Enfoque Internacional

Para cumplir su promesa de llevar a cabo la expulsión de inmigrantes más grande de la historia, Donald Trump ha reforzado, desde su retorno a la Casa Blanca, el presupuesto y la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. A finales de diciembre, más de 68 mil adultos estaban detenidos por el brazo armado de la política antinmigrante de Trump. Pero las muy controvertidas prácticas de sus agentes han desatado la protesta social y la denuncia de defensores de derechos humanos y personalidades demócratas.  

Arrestos masivos en parques públicos y en presencia de niños, detenciones brutales en retenes improvisados, redadas policiales en barrios sin delincuencia donde viven trabajadores sin papeles. Una mujer acribillada dentro de su auto por un agente. Según el New York Times, los policías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, han disparado en Estados Unidos nueve veces en lo que va el año contra personas a bordo de sus vehículos.

En rueda de prensa con motivo de su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump volvió a calificar de "patriotas" a los agentes de ICE o "la migra" como dicen los latinoamericanos asentados en Estados Unidos.  No obstante, defensores de derechos humanos, parte de la población y algunas personalidades demócratas denuncian como anticonstitucionales los métodos del brazo armado de la política antinmigrante impulsada el presidente republicano .

"No hay un consenso a nivel judicial si las acciones de ICE son legales o anticonstitucionales ", precisa Sebastian Sclofsky*,   investigador en violencia estatal, con un foco en violencia policial en Las Américas, pero subraya que "existe un reporte importante de varias violaciones a derechos civiles de la población en general por parte de la fuerza policial y migratoria,  condenadas tanto por expertos constitucionalistas como por las diferentes Cortes de Estados Unidos"

Existe igualmente, dice el experto, un cuestionamiento de las autoridades judiciales locales o estatales sobre las formas en el accionar de los agentes de ICE,  principalmente la cobertura de sus rostros, el uso de vehículos no identificados y la utilización de armas militares. "Esos mecanismos no son necesariamente ilegales, pero son prácticas que se consideran ilegítimas", puntualiza..

El especialista en violencia policial explica que las acciones de ICE ocurren en un contexto en el que la violencia policial en Estados Unidos es muy alta. "El número de personas que la policía mata en Estados Unidos es muchísimo más alto que Europa y que todos los países desarrollados. No tenemos números oficiales, pero la policía de Estados Unidos mata entre 1500 y 2000 personas al año. No son números oficiales, porque oficialmente hay una política de no contarlos". Tenuendo en cuenta esta premisa, afirma: "Pero yo sí creo que hay una radicalización hacia abajo y ICE responde como una agencia que tiene interés en mantenerse. Históricamente las acciones de ICE siempre fueron violentas y traumáticas, pero nunca a este nivel".

El Congreso triplica el presupuesto de ICE

Con el regreso de Trump al poder, ICE se convirtió en la fuerza federal más grande del país al ver triplicado su presupuesto gracias a una ley presupuestaria aprobada por el Congreso el 1 de julio de 2025 que destina 170 000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración.

Una campaña de reclutamiento masivo lanzada el año pasado busca contratar a 10 000 nuevos agentes.  "ICE recluta a estadounidenses patriotas y valientes para expulsar a los delincuentes extranjeros, asesinos, violadores, terroristas y pedófilos que se encuentran en situación irregular en nuestras calles», indica su página web. Quienes se alisten pueden recibir hasta 50 000 dólares en bonificaciones e, incluso, el reembolso de sus préstamos estudiantiles o la mejora de sus prestaciones de jubilación.

"No es solo que están contratando a demasiado oficiales, pero están contratando personas que no están calificadas, ni tienen el entrenamiento necesario para implementar la ley", estima Juan Carlos Gómez*, jurista y experto en Inmigración y Derechos Humanos. Y agrega: "Yo entiendo que las personas están buscando trabajo, pero estos son trabajos con cierto tipo de responsabilidad, porque te están no solamente poniendo un arma, sino la libertad, el futuro de otras personas en las manos de esa persona. Ese es el peligro".

La enorme ganancia de las compañías de prisiones privadas 

La ley incluye una partida sin precedentes de $45 mil millones para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes tanto para adultos como para menores. Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE que contrata a corporaciones para construir y administrar las instalaciones de detención y transportar a las personas indocumentadas detenidas.  CoreCivic y GEO Group, las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos.

"Las compañías de cárceles privadas como CoreCivic y GEO Group ven que tienen una oportunidad de hacer grandes fortunas y están construyendo centros de detención en lugares lejanos, donde la persona no tiene acceso a su abogado ni a sus familiares. La idea es tratar de destruirle el espíritu a la persona hasta que se dé por vencida", afirma Gómez.

 El año 2025 fue el más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 31 personas murieron detenidas en centros para migrantes, la peor cifra desde 2004.

El mensaje detrás de la espectacularidad de la fuerza

Creado en 2003, por la Ley de Seguridad nacional en respuesta a los atentados terroristas de 2001, ICE tiene la facultad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular. Pero no puede arrestar a ciudadanos estadounidenses, excepto bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, si la persona agrede a uno de sus agentes. A pesar de ello, según la organización periodística ProPublica, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se registraron más de 170 detenciones de ciudadanos estadounidenses contra su voluntad, algunos de ellos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

Sclofsky explica que, además de los novedosos arrestarse a ciudadanos americanos, "no estamos hablando de operaciones policiales contra criminales de alta gama u organizaciones criminales, sino que estamos hablando de operaciones contra individuos indocumentados. Aquí surgen cuestionamientos sobre cuáles son las intenciones detrás de un despliegue tan espectacular de fuerza".

Para el especialista en violencia de Estado, el hecho de que las acciones de ICE más mediáticas y espectaculares se lleven a cabo en ciudades dominadas por los demócratas "es un mensaje del presidente Trump y del Partido Republicano de que las ciudades que son lideradas por demócratas tienden a ser ciudades con alto nivel de criminalidad, con alto nivel de desorden y de caos y, por lo tanto, requieren intervención de las autoridades federales para poner el orden de vuelta. Es una demostración de fuerza en los bastiones demócratas. Hay un mensaje político y hay también un probar de las aguas a ver cómo reacciona la población en general ".

 Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 15 de enero, el 59 % de republicanos está a favor de una política que priorice las detenciones por parte de los agentes de inmigración, incluso si hay personas heridas, mientras que 39 % considera que los agentes deben centrar su atención en reducir los daños a las personas, aunque eso signifique menos detenciones.

Las autoridades políticas avivan el fuego

El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2 000 detenciones en Minnesota desde que empezó en diciembre la operación que ICE califica como " la mayor jamás realizada en el país". 3 000 agentes han sido desplegados en el estado demócrata, blanco preferido de la ofensiva antiinmigración del presidente Trump. Un fraude en guarderías para niños ha sido utilizado como excusa.

Parte de la campaña de Trump en Minnesota se ha dirigido contra la numerosa comunidad somalí del estado, estimada entre 80.000 y 100.000 personas, a quienes el presidente calificó de "basura" y les exhortó a que “vuelvan al lugar de donde vinieron".  El mandatario republicano ha descrito a Renee Nicoel Good, ciudadana de Mineápolis abatida el 7 de enero por un agente del ICE durante una redada de inmigrantes, como una "mujer violenta y radical". 

Sclofsky subraya que Donald Trump envía mensajes, a veces explosivos, a veces confusos, que son interpretados por las distintas autoridades federales y los distintos ministros de su gobierno "como si se tratara de una competencia de quién puede traer la medida más radical para estar más cerca de la base más extrema del Partido Republicano, pero también para congraciarse con el presidente Trump quien, a menudo, va y viene en sus medidas”.

Ejemplo de esta retórica de agresividad exacerbada han sido las declaraciones del gobierno federal luego de que un agente de ICE abatiera a tiros a la ciudadana Renee Nicoel Good, en Mineápolis. "Tal y como ocurre en este tipo de hechos, las autoridades políticas justificaron la acción del agente bajo el supuesto de una amenaza contra su vida e intentaron desacreditar a la víctima en los medios de comunicación". La diferencia, apunta el experto, es que “generalmente, las autoridades políticas tienden a calmar el fuego. Y en esta ocasión, hemos visito las mismas justificaciones de siempre, pero con una intención de avivar el fuego. El mensaje que uno puede interpretar es: si usted se opone o no obedece a las autoridades, la consecuencia puede ser esta".

El estado demócrata de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul han interpuesto una demandan al gobierno federal para poner fin a la ola de medidas coercitivas adoptadas por la policía de inmigración y aduanas (ICE) tras la muerte de Renee Nicoel Good . 

* Sebastian Sclofsky, Profesor de Justicia Penal en la Universidad Estatal de California, Stanislaus.

* Juan Carlos Gómez*, J.D., profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

Mientras se espera la segunda fase del plan de paz en Gaza, impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump, la situación humanitaria en el enclave sigue siendo catastrófica, alertan las ONG´s.  Hay escasez de comida, enfermedades y muertes ligadas a ataques y al invierno, además de la preocupación por la posible partida de 37 organizaciones humanitarias.

En octubre pasado inició la tregua en Gaza, pero una verdadera paz aún se ve lejana y las necesidades de la población de alimentos, vivienda digna o atención médica no dan espera, confirman diferentes organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam.

Esta semana Unicef informó que, desde el inicio de la tregua, al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja y el New York Times publicó que también en este periodo Israel ha demolido más de 2.500 edificios en el enclave, complicando aún más el acceso a una vivienda digna para la población, pues muchos se encuentran bajo tiendas de campaña.

Las muertes en Gaza continúan y a ello se suman los fallecimientos por hipotermia o enfermedades ligadas a un invierno bajo condiciones catastróficas, cuenta Claire Nicolet, Coordinadora de urgencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. “Todos los días, sigue habiendo muertos en Gaza, ya sea porque la gente se acerca a la zona controlada por el ejército israelí o por los ataques que siguen produciéndose en zonas que normalmente deberían ser seguras. Lamentablemente, siguen produciéndose ataques a ese nivel”, agregó Nicolet.

El invierno y las malas condiciones de vivienda también han generado fallecimientos. “Hemos tenido casos de hipotermia entre los niños y también hemos tenido esos famosos edificios que se derrumban sobre la gente. Así que digamos que, aún hoy, seguimos viendo muertes relacionadas con toda esta situación que vemos en Gaza. Por desgracia, todos los días seguimos oyendo bombardeos, demoliciones de edificios y aún no hemos llegado a algo que se pueda llamar realmente paz”, señaló.

El trabajo de las ONG’s no es suficiente para cubrir las necesidades del enclave, cuenta la trabajadora humanitaria y esto podría agravarse con la decisión de Israel de prohibir el acceso a 37 ONG. El Estado hebreo argumenta que es una respuesta por no comunicar los nombres de sus empleados, pero las organizaciones temen por la seguridad de sus miembros.

Por su parte, la comunidad internacional se muestra preocupada por una escalada de la crisis humanitaria que ya es catastrófica, pues explican que sería muy difícil crear rápidamente una alternativa que pueda cubrir el trabajo que ya se está haciendo y que es precario.

“Hoy en día, como Médicos Sin Fronteras, contamos con más de 20 centros de salud a los que prestamos apoyo y 5 hospitales. En la actualidad, no hay nadie capaz de sustituirnos con un volumen de trabajo tan grande. Contamos con más de 1.000 empleados nacionales, por lo que el volumen de actividad es enorme. También somos el segundo distribuidor de agua en la Franja de Gaza. Si hoy tuviéramos que dejar de trabajar, no habría ninguna solución alternativa”, aseguró.

Además de la presencia física, están las especialidades que aporta cada organización. “En el caso de MSF, somos especialistas en determinadas patologías o enfermedades, como por ejemplo las quemaduras. No habría ninguna solución alternativa, porque no habría ninguna organización que pueda venir de repente a sustituir el volumen de actividad que estamos realizando como Médicos Sin Fronteras”, agregó Nicolet.

Varios países entre los que se encuentran los de la Unión Europea, que enviaron una declaración conjunta, insisten a Israel en dar marcha atrás en su decisión de sacar a estas 37 organizaciones, pero de momento la presión no parece dar resultados.  

Mientras siguen en Irán la represión de las manifestaciones y el corte de internet, pudimos contactar con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Respondió a nuestras preguntas a pesar de una conexión de mala calidad.

RFI: ¿Qué se sabe de lo que pasa en Irán?

Catalina Gómez Ángel: Sabemos muy poco lo que pasa dentro del país, pero sí sabemos lo que pasa en Teherán. Desde el jueves hubo grandes demostraciones que se unían a esas protestas que ya habían empezado el 28 de diciembre por motivos económicos, que habían pasado a pedir la caída del régimen, y este jueves respondían al llamado que les había hecho de cierta manera algún sector de la población desde el extranjero, uno de los líderes de la oposición, Reza Pahlavi. Fue una convocatoria muy grande, en unas demostraciones muy diferentes a las que habíamos visto ya en muchas que han pasado en Irán en el pasado. Había gente en todos los barrios y poco a poco fue empezando la represión que se esperaba y también la respuesta agresiva de muchos jóvenes en la calle, cansados de tantos años. Lo que no sabemos cuántos muertos, pero se hablan de miles solamente en Teherán y en el gran Teherán. Lo que hemos visto en las calles, en cierta manera fueron batallas muy duras, con enfrentamientos, los chicos respondiendo con piedras, los otros disparando con todo tipo de armas, tanto antimotines como reales. Mucha gente habla de muertos en la calle, especialmente el viernes. Todo el mundo conoce a alguien que ha muerto, que está herido, detenido. Realmente el temor es muy grande. Desde el sábado y el domingo la intensidad de las demostraciones ha reducido como consecuencia de ese miedo. El sistema nos habla al interior de presencia de terroristas, de presencia de infiltrados, y así se lo cuentan a la población local.

RFI: Estas manifestaciones, que empezaron protestando contra la situación económica, han derivado a otras demandas sociales. ¿Esto puede ser el comienzo del fin del régimen?

Catalina Gómez Ángel: Es muy difícil decirlo. El régimen, el sistema de la República Islámica, a pesar de todas estas protestas y movilizaciones, todavía se ve muy fuerte. Todavía tiene estos grandes sectores de defensa, no solamente la policía, la Guardia Revolucionaria, ese gran sistema de misiles y un sector de la sociedad que, si bien cada vez es menos, sigue siendo grande. Se considera que es entre 15 y un 20% de la sociedad, como lo veíamos ayer, con más de 1 millón por lo menos en las calles de Teherán. Era una de las demostraciones oficiales más grandes de las que hemos visto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí ha pasado es que este descontento se ha expandido en muchas regiones del país, donde antes la gente no se atrevía a salir. Decir que es el fin es extremadamente complicado. El sistema se está agarrando a muchos factores para sobrevivir. Todavía tiene la fuerza y tiene las armas, que es realmente lo que los hace importantes.

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RFI: Sobre la factibilidad de la intervención de Estados Unidos, ¿cómo la evoca la gente al interior de Irán?  ¿Se ve con buenos ojos, se pide?

Catalina Gómez Ángel: Muchos están en un grado en este momento que no saben lo que va a pasar. Trump va a responder a esa promesa de atacar al país, que sería realmente lo que muchos piensan que es la segunda etapa, cómo reaccionará la gente que estaba en la calle… Y otros también temen incluso la posibilidad de una guerra y un enfrentamiento civil, porque realmente la rabia entre los dos sectores es bastante grande. Así que la incertidumbre es muy grande. La ciudad está relativamente calmada durante el día, pero cuando llega la noche todo el mundo se esconde porque el que no sale tiene miedo de lo que pueda pasar.

Entrevista hecha por Paula Estañol

Más de una semana después de la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, la vida parece volver a la normalidad tanto en Venezuela como en la frontera con Colombia. Del lado colombiano, cualquier nuevo cambio, sin embargo, podría tener efectos económicos inmediatos. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra, habló con los comerciantes.

Abdul y su esposa Ana son venezolanos y tienen un negocio de pastelería saludable en Cúcuta. En 2017 migraron a esta ciudad con mucha dificultad. En medio de los cortes de carretera —las llamadas "guarimbas"—, los despojaron de todas sus pertenencias.

"Yo exploté a llorar", recuerda con amargura Abdul. "Aquí comenzamos con unos pequeños ahorros que mi esposa había traído. Eso era lo único que teníamos. Pero aquí en Cúcuta tuve una muy buena oportunidad de inscribirme en la Cámara de Comercio. Uno tiene la posibilidad de participar en talleres y cursos. Son capacitaciones sin costo alguno, sin pagar absolutamente nada. Siempre nos decían que lo que hiciéramos debía ser legal. Y bueno, sí, empezamos en este tema de la formalidad".

En el departamento de Norte de Santander, el 21 % de los empleos los ocupan venezolanos, pero el porcentaje es mayor si se incluye la economía informal. Sergio Castillo Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, estima que es importante mantener abiertos los cruces de frontera durante una crisis política como la actual.

"Nosotros defendemos una frontera abierta" 

"Algunos madrugan, su jornada laboral se va finalizando por las tres actividades comerciales más comunes que tenemos en la región, es decir, comercio al por mayor y al por menor en supermercados; incluye también la venta de confecciones, calzado y demás. Las personas también se dirigen hacia escenarios como la peluquería y la gastronomía. Nosotros defendemos siempre una frontera abierta. En el peor de los escenarios, si ocurriera, efectivamente podría suscitarse de nuevo un proceso de desestabilización. A hoy, con el cierre que se tiene estimado, estaríamos llegando entre los 1.200 y los 1.300 millones de dólares en materia de intercambio comercial, lo cual incluye tanto exportaciones como importaciones. Además, si hablamos de cifras a nivel nacional, por ejemplo, en materia de exportación, Venezuela está representando el 24,7 % de ese socio comercial natural que se vuelve receptor del producto colombiano. Sobre todo, está pasando por Cúcuta y por Norte de Santander", puntualiza.

Cúcuta es un nodo comercial con zona franca. A diario transitan entre Colombia y Venezuela 15.000 vehículos con mercancías. El puente Simón Bolívar lo cruzan miles de venezolanos, incluso para venir a mercar, como Heidi.

"Aquí vengo a comprar el papel higiénico, el jabón, ese tipo de cosas. Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. O sea, estamos a la espera de ver qué pasa", nos dice Heidi. 

La operación militar en Venezuela ordenada por Trump "viola el derecho internacional y la Constitución de Estados Unidos", dijo a RFI Arturo Valenzuela, responsable de la diplomacia para las Américas del gobierno de Obama y asesor de política, paz y seguridad para América latina de los gobiernos de Clinton. Entrevista de Angélica Pérez. 

En una declaración conjunta, cinco países latinoamericanos (Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay) y España, manifiestan "preocupación" tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. Alertan ante cualquier intento de control gubernamental o apropiación de recursos naturales. Un retorno de la hegemonía por la fuerza en América Latina que analizó para RFI, Arturo Valenzuela, ex responsable de la región durante las presidencias de los demócratas Bill Clinton y Barack Obama.

RFI: La declaración conjunta asegura que la intervención estadounidense viola principios del derecho internacional, como la prohibición del uso de la fuerza y el respeto a la soberanía territorial. ¿Qué piensa usted?

Arturo Valenzuela: Estoy completamente de acuerdo con la declaración que sacaron estos países. Efectivamente, lo que hizo Estados Unidos viola los fundamentos del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se creó con Naciones Unidas y otras instituciones. El vocero del Secretario General de la ONU, Stephane Dujarric, dijo que efectivamente esto podría tener implicaciones terribles para la región, independientemente de la situación de Venezuela, porque se está violando completamente el derecho internacional, incluyendo la Carta Fundamental de Naciones Unidas.

Pero además del derecho internacional, el presidente Trump violó también los fundamentos de la Constitución de Estados Unidos, que no permiten que el Presidente declare una guerra, sino que el Congreso tiene que hacerlo. Y está muy claro de que muchos sectores del Congreso, incluyendo algunos sectores del Partido Republicano, están rechazando lo que está tratando de hacer Trump en este momento, siendo que lo que también está en juego aquí es el sistema político norteamericano.

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RFI: ¿Es en definitiva una violación al Estado de Derecho?

A.V.: La presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, Annalena Baerbock, dijo claramente que los Estados miembros, incluyendo Estados Unidos, no pueden controlar otro territorio por la fuerza o violar la independencia política de otra nación. Ella dijo que un mundo pacífico seguro es imposible si el Estado de Derecho no puede efectuarse y lo que ha hecho Trump es efectivamente violar el Estado de derecho internacional y también nacional.

RFI: ¿Qué impacto ha tenido en la clase política y en la población de Estados Unidos la intervención militar en Venezuela?

A.V.: Este es un precedente terrible. Está afectando enormemente al país. Es el problema que tiene Estados Unidos ahora con su gobernabilidad. Por suerte, ha habido también un rechazo muy fuerte por parte de sectores que incluyen al Partido Republicano. Mucha gente acá está muy preocupada por la obsesión de Trump de tratar de apoderarse del petróleo venezolano y piensan que es algo que va a ayudar solamente a su familia y a sus colegas. Así que yo tengo esperanza de que efectivamente lo que pasó en New Jersey, en Virginia y en otras partes donde ha ganado elecciones el Partido Demócrata. El apoyo político a Trump se está desgastando enormemente en Estados Unidos.

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RFI: En cuanto a Colombia, Trump amenazó al presidente Petro, a quien acusa de fabricar cocaína, y dijo que "no durará mucho tiempo". ¿Le parecen posibles intervenciones en ese país y en Cuba?

A. V.: Ahora está efectivamente amenazando a Colombia y a otros países latinoamericanos. Esto es un desastre y demuestra una cierta ignorancia y contradicciones del gobierno de Estados Unidos. Cómo es posible que hayan implementado todo esto por  estar preocupados por el tráfico de cocaína a Estados Unidos, y al mismo tiempo, el propio Trump conmutara la pena del ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que había sido condenado en cortes estadounidenses a 45 años de cárcel por haber enviado cocaína. Cómo es posible perdonar a uno y al mismo tiempo criticar a otros diciendo que ellos son los que están complicando al mundo. Lo que ha hecho Estados Unidos no tiene sentido y es terriblemente peligroso para el futuro.

*Arturo Valenzuela fue encargado durante el gobierno Obama de la diplomacia en las Américas y asesor de los gobiernos de Bill Clinton en política exterior, defensa e inteligencia para América Latina. Es el fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Georgetown de Washington.

La intervención estadounidense para extraer a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores de Venezuela, además de desatar una crisis en el país, ha puesto en relieve múltiples preguntas como la legalidad de dicha operación y los límites de Estados Unidos en el orden mundial.

¿Puede un país decidir atacar unilateralmente a otro y además extraer a su presidente? Para el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y experto en derecho internacional, James Cavallaro, es un acto ilegal por parte de Estados Unidos.

“Una amenaza directa al derecho internacional”

“Fue una violación abierta, descarada, de la norma más importante de la ONU. Es una amenaza directa al derecho internacional y a la paz en el mundo. Ahora bien, hay excepciones donde sí puede haber una intervención militar: si el Consejo de Seguridad autoriza una intervención, lo que no ha pasado, o para la autodefensa, y tampoco se cumple esa condición. Es una ilegalidad descarada, tiene que ser calificada como tal”, subraya Cavallaro.

El también profesor de la Universidad de Yale y Columbia (en Estados Unidos) explica que la intervención de Trump y sus amenazas a otros países viola totalmente las leyes, pero se dan por la concentración de poder y el silencio político de otros Estados.

“El problema que tenemos en el mundo hoy en día, y por eso tenemos una crisis, es que el país más poderoso del mundo no acepta, no se limita por las normas del derecho internacional ni tampoco se cumple el señor Trump con las normas del derecho de los Estados Unidos”, indica.

“No puede ser secuestrado”

“Uno puede pensar lo que quiera sobre el señor Nicolás Maduro, pero por ser jefe del Estado, es una persona internacionalmente protegida, no puede ser agarrado, secuestrado. La única excepción es cuando la Corte Penal Internacional autoriza la detención, aún siendo jefe de Estado. Son los otros países del mundo, tienen que decir esta es una ilegalidad, sino Venezuela no va a ser el último caso de violación de la integridad territorial”, prosigue Cavallaro.

Nicolas Maduro y su Gobierno son señalados por varias ONG y la ONU por atentar contra los derechos humanos en Venezuela; sin embargo, para Cavallaro, estas acusaciones les competen solo a los mismos venezolanos o a la justicia internacional.

“Crímenes casi tan graves han sido cometidos en en torno a la mitad de los países en el mundo. Hay desaparición forzada en decenas de países. Ni por eso puede un Estado decidir que va a invadir a otro país secuestrar al jefe de Estado”, señala el analista.

Si bien el régimen de Maduro ha sido criticado por diversas naciones y acusado de fraude en las elecciones de 2024, la intervención estadounidense preocupa también a otros Gobiernos como Cuba, Colombia o Dinamarca, que han recibido amenazas de Donald Trump. 

Tras la intervención militar en Caracas, Donald Trump declaró que las grandes compañías petroleras de su país iban a invertir “miles de millones de dólares” en la industria petrolera venezolana. Aquí le explicamos por qué el petróleo pesado venezolano presenta varias ventajas estratégicas para las empresas petroleras estadounidenses.

La intervención militar estadounidense en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro no es solo una demostración de fuerza brutal para someter el gobierno de un país aliado de China, Rusia e Irán.

Los motivos son también económicos: las refinerías de Estados Unidos fueron diseñadas especialmente para refinar el crudo pesado venezolano y los más de 3 mil millones de barriles del subsuelo venezolano, las mayores reservas de crudo del mundo despiertan el apetito de las empresas petroleras estadounidenses.

Marco Rubio, que dirige la política exterior estadounidense indicó que; por el momento, Estados Unidos continuará aplicando la cuarentena petrolera alrededor de Venezuela y que usaría ese cerco marítimo para impulsar cambios de política en Venezuela. Pero a mediano plazo, las inmensas reservas venezolanas sí podrían suscitar el interés de las compañías estadounidenses analiza el experto en temas petroleros de la Universidad de Texas, Jorge Piñón.

RFI: Hoy en día, el precio del barril ha bajado y Estados Unidos ya es un gran productor de petróleo. ¿Qué interés tendrían las empresas petroleras en buscar nuevas fuentes de suministros de petróleo crudo?

Jorge Piñón: En nuestra industria [petrolera], el horizonte estratégico que se analiza es un horizonte de por lo menos diez años. Las grandes empresas petroleras no están viendo cuál es el balance entre la oferta y demanda de petróleo hoy o el próximo mes.

Ellas ya están mirando qué va a pasar de aquí a 5 a 10 años. El petróleo no se va a acabar, el petróleo continuará siendo la mayor fuente de energía en el mundo. Siempre nos olvidamos de que el 25% del petróleo se utiliza para la producción de plásticos, por ejemplo, y de petroquímicos. Cuando pensamos en petróleo, siempre pensamos en gasolina o en diésel, pero tenemos que reconocer que también el segundo mayor uso del petróleo crudo, por ejemplo, de la nafta que se produce del petróleo, son los petroquímicos.

Recuerda también que las segundas reservas petroleras más grandes del mundo están en el Medio Oriente y en el Golfo Pérsico, un tanquero que salga de Venezuela y llegue a Houston toma nada más que 5 días.

Los petróleos crudos del del Golfo Pérsico también son crudos pesados, pero Venezuela tiene la ventaja también de estar solamente a 5 días de tránsito comparado con un mes, que es lo que tomaría un tanquero venir del Golfo Pérsico.

RFI: ¿Qué tan rápido podrían volver las empresas estadounidenses a extraer masivamente petróleo venezolano como solían hacerlo antes del chavismo?

Jorge Piñón Todas las compañías estadounidenses, incluyendo Chevron, que todavía está operando en Venezuela, tienen que ahora que ver cuál es la nueva oferta del gobierno venezolano o de un futuro gobierno venezolano.

Una empresa petrolera no va a entrar ahora en Venezuela. El riesgo es alto. Ellos no van a tomar esa decisión hasta que estén seguros de que las reglas del juego están seguras.

Y si antes había que invertir miles de millones, ahora hay que invertir mucho más porque estamos hablando de la total reconstrucción. Son 3000 pozos petroleros y más de 600 km de oleoductos que llevan 5 o 10 años sin ningún mantenimiento operacional para reconstruir o recapitalizar lo que era ese sistema petrolero.

Va a tomar mucho dinero y va a tomar tiempo. Nosotros estimamos que estamos viendo un horizonte de 3 a 5 años para que por lo menos Venezuela pueda volver a estar cerca de su 3 millones de barriles de producción máxima del año 1998, de menos de 1 millón que está produciendo hoy en día.

RFI: ¿Qué pasará con los contratos petroleros que PVSA firmó con China y con los envíos de petróleo a Cuba?

Jorge Piñón: Esa negociación es la que en realidad va a estar más en manos de los Estados Unidos que con Caracas. Yo creo que es un comodín que este gobierno va a usar para negociar con China.

Cuba es diferente porque puede pasar la teoría del dominó de que caiga Cuba junto con Caracas, si es que Venezuela suspende el envío de los 35.000 barriles al día que ha estado enviando recientemente a La Habana.

El problema de los Estados Unidos es que ya tienen una caja de Pandora en las manos.

No pueden ahora de pronto manejar también a una Cuba que está solamente a 90 millas de la Florida. El impacto económico y social y político que un cambio de régimen en Cuba pueda tener impacta a los Estados Unidos más que un cambio en Caracas. Y como vimos, el cambio en Caracas fue nada más de personalidades. No ha habido cambio de régimen. La nomenclatura chavista todavía está en el poder.

Así que, ¿cómo sería ese cambio en Cuba? Una pregunta extremadamente complicada.

Desde este primero de enero de 2026, Bulgaria, el país más pobre de la Unión Europea (U.E.), adopta el euro, la moneda única europea. Muchos ciudadanos temen que los precios se disparen a partir de este momento. Según el índice de Transparencia Internacional, Bulgaria se encuentra en el penúltimo lugar de la UE, solo por delante de Hungría, en cuanto a percepción de corrupción. 

El pasado 11 de diciembre, y tras menos de un año en el gobierno, el primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, anunció su dimisión horas después de una nueva manifestación de miles de ciudadanos - muchos de ellos jóvenes nacidos entre mediados de la década de los noventa y 2010- que desde hace un mes protestan contra la corrupción y contra un proyecto de presupuesto que implicaba subida de impuestos y cotizaciones sociales. La caída del gobierno ocurrió tres semanas antes de que los búlgaros empezaran a pagar en euros. Radiografía de un país en ebullición contra las redes clientelares y oligárquicas y la gran inestabilidad política con Ruth Ferrero, internacionalista especializada en los países del este europeo que hicieron parte de la Unión Soviética.

RFI: ¿Qué implica para el país más pobre de Europa pasar a la zona euro?

Ruth Ferrero: Algo que ya sabemos todos los que entramos en su momento en la zona euro: significa un incremento de los precios de absolutamente todo. Y esto, claro, tiene un impacto mucho mayor en poblaciones con mayor pobreza, como es el caso de Bulgaria. El impacto económico que va a tener la llegada del euro al país se va a hacer notar porque va a haber un incremento de los precios y, si eso no va acompañado de un incremento salarial y de algún tipo de garantías por parte del Gobierno y del propio marco comunitario, puede acelerar los procesos de activismo juvenil que estamos viendo.

Además, esto va dentro del contexto particular de enorme inestabilidad política de Bulgaria que en los últimos años ha tenido prácticamente un primer ministro por año. Una de las cuestiones significativas en términos políticos es que es la primera vez que hay movilizaciones de la Generación Z que hacen caer a un gobierno. Esto no pasó en Serbia y no ha pasado tampoco en Marruecos.

RFI: ¿Qué piden estos manifestantes búlgaros?

Ruth Ferrero: Reformas profundas con medidas de regeneración democrática contra la corrupción, especialmente vinculadas a dos figuras políticas búlgaras que llevan bastante tiempo en la élite: Boïko Borissov y Delyan Peevksi, acusados no sin motivo por operar con prácticas clientelares y oligárquicas. Por tanto, los manifestantes piden un proceso electoral anticipado, con procesos de gobierno más transparentes y en el cual se dé una remodelación de toda la política económica que favorezca también a la gente joven. Tenemos que pensar que Bulgaria se inserta dentro de la región de los Balcanes de donde en los últimos años ha habido una emigración masiva de jóvenes que no encuentran que haya un futuro en su propio país.  

RFI: ¿Cómo llegó el país a ser el más pobre del bloque europeo?

Ruth Ferrero: Esto no es algo nuevo. Ya se vio en los años 90, después de la caída del régimen de Todor Jivkov. La economía de Bulgaria era absolutamente dependiente del bloque soviético y además, teniendo en cuenta las divisiones económicas que había dentro de ese bloque, la de Bulgaria era de las economías más dependientes, pero en términos de una producción menos cualificada o con menos valor añadido sostenida sobre la agricultura o la producción de perfumes de rosas, por ejemplo. Otras economías pudieron ser más resilientes, como las de los Bálticos que estaban dedicadas dentro del Comecon (Consejo de Ayuda Mutua Económica) a la producción de chips o producción de temas informáticos y de tecnología.

Por tanto, el impacto de la entrada en la competición de las economías de mercado fue mucho más dolorosa para la sociedad búlgara que, en los 90, alcanzó una inflación de hasta de tres cifras. En esos años, tuvieron lugar una serie de ajustes económicos que llevaron a mucha gente al desempleo. Estaba también la reconversión industrial para converger con lo que solicitaba la Unión Europea para poder ser miembro del bloque, junto con procesos de inestabilidad política que nunca se han terminado de superar. En la Europa de los 90, entre los países con mayores índices de corrupción estaban Rumanía, Bulgaria y Polonia. Polonia ya ha ido saliendo, pero Rumanía y Bulgaria continúan en esos puestos. Claro, en un contexto de gran corrupción, redes clientelares y redes oligárquicas, se hace mucho más complicado que se reactive la economía.

RFI: Usted citaba a dos personajes políticos que son el emblema de la corrupción en Bulgaria. ¿Quiénes son ellos y a quiénes representan?

Ruth Ferrero: Delyan Peevksi es una figura política y económica muy conocida. Es un magnate, un oligarca de los medios de comunicación búlgaros. Lleva metido en política desde mediados de los años 2000.  Y es uno de los líderes del Movimiento por los Derechos y las Libertades, que es el tercer partido dentro del sistema político búlgaro, hace de bisagra entre los más liberales y los más conservadores y representa parte a las comunidades turcas y gitana. Esto no se puede decir en términos legales porque está prohibido por la Constitución búlgara. El Movimiento por los Derechos y las Libertades representa el símbolo de la corrupción sistémica en Bulgaria y se le acusa de capturar directamente al Estado. El término de captura del Estado se refiere a la infiltración de los partidos a través de redes clientelares dentro de la propia administración del Estado para obtener beneficios económicos. Peevksi ha sido sancionado también por Estados Unidos bajo la Ley Magnitsky que castiga fundamentalmente a individuos que tienen causas por corrupción significativa y abuso de poder en algún país. Es uno de los oligarcas fundamentales del país.

En cuanto a Boïko Borissov, ha sido primer ministro en tres ocasiones, desde el año 2013 hasta 2021. Es una persona marcada por casos de corrupción, por ser un facilitador de esas redes y operar en términos clientelares. El hecho de haber sido primer ministro, además, le ha permitido poner en marcha procesos que hemos visto también en otros países de la región y que operan contra los mecanismos estructurales del Estado de Derecho, poniendo especial presión sobre los medios de comunicación y la justicia. Todo esto junto con sus relaciones con los oligarcas, entre otros, con Delyan Peevksi, deja ver claramente las redes de connivencia entre el poder económico y el poder político.

 

La creciente popularidad en el mundo del matcha, el té verde en polvo que se usa en la ceremonia del té en Japón, ha dado origen a locales como Matcha Tokyo, una venta de bebidas y dulces cuya visita es obligatoria para los viajeros que quieren probar las numerosas variaciones.

Hay Matcha Latte, Matcha de banana, Matcha con avena, Matcha con limonada y hasta un Matcha con un cremoso helado de coco flotando dentro.

Una joven norteamericana de Washington que ha pedido matcha puro sin azúcar nos explica que la salud es una de las principales razones de la gran popularidad del matcha en su país. “Creo que en Estados Unidos todo el mundo quiere estar sano, comer sano, beber sano. Y que cuando la gente empezó a conocer los beneficios se pasó al matcha”, dice. 

El matcha en Japón se reverencia desde hace cinco siglos en la ceremonia del té. Un ritual de bebida en el que una maestra o maestro vestido con kimono calienta agua en una gran tetera de hierro. En una taza de cerámica la vierte sobre el té en polvo y lo bate con un delicado batidor de bambú hasta que forma una espuma espesa como la del chocolate pero de un color verde vibrante.

La gran popularidad fuera de Japón ha duplicado las exportaciones y ha encarecido la materia prima. Los principales mercados son Estados Unidos, el Sudeste de Asia, Taiwán y países europeos. 

Según el diario Asahi, el té de Uji, la zona más cotizada de Japón, alcanzó en la primera subasta de 2025 el precio promedio de 8,235 yenes por kilo o unos 44 euros al cambio actual, lo que representa un aumento del 70 por ciento respecto al año anterior.

Sadami Suzuki, el director gerente de la Asociación Central de Fabricantes de Té de Japón, nos explica que hay preocupación por el envejecimiento de la población de quienes cultivan. “Muchos pequeños productores que trabajan en terrenos reducidos y montañosos se retiran por la edad. Aunque la tecnología aumenta la producción, la superficie y la producción total siguen disminuyendo”, deplora. 

El matcha contribuye a la imagen de un país que exporta costumbres sanas, pero su cultivo sufre la crisis demográfica que afecta a todo Japón: agricultores envejecidos, áreas en declive, y granjas sin sucesores.

Aunque no es reconocida internacionalmente, Somalilandia cuenta con un sistema político funcional, instituciones gubernamentales, una fuerza policial y su propia moneda. Su historia como región diferenciada de Somalia se remonta al dominio colonial del siglo XIX. Fue un protectorado británico, conocido como Somalilandia Británica, hasta que se fusionó con la Somalilandia Italiana en 1960.

Israel se convirtió el pasado viernes en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como república independiente, más de 30 años después de que este territorio declarara su independencia de Somalia. Se trata de un territorio secesionista semidesértico del tamaño de Nicaragua en la costa del golfo de Adén. Hay razones estratégicas, como su enfrentamiento con Irán, que explican el paso dado por Israel como argumenta el historiador africanista Omer Freixa en la antena de RFI: "Sí, hay varios factores geoestratégicos. Me parece que tener una nueva base,  un nuevo punto para contrarrestar la los ataques de los hutíes (de Yemen) y todo lo que es la piratería  asociada ahí al golfo de Adeba es un punto fuerte del análisis, pero no es el único. También me parece que se había vislumbrado la posibilidad de desplazamiento forzoso de población gazatí y que hablamos de 2 millones de personas".

Hace unos meses, varios medios de comunicación informaron que Israel se puso en contacto con Somalilandia sobre el posible reasentamiento de palestinos desplazados por la fuerza desde Gaza.

En respuesta al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, los hutíes advirtieron de que cualquier presencia israelí en Somalilandia será considerada un "objetivo militar" para sus fuerzas.

La Unión Africana lleva tiempo preocupada por la posibilidad de que el reconocimiento de Somalilandia pueda desencadenar una reacción en serie en la que otros movimientos separatistas exijan el reconocimiento de los territorios que reclaman. "Somalilandia no cambia mucho porque en la práctica es independiente de facto desde 1991 y tiene elecciones, tiene moneda propia, tiene una economía mucho más estable que su vecina. (Somalia)" dice Freixa en RFI pero añade que el reconocimiento puede ser un "antecedente" para avivar otros separatismos que hay en África. 

Israel ha recibido críticas de países como Egipto, Turquía, Arabia Saudita, la Unión Africana, Yemen, Sudán, Nigeria, Libia, Irán, Irak y Qatar. Muchos de ellos han mencionado la "integridad territorial" de Somalia y denunciado una violación de los principios del derecho internacional.

Somalia considera que Somalilandia es parte integral de su territorio. El gobierno de Mogadiscio ha declarado reiteradamente que cualquier reconocimiento de la independencia de Somalilandia contraviene la soberanía del país. 

Tanto Somalia como la Autoridad Palestina han sugerido que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel podría estar relacionado con un plan para desplazar a los palestinos.

(Con AFP y fuentes propias)