24 horas

El Congreso ha aplazado un día la votación del embargo de armas a Israel para separarse del aniversario del 7-O. Su aprobación está en el aire ya que Podemos no ha concretado qué votará. Margarita Robles, ministra de Defensa, ha dicho en el 24 horas de RNE que esta votación es "el último paso de un proceso largo" y ha asegurado que esto va "más allá del decreto" defendiendo que la postura del Gobierno desde el inicio de la operación israelí sobre la Franja de Gaza. "Defensa dejó de vender material a Israel desde el 7 de octubre. Hemos suprimido la relación desde el punto de vista de las fuerzas armadas", ha dicho. Además, se ha mostrado muy crítica con Belarra a quien la acusa de "no tomar la misma postura con Putin."

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha presentado su dimisión pocas horas después de desvelar su propuesta de Gobierno. Horas después el presidente Macron ha pedido a Lecornu que intente recomponer una coalición de Gobierno el miércoles. El historiador francés, Benoît Pellistrandi, asegura en el informativo '24 Horas de RNE': "Aunque Sébastien Lecornu pueda formar un nuevo gobierno, la autoridad del presidente le censuraría la semana que viene".

El historiador señala: "Si Macron no quiere dimitir, la única opción es que haya elecciones legislativas con el enorme riesgo de que gobierne la extrema derecha". Para el presidente francés sería un "fracaso histórico", concluye.

Israel ha detenido a 443 de los 500 miembros de la Global Sumud Flotilla y las autoridades israelíes han afirmado que serán trasladados a la prisión de Beerseba. En el informativo '24 Horas de RNE' hablamos con Juan Rodríguez Garat, almirante retirado: "Aunque la ocupación de Gaza sea ilegal y aunque todas las guerras sean ilegales, si no están aprobadas por las Naciones Unidas, por el Consejo Civil de las Naciones Unidas, el derecho humanitario no tiene como finalidad que la guerra la ganen los buenos, sino que se humanice la guerra dentro de lo posible y es a través de unas condiciones que deben cumplir los ejércitos, sean buenos o malos, sea una causa justa o no, deben cumplir".

El catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Antoni Pigrau, asegura: "En realidad se ha violado casi todo, efectivamente, en el conflicto que estamos analizando yo creo que se cruzan por lo menos tres ramas del derecho internacional [...] En cuanto al derecho del mar, los estados ribereños tienen unos espacios del mar territorial de hasta 12 millas, Israel solamente dispone de esos espacios, de acuerdo con el derecho internacional, en su propio litoral y no en el de Gaza". No son espacios que Israel pueda utilizar "como si fuera el propietario, el soberano del espacio legal", añade. Pigrau concluye: "Israel se impone por la fuerza de los hechos, no por la fuerza de la legalidad".

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El Gobierno ha anunciado este viernes su intención de modificar la Constitución para que recoja el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En el informativo '24 Horas de RNE' hablamos con Itzíar Gómez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III y miembro de la Red Feminista de Derecho Constitucional. "La ley que tenemos en España es muy buena, pero las políticas públicas, que son más competencia de las comunidades autónomas, dificultan en muchas de ellas el ejercicio del derecho. Por eso, llevarlo al texto constitucional supone elevar la consideración y ponerlo al mismo nivel que otros, como el de la libertad religiosa".

Gómez nos explica cómo se podría blindar este derecho en la Carta Magna. "Sería más fácil modificar la Constitución si metiéramos el derecho entre los principios rectores, pero esta no es la mejor opción. Si quisiéramos incluirlo entre los derechos fundamentales, sería necesaria una reforma que llamamos agravada de la Constitución". La profesora de Derecho Constitucional asegura que colocar un derecho entre los principios rectores "no garantiza en absoluto que se movilicen las políticas públicas suficientes". Apunta que tenemos un bloqueo de muchos hospitales públicos para poder abortar y explica que el Ministerio de Sanidad no tiene datos suficientes: "Si esto sirve para que el Gobierno se movilice y recupere los datos que necesitamos valdría al menos para eso".