El gobierno de El Salvador acaba de renovar por séptima vez un régimen de excepción que permite suspender derechos fundamentales. Se implementó por primera vez en marzo para frenar el aumento de homicidios después del fin de semana más violento en lo que va del siglo. Más de seis meses después, el país tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: casi el 2% de la población adulta está en prisión. Los asesinatos han bajado, pero hay miles de denuncias de abuso policial y violaciones a los derechos humanos. Y han muerto decenas de personas encarceladas durante el régimen. Esta semana hablamos con Jaime Quintanilla, periodista de La Prensa Gráfica, para entender cómo esta medida se ha convertido, en los hechos, en un estado de suspensión indefinida de garantías.

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