Carlos Cuesta entrevista al abogado penalista, Juan Gonzalo Ospina por el papel del PSOE ante las denuncias de acoso sexual contra Salazar y Navarro.

El abogado penalista Juan Gonzalo Ospina ha intervenido en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar la actuación del Partido Socialista ante las denuncias internas por abusos, una gestión que, según ha explicado, podría acarrear consecuencias jurídicas relevantes para la organización.

Durante la entrevista, Ospina ha subrayado que en materia penal "debe primar, sobre todo y ante todo, el sentido común". Ha explicado que cualquier organización que tenga conocimiento de hechos con apariencia delictiva tiene la obligación de comunicarlo a la Fiscalía o al juzgado correspondiente: "La propia empresa —actuando de buena fe— tiene la obligación de comunicar si ha tenido conocimiento de estos hechos".Responsabilidad del PSOE

El penalista ha recordado que el Código Penal contempla la posible responsabilidad civil subsidiaria de una entidad que no active sus mecanismos de control. "Invocaría el artículo 1204 del Código Penal", ha señalado, destacando que el PSOE podría verse afectado si no gestionó adecuadamente las denuncias internas. "Todas las organizaciones —y sobre todo los partidos políticos— tienen la obligación de tener unos canales de conducta".

Ospina ha explicado que estos mecanismos buscan proteger al whistleblower, la persona que dentro de una organización denuncia hechos con apariencia criminal. "Este programa de cumplimiento, a todas luces, ha fallado", ha afirmado. A su juicio, si hubiera funcionado correctamente, "lo que tenía que haber hecho es llegar a unas conclusiones, tomar una decisión frente al presunto acosador y, ante la gravedad de los hechos, deducir testimonio a la Fiscalía".El caso Salazar revienta la campaña extremeña con un PP pletórico por el voto femeninoMaite Loureiro

Carlos Cuesta ha recordado durante la conversación que incluso una corriente interna del PSOE pidió a la dirección acudir a la Fiscalía, petición a la que el partido se negó. Ospina ha sido contundente: "Los hechos son muy graves, y yo invito a las denunciantes, con sus abogados, a que exijan la responsabilidad civil del Partido Socialista". Si los hechos se cometieron en el seno de la organización y por un trabajador en el ejercicio de sus funciones, "hay una relación directa de responsabilidad económica, cuanto menos por no haber actuado".Consecuencias penales

Respecto a una posible responsabilidad penal de quienes habrían bloqueado las denuncias, Ospina ha sido prudente, aunque firme: "Sería aventurado decir un sí o un no". Pero ha recalcado que, si alguien dentro del partido ha limitado o impedido investigar los hechos, "cuanto menos, va a tener que dar explicaciones ante un juzgado de instrucción".

El abogado ha explicado que existen dos vías: una interna, administrativa, para proteger inicialmente a la víctima, y otra pública, en manos de la Justicia. "Si una persona ha tenido conocimiento de hechos tan graves y no los ha denunciado, como recoge el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tenemos la obligación de poner en conocimiento del juzgado o de la Fiscalía unos hechos que tienen apariencia delictiva". Quien no lo haga, ha advertido, puede incurrir en complicidad o cooperación en los hechos investigados.