Enfoque Internacional

Con el reconocimiento del Estado Palestino por Francia, Bélgica, Canadá y otros países, una de las preguntas cruciales es si un Estado palestino es viable con un territorio separado entre Gaza y Cisjordania. También si es viable una Cisjordania fragmentada entre asentamientos ilegales de colonos israelíes y una plétora de puestos de control que seccionan ese posible Estado. Reportaje del enviado especial de RFI a Cisjordania, Hugo Passarello Luna. 

Con más de 5.500 km², Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel según el derecho internacional, alberga a unos tres millones de palestinos en pueblos y ciudades dispersos en un territorio fragmentado. En algunas zonas, la población queda en una suerte de limbo.

Es el caso de Kufur Aqab, localidad que pertenece a la municipalidad de Jerusalén —administrada por Israel—, pero que está separada de la ciudad por un muro y un puesto de control a menudo saturado. Esto crea una situación en la que los habitantes pagan impuestos, pero no reciben servicios.

"Vivimos en una situación de abandono y marginación tanto por parte del municipio como del gobierno. Sufrimos mucho", afirma Raed Abdallah, de 53 años, nacido en Kufur Aqab y dueño de un negocio de materiales de construcción a pocos minutos del muro que lo separa de Jerusalén.

Larga espera para ser atendido en un hospital de Jerusalén 

"No hay atención ni organización en las calles. La basura no se recoge adecuadamente. No hay alumbrado ni estacionamiento público. No hay ningún parque para niños. Sentimos que vivimos en un área aislada y marginada de Jerusalén. Cuando vamos allá, esperamos muchas horas para pasar por el puesto de control de Qalandiya. Esto genera presión psicológica, depresión. Por ejemplo, si quiero ir a un hospital de Jerusalén para recibir tratamiento médico, debo esperar muchas horas", explica Abdallah.

Abou Ashraf, de 76 años, residente de la zona, intenta organizar a los vecinos en un territorio sin autoridad ni ley: "No hemos visto policías desde 2001. Ya son 24 años sin policías en la zona. Resolvemos nuestros problemas entre nosotros cuando hay peleas o conflictos. Traemos a los mayores de cada familia, nos sentamos y resolvemos el problema para hacer las paces, porque aquí no hay ley. En esta zona, si buscas gente que venda drogas, la hay. Si buscas gente que ejerza la prostitución, la hay. Tenemos de todo porque no vemos policías aquí. Nunca, jamás".

En ausencia de autoridad, es difícil calcular cuántas personas viven en Kufur Aqab; las estimaciones varían entre 60.000 y 100.000, hacinadas en edificios construidos sin regulación. La mayoría no se marcha para no abandonar su identidad.

"Estamos muy molestos de estar atrapados entre ambos lados. Pero, para preservar nuestra identidad palestina y jerosolimitana, estamos obligados a permanecer en nuestras casas de Jerusalén. Debemos mantener nuestra identidad", sostiene Raed Abdallah.

Una identidad que busca afirmarse en una Cisjordania atravesada, además, por más de 800 obstáculos a la libre circulación —puestos de control, rutas bloqueadas y barreras en las carreteras—, según datos de la ONU.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero alberga una industria minera en rápido crecimiento porque posee las mayores reservas de litio del continente. Sin embargo, el negocio del litio, por ahora, está en manos de compañías extranjeras.

Por Irene Savio, desde Bulawayo, Zimbabue 

En una carretera polvorienta en las afueras de Bulawayo, la segunda ciudad de Zimbabue, el alba apenas rompe el horizonte. Un grupo de hombres con cascos, ropa de trabajo y rostros marcados por el hambre se preparan para iniciar su jornada. Son mineros que, a pie o en autobuses desvencijados, se dirigen a las minas que salpican el paisaje, rodeados de chozas y árboles raquíticos.

Zimbabue es uno de los países más desiguales de África, pero también alberga una industria minera en rápido crecimiento, impulsada por la demanda mundial de litio, el mineral esencial para ordenadores, teléfonos y coches eléctricos que alimentan la nueva revolución tecnológica.

Compañías extranjeras

Grasian Mkodzongi, investigador del Instituto de Investigación de Tierras y Recursos Naturales de África Tropical, señala que el país posee las mayores reservas de litio del continente y es el cuarto productor mundial de este recurso. No obstante, dice Mkodzongi, “el negocio del litio está hoy en manos de compañías extranjeras, que lo extraen y se lo llevan a sus países”.

Esta dependencia externa ha motivado al Gobierno zimbabuense a proponer, por primera vez en África, la construcción de plantas de procesamiento dentro del territorio nacional. La intención es que el valor añadido del litio beneficie directamente a la población local, creando empleos y fomentando la industrialización.

“Quieren aumentar las oportunidades de empleo. Es una medida buena, pero solo si está vinculada a esfuerzos para industrializar”, advierte Mkodzongi.

China, en el horizonte

China, hasta la fecha, es el principal actor extranjero en la extracción de litio en Zimbabue, gestionando cinco de las seis minas más importantes del país. Sin embargos, muchos consideran esta relación no equitativa en igualdad de ventajas, como Farai Maguwu, director del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales de Harare, quien dice sin tapujos que “la población se ha beneficiado, por ahora, poco y nada de este valioso mineral”.

Además, describe los salarios que reciben los trabajadores como “de esclavitud”, y subraya la precariedad de las condiciones laborales.

Pero lograr que la población realmente se beneficie del litio puede que no sea tan fácil. Algunos analistas apuntan a la pesada carga de la deuda externa de Zimbabue, parte de ella en manos de China, como un factor que puede complicar los intentos de reforma.

¿Hacia un futuro mejor?

En medio de este panorama, voces desde el propio sector minero relatan la peligrosidad de la actividad. Un exminero, que prefiere mantenerse en el anonimato por motivos de seguridad, cuenta: “Me fui a trabajar a una mina sin protección, y un día la mina colapsó y murió una persona. Entonces lo dejé, es muy peligroso.”

En medio de estas dificultades, el Gobierno de Zimbabue asegura estar trabajando en la construcción de las infraestructuras que necesita. Esto, con el objetivo de que estos proyectos sentarán las bases para un desarrollo sostenible y una mayor distribución de la riqueza generada por el recurso. El tiempo dirá si esto era verdad. 

En un nuevo informe, una ONG documenta la presencia de una flota asiática de 343 barcos que captura grandes cantidades de calamar en el suroeste del océano Atlántico a 200 millas naúticas de las costas argentinas. Un experto en políticas oceánicas urge regular esta pesca para evitar que se acabe esta especie clave para la alimentación de varios mamíferos marinos.

“Cada año descienden alrededor de unos 343 barcos poteros de banderas asiáticas, principalmente chinas, aunque también de Corea del sur y de Taiwán” a lo largo de la zona económica exclusiva de Argentina, constata alerta Jesús Uríos, coautor del informe que publica la Fundación para la Justicia Ambiental (Environmental Justice Foundation) sobre la sobrepesca china en la región.

Esta investigación confirma nuevamente la depredación de la flota china en los stocks de calamares, un alimento clave para grandes mamíferos marinos - ballenas o focas- y pingüinos. Al contrario de las cuotas de pesca de calamares en las aguas nacionales argentinas donde se limita a entre 70 y 75 el número buques pesqueros-, la pesca de esta especie en aguas internacionales fuera de la zona de 200 millas náuticas carece de cualquier regulación, poniendo en peligro la supervivencia de la especie, alerta Jesús Urios, experto en politicas océanicas.

“El incremento de la demanda de calamares nos ha llamado la atención”, indica Urios. Esta especia “está claramente amenazada” por esta pesca asiática intensiva, denuncia.

“El problema es que no sabemos hasta qué punto, en el sentido de que como no tenemos información de lo que se pesca fuera [de la zona económica exclusiva argentina], entonces es muy difícil saber la población de calamares que se va quitando cada año”, apunta el especialista.

“Con una sobrepesca excesiva, podríamos estar viendo un colapso de la especie. De hecho, en el año 2016 pensaron que se había acabado el calamar. Hubo una población de calamar bajísima y además aún no se ha recuperado desde entonces”, recuerda en entrevista con RFI

Maltrato laboral

Urios, quien participó en la investigación en la zona marítima de pesca de calamares, constató las maniobras agresivas de algunos barcos chinos para evitar los controles de los guardacostas. Su organización recopiló además 169 testimonios de trabajadores -sobre todo de nacionalidad indonesia- sobre las condiciones laborales de “esclavitud moderna” a bordo de estos buques factoría.

“Hablamos de abusos físicos, de violencia física como golpes, puñetazos, amenazas, intimidación. También tenemos, pues, cosas como denegación de asistencia médica. Ha habido hasta 5 muertes a bordo de cuatro buques chinos durante el periodo de estudio y muchas veces por negligencias. Y también horas de trabajo excesivas, más de 14 horas diarias, a veces 18”, detalla Urios.

La Fundación para la justicia ambiental llama a incrementar la transparencia sobre la cantidades pescadas en aguas interancionales y recomienda regular la pesca de calamares, emulando el sistema de cuotas instaurado para proteger el atún a nivel mundial.

Cada año, en el centro de Santiago de Chile, se rinde homenaje al cantautor Víctor Jara, asesinado en septiembre de 1973 tras el golpe militar de Pinochet. Víctor Jara fue torturado durante días y finalmente asesinado en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Se convirtió en un ícono político y un referente fundamental de la música chilena, donde es conocido como el “poeta de la revolución”.

Víctor Jara (1932–1973) fue un destacado músico, cantautor, profesor, escritor y director de teatro chileno. Su música lo convirtió en una figura emblemática del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Jara fue detenido, torturado y ejecutado por las fuerzas militares del régimen de Augusto Pinochet. Su muerte lo consolidó como un símbolo de la lucha por los derechos humanos en Chile.

Un legado musical fundamental en Chile

Amanda Jara, hija de Víctor Jara, ha dedicado su vida a preservar y difundir el legado artístico y político de su padre. A través de la Fundación Víctor Jara, organiza talleres, conciertos y actividades culturales que buscan mantener viva su memoria y promover la reflexión sobre los derechos humanos. Amanda destaca en una entrevista a RFI que su padre era "ante todo un creador y un artista", y explica que "es gracias al arte que se organizan las luchas".

Música, memoria y política electoral

Las elecciones presidenciales en Chile están programadas para el 16 de noviembre de 2025. Los principales candidatos son José Antonio Kast, del Partido Republicano, y Jeannette Jara, del Partido Comunista. Ambos representan los extremos del espectro político y han protagonizado debates marcados por tensas confrontaciones.  En este contexto de polarización y tensión política, el legado de Víctor Jara cobra especial relevancia. Su música y su mensaje siguen siendo una fuente de inspiración para quienes luchan por la justicia, la memoria y los derechos humanos en Chile. Como señala Amanda Jara, "nunca deja de sorprenderme la cantidad de personas que siguen cantando las canciones de mi padre". Un legado que sigue vivo en el corazón del pueblo chileno.

Mientras los jóvenes consumen menos cannabis, alcohol y tabaco, las organizaciones criminales amplían su control sobre el tráfico de cocaína y refuerzan sus métodos violentos en todo el país. En los últimos diez años se ha registrado una explosión del tráfico de cocaína y de prácticas violentas extremas de las redes criminales.

El consumo de ciertas drogas disminuye en Francia entre los jóvenes, según el informe europeo ESPAD, que analiza las cifras en el continente. Francia es uno de los países de Europa donde esta caída en el consumo de drogas es más marcada. Lo que disminuye, sobre todo, es el consumo de cannabis, así como el de otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto se debe, según el presidente de la Comisión Interministerial de Lucha contra la Droga, Nicolas Prisse, a las medidas de prevención y a un cambio de comportamiento en los jóvenes, que cada vez salen menos y están más conectados a las redes sociales. Pero, del otro lado, las redes criminales se fortalecen, explicó Prisse a RFI.

"Sí, el consumo de cannabis disminuye. Pero, al mismo tiempo, constatamos una oferta orquestada por las redes criminales y una demanda de la población de productos como la cocaína y drogas estimulantes, entre otros, el éxtasis y las anfetaminas. La población se inclina por las "drogas de rendimiento", como las denominan los consumidores, que se usan en diferentes circunstancias: en el trabajo, en el ámbito festivo o en las relaciones sexuales”.

"Las redes criminales francesas utilizan métodos atroces" 

Existe una penetración cada vez mayor de las mafias y de las redes de narcotraficantes. El ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, evocó incluso una "mexicanización de Francia" para referirse a las prácticas de estas redes criminales. Nicolas Prisse describe las características de estos nuevos delincuentes en Francia.

"En lo que respecta a los estupefacientes, hemos constatado en los últimos años la influencia cada vez mayor de las redes de narcotraficantes en Francia, las cuales son poderosas económicamente, violentas y utilizan métodos de intimidación atroces. También reclutan menores que se convertirán en los ‘menos cualificados’ de la jerarquía criminal", subraya Prisse.

Además de las medidas de prevención, están las de la lucha contra los narcotraficantes. En junio pasado se promulgó una ley para combatir estas redes.

"Estamos actualmente en un momento clave en el que, por un lado, hay que luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, acentuar los esfuerzos de prevención difundiendo información sobre los riesgos del consumo", concluye Prisse.

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui.

Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.

 

Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales.

Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país.

En defensa de los servicios públicos 

En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública:

"Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas".

Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año.

También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia:

"Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje".

Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio:

"Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide".

Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.  

“Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015.

Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo.

“La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa. 

“Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua. 

A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales. 

“Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua. 

Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.  

Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado. 

 

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México.

Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural. 

"Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadounidenses. Eso produjo, por supuesto, una crisis económica y a nivel de efectivo. Y eso tuvo consecuencias en términos de acceso a la canasta básica, a poder cubrir las necesidades básicas. Hoy, cuatro años después, la situación se agudiza con esta disminución al financiamiento de la USAID, que se hizo concretamente entre marzo y abril. Esta agencia de desarrollo internacional el año pasado aportaba el 45% de la ayuda a Afganistán. También redujo sus aportaciones el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, tenemos ese escenario en donde se han reducido las principales ayudas. Y no solo ha sido Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Esos países también han recortado sus aportaciones. Se han cerrado, por ejemplo, muchos hospitales y clínicas. Entonces, ahora con esta tragedia no se tienen esos recursos y esto, por supuesto, compromete la vida de las personas".

Hasta ahora, las autoridades talibanas no han presentado un plan de emergencia para asistir a los damnificados ni para la reconstrucción. Su mensaje se limita a reconocer que no pueden afrontar la crisis sin apoyo externo.

Según Cristina de Lucio, esa postura revela una estrategia velada: "Afganistán es un país que, en 2021 cuando los talibanes llegaron al gobierno, dependía en un 75% de la ayuda extranjera. Es verdad que el país está en una condición de crisis y que hay dificultad para gestionar en razón de esta dependencia económica. Esto es indiscutible. Ellos no están mintiendo. Pero sí creo que están aprovechando esta coyuntura para incentivar, por un lado, el reconocimiento de su gobierno. Al mostrarse de cara al público como incapaces de gestionar esa tragedia, también hay una velada búsqueda, en cierto modo, de un reconocimiento de los talibanes como gobierno. Esto podría permitirles no solo evitar que se sigan reduciendo los financiamientos provenientes del exterior, sino que también se les vea como un interlocutor válido".

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs.

El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación.

El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas.

Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como Humvees y vehículos militares de transporte tipo MRAPs. Arthur Estupiñán, ciudadano latino de Washington, ve con buenos ojos esta presencia militar.

"El despliegue de la Guardia Nacional y los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha sido sumamente exitoso. En los últimos 7 a 9 días, no ha ocurrido ningún asesinato. Es una victoria para el presidente Trump. Esto va a traducirse en un crecimiento económico extraordinario porque ya las personas no tienen miedo pues ven que las ciudades son seguras".

Un despliegue que cuesta más de 1 millón de dólares diarios

Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto, cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI y la DEA han patrullado barrios, realizado redadas migratorias e instalado retenes militares y de tránsito para detener a supuestos criminales. Según investigaciones de organismos privados, este despliegue cuesta más de un millón de dólares diarios.

Para un latinoamericano que prefirió guardar el anonimato por seguridad, y que trabaja en una empresa de mudanza, la sociedad vive bajo temor:

"Todos están asustados de venir a [Washington] D.C. Trabajo para una empresa en la que todos son latinos, todos tienen miedo y nadie quiere venir a trabajar a DC. Nadie quiere arriesgarse. Mi mujer ni siquiera se arriesgó a traerme hoy al trabajo. Todo esto es una mentira porque nunca hubo el gran crimen que Trump dice que había antes".

Unas 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las operaciones, según cifras del Departamento de Justicia. Sin embargo, oficiales del gobierno citados por The Wall Street Journal aseguran que la mitad de las detenciones corresponden a migrantes indocumentados en colegios de mayoría hispana, iglesias latinas, restaurantes y retenes improvisados.

Don Folden, quien pone música frente a la Casa Blanca, no parece impresionado por la operación:

"He estado en DC desde hace 50 años y tuvimos varios años entre los 80 y 90 en donde fuimos la capital mundial de los homicidios. Lo que [la administración Trump] está haciendo ahora no tiene nada que ver con la seguridad. Yo diría en cambio que es una distracción. Fíjese, cuando llegué esta mañana, vi a la Guardia Nacional recogiendo basura del parque".

Según la Policía Metropolitana de Washington, que hoy está bajo control federal, los crímenes violentos se redujeron 23% en comparación con las dos semanas previas al decreto de emergencia. Sin embargo, expertos advierten que la baja puede responder a un efecto de choque, a la inactividad de la ciudad durante agosto y a que la tendencia ya era descendente antes de la militarización.

Hace 20 años, a finales de agosto, el huracán Katrina azotaba las costas de Luisiana dejando 1800 muertos y cientos de miles de desplazados. Hoy en día, la ciudad, que se sitúa bajo el nivel del mar, está mejor preparada, pero enfrenta otro reto: las lluvias torrenciales. Y para reducir los riesgos, la ciudad apuesta por métodos naturales.

Hace dos décadas, los diques de la ciudad de Nueva Orleans - ubicada en promedio a 1.8 metro por debajo del nivel del mar- colapsaron por la marejada ciclónica del huracán Katrina de categoría 5. Cerca de 80% de la ciudad fue devastada por las aguas de los lagos que la rodean.

"La estructura anterior era muy inadecuada ante la magnitud del huracán Katrina. En muchos casos el nivel del agua subió entre 7 y 9 metros con olas de 3 metros. Entonces los diques de 4 metros que rodeaban Nueva Orleans no bastaron”, recuerda el ingeniero civil Lewis Link, de la Universidad de Maryland.

La tragedia reveló también la segregación social de la ciudad donde viven muchos descendientes de esclavos. “Históricamente, los terrenos más altos, al lado del Misisipi, eran de las élites blancas. Y las comunidades negras y pobres fueron relegadas a las tierras pantanosas más bajas expuestas a las inundaciones”, detalla Ivis García, profesora asociada a la Universidad de Texas y especialista en temas de vivienda y justicia. Aunque las zonas mas acaudaladas de la ciudad también sufrieron de las inundaciones, la población más modesta sufrió más de la catástrofe por la falta de vehículos para evacuar los lugares.

A raíz de la catástrofe, la ciudad edificó en un tiempo récord un sistema más robusto para disminuir el riesgo de inundación masiva.

“El nuevo sistema que se construyó y que tenemos ahora es un sistema completo de reducción de riesgos. Hablo de reducción de riesgos y no de 'protección' porque podemos mitigar el riesgo, pero no eliminarlo. El sistema actual incorpora el riesgo de aumento del nivel del mar y el hundimiento de las tierras a causa de terreno húmedo y del bombeo de agua para mantener la ciudad seca. El sistema actual de la ciudad conecta estaciones de bombeos, diques, muros de contención y compuertas."

Estas obras faraónicas de ingeniería civil, que tuvieron un costo 14,5 mil millones de dólares, mostraron su capacidad de resistencia en 2021 durante el paso del huracán Ida de categoría 4.

Lluvias torrenciales, el otro reto

Pero Nueva Orleans enfrenta otro reto. "Actualmente, Nueva Orleans es sobre todo vulnerable a las lluvias torrenciales. La ciudad es una cuenca. Y el nuevo sistema de bombeo ha mejorado sustancialmente, pero no tiene la capacidad para luchar contra un evento extremo de lluvias", apunta el ingeniero Lewis Link, en entrevista con RFI.

Entonces la ciudad ha apostado por infraestructuras verdes, desde 2007, por un total de 1710 millones de dólares en el marco del Plan Director Costero. Las obras de creación de humedales y la restauración de la vegetación costera permiten amortiguar las olas de los huracanes, por ejemplo.

Se han impulsado también tres proyectos de litoral vivo, que consiste en fomentar la multiplicación de arrecifes de ostras o de vegetación, mediante la colocación de estructuras de concreto en los que se fijan los organismos vivos, creando una barrera natural contra las olas.

En el entorno urbano, para atenuar las lluvias torrenciales cada vez más intensas, la ciudad construyó también calles con un pavimento permeable, así como una red de 8 parques esponja como el Parque Mirabeau, capaz de almacenar el equivalente de 16 piscinas olímpicas.

"En el seno de la ciudad, Nueva Orleans ha desplegado una serie de iniciativas para manejar el agua, vivir con ella, como dicen los holandeses. Se trata de almacenar el agua y dejar que se infiltre, con la ayuda de la vegetación. Es algo muy eficaz contra la amenaza de las lluvias torrenciales".

Un desafío ambiental y también social dado que el cambio climático impactará más duramente a la población afroamericana y pobre concentrada en las partes bajas de la ciudad.