El Reporte Delfino

Durante una entrevista en Interferencia de Radio UCR, Nogui Acosta defendió la idea de que, en un eventual escenario de suspensión de garantías, el Estado podría ingresar a domicilios sin autorización de un juez. Para justificarlo, planteó un caso en el que una orden tardía permitió decomisar droga días después de un primer intento que no obtuvo el visto bueno judicial. La periodista Hulda Miranda le consultó: “¿qué pasa si entran a una casa sin orden judicial… y no encuentran nada?”. “Perdón, ¿cuál fue el daño?”, respondió Acosta. Conviene detenerse ahí. 

Este martes la Comisión de Asuntos Sociales dictaminó positivamente dos proyectos de ley que permitirían acelerar el retiro del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). Con eso, ya son tres los expedientes listos para brincar al plenario con una misma idea de fondo: convertir una pensión complementaria en liquidez inmediata. El primero es el expediente 24.984, impulsado por la diputada oficialista Ada Acuña. El segundo, el 24.972, promovido por la frenteamplista Rocío Alfaro. Ambos pasaron con seis votos a favor y uno en contra. El voto disidente fue el de Andrea Álvarez. 

Ayer, mientras me preparaba para escribir este reporte, escuché a la diputada Pilar Cisneros hablando en OPA. Decía la legisladora que está preparando un control político para este martes en el que demostrará que en Costa Rica la clase política es intocable. Lo irónico es que el chavismo se ha presentado como el esperado “punto y aparte” en este tema. La propia Pilar ha gastado horas hablando de la lucha contra la corrupción y dejando claro que con el movimiento jaguar a los corruptos “se les acabó la fiesta”. ¿Por qué digo irónico? Porque ahora resulta que es el propio chavismo el que le pone una piedra en el zapato a un proyecto de ley que combate la corrupción y que Costa Rica ha esperado por 16 años... 

La jornada de este jueves arrancó con una noticia seria: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) fue víctima de una operación de ciberespionaje que permitió la extracción de aproximadamente 9 gigabytes de correos electrónicos internos de la institución. 

La denuncia penal presentada el lunes por la exdiputada Marulin Azofeifa contra el legislador y excandidato presidencial Fabricio Alvarado sigue generando ramificaciones. En cuestión de tres días el caso pasó de ser una acusación formal ante la Fiscalía General a convertirse en un asunto político de primer orden que ahora involucra documentos, supuestas presiones para retirar la denuncia y preguntas incómodas sobre quién sabía qué dentro del movimiento político del diputado. 

El Fondo Monetario Internacional publicó este martes su evaluación anual sobre la economía costarricense y el diagnóstico, como suele ocurrir con estos informes, viene con dos caras. El punto más delicado del informe aparece cuando el Fondo analiza el futuro de la seguridad social. Mieeeeentras tanto, tal y como estaba previsto el Poder Ejecutivo decidió vetar (por partida doble) la Ley de Ejecución de la Pena y de las Medidas de Seguridad Curativas. Para terminar, ayer trascendió que la Auditoría Interna del Congreso decidió revisar otro tema sensible: los permisos y beneficios otorgados a funcionarios legislativos. El resultado dejó algunas historias curiosas. 

Arranquemos por el principio. Costa Rica, país sin ejército desde 1948, terminó asociada a una iniciativa hemisférica impulsada por Donald Trump bajo una consigna que aquí, por decirlo amablemente, no pasa inadvertida: “paz a través de la fuerza”.  Además, este lunes el Tribunal Penal de Limón rechazó la extradición de Gilberth Bell Fernández, alias Macho Coca, a Estados Unidos. 

Si algo quedó claro este jueves en la Asamblea Legislativa es que la ampliación de la Ruta 1 sigue siendo un proyecto urgente… pero para variar el pleito político parece avanzar más rápido que el asfalto. Además,  este jueves el Consejo Universitario organizó una caminata por la milla universitaria del campus Rodrigo Facio con la intención —según explicó el propio órgano— de acercarse a la comunidad universitaria en medio de la polémica que ha rodeado recientemente a la rectoría... 

Ayer la Asamblea Legislativa hizo algo que la ciudadanía viene reclamando desde hace años: le entró finalmente al tema de las estafas digitales. La tarde de este miércoles se aprobó en segundo debate el expediente 23.908, la llamada “Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero”, que obliga a bancos y entidades financieras (públicas y privadas) a responder cuando un cliente pierde plata por estafas electrónicas. 

El Concejo Municipal de San José dejó finalmente en firme la suspensión por 15 días contra el alcalde Diego Miranda, sanción que llevaba meses dando vueltas entre votos, actas y discusiones jurídicas. Mientras tanto, el episodio del Novillo Alegre no se quedó en memes, menús y capturas de WhatsApp. Este martes el Consejo Universitario de la UCR decidió pedir cuentas formales al rector Carlos Araya Leandro.