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No todas las asociaciones de jueces y fiscales apoyan la huelga convocada para los días 1, 2 y 3 de julio contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y la Fiscalía, pese al CGPJ. Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, ha mostrado su rechazo en el informativo 24 horas de RNE. "No es justificable que se pretenda presentar como causa de una huelga que un proyecto de ley, que ni siquiera se ha aprobado, va a comprometer la independencia judicial, cuando estamos seguros de que eso no es así", ha dicho Rodríguez. Ha admitido que el proyecto de ley necesita mejoras, pero ha insistido en que "lo que pretende la ley es incorporar un procedimiento de selección que ya existía hasta el 2003: que además de una prueba teoría se haga una práctica" y que es algo que ve "razonable y que permitirá que la selección sea mejor."
En el informativo del '24 Horas de RNE', hablamos con Luis Ortiz Vigil, miembro del Comité Nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), sobre la huelga convocada por las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, para los días 1, 2 y 3 de julio, en protesta por las reformas del Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y a la Fiscalía.
Respecto a la convocatoria de la huelga, desde el AJFV aseguran que se fijarán los servicios mínimos según el comité de huelga, porque, según aclara Ortiz, "somos responsables y sabemos que en un conflicto colectivo tiene que haberlos". Si hay un responsable de todo lo que ocurre en esta movilización, es el Ministerio de Justicia, que, según el entrevistado, "la pelota está en su tejado". Añade que el comité de huelga "está dispuesto a hablar el día que sea, a la hora que sea y en el lugar que sea".
El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la ley de amnistía tras un debate que ha durado cuatro días sobre el recurso del PP. La mayoría progresista compuesta por seis jueces se ha impuesto a los cuatro magistrados conservadores que rechazaban la norma. Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, ha afirmado en el informativo 24 horas de RNE que es "una resolución esperable": "Puigdemont y yo opinamos lo mismo: es un éxito. El Tribunal ha emitido una sentencia sólida que tendrá su recorrido europeo", declara.
Boye ya ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Constitucional para aplicar la amnistía, con el fin de que el expresidente de la Generalitat pueda volver a Cataluña. Sobre este asunto, ha señalado: "Lo que corresponde es interponer el recurso de amparo, pedir medidas cautelares y que se ejecuten", a lo que añade: "Él es político en ejercicio y creo que sus aspiraciones políticas están claras".
España ha rechazado el objetivo planteado por Donald Trump de aumentar el gasto en defensa al 5 % del PIB y mantendrá un techo del 2,1 %, considerado suficiente por el Gobierno para garantizar sus capacidades militares. Trump criticó esta postura, calificándola de «muy baja» y advirtiendo sobre posibles medidas comerciales, pero España reafirma su compromiso con la OTAN y su soberanía nacional.
En el 24 Horas de RNE, nuestra compañera del Área de Economía, Elena Riera, nos hace un análisis sobre lo que supondría para nuestro país invertir lo que propone el presidente estadounidense. Según Riera, esto supondría una presión muy fuerte sobre nuestras finanzas públicas, que podría obligarnos a reorganizar el gasto a costa de rebajas en el gasto social, más presión fiscal a través de impuestos o mayor déficit y endeudamiento público, lo que nos dejaría vulnerables frente a futuras crisis.
Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, dedica su sección "La historia interminable" en este caso a analizar cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aborda las causas que desencadenaron el conflicto, las políticas de rearme y la responsabilidad de quienes lo provocaron. A través de un recorrido por la historia de una escalada bélica y de las estrategias de apaciguamiento adoptadas por las democracias frente a un grupo de criminales, Casanova reflexiona también sobre las resonancias que aquellos acontecimientos encuentran en el presente.
En 2024 se tramitaron 643.000 bajas por problemas de salud mental, mientras que en 2022 se podrían haber evitado 170.000 casos de depresión asociados a malas condiciones laborales, según el último estudio elaborado por los Ministerios de Trabajo y Sanidad. El periodista Enrique Aparicio, quien ha sufrido en propia piel lo que es un trastorno derivado del trabajo, cuenta que lleva seis años trabajando con diferentes profesionales: "Muchas cosas que he trabajado con ellos son totalmente sociales, con el trabajo, con las expectativas de futuro derivadas de eso".
Aparicio lo resume en una "precariedad cronificada". De una inestabilidad que ahora se suma el problema de la vivienda, a pesar de tener un trabajo más o menos estable. Apunta a un "neoliberalismo salvaje" que mide nuestro valor humano prácticamente en términos de productividad: "Llevamos ya ese neoliberalismo dentro. La autoexplotación, el no desconectar, todo ello va socavando la calidad de vida y perturba el equilibrio mental".
Y, ¿Cómo rompemos esas estructuras establecidas? El periodista señala que los poderes públicos tienen que hacer políticas decididas en ese sentido: "Subir el salario mínimo interprofesional o reducir la jornada laboral son medidas de salud mental", concluye.
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