El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados por, presuntamente, filtrar datos personales del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo rechaza así su recurso: dos de los tres magistrados de la Sala de Apelación tienen claro que hay indicios de que el fiscal general podría haber cometido un delito de revelación de secretos. Creen que tanto la filtración del correo que envió el abogado de González Amador a la Fiscalía, como la nota de prensa explicando las supuestas inexactitudes publicadas, responden a una actuación "coordinada" e impulsada personalmente por el fiscal general. Los detalles con Gema Alfaro.

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