24 horas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a Laura Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental por adjudicar contratos a dedo y fraccionados a un amigo suyo cuando era presidenta de la Institución de las Letras Catalanas (ILC). Sin embargo, ha propuesto su indulto parcial para que la pena de cárcel quede en un máximo de dos años, lo que podría evitar su ingreso en prisión.El catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan J. Queralt, explica que es una propuesta perfectamente legal: "Pasa a veces, cuando la dosimetría penal sabe desproporcionada". En este sentido, resalta que "la pena por el delito de falsedades en nuestro Código Penal es muy muy desproporcionada, no tiene parangón en el derecho europeo". Cree, sin embargo, que el indulto "es un regalo envenenado", ya que la sentencia firme puede prolongarse entre 12 y 20 meses y todo dependerá del color político del Gobierno en ese momento.

La Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado hoy su visto bueno a la vacuna española de Hipra contra la covid. En 24 horas de RNE ha estado Fernando Moraga-Llop, vocal sénior y portavoz de la Asociación Española de Vacunología, para comentar este hito en la ciencia española y europea: "La COVID-19 sigue entre nosotros y con muchas posibilidades de que se quede de forma endémica y estacional" ha asegurado y ha destacado las virtudes de este tipo de vacuna española: "Se conserva en una temperatura de frigorífico y el precio, según lo comunicado por la industria fabricante, será inferior al de otras vacunas". 

La gestación subrogada ha vuelto al centro de la polémica tras conocerse el nacimiento de la hija de Ana Obregón mediante este método en Miami. Esta práctica es ilegal en España, pero muchas parejas o personas solteras acuden a otros países, como Estados Unidos -el caso de Obregón- o Ucrania.La cuestión de la gestación por sustitución, como la define la ley española, ha generado un profundo debate social y político, con gran parte del movimiento feminista opuesto radicalmente a lo que consideran "vientres de alquiler", mientras que colectivos de familias que han recurrido a la gestación subrogada y partidos como Ciudadanos reclaman su legalización.Eduardo Chaperón, portavoz de la Asociación Son Nuestros Hijos, nos cuenta que él y su marido son padres de un bebé de 16 meses a través de un proceso de gestación subrogada en California : "Seguimos en contacto con nuestra gestante y ahora está embarazada den nuestro segundo hijo". Chaperon insiste en que no tiene la sesación de haber comprado un hijo porque "es complicado comprar algo que es tuyo" y añade "la maternidad y la paternidad será de quien la ejerce".Ana Trejo, fundadora de la plataforma Stop Vientres de Alquiler, explica que "las personas que pagan por los bebés, aunque paguen por los servicios de reproducción asistida, realmente compran la entrega de una criatura recién nacida". Trejo hace una diferencia entre varios mercados de compra de bebés: "El americano, donde acuden los ricos; el ucraniano, donde va la clase media; Y el de los pobres, como acaba de ocurrir en Sevilla o Don Benito".

Cientos de expertos a nivel mundial han firmado una carta en la que instan a hacer una pausa en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) hasta que se acuerde una regulación. José Ángel Olivas, profesor de Inteligencia Artificial en la Universidad de Castilla-La Mancha y colaborador de la OBS Business School, considera que es acertado, tanto desde el punto de vista de la seguridad como del rigor: "Los datos de los que aprende nos pueden llevar a conclusiones que la mayoría de gente puede interpretar como verdaderas y están sesgadas por los datos de entrenamiento". Cree que de momento no se ha traspasado ninguna línea, pero asegura que "estamos en un punto crítico" que requiere de regulación para evitar que se use con malos fines. "Solo debemos desarrollarlos cuando estemos seguros de que los riesgos van a ser manejables", afirma.

La Conferencia Episcopal ha acordado con el Gobierno pagar dos impuestos de los que hasta ahora estaba exenta, según detallan en RTVE.es, equiparándose así al resto de entidades sin ánimo de lucro. Sobre este asunto se ha manifestado en 24 horas de RNE Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona. "La Iglesia Católica no quiere privilegios, queremos que nos equiparen a todas las instituciones que trabajan por el bien común", ha dicho a Josep Cuní. El Cardenal ha anunciado en primicia que han tenido un encuentro con el Defensor del Pueblo: "Les hemos contestado. Nos hemos querido adelantar transparencia y colaboración, y hemos recopilando desde la Conferencia Episcopal todos los protocolos de todas las diócesis y les hemos presentado seis volúmenes de reflexión con todos los datos que tenemos para seguir colaborando en erradicar la lacra de los abusos a menores, porque queremos trabajar por el bien de las víctimas", ha explicado en la antena de la radio pública española.

El abogado de Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha estado en 24 horas de RNE y ha afirmado que van a recurrir el auto del magistrado Llarena porque "se olvida de la inmunidad de Ponsatí" y porque "no ha solicitado en ningún momento el levantamiento de dicha inmunidad". Boye ha insistido sobre la inmunidad de su defendida  y ha confirmado que han solicitado al Parlamento Europeo que vaya en su defensa: "Veremos que dice la institución europea" y ha argumentado que la interpretación de Llarena sobre la inmunidad de Ponsatí "es contraria a la jurisprudencia de la UE". Preguntado por si el regreso de la exconsellera es un "banco de pruebas" de cara a un hipotético regreso de Puigdemont, Boye ha considerado que "no tiene ningún sentido". "El 31 de enero de 2023 el TJUE dictó una sentencia donde el TS no es el juez predeterminado para estos hechos", ha añadido.