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Barcelona aplicará a partir del 15 de febrero la nueva ordenanza municipal de civismo que implica multa más elevadas para botellones, grafitis o por orinar en la calle. La Comisionada de Convivencia del Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Surroca, asegura en '24 Horas RNE' que era "necesario actualizar" la normativa que data de 2005: "El objetivo fundamental es mejorar la convivencia en el espacio público".

La normativa busca hacer pedagogía tanto para los barceloneses como para los turistas. Las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros, como en el caso de las rutas alcohólicas. De momento, habrá una campaña informativa con agentes cívicos para explicar los cambios en la normativa. Un mes después ya empezarán las multas

Gema Fernández es la abogada de Women's Link, la organización que está asesorando legalmente a las denunciantes de Julio Iglesias por agresión sexual. En '24 Horas de RNE' ha explicado que han pedido a la Fiscalía medidas de protección ante el temor de ellas a ser contactados por el cantante o su entorno: "Temen que las contacten para persuadirlas de abandonar el proceso". Por este motivo han solicitado especial protección para que no se filtren sus datos personales. De hecho, declararán como testigos protegidos.

Fernández admite que pueden no ser los únicos casos y que en las últimas horas "les han contactado" otras mujeres que dicen haber trabajado para Julio Iglesias, pero reconoce que "aún no han podido analizar sus casos". De cualquier manera, insta a las mujeres a "dar el paso" y denunciar para que pueda activarse la vía legal. Aunque los hechos hayan sucedido en la República Dominicana y Bahamas: "Creemos que la justicia española puede ser competente para actuar". Rodríguez argumenta que son hechos "relevantes", ya que se trata de un ciudadano español acusado de agresión sexual y trata de personas.

Sobre Julio Iglesias, los audios que publicaba elDiario.es y Univisión son la punta del iceberg. La mayor parte de las veces nunca llegan a salir a la luz. Los agresores abusan de su situación de poder y las víctimas se enfrentan a la dificultad para denunciar.

Un reportaje de Alba Urrutia.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha expresado su “profunda decepción” con la propuesta de financiación autonómica presentada por el Gobierno, al denunciar que las Comunidades sólo han recibido “un PowerPoint” como información oficial. En una entrevista en el 24 horas de RNE, ha subrayado que “para poder hablar de menú hay que tener información” y ha reclamado conocer “todos los números” que justifican cifras concretas como los 1.248 millones anunciados para su comunidad. A su juicio, el debate no puede limitarse a incrementos puntuales, sino que debe centrarse en saber “con qué dinero contamos el conjunto de las Comunidades Autónomas”, insistiendo en que, hasta ahora, lo único claro es que el modelo “beneficia a Catalunya”.

Ruiz Molina ha rechazado además el principio de ordinalidad, al considerar que es “totalmente contrario al principio de igualdad”, y ha defendido que todas las Comunidades deben recibir “la misma financiación por habitante ajustado”, teniendo en cuenta factores como la dispersión o la superficie. También ha calificado de “chantaje” que el nuevo modelo sea voluntario, al entender que responde a presiones independentistas, y ha recalcado que Castilla-La Mancha no renunciará a los 21.000 millones adicionales anunciados. El consejero ha pedido al Gobierno que desmienta los informes de FEDEA o, en su defecto, que facilite los datos completos para que las autonomías puedan “hacer nuestros cálculos” y evaluar un reparto que exige que sea “equitativo y no caprichoso”.