Será cuestión de semanas para que comience la aplicación del decreto 858 y la resolución 1789, que significará que 2,3 millones de colombianos tengan que cambiar de entidad promotora de salud para ajustarse al modelo establecido por el gobierno Petro, en el que cambia en las regiones la administración de la salud y la forma en que se contratan los prestadores de servicios. Un modelo que se considera como una reforma a la salud en sí mismo y que aún podría tener un revés en el Consejo de Estado. Un informe de la veeduría Así vamos en salud señala la preocupación sobre la estabilidad del sistema. Se cree que será Nueva EPS, bajo control del Estado, la que asuma la mayoría de la carga.

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