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La Fiscalía investigará los mensajes "falsos" y de "odio" contra menores migrantes que han aparecido en redes sociales tras el asesinato el pasado fin de semana de un niño de 11 años en Mocejón (Toledo). En 24 horas de RNE, la abogada penalista María José Ruiz Félez, nos ayuda a entender qué dificultades puede suponer este proceso, el penalizar estas conductas que tienen un impacto negativo a nivel social.
Ruiz Félez explica que, según la gravedad que revistan, emitir bulos puede encauzarse por la vía civil o por el cauce penal. Este último, es decir que el Estado llegue a imponer una pena por un crimen o por una infracción mayor, "realmente es bastante difícil", aclara esta abogada. La penalista señala que no existe un delito "que tenga como acción el difundir bulos" pero sí se castiga la información que se divulga siempre que haga un "legitimado perjudicado por esa información".
En este caso, añade Mª José Ruiz Félez, se han dado una serie de circunstancias -la gravedad de los hechos, la divulgación, el señalamiento de menores de edad y al portavoz de la familia del niño asesinado- que podría hacer que la Fiscalía "eche mano de un informe que emitió durante la pandemia". En él, mostraba el "catálogo de delitos" al cual los fiscales debían reconducir sus acusaciones en determinados casos, explica la penalista: "Lanzaba propuestas para que los fiscales pudieran acusar y entre ellos cuando tenía, por ejemplo, como objeto descalificar un colectivo con circunstancias vulnerables o por razón de su origen, de sus creencias, etcétera, sí podríamos reconducirlo a delitos de odio"
Casi a cualquier hora se pueden recibir llamadas comerciales, la mayoría de empresas intermediarias de fianzas, telecos y grandes energéticas. Si bien, estas últimas están a punto de acabarse, dado que el Gobierno se encuentra ultimando un real decreto para prohibir la contratación de luz a raíz de llamadas de las empresas. A partir de que sea efectiva, serán los propios consumidores los que tendrán que llamar a la empresa si quieren contratar sus servicios.
Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha contado en 24 horas de RNE que actualmente hay unas 500 comercializadoras registradas en España, que son las que realizan estas llamadas: "El real decreto pretende que esas empresas no puedan llamar a los usuarios en busca de nuevos clientes", explica.
Explica que es necesario frenar el comportamiento "irresponsable" de estas empresas: "En muchos casos, el cliente termina sin saber ni qué ha contratado ni con quién", afirma el portavoz de la OCU.
Asimismo, García ha expresado que este tipo de prácticas son un "engaño manifiesto", remitiéndose a informes de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, y ha aprovechado para hacer una recomendación para las personas afectadas por haber contratado estos servicios a raíz de llamadas: "Yo quisiera recordarle a los consumidores que cuando uno contrata por teléfono tiene 14 días para desistir de esa decisión", insiste.
A pesar de que este real decreto esté en camino de vez la luz, García defiende que tenía que haberse puesto en marcha mucho antes: "Se tendría que haber aprobado hace mucho tiempo, en adaptación de la Ley del sector eléctrico del 2013", ha sentenciado.
En Oriente Próximo, mediadores, Israel y Hamás intentan negociar un alto el fuego desde hace semanas. Y lo hacen sin Hamás sobre esa mesa. Una vía de escape para un conflicto que ha dejado más de 40.000 muertos en la Franja de Gaza. Hace una década se firmó un tratado que pretendía limitar las exportaciones de armas a países que pudiesen utilizarlas para cometer genocidios o que pudiesen utilizarse contra civiles. De esto hace diez años y hoy Amnistía Internacional denuncia que se están haciendo transferencias de armas ilegítimas.
Alberto Estévez, portavoz y experto en armas de Amnistía Internacional en España, asegura que en nuestro país "se están haciendo las cosas bastante bien". A pesar de ello, el experto insiste que hay cosas que mejorar y que cambiar: "Pedimos una aplicación más estricta de ese tratado y los principios que establece".
Amnistía Internacional han pedido que se ponga freno a las exportaciones a Israel autorizadas el pasado mes de octubre: "Pedimos que la Unión Europea imponga un embargo de ámbito europeo y que cada país en el ámbito nacional haga lo mismo: suspender las exportaciones".
Estévez recalca en la importancia que juegan en el conflicto Alemania y Estados Unidos, principales vendedores de armas y suministradores de armas a Israel: "En estos momentos es muy importante que Estados Unidos utilice esa herramienta que tiene en un contexto en que se está negociando el posible alto el fuego, después de diez meses de calvario en Gaza y Cisjordania. Estados Unidos no puede no utilizar esa capacidad de presión que tiene enorme para conseguir que Israel dé a torcer el brazo y acepte las condiciones para un alto el fuego, que es muy necesario y más necesario que nunca", sentencia.
Desde la organización han documentado el uso de armas estadounidenses en varios ataques ilegítimos en la Franja de Gaza. Armas que, como indica el experto, forman parte de ese paquete.
La misión Juice de la Agencia Espacial Europea (ESA) que emprendió su viaje en abril de 2023, se está aproximando a una de sus etapas críticas: el sobrevuelo Luna-Tierra como maniobra de asistencia gravitatoria y de frenado. La finalidad de esta misión es llegar a Júpiter en 2031. Se cree que bajo las cortezas de la superficie de las tres lunas heladas de Júpiter -Calisto, Europa y Ganímedes- puede haber océanos de agua líquida.
Ignacio Tanco es el jefe de operaciones de la Misión Juice, y ha estado en el 24 horas de RNE donde ha explicado que entre hoy y mañana realizarán el sobrevuelo de la luna: "Pasaremos a 700 kilómetros de la superficie lunar y unas 24 horas después realizaremos el sobrevuelo de la Tierra". Tanco ha explicado que, con esta maniobra, "reducimos al mínimo la posibilidad de corregir errores en la trayectoria".
El jefe de operaciones de la ESA ha desarrollado el objetivo de la misión: "El objetivo de Juice es establecer la presencia de océanos de agua líquida debajo de la superficie de estas lunas heladas y de elementos químicos necesarios para la presencia de vida". "La búsqueda de vida es un objetivo científico de una complejidad extrema", sentencia Tanco.
José María Bermúdez de Castro es paleoantropólogo, y Eudald Carbonell es antropólogo, geólogo y paleontólgo. Ambos son dos de los tres directores de las excavaciones de Atapuerca, uno de los hallazgos más importantes en nuestro país y cuya Fundación celebra su 25 aniversario. "Es la excavación paleontológica, arqueológica, en evolución humana más importante del mundo", define Carbonell el lugar de Atapuerca.
Uno de los descubrimientos más importantes en la excavación fue la de los restos fósiles del Homo antecessor en la Gran Dolina, los cuales siguen aportando información importante sobre el proceso de la evolución humana. "En esta última campaña han aparecido media docena de restos, entre ellos un diente que seguramente sea de una mujer, un nuevo individuo de la especie Homo antecessor. El año que viene habrá muchos más", ha contado Bermúdez de Castro.
A pesar de los descubrimientos, los directores de Atapuerca admiten que un problema de la investigación es que no está socializada y que ésta continúa siendo encumbrada por pocos miembros que se dedican a la ciencia: "La ciencia tiene que ser social, socializada, y cuando se socialice se hará una investigación de calidad", ha sentenciado Carbonell.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del Partido Popular, ha estado ante los micrófonos del 24 horas de RNE después de que su partido haya pedido al Gobierno que la crisis migratoria que está sufriendo el país, y sobre todo las Islas Canarias, se declare "emergencia nacional": "Lo llevamos pidiendo desde hace meses [...] Las políticas migratorias hay que hacerlas con muchísima responsabilidad".
Asimismo, critica la forma de actuar del Gobierno, que pretende repartir la responsabilidad de los menores: "Reformar un solo artículo de la ley donde el Gobierno deja de asumir responsabilidad para repartirlas a las comunidades no nos parece riguroso".
Fúnez expresa que el Gobierno no quiso negociar con su partido para conseguir los recursos necesarios que no se les estaban garantizando a las comunidades, por lo que desde el PP pidieron una Conferencia de Presidentes que no se convocó: "No sabemos si porque quizás algunos socios del gobierno de Sánchez se negaron y se negaban a admitir a inmigrantes. Habrá que preguntarle a Illa si seguirá la estela de ERC", sugiere la popular.
Añade que durante el primer año de Gobierno sólo se ha aprobado la ley de amnistía, la cual además ha criticado que está "hecha a medida de los independentistas y de Sánchez": "Es paradójico".
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