El 2 de diciembre de 1970, el gobierno de Salvador Allende usó por primera vez el decreto 532 para expropiar empresas, y en este caso afectó a la textil Bellavista Tomé, en ese tiempo de propiedad de Teófilo Yarur Asfura.

El Gobierno de la Unidad Popular inició un proceso de regulación del mercado con la intención de estatizar la economía, traspasando buena parte de las empresas privadas al Estado.