24 horas

Los pactos en Extremadura y Aragón siguen marcando la actualidad política. En Castilla y León, ese pacto entre PP y Vox también podría reeditarse. En el informativo 24 Horas de RNE, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz socialista en las Cortes, cree que este efectivamente ocurrirá en esta comunidad y será "el mismo". Sobre el término 'prioridad nacional', lamenta que ponga en riesgo "los derechos de la ciudadanía". "Se está cuestionando la democracia y el estado de derecho", dice el socialista, que opina además que este podría llevar a dividir entre "ciudadanos de primera y de segunda" no solo por cuestión de origen sino también entre ciudadanos de las diferentes comunidades. Martínez reconoce que su partido le ha tendido la mano a los 'populares' para evitar un pacto con el partido de Abascal.

Carlos Hernández Quero ha defendido que Vox ha pactado la llamada 'prioridad nacional' en vivienda porque "la gente no entiende cómo […] nuestros compatriotas no van antes en algo tan básico como la asignación de viviendas sociales". Ha explicado que el sistema "ha funcionado con unos requisitos de empadronamiento" , fijados en diez años, y una baremación donde se ha añadido el arraigo, asegurando que "no es excluyente, no es discriminatorio, es sumar […] lo relativo al arraigo". Según ha sostenido, la medida busca que "los recursos limitados sean prioritariamente para los nuestros" sin que el origen, ha dicho, haya sido un criterio de exclusión.

El portavoz de Vox también ha defendido los acuerdos con PP en Aragón y Extremadura y ha señalado que han incluido medidas para facilitar el acceso a la vivienda, como "un aval público para que ese 20% restante se pueda dar sin necesidad de tenerlo ahorrado" y el pago aplazado de impuestos, lo que ha afirmado que ha permitido a los jóvenes comprar casa. Además, ha justificado que no hayan apoyado la moción del PP porque su iniciativa ha incorporado propuestas como "la repatriación de inmigrantes ilegales" o la revisión de ayudas sociales, y ha concluido que "son cuestiones que el Partido Popular no comprende que sean importantes".

Esta tarde, PP y Vox han llegado a un acuerdo en Aragón. En el informativo 24 Horas de RNE con Rosa María Molló, Pilar Alegría, secretaria general del PSOE en la comunidad y portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, ha criticado este acuerdo. Lo ha calificado de "reparto de sillones" impuesto desde Génova y cree que volverá a caer pronto como la legislatura anterior. "Este reajuste de intereses del partido del señor Azcón con Vox yo creo que tiene una fecha de caducidad que va a ser más corta que la de los yogures", ha dicho. Ha señalado además que este no es un buen acuerdo para los aragoneses porque "siempre que el Partido Popular y Vox acuerda, lo que viene después son los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos".

El pacto entre ambos es similar al alcanzado en Extremadura, con el foco puesto también en la "prioridad nacional". Sobre este término, Alegría se ha mostrado tajante y califica al PP de hipócrita por asumir términos "anticonstitucionales". "Van de garantes de la Constitución, de constitucionalistas, y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, asumiendo este término que todo el mundo sabemos que va contra la igualdad, que defiende y proclama perfectamente nuestra Constitución Española", ha afirmado.

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha valorado que el plan de vivienda aprobado por el Gobierno "va en la buena dirección", pero ha advertido de que "no resuelve el problema de la vivienda" y ha reclamado "medidas estructurales" como la intervención del mercado del alquiler. Ha defendido que "dos de cada tres españoles quieren que se limite el precio del alquiler", y ha sostenido que la formación ha trabajado desde el Ejecutivo para priorizar esta cuestión, aunque ha recordado que ocupan una posición minoritaria: "Somos cinco asientos de 22 y trabajamos desde dentro para impulsar medidas progresistas".

Hernández también ha cargado contra el Partido Popular por su rechazo al plan y por la aplicación de la ley estatal, y ha afirmado que las comunidades gobernadas por los populares “"se han negado a ponerla en práctica". Además, ha criticado las propuestas de la oposición y ha asegurado sentir "una profunda vergüenza ajena del principal líder de la oposición", al tiempo que ha defendido blindar la vivienda pública y avanzar hacia una intervención más amplia: "Esto es un peldaño interesante, pero la escalera tiene que culminar en la intervención del mercado de la vivienda".