El Independiente

Hay una ecuación que no cierra en esto de la ocupación de espacios públicos. Por un lado arrecian las denuncias para despejar emblemáticos parques y plazas de la capital ocupados hace años por supuestsos o reales damnificados por la creciente del río Paraguay. Pero por el otro, los exportadores se quejan porque la bajante extraordinaria de los ríos Paraguay y Paraná limita el tráfico comercial por los canales logísticos de ambos ríos.

La “senadora de la esperanza”, que acuñó ese verdadero hallazgo sociocultural de que la corrupción es distributiva, incursiona ahora en el mundo de la educación copatrocinando un farragoso proyecto de ley de “emergencia educativa” que ocupa 36 páginas, 30 de ellas dedicadas a relatar cómo piensan meterle la mano en el bolsillo a la gente para generar fondos. La introducción del mamotreto sobrevuela el estado de la educación en el país y luego se sumerge en detalles sobre cuánto, cómo, a quiénes, sobre qué base, qué montos y proporciones tendrá el impuesto a ser creado para que los millonarios dejen caer algunas monedas.

Quienes impulsan el denominado PAI -programa ampliado de inmunización ejecutado por Salud Pública cada año- recomiendan no vacunar a niños, y eventualmente adultos, si presentan algún cuadro gripal, de resfrío o alguna afección pulmonar. Lo que buscan los profesionales es evitar que mucha gente responsabilice a la vacuna de un potencial agravamiento de esa situación previa de salud. Es más sencillo y efectivo ese procedimiento que intentar una complicada campaña de concientización sobre el hecho probado de que las vacunas no enferman sino todo lo contrario, contribuyen a prevenir enfermedades.

La explicación del presidente del Banco Central del Paraguay respecto a las condiciones bajo las cuales la institución paga un seguro privado a sus funcionarios parece estar llena de burocrática sabiduría. Que si es bianual, por servicio prestado, cancelable según las disponibilidades presupuestarias, etc. Ah, y que los jerarcas no estarán incluidos en el contrato. Bueno, eso ya es algo, sobre todo teniendo en cuenta que el Presidente y los cuatro consejeros perciben un promedio de 45 millones de guaraníes, suficientes como para costearse un seguro propio mejor que cualquiera.

El que pasará a los archivos como el “caso Portillo” es algo más que un indicador del grado de deterioro que afecta a la representación popular. Es una advertencia. Es el efecto creciente que impone la opinión pública que está sobrepasando el estadio del telúrico del rumor gaseoso para entrar definitivamente a la era de las tecnologías de la información y la comunicación en que operan las redes sociales.

No existe mejor método para elevar el precio de un artículo que hacerlo escasear. Eso lo sabe hasta el ultimo especulador. Lo primero que se hace al estallar una guerra es capturar los abastecimientos y someterlos a sistemas de racionamiento. Con ello surge lo inevitable, el mercado negro que se encarga de poner al alcance productos restringidos, sólo que a tres o cuatro veces su valor.

Así como la educación y la salud son ámbitos que tendrán que se reformulados cuando la pandemia pase al “modo endemia”, el transporte público de pasajeros en áreas urbanas también tendrá que ser sometido a una transformación que lo convierta en un verdadero servicio a la ciudadanía en lugar de lo que es: un sistema de acarreo de personas sin método ni calidad alguna.

Cuando el aula es algo más que rutina educativa En países en los que la educación es cosa seria, un tema central es la presencialidad en las aulas.

Días atrás, The New York Times abordaba el delicado -para los EE.UU.- asunto de la gratuidad y obligatoriedad desde el preescolar hasta el nivel universitario. El enfoque también cobró actualidad en Argentina, en donde han entrado en conflicto el Estado federal y el gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. La pandemia cerró las escuelas en todo el mundo durante las primeras semanas de impacto. Pero muy pronto y gradualmente según cada país, los niños y adolescentes volvieron a las aulas al comprobarse que la escuela, regulada por protocolos muy precisos, es un sitio de casi nula propagación del virus.

Dice el proyecto de ley: “Artículo 23. Inmunización irregular. 1° El que siendo funcionario utilice su cargo o posición para beneficiar indebidamente a otro para recibir la vacuna contra el COVID-19, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. 2° Será aplicable igualmente la inhabilitación a ocupar cualquier cargo en la función pública, sea electivo o no, por diez años”.

El ejemplo extremo que nos llega desde El Salvador

“Cuando se empezó a hablar en el mundo de una posible vacuna, nosotros decidimos empezar a hablar con los laboratorios que estaban en su fase inicial de investigación”.