Sabemos que la ley de Amnistía no entrará en vigor para el 12 de mayo, el día de las elecciones, pero veremos qué pasa en la sesión de investidura. Por ahora, Puigdemont dice no tener miedo a volver a España y ser detenido. El Senado tiene un tope de dos meses para tramitar la ley de Amnistía, independientemente de que consulte al Constitucional, y después volvería al Congreso para su aprobación definitiva. Eso nos sitúa a finales de mayo. Tras la publicación del texto en el BOE los jueces tienen sobre el papel dos meses para aplicarla, es decir finales de julio. La fecha tope para la investidura de las elecciones catalanas es el 25 de junio y quince días antes tiene que estar constituido el Parlament. Otro aspecto a tener en cuenta es que si Puigdemont se presenta a las autonómicas catalanas y no a las europeas pierde la inmunidad. Actualmente está activa una orden de detención nacional por el juez Llarena por el procés y si se presenta en España será detenido y, en el caso de que entre en vigor la amnistía, jueces y tribunales podrán consultar al Constitucional o al TJUE sobre la propia ley o sobre las medidas cautelares, a pesar de que el texto contempla su levantamiento inmediato. Fuentes de la defensa de Puigdemont confían en que a pesar de las posibles consultas se levanten esas órdenes. Si no ha entrado la ley de Amnistía no hay duda en que pueda presentarse a las elecciones, en que pueda tomar posesión del acta, pero sí sobre si puede ser investido. El Tribunal Constitucional se pronunció en 2019 en contra de la investidura telemática. Informa Gema Alfaro.