El Reporte Delfino

Lunes relativamente tranquilo, con buena parte del país distraída pensando en cuánto tendrá que pagar de marchamo. Primero, para quienes extrañaron el Repaso Dominical, se los dejo enlazado. Segundo, La Nación resolvió el misterio de la “prestigiosa empresa de seguridad internacional” que encontró el micrófono “de ultratecnología” supuestamente oculto en la oficina de doña Laura Fernández. Tercero, el pleito mediático entre La Nación / CR Hoy y OPA llegó a una nueva dimensión el viernes pasado.  

La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora Chavarría, respondió ayer jueves a los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles por medio de una carta pública en la que defendió la independencia y credibilidad del órgano electoral y alertó sobre el riesgo que suponen los ataques del Ejecutivo contra la institucionalidad democrática. 

Bueno, lo decíamos ayer: suspender a Randall Zúñiga era el siguiente paso obvio tras todo lo que ha ocurrido desde que trascendió la primera denuncia en su contra. El día de ayer la Corte Suprema de Justicia acordó apartarlo de su puesto por un periodo inicial de quince días hábiles con goce de salario, mientras se le investiga por las múltiples denuncias presentadas en su contra por mujeres que aseguran haber sido víctimas de violación. 

Como saben, el viernes pasado el director del OIJ, Randall Zúñiga fue denunciado por violación. La noticia trascendió este lunes, justo cuando OPA anunció que ayer martes empezaría a emitir un reportaje titulado “Las 2 caras del OIJ: Una historia de poder, sexo y secretos”. Antes de que se emitiera la primera parte de la serie trascendieron en prensa dos nuevas denuncias, por lo que el panorama previo a la emisión del reportaje ya resultaba más que complicado. 

Ayer se dio a conocer que el director del Organismo de Investigación Judicial, Randall Zúñiga fue denunciado el viernes pasado por el delito de violación. El Ministerio Público confirmó la apertura de una causa penal liderada por la Fiscalía Adjunta de Género. A la vez, ayer mismo la Corte Suprema de Justicia solicitó una investigación administrativa a cargo del Tribunal de la Inspección Judicial. 

Jueves de prédicas y pactos: mientras en el Hilton se cerraban las puertas a la prensa, se abrían al Espíritu Santo. La candidata oficialista Laura Fernández decidió amarrar su alianza con el sector evangélico firmando una carta de compromisos a puerta cerrada, rodeada de pastores, candidatos “provida” y cámaras propias, pero sin periodistas. En el video que ella misma difundió, Laura se dejó decir con solemnidad: "El sector cristiano ha sido utilizado como un botín político”. Sí, lo dijo mientras convertía ese mismo sector en… su nuevo botín político. 

Miércoles de encuesta, día en que el país entero finge sorpresa porque los números… son más o menos los mismos de siempre. El CIEP presentó su más reciente estudio de percepción sociopolítica y, aunque no hay grandes sobresaltos, el documento ofrece una radiografía interesante de este arranque de campaña electoral.

Martes de trámite político con tufo a déjà vu. La Asamblea volvió a abrir expediente para analizar si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, esta vez a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), cortesía de las famosas quince denuncias por beligerancia política.

La jornada de ayer estuvo claramente dominada por un nuevo capítulo del eterno reality nacional: Chaves y sus amigos contratistas:  La Nación reportó que la Fiscalía investiga al presidente por presunto peculado, a raíz de las presiones que —según relataron dos exjerarcas— ejerció para que el INS otorgara una garantía millonaria a la constructora mexicana Tradeco. 

 Bueno, sabrán perdonar, pero esta también la cantamos. La Procuraduría General de la República (PGR) pidió a la Sala Constitucional declarar inconstitucional el decreto 44.448, firmado por Rodrigo Chaves, Natalia Díaz y William Rodríguez, que modificó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Mientras tanto, el Ejecutivo publicó este jueves la nueva norma técnica sobre aborto terapéutico, restringiendo su aplicación solo a los casos en que la vida de la mujer esté en riesgo inminente, y eliminando los casos de afectación grave a la salud o de inviabilidad fetal.