Carlos Cuesta entrevista a Luis Sanz, magistrado de la Asociación Francisco de Vitoria.

El magistrado Luis Sanz ha analizado en La Noche de Cuesta, en esRadio, la reacción del Gobierno y de dirigentes de la izquierda ante la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado. Sanz ha señalado que estos mensajes buscan "minar la confianza de los ciudadanos en la justicia" y "deslegitimar la función judicial", algo especialmente grave cuando procede "del Gobierno".

El magistrado ha recordado que los ataques a los jueces no comenzaron tras conocerse el fallo: "Estos ataques no son nuevos; vienen de hace tiempo. Incluso ha habido advertencias de cómo tenía que ser la sentencia, y la sentencia ha sido lo que tenía que ser en la aplicación del derecho".‘Sentencia política’

Carlos Cuesta ha hecho escuchar a Sanz el audio en el que la vicepresidenta Yolanda Díaz asegura que se trata de "una sentencia política". El magistrado ha rechazado rotundamente esa formulación: "En un Estado de Derecho como es el español no existe el concepto de ‘sentencia política’. Esto es una vieja historia importada del lawfare latinoamericano". Sanz ha subrayado que los magistrados del Supremo han dictado "una sentencia acomodada a derecho" y que acusarlos de actuar con intencionalidad política es "un disparate que no tiene ni pies ni cabeza".

Sanz ha recordado, además, que los mismos magistrados han dictado condenas en procesos que afectaban al Partido Popular: "Algunos de los miembros que han dictado esta sentencia (…) han participado también en procesos que afectan a personas del Partido Popular, también en sentido condenatorio".El Gobierno recurre a la cantinela del 'lawfare' por la condena de García OrtizLeticia BarquínFalta de respuesta del CGPJ

Para el magistrado, sorprende la ausencia de reacción institucional del Consejo General del Poder Judicial ante las descalificaciones públicas contra los jueces del Supremo. "Me parece muy sorprendente que el Consejo permanezca callado. La función esencial del Consejo es garantizar y defender la independencia de los jueces, y esta está siendo cuestionada", ha afirmado.

Ha señalado que las asociaciones judiciales sí han respondido, pero el órgano de gobierno de los jueces debería hacerlo también: "El Consejo debería contestar, no me cabe ninguna duda. La gravedad de las imputaciones es evidente".Independencia judicial

Cuesta ha trasladado a Sanz la preocupación de que estas presiones puedan condicionar a magistrados en procesos judiciales posteriores. El magistrado ha admitido que estos ataques "perturban", pero no alteran la independencia judicial: "Los jueces españoles son independientes y no parece que les haya afectado mucho. Estas palabras no han surgido solo después de la sentencia, sino desde antes".

Aun así, ha insistido en la importancia de que el CGPJ intervenga para evitar cualquier intento de amedrentamiento: "Tiene que intervenir el Consejo para evitar esa perturbación, pero no les va a impedir cumplir con su función".

Sanz ha lamentado la actitud del Gobierno frente a las resoluciones judiciales y ha recordado cuál debería ser la conducta institucional correcta: "La respuesta debería ser ‘no tengo nada que decir; acatamos todas las resoluciones judiciales’. Eso es lo que haría confiar a los ciudadanos en sus instituciones".