuatorianas en el marco del estado de excepción. En su último informe reporta  a 27 personas víctimas de desapariciones forzadas, crimen de lesa humanidad,  en la zonas costeras del pais. Nueve de ellas son menores de edad. Las víctimas son civiles pobres, afrodescendientes, campesinos y sin prontuario delictivo, aseguró a Radio Francia Internacional el responsable legal del organismo de defensa de DDHH, Fernando Bastias. 

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marcos Rubio, afirmó que respeta el marco legal de Panamá y los procedimientos que rigen el Canal, aunque le parece “absurdo” que su país tenga que pagar cuotas para transitar “una zona” que tiene la obligación de proteger en momentos de conflicto. Rubio eludió reconocer que el departamento de Estado mintió al asegurar, durante su vista al país centroamericano, que los barcos de guerra estadounidense habían sido exonerados de pagar peaje al pasar por el Canal de Panamá.

Al parecer, las falsedades, contradicciones y desmentidos son el sello del segundo corto mandato de Donald Trump. Esta vez, la visita del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, a Panamá desató el fuego cruzado de declaraciones mentirosas e impugnaciones.

El Departamento de Estado estadounidense aseguró el miércoles 5 de febrero que sus embarcaciones militares ya pueden transitar sin pagar tarifas por el Canal de Panamá. Con celeridad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) negó que el país centroamericano haya aceptado eximir del pago a embarcaciones de guerra estadounidenses.

“Ningún cambio a sus tarifas de peaje”

“La Autoridad del Canal de Panamá emitió un comunicado de prensa donde indica que ellos no han realizado ningún cambio a sus tarifas de peaje. Atribuciones que le corresponde a través de la Constitución de la República de Panamá”, comenta Erving Vargas, experto en seguridad portuaria y marítima y director del Centro tecnológico de cooperación marítima para Latinoamérica.

“Lo que sí comunicaron es que están en comunicación con el Departamento de Estado de Estados Unidos para discutir las futuras medidas para agilizar el paso de las embarcaciones de guerra de Estados Unidos”, agrega.

“Con absoluta responsabilidad, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país”, destacó la ACP en un comunicado.

La noticia de que embarcaciones militares de Estados Unidos no pagarían peajes por transitar por el Canal de Panamá venia tomando fuerza antes de la vista de Rubio. Interrogada por la Agencia Bloomberg, la ACP respondió que “la estructura de peajes vigente en el Canal de Panamá se mantiene igual para todos los usuarios y se calcula de acuerdo con el tipo de buque y carga que transporten. En el caso de los buques de guerra, tanto de Estados Unidos como de cualquier otro país, el cobro de peaje se calcula en función de las toneladas de desplazamiento y los servicios marítimos que se requieran”.

“La autoridad del Canal de Panamá fija los peajes”

Las falsedades de Washington también desatoraron el rechazo y la cólera del presidente panameño José Raúl Mulino. “Tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado porque está basado sobre una falsedad. Y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia”, afirmó el mandatario.

Mulino reveló que conversó con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, a quien le explicó la “imposibilidad” constitucional de modificar los peajes del Canal de Panamá. “El presidente no tiene esa potestad”, subrayó el mandatario. Además, recordó que el artículo 319 de la Constitución Política señala que es la Junta Directiva de la ACP la que fija los peajes, con la aprobación final del Consejo de Gabinete. 

“Para que tengamos en claro la autoridad del Canal de Panamá fija los peajes, las tasas y los derechos para uso del Canal y los servicios conexos que el Canal da. El Canal de Panamá hace una evaluación de sus gastos operativos para ver si el incremento puede darse o ajustes al mismo. Y eso se presenta ante el Consejo de Gabinete para su ratificación. El Consejo de Gabinete solamente verifica que se cumpla con lo que se dice en la Constitución en ese punto específico. Todo esto está establecido dentro de la política de Estado que tiene Panamá para que el Canal se maneje de una forma autónoma dentro del país o dentro de la República de Panamá”, detalla el experto Erving Vargas.

Tras su visita a las esclusas de Miraflores, en el Canal de Panamá, el secretario de Estado Marcos Rubio dijo: “Cuando estuve allí ayer (domingo 2 de febrero), el barco detrás de mí, justo sobre mi hombro, era un buque de carga de Hong Kong, por lo que su presencia, no solo en el Canal, sino en todo Panamá, es muy preocupante”. Sin embargo, el barco al que se refiere Rubio que pasaba no era de Hong Kong. Se trataba del buque GAS Ares, de bandera panameña, perteneciente a una empresa de Corea del Sur. La embarcación partió de un puerto en Texas, Estados Unidos, con rumbo a la ciudad costera surcoreana de Yeosu.

Finalizada la reunión entre el secretario de Estado y el presidente de Panamá, Washington anunció que Panamá congeló un acuerdo con China conocido como la Ruta de la Seda y abrió la puerta para que la empresa china Hutchison Ports deje de operar los puertos vecinos al Canal.