Panamá ha cerrado en el último mes más de cinco pasos fronterizos en la selva del Darién, una zona que limita con Colombia. Las autoridades panameñas lo han hecho desde que el nuevo presidente, José Raúl Mulino, dio la orden el día de su posesión, el pasado 1 de julio. No obstante, la decisión ha generado críticas de organizaciones humanitarias y del Gobierno colombiano. ¿Qué tan efectivas son estas medidas para contener el flujo migratorio irregular? Lo analizamos en El Debate.

Las medidas para contener la migración por el Darién -frontera natural entre Colombia y Panamá-, detalló el Servicio Nacional de Fronteras panameño, se basan en bloquear "pasos no autorizados que utilizan los migrantes irregulares, que se identifican como los pasos por la Costa Pacífica y Costa Caribe (...) así como los pasos terrestres que dan acceso al sector del Hito de Chucurti, este último fue bloqueado con barreras perimetrales que impiden el paso de los migrantes".

El cierre de esas trochas o caminos rurales se da en medio de un gran flujo de migrantes por esa selva del Darién, por la que este año han cruzado más de 195.000 personas, la mayoría venezolanos, mientras que en 2023 fueron más de 520.000, una cifra inédita, según datos oficiales de Panamá

Mulino prometió, además, repatriar a los migrantes irregulares y firmó un convenio con Estados Unidos para que el país norteamericano cubra los gastos de esa expulsión de los migrantes que entraron de manera ilegal por el Darién. A cambio, Panamá se comprometió a cumplir con los pactos internacionales sobre derecho migratorio.

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Mientras el Gobierno panameño defiende que estas medidas son para la propia seguridad de los migrantes, en Colombia han rechazado las decisiones, pues sostienen que no responde de fondo al aumento histórico de migrantes que se exponen a los peligros de la selva.

Para hablar del tema, contamos con:

-Roger Mojica, director de Migración Panamá, que ha sido subdirector del Servicio Nacional de Fronteras y ha trabajado en el Ministerio de Seguridad Pública.

-Martina Rapido Ragozzino, investigadora de Human Rights Watch.