Hoy, el Partido Popular utilizará su mayoría absoluta en el Senado para impulsar un conflicto de atribuciones con el Gobierno por incumplir por tercer año consecutivo su obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, la Cámara Alta va a pedir al Ejecutivo que presente en el Congreso unas nuevas cuentas en el plazo de un mes. De no hacerlo, se abrirá la vía para elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional. Analizamos esta cuestión con Javier Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

El artículo 134 de la Constitución establece que "el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". ¿Qué consecuencias legales puede tener no hacerlo? Según el catedrático, "el Gobierno ha incumplido flagrantemente esa obligación constitucional los dos últimos años. El debate de presupuestos es la esencia de la democracia parlamentaria".

"El conflicto de atribuciones es desconocido, pero este caso encaja como anillo al dedo", explica Tajadura. "El Constitucional es un árbitro que resuelve conflictos entre poder central y poderes territoriales pero también puede resolver conflictos entre órganos del propio poder central. Y esto es lo que ocurre con el conflicto de atribuciones. De los cuatro órganos constitucionales, uno podría invadir las competencias del otro. Ahí aparece el Constitucional para resolver los conflictos".

"La no presentación del proyecto de Presupuestos, no le damos suficiente importancia pero es un ataque sin precedentes al Parlamento porque lo neutraliza porque no puede hacer sus dos funciones básicas: aprobar los presupuestos, o rechazarlos, y controlar al Gobierno. Entonces el Senado no puede ejercer su función", añade. Entrevista completa en RNE Audio.

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