María Santos repasa todas las noticias del sector.

1.- El Comité de Gestión de Cítricos (CGC) ha denunciado que los fondos anuales europeos destinados a cofinanciar actuaciones de control y detección de plagas con el estatus de prioritarias en 2023 y 2024 apenas superó los 8 millones de euros para los 27 estados miembro.

Una cifra que el sector tilda de "burla, más aún considerando que sólo las pérdidas calculadas por la CE para toda la UE y todos los cultivos afectados, en el caso de las cuatro principales plagas que también atacan a los cítricos --X. fastidiosa, HLB (Candidatus liberibacter), 'Falsa polilla' (T. leucotreta) y 'Mancha negra' (P.citricarpa)-- suman daños por 7.057, 3.400, 2.717 y 2.490 millones de euros, respectivamente".

Insisten en que, de las ocho plagas ya contempladas en el vigente 'top 20' que pueden provocar daños a los cítricos, ya se han identificado y están presentes en territorio UE o en países ribereños del Mediterráneo seis.

2.- El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde este martes a una reforma de simplificación de la Política Agrícola Común (PAC) destinada a reducir la carga burocrática para los agricultores y a reforzar el apoyo a las pequeñas explotaciones, mediante menos controles, mayor flexibilidad en los requisitos medioambientales y un aumento de las ayudas directas.

Entre las principales novedades, las pequeñas explotaciones podrán recibir hasta 3.000 euros anuales en ayudas directas, por encima de lo inicialmente planteado, y acceder a un nuevo pago único de hasta 75.000 euros destinado a impulsar el desarrollo de sus explotaciones.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en el cumplimiento de las normas medioambientales. A partir de 2026, las tierras agrícolas conservarán su condición de tierras de cultivo aunque no hayan sido aradas o resembradas, una medida pensada para preservar la biodiversidad y evitar costes innecesarios para los agricultores.

3.- La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha participado en un nuevo proceso de selección de personal en origen en Guatemala con vistas a la campaña de frutos rojos 2026 en la provincia de Huelva. En el marco de esta misión, desarrollada en coordinación con el resto de organizaciones agrarias participantes en el sistema Gecco, se han entrevistado a un total de 600 personas candidatas, de las que finalmente han sido seleccionadas 200 entre todas las organizaciones, correspondiendo 76 de ellas a Freshuelva.

Según ha indicado la organización, este nuevo contingente se sumará a las personas trabajadoras guatemaltecas repetidoras de la anterior campaña, consolidándose como un colectivo "estable, formado y con experiencia contrastada en labores agrícolas".

4.- a renta agraria se situó en 41.262 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 12,9% con respecto al año anterior, según la primera estimación de las principales cifras económicas del sector agrario publicada este martes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La producción de la rama agraria alcanzó su máximo histórico, 75.676 millones de euros, un 10,1% más que en 2024, con un incremento tanto de las cantidades producidas (7,3%) como de los precios percibidos (2,6%).

Por la fecha en la que se realiza, esta estimación no ha tenido en cuenta los posibles efectos por la aparición de un foco de peste porcina africana (PPA) en Barcelona que, si bien de momento solo afecta a jabalíes silvestres y no a granjas de producción, si puede tener incidencia en los mercados.

5.- El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno al acuerdo político alcanzado entre instituciones que modifica la legislación comunitaria contra la deforestación retrasando un año su aplicación y reduciendo la carga administrativa para las empresas, especialmente para las más pequeñas.

Con las modificaciones aprobadas, las grandes empresas deberán cumplir el reglamento a partir del 30 de diciembre de 2026, mientras que las pequeñas y medianas empresas dispondrán de más margen y tendrán que adaptarse desde el 30 de junio de 2027, un año más tarde de cuando debían hacerlo antes de la reforma.

Desde la Cámara explican que este aplazamiento busca garantizar una transición "más ordenada y realista", así como dar tiempo a mejorar los sistemas informáticos necesarios para aplicar la ley y gestionar las declaraciones electrónicas exigidas a los operadores.