Enfoque Internacional

Se acerca en Bolivia la elección presidencial, que será el domingo 17 de agosto, y entre los temas que están proponiendo los candidatos para salir de la crisis económica crónica del país se repite desarrollar la ganadería y la agricultura a gran escala. Es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer. RFI viajó a la región oriental de Santa Cruz para hablar con unos y otros. 

Con nuestro corresponsal en Bolivia, Nils Sabin

La agricultura a gran escala es un proyecto que entusiasma a los lideres del agronegocio pero que preocupa a las comunidades autóctonas quienes ven que la deforestación no deja de crecer.

En San Javier, la campaña para la elección presidencial del 17 de agosto es seguida con mucha atención. Esta pequeña ciudad de 15.000 habitantes es la cuenca lechera más importante del departamento de Santa Cruz y los ganaderos locales tienen esperanza de ver su sector apoyado por el próximo presidente, como cuenta María Gloria Paz Tambare, presidenta de la asociación de ganaderos de San Javier : “Ojala, y dios quiera, que haya un cambio y que el nuevo gobierno que venga mire que la producción y el adelanto y el progreso están en el campo.”

A pesar de las leyes ambientales muy permisivas y de los préstamos a tasas bajas, el agronegocio tiene la sensación de haber sido tratado muy mal por los gobiernos de izquierdas de los últimos 20 años. Para la ganadera, es urgente que un presidente aún más favorable a este sector llegue al poder. “Nosotros la tenemos muy clara la figura de que si no hay exportación, si no hay liberación de aranceles, si no hay apoyo, con seguridad que este país se va a ir al bombón”

Es también el punto de vista de Mauricio Tambare, un ganadero encontrado en su estancia, a unos kilómetros de San Javier. Para el, los candidatos tienen que inspirarse de otros presidentes de derecha del continente : “Nos gusta lo que hace Milei, nos gusta lo que ha hecho Bukele y nosotros aspiramos a que, no digo que sea lo mismo pero que sea muy parecido a lo que hace Milei”

Pero dentro la Central indígena Païkoneka, que agrupa alrededor de 60 comunidades autóctonas en San Javier,  hay preocupación por estas propuestas, ya que no son cuestionadas por los candidatos de izquierdas, indica Brian Baca Talamas, “le hemos analizado todas las propuestas de todos los candidatos y en ni una favorece de ninguna forma a los pueblos indígenas o al medio ambiente”.

De hecho, reforzar el peso del agronegocio en la economía boliviana significa ampliar la frontera agrícola, lo que favorecerá la deforestación y los incendios. Para oponerse a eso, la Central indígena païkoneka ya está pensando en movilizaciones para después de la elección contó a RFI Maria Suarez Macoño, una de los dirigentes de la organización: “Estamos unidos, todos los pueblos de las tierras bajas, que cuando pase este 17 de agosto y quien salga presidente, hacer una marcha para decir que se respeten nuestro territorio y que se respeten nuestros derechos.”

En 2024, Bolivia fue el segundo país con más pérdidas de bosque primario a nivel mundial, después de Brasil, y por el momento, parece que ningún candidato está dispuesto a cambiar este rumbo.

La presión internacional y doméstica ha aumentado en las últimas semanas para que el Gobierno ucraniano aplique las esperadas reformas en políticas anticorrupción, tras la aprobación de una medida que amenazaba la independencia de las agencias anticorrupción.

Volodimir Zelenski estrecha el cerco contra la corrupción tras la presión internacional. El Parlamento de Ucrania vota hoy la contrarreforma sobre la independencia de las agencias anticorrupción del país después de que los mismos diputados centralizaran esos poderes a la Fiscalía hace solo una semana.

Ahora el presidente ucraniano da marcha atrás siguiendo la petición directa de Ursula von der Leyen -que lo llamó el pasado domingo-, las manifestaciones en Kyiv y la decisión de la Comisión Europea de bloquear 1.500 millones de euros de ayuda.

“El debate sobre los movimientos efectivos hacia la Unión Europea y la reforma anticorrupción está ahora definitivamente en crisis en Ucrania”, dice Kateryna Ryzhenko, directora adjunta de Transparencia Internacional Ucrania, al micrófono de RFI.

Según informa la ONG estadounidense OCCRP (Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción, en inglés), las agencias anticorrupción investigan actualmente a “figuras próximas a Zelenski, incluyendo cargos de la Oficina Presidencial liderada por Andrey Yermak”.

Tres promesas incumplidas

La independencia de los organismos encargados de perseguir la corrupción no es el único dosier caliente en la mesa de Zelenski. El viernes pasado, la Comisión Europea bloqueó el pago de un tercio de los 4.500 millones de euros en ayuda a Kyiv debido al incumplimiento de tres de las reformas prometidas: la descentralización de la organización territorial, la selección de jueces en el Tribunal Superior Anticorrupción y la regulación de la agencia ARMA, la entidad responsable de recuperar activos procedentes de tramas corruptas.

En respuesta a la creciente presión, el domingo Zelenski firmó la tercera de la lista, tras dos semanas de espera de la ratificación y meses de bloqueo en el Parlamento. La reforma de esta agencia es una petición “histórica” de las organizaciones no gubernamentales, “desde antes de la invasión rusa”, según cuenta Ryzhenko.

La firma final llegó con reticencias por parte de muchos diputados. “Hubo mucha oposición política durante mucho tiempo y fue imposible de hacer la reforma. No había apoyo en el Parlamento, ya que se trata de activos de procesos penales de casos de corrupción, y el Parlamento está lleno de diputados que automáticamente se verían afectados por el buen funcionamiento de la oficina de recuperación de activos”, dice Ryzhenko.

Deberes pendientes

Con la reforma ARMA en la mano, la entidad entra un periodo de transición en el que deberá renovar los cargos ejecutivos y colaborar con mayor eficacia con las autoridades judiciales en perseguir casos de corrupción, trazar los activos malversados, gestionarlos y devolverlos al Estado.

Pero la lista de deberes pendientes no termina aquí. El Ukrainian Facility Plan y las Hojas de Ruta que Kyiv desarrolló junto con la Unión Europea “contienen casi todo lo que se necesita abordar en los próximos cinco años para que Ucrania avance con éxito hacia la Unión Europea”, continúa Ryzhenko.

Entre las tareas que siguen incompletas destaca la nominación de un jefe de la Oficina de Seguridad Económica, la resolución de las vacantes de jueces en concurso público y una ley acompañando los cambios de ARMA en el Código Penal que todavía no está registrada, según relata el equipo de Transparencia Internacional en Kyiv.

Solo este julio, 68 personas han muerto en Gaza por causas relacionadas a la desnutrición, según el Ministerio de Salud local. Veintiséis eran bebés y niños. Por su edad y complexión, los más pequeños están sufriendo aún más la hambruna inducida por el bloqueo de Israel que, presionado por esta alarma internacional, estableció este domingo treguas diarias en tres zonas de la franja para una entrega "mínima" de ayuda

Cada día, al hospital Al-Shifa de ciudad de Gaza llegan más personas con desnutrición.

Musab, de 14 años, yace en una de sus camas. En mayo, una bomba israelí lo hirió en el cráneo y lo dejó paralizado. Solo puede alimentarse por sonda, pero la falta de nutrientes, debido al cerco alimentario de Israel, lo ha dejado en los huesos…

Ali Musab Al-Dibs, padre de Musab, cuenta: “Musab sufre fiebre alta, convulsiones, problemas para respirar y ahora una grave pérdida de peso debido a la falta de comida, agua, leche y de todo en Gaza. Musab pesaba 35 kilos, y ahora no supera los 15”.

Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros”

Shaza, desplazada de la Franja de Gaza

Su padre, Ali, describe una hambruna que se está extendiendo. Las muertes ligadas a la desnutrición superan el centenar desde octubre de 2023, y la mitad ocurrieron este julio. De la cifra total de fallecidos, un 70 % eran bebés y niños.

Ali teme por su pequeño y ruega, impotente, que lo evacúen de la franja: “Lloro mucho porque no puedo hacer nada por Musab. No puedo ofrecerle nada. Apelo a la comunidad internacional para que le ayude a recibir tratamiento en el exterior”.

"Incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde"

En la capital gazatí también está Shaza. Desplazada del norte por la fuerza, se refugia con su hijo, su marido y otros 12 familiares. Está desesperada, porque conseguir comida es casi imposible: “Los niños de mi familia están desnutridos. Por culpa del bloqueo no hay comida saludable para ellos. Solo comemos una vez al día. No hay muchos productos en Gaza y los precios son muy caros”.

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Sin alimentos y con escasez de insumos, los médicos tratan esta desnutrición como pueden.

Daniela de Oliveira Mota, responsable de enfermería de Médicos sin Fronteras, explica que están desbordados, y que el suplemento nutricional que dan a los niños no solo no es efectivo sin una alimentación adecuada, sino que para la mayoría hoy sirve de única comida.

“Los niños que atendemos, en muchos casos, llegan con un aspecto esquelético, casi cadavérico. Con frecuencia esos bebés son hijos de madres que ya sufrían desnutrición durante el embarazo”, explica Daniela.

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Daniela agrega que, en la teoría, esta crisis podría resolverse con el ingreso irrestricto de ayuda. Pero, en el terreno, sus secuelas pueden ser irreparables en niños menores de 5 años.

La responsable de MSF no duda al decir que la desnutrición puede tener consecuencias permanentes a largo plazo; puede afectar seriamente su desarrollo físico y cognitivo; y que, en algunos casos, "incluso si los alimentos llegaran ahora, ya sería demasiado tarde".

En octubre próximo empezarán a llegar las primeras familias en los apartamentos de los edificios construidos para los Juegos Olímpicos de 2024, en Saint-Ouen, ciudad de la periferia parisina. Un proyecto ambicioso que, a pesar de no convencer a todos, infunde optimismo en la zona.

Una larga decena de edificios, de colores luminosos y estilo neo industrial, sobresalen entre antiguas tabernas y las casas bajas del viejo Saint-Ouen. Estas calles fueron protagonistas, hace un año, del ajetreo de 14.000 atletas que llenaban de maletas el departamento más pobre de la región parisina.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Francia, aquí el paro es cerca del doble que en París capital y más de la mitad de la población recibe prestaciones sociales para pagar el alquiler.

“Gentifricación planificada”

Ahora, el nuevo barrio -que ocupa un terreno equivalente a 70 campos de fútbol- se prepara para acoger las familias que vivirán en 2.800 pisos de nueva construcción. Los baños de las minúsculas habitaciones de los atletas dan paso a amplias cocinas de viviendas familiares.

En las calles vacías, los carteles anuncian la recta final de la “phase héritage” (fase herencia) de la Villa de los Atletas mientras se observan unas pocas parejas de obreros que ultiman los acabados desde terrazas de lujo. Algunas de ellas tienen unas espectaculares vistas al Sena y al distrito de la Defensa, el centro corporativo de París. Los emblemas de la capital se ven lejanos desde la periferia.

Pero, a pesar de la distancia con el centro de la capital, los precios de las nuevas viviendas salieron a la venta alrededor de 7.000 euros el metro cuadrado, por debajo de los 9.500 euros de media en París capital, y cerca del doble del conjunto del departamento norte de Seine-Saint-Denis, según datos de la Cámara notarial de París.

Durante los juegos, el proyecto levantó algunas críticas de colectivos como Saccage 2024, que argumenta que han subido los precios de la vivienda en el área y tachan el proyecto de gentrificación planificada.

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“Proyecto de desarrollo del espacio público”

Henri Specht, director de operaciones de la empresa publica SOLIDEO, argumenta que el proceso se ha realizado siempre en consultación con la comunidad local, mediante múltiples reuniones públicas, y que busca cohesionar socialmente la comunidad. “Es más que un proyecto inmobiliario. Se trata de un proyecto de desarrollo del espacio público. Organizamos dos grupos escolares que acogerán niños de dentro y fuera del perímetro de la Villa olímpica”; asegura Specht.

De las 2.800 nuevas viviendas, 1.500 han sido compradas directamente por CDC Habitat, una sociedad pública de gestión de vivienda, que los alquilara en diferentes regímenes. El compromiso es que el 25% del total sea de alquiler social.

Los vecinos con quien hablamos en los alrededores de Saint-Ouen se muestran optimistas. “Es un barrio hermoso, edificios bonitos. Sobre todo, nos permitió obtener nuevas infraestructuras, la construcción de la nueva escuela Aretha Franklin y la reconstrucción del estadio Pablo Neruda”, nos explicó Zhor en un centro deportivo. “Si son familias con niños, van a poner un poco de ambiente”, dice Montse, de origen ecuatoriano.

El proyecto implica mejoras en equipamientos públicos. La nueva macroestación de metro Saint-Denis Pleyel -inaugurada poco antes de los Juegos- ya opera con normalidad atravesando el centro de París. Progresivamente, y hasta 2030, el Gran París Express estrenará cuatro nuevas líneas de metro y 68 estaciones con el objetivo de establecer una red de conexión que permita moverse entre las banlieues (periferias). El resultado de esta transformación metropolitana se empezará a ver a partir de octubre, cuando los primeros habitantes de la Villa Olímpica dejen atrás el sonido de la obra.

Un informe publicado por la ONG relata prácticas en tres centros de detención de Florida que vulneran los derechos humanos y la legislación estadounidense en materia de migración. 

Hacinamiento, maltrato físico y psicológico, humillación e incluso muertes por falta de atención médica. La organización no gubernamental Human Rights Watch publicó el lunes 21 de julio un informe acerca de las violaciones de derechos humanos en tres centros de detención de migrantes en Estados Unidos, en el estado de Florida, entre los meses de enero y junio de 2025.

Estos abusos, resultado de la actuación sistemática y deliberada de los guardias de seguridad y de los agentes de inmigración del gobierno estadounidense en estas cárceles, son "el resultado de un sistema de detención fundamentalmente deficiente", según el informe, elaborado a partir de entrevistas con reclusos del Centro de Procesamiento de Servicios de Krome (Krome), el Centro de Transición de Broward (BTC, por sus siglas en inglés) y el Centro Federal de Detención (FDC, por sus siglas en inglés) en Miami.

"Algunas de estas personas estaban detenidas en los lugares donde hacen el procesamiento hasta 11 días, donde no había camas, el aire acondicionado estaba muy alto y tenían que dormir en el piso, sobre el cemento", señala Vicki Gaubeca, directora asociada de HRW para temas de migración.

El texto recoge casos en los que se obligaba a los presos a comer en el suelo como si fuesen perros, y también de mujeres forzadas a usar el retrete a la vista de los hombres. Sin embargo, los abusos comienzan antes de llegar a las instalaciones, dentro de los autobuses en los que transportan a los detenidos.

"Los trasladaban a todos encadenados, amarrados de pies, manos y cintura. También descubrimos que, en algunas ocasiones, los tuvieron detenidos en un autobús durante una noche entera, sin darles agua, ni comida ni la oportunidad de ir al baño. Es casi tortura", deplora Gaubeca.

Saturación de cárceles

En los tres centros de detención se supera la capacidad operativa. De acuerdo con el informe, en marzo, el número de detenidos en Krome era un 249% superior al nivel previo a la toma de posesión de Donald Trump, y en junio, los tres centros registraban una población un 111% más alta que antes de la investidura.

Esto se debe principalmente a que el número de personas arrestadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no ha hecho más que aumentar desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca. A finales de junio eran 56.000, un 40% más que hace un año. Es la cifra más alta en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, 7 de cada 10 detenidos no tenía antecentes penales.

Desde Human Rights Watch observan una vuelta de tuerca respecto de la primera administración Trump. "Lo que ahora estamos viendo es una intención por parte del presidente en cuanto al maltrato y la crueldad en contra de los inmigrantes. Lamentablemente, creo que vamos a observar un aumento en los abusos a los derechos humanos de los inmigrantes. De todos, no sólo de los detenidos, sino también de los que están en la comunidad".

A nivel estatal, 45 de los 181 centros de detención autorizados superaban su capacidad, según datos del ICE. La superpoblación de las cárceles "va a servir de pretexto a Trump para construir nuevas instalaciones como la de Miami", advierte Gaubeca, refiriéndose a la reciente y polémica "Alligator Alcatraz", situada en el parque nacional de los Everglades, al sur de Florida, con capacidad para 5.000 personas.

Human Rights Watch está investigando otros centros en los estados de Tejas, Arizona y California, donde ya se han detectando abusos similares. 

Cuatro crisis en simultáneo acechan el sistema de medios públicos de Europa. La crisis de financiación -con crecientes presiones contra el gasto público-, el lastrado impacto de las nuevas plataformas digitales y sus algoritmos, el deterioro de las garantías de independencia política y una crisis general de confianza pública. Esta es la radiografía que publicó el lunes Reporteros Sin Fronteras (RSF) en un nuevo informe sobre los medios públicos europeos.

Los periodistas de alrededor del continente intentan sortear una orografía de amenazas. En algunos casos, RSF va más allá del análisis: el informe acusa directamente a Italia de convertir sus medios en “portavoces gubernamentales” y a Hungría de utilizarlos como “instrumentos de propaganda del poder”.

Thibaut Bruttin, director general de RSF, se pregunta a quién sirven verdaderamente los medios: “¿Al servicio del público o del partido de turno? Este es uno de los mayores retos a los que se enfrentan hoy en día los medios públicos en Europa”. Elena García, representante de la ONG Reporteros Sin Fronteras, explica a RFI que “más de la mitad de los encuestados en este informe estiman que las presiones ejercidas sobre los medios son de naturaleza política. Vemos injerencias políticas a nivel europeo generalizado”.

Los ejemplos se suceden en múltiples países. Y no solo en los gobiernos comúnmente denominados ultraconservadores, como el de Meloni y Orbán. En Francia, la polémica gira en torno a una propuesta de fusión de los grupos públicos con el objetivo de centralizar los recursos. Mientras que, en España, las críticas se dirigen a una reforma ya aprobada en 2024 que redujo la mayoría necesaria en el Parlamento para nombrar a los directivos de Radio Televisión Española.

La ONG denuncia que no solo los medios públicos son el objetivo de las críticas de la clase política, sino que la presión llega también desde la tendencia global contra los impuestos. “El canon audiovisual, utilizado por 10 de los 27 países de la Unión Europea, suele ser un blanco fácil”, dice el informe.

Efecto contagio

Elena García, entrevistada en RFI, cuenta que se debe temer un “efecto contagio” de las políticas de recortes de los medios públicos de Donald Trump en Estados Unidos.

Trump ha dejado a mínimos el equipo de la radio pública estadounidense “Voice of America”, pero sus políticas también tienen un impacto en el otro lado del Atlántico. Su administración anunció el recorte total de todos los fondos a Radio Europa Libre, un emblema del periodismo público en Europa del Este desde la Guerra Fría y aún activo en la cobertura de la situación en Rusia, Bielorrusia y Ucrania.

El informe, sin embargo, también deja notas para el optimismo, como el aumento de la tasa audiovisual en la República Checa después de 15 años sin modificaciones. Ante la “oleada” de amenazas que identifica, Reporteros Sin Fronteras propone la creación de un organismo independiente que permita estimar las necesidades económicas de los medios públicos, un nuevo impuesto a las plataformas digitales que las financie y la creación de un medio audiovisual europeo que permita la supervivencia de Radio Europa Libre.

Más de 500 personas habrían muerto en Sweida, sur de Siria, tras varios días de enfrentamientos, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Este recuento se produce después de que el presidente interino Ahmed al-Shara anunciara el retiro de sus tropas de esa ciudad en un intento por evitar una guerra abierta con Israel después de que el ejército de ese país atacara Damasco supuestamente en defensa de la comunidad drusa de esta parte del territorio. Sin embargo allí, la comunidad está dividida y no todos están a favor de la protección de Israel, según un especialista entrevistado por RFI.

RFI conversó con Ignacio Alvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes de la Universidad Complutense de Madrid. 

El presidente sirio Ahmed al-Sharaa ordenó este jueves el retiro de sus tropas de la ciudad de ​​Sweida. Anunció ceder a los "líderes drusos" la responsabilidad de seguridad en la zona. ¿La autonomía histórica de esta minoría en Siria contradice los proyectos de las nuevas autoridades?

Es cierto que durante la época de la dictadura de Bachar al-Asad, las minorías fueron vistas como aliados del régimen, en tanto en cuanto la familia al-Assad también formaba parte de una de las minorías, los alauíes, para formar no una especie de entente entre las minorías. 

Y es cierto que siempre han tenido cierta protección por el régimen, pero nunca habían disfrutado de una autonomía tan grande como la que tienen en la actualidad, debido, sobre todo, a que se levantaron contra el régimen y conquistaron buena parte de las cuotas de poder. Y esta situación se ha mantenido en el tiempo. 

Con lo cual está claro que al-Sharaa, el nuevo presidente interino, quiere desarmar a todas las milicias armadas, independientemente de su etnia o de su confesión. Y aquí entran también las milicias drusas. 

Lo que está tratando de hacer el gobierno israelí es erigirse en protector de la minoría drusa para ganar voz en el futuro de Siria. Que toda la zona del sur esté desarmada y no haya presencia de las fuerzas de al-Sharaa. 

¿Qué tan dividida está la comunidad drusa ante las propuestas de amparo de Israel?

Están muy divididos. Entre otras cosas porque hay cuatro o cinco grandes líderes confesionales de la minoría drusa y no todos piensan exactamente lo mismo. Hay algunos, recordémoslo, que han firmado un acuerdo para que las fuerzas de al-Sharaa se retiren de toda la zona del sur. Y hay otros que hoy por hoy están en contra de ese acuerdo y prefieren mantener las hostilidades. 

Entonces hay una fractura, una división muy evidente dentro del propio liderazgo confesional druso. Y también esa fractura está siendo utilizada sobre todo por Israel para intentar ganar cuotas de poder y sobre todo, armar a los grupos más beligerantes para utilizarlos como una especie de proxy, como una especie de satélite para defender sus intereses en la nueva Siria que se está erigiendo bajo el liderazgo de al-Sharaa.

Hace unos días, Israel se estaba planteando la cuestión de normalizar relaciones con el gobierno de al-Sharaa. ¿Cómo interpretar los operativos israelíes de estos últimos días en Siria, incluídos los bombardeos en el corazón de Damasco?

A Israel le conviene un escenario de cuanto peor, mejor. Es decir, no está interesado en la estabilización de Siria, no está interesado en que el nuevo gobierno asiente su autoridad sobre el conjunto del territorio y está apostando claramente hacia la división, hacia la fragmentación, porque un enemigo tradicional como Siria es mejor mantenerla en esa situación de debilidad, de división, de fragmentación, porque esto permite de alguna manera avanzar sus intereses. 

Sus intereses son obviamente redibujar las fronteras de Oriente Medio en función de sus intereses, ir progresivamente creando las condiciones para cambiar y ampliar las fronteras del Estado de Israel. Y esto tiene mucho que ver con no solo el control de los Altos del Golán, territorios ocupados según la legislación internacional desde el año 1967, sino extender el control a otras zonas como Quneitra o como el Monte Hermón que estaban fuera de esas líneas ocupadas.

Zimbabue atraviesa una de las peores sequías de las últimas décadas. El presidente, Emmerson Mnangagwa, declaró el estado de catástrofe el año pasado, y las cosechas de este año han sido igualmente escasas. En uno de sus efectos más sombríos, la crisis climática está alimentando un alarmante aumento de los matrimonios infantiles. La desesperación económica lleva a muchas familias a casar a sus hijas menores de edad como medio para reducir la carga alimentaria del hogar o recibir una compensación económica.

Un reportaje de Irene Savio, en el sur (Bulawayo) y oeste de Zimbabue

En una aldea rural del oeste de Zimbabue, Lungisani Nyathi, un hombre de 39 años, custodia uno de los pocos pozos de agua que no se han secado por la sequía que, el año pasado, obligó al país a declarar el estado de catástrofe y acabó con gran parte de las cosechas de las que depende la población.

"Podría ocurrir"

"El agua no es suficiente, es poca y por eso la gente sufre mucho", cuenta. Lungisani tiene cuatro hijos, incluida una bebé de 10 meses que vive con él y su esposa en una especie de choza construida sobre un suelo árido y rojizo. La bebé es su única hija, y a Lungisani le preocupa que ella también sufra el destino que cada vez más niñas en esta región enfrentan: ser niñas esposas.

"Es algo de lo que mi esposa y yo hablamos cada vez que oímos hablar de otra niña a la que le ha pasado. Es duro, pero, si esto sigue así, sí podría ocurrir", dice Lungisani, con cierta resignación, al explicar que es poco lo que puede ofrecer a sus hijos.

"Sequías cada vez más continuadas y extendidas"

Junto con la organización británica Mary's Meals, la ONG zimbabuense ORAP reparte comida a 56.000 niños en 170 escuelas del país. Mvuse Huni, su directora ejecutiva, explica que el proyecto también busca prevenir fenómenos como los matrimonios infantiles —al permitir que los niños acudan a las escuelas en lugar de quedarse en sus casas—, que están en aumento como consecuencia de la inseguridad alimentaria provocada por el cambio climático.

"Sin duda, están aumentando las menores embarazadas y las que se casan", dice Huni, al explicar que esto se debe a que muchas familias en las zonas rurales viven de la agricultura y, cuando hay sequía y el clima se vuelve más extremo, la agricultura se vuelve más difícil, al igual que la vida de esas familias. "El problema es que las sequías están siendo cada vez más continuadas y extendidas en el tiempo", añade Huni.

"Una estrategia de supervivencia"

"Es una estrategia de supervivencia, porque no hay suficiente comida", dice Thadine Mpone, una maestra de otra escuela del distrito de Nyati que también participa en el proyecto. Mpone explica que la escasez de agua y el hambre están llevando a muchas niñas a abandonar sus estudios, quedar embarazadas y buscar un marido para poder sobrevivir. Aunque también es una forma de reducir la carga alimentaria en sus hogares de origen.

Los matrimonios infantiles son ilegales en Zimbabue, pero en parte también tolerados por la sociedad, lo que dificulta tanto su análisis como su erradicación. Según investigaciones de organizaciones como Plan Internacional, en el país hay más de un millón de mujeres que fueron niñas esposas, víctimas de un círculo vicioso, ahora también alimentado por la crisis climática, que perpetúa la injusticia.

Este sábado se cumple un mes desde el inicio de la guerra de misiles entre Irán e Israel, un conflicto que duró doce días y que evidenció para los israelíes la falta de refugios en todo el país. En especial, en las ciudades árabes. Nuestras enviadas especiales Melissa Barra y Justine Fontaine viajaron a Tamra, en el norte de Israel, donde la población pide que se construyan lugares públicos para refugiarse de los bombardeos.

De regreso de Tamra en Israel, Melissa Barra y Justine Fontaine

Un misil cayó en una casa grande de Tamra, en el norte de Israel. No queda nada del segundo piso y lo que sigue de pie podría derrumbarse en cualquier momento.

Cuatro mujeres y una adolescente murieron aquí el pasado 14 de junio.

"Estaba sentado afuera y vi el misil caer. Todo ocurrió en unos segundos. La explosión me lanzó hacia atrás, hacia mi casa. Nosotros no hemos recibido ayuda ni del gobierno y de la alcaldía, nos tocó a nosotros recoger los escombros de la casa. Nadie vino a vernos”, dijo a RFI Hamoudi, el vecino de enfrente, que estaba en el portico de su casa y presenció todo.

A Hamudi le tocó alquilar otra casa. Sus vecinas eran de las pocas en tener un refugio privado en casa, pero no estaban adentro cuando se produjo la explosión.  

De hecho, en esta ciudad de 37.000 habitantes, la mayoría de la gente no tiene acceso a ningún tipo de resguardo. 

Desamparados por el Gobierno

Mohammed Shoko Abu El Hijaes encargado de emergencias en Tamra. Lamenta que el gobierno no les provea refugios públicos. 

  "No tenemos refugios públicos. En la mayoría de las ciudades israelíes hay muchos refugios públicos. Pero creo que ningún pueblo árabe tiene. Pocas casas cuentan con resguardos privados. La mía no tiene y cuando suenan las alarmas nos metemos bajo la mesa. La gente aquí apenas tiene con qué comer, ¿cómo van a pagarse un refugio?”, aseguró Mohammed Shoko Abu El Hija.  Un refugio, ya sea publico o privado, cuesta decenas de miles de dólares. La municipalidad y el gobierno israelí culpan el uno al otro. Mohammed Shoko Abu El Hija cree que su ciudad, más pobre que el promedio nacional, no tiene los recursos.

Han pasado 30 años desde que las tropas serbias mataron a más de 8.000 bosníacos en el municipio de Srebrenica. Hoy, miles de personas les rinden homenaje en una Bosnia que sigue sin superar sus heridas frente a un persistente negacionismo serbio.

“Sucedió lo peor. Para mí y mi familia, la familia de cuatro ha sido dividida por la mitad. Mi hijo y mi esposo fueron asesinados, solo mi hija y yo seguimos vivas”, cuenta Fadila Efendić. Ella explica cómo durante semanas iba por las fosas buscando el cuerpo de sus seres queridos, sin suerte alguna.

Ćamil Duraković tenía 16 años cuando huyó a las montañas escapando de las tropas serbias: “Estábamos todos los días bajo la presión de los ataques de los serbios, que capturaban y se llevaban a la gente. El primer día, perdí a mi tío y a sus dos hijos. Y todavía hoy, 30 años después, siento que sigo corriendo”, dice.

Ellos no son los únicos, casi todos en Srebrenica tienen historias de aquel mes de julio de 1995, cuando las tropas serbias dirigidas por Ratko Mladić entraron en este municipio al este de Bosnia cercano a la frontera con Serbia. Allí atraparon a la mayor parte de los bosníacos (de confesión musulmana), los mataron y los arrojaron en fosas comunes. Más de 8.300 personas perdieron la vida en pocos días.

“El batallón [holandés] estaba del lado de Mladić”

En ese momento, Bosnia llevaba tres años de conflicto armado que enfrentaba a las fuerzas serbias contra diferentes facciones bosnias y croatas, pero Srebrenica se consideraba una zona desmilitarizada y albergaba un batallón de la UNPROFOR, las fuerzas de Naciones Unidas que debían velar por el alto el fuego.

Los encargados de salvaguardar la seguridad de las alrededor de 30.000 personas que se refugiaban en esa ciudad, era el batallón holandés Dutchbat III, que contaba con unos 400 cascos azules. Unos soldados que, como lo expresaría en su condenó el tribunal internacional de La Haya, "entregarían" a las tropas de Mladić, unos 350 bosníacos que se refugiaban en su base.

Fadila Efendić, quien fue una de las fundadoras de las Madres de Srebrenica, la organización que representa a las víctimas de Srebrenica y la que llevó a los tribunales al batallón holandés, enfatiza que “la ONU es responsable y culpable de que el batallón holandés no actuara, de que no nos protegiera. Si hubieran tenido la voluntad de protegernos, habrían enviado refuerzos a los soldados holandeses. [Los holandeses] se pusieron del lado de los Chetniks —tropas serbias—, y nos dejaron en sus manos para que hicieran lo que quisieran”.

Para Duraković, “el batallón estaba del lado de Mladić y esa historia no puede ser borrada. Todo lo que concierne al batallón holandés es una mala experiencia para nosotros. [Las pintadas encontradas en las paredes de sus cuarteles] son el mensaje que nos dejaron”. En esas pintadas se leen expresiones racistas que los soldados holandeses escribieron sobre los bosnios durante su tiempo en Bosnia.

“Los que tenemos hoy es negación”

El genocidio de Srebrenica sería la última masacre que las tropas serbias realizarían en Bosnia. El conflicto se acabaría ese mismo año con la firma de los Acuerdos de Dayton, los cuales dividieron el país en dos entidades: la Federación Bosnia y la República Srpska. Hoy, Ćamil Duraković es un político independiente que se ha convertido en vicepresidente de la República Srpska y denuncia el negacionismo de esta entidad al genocidio: “Lo que tenemos hoy es negación. Negación de las autoridades oficiales de la República Srpska, que siguen sin aceptar los hechos del pasado. Y cuando no aceptas la verdad, es muy difícil reconciliarse”, afirma.

Y es que, aunque en 2004, el TPIY (Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia) reconoció oficialmente los crímenes cometidos en Srebrenica como genocidio, y en 2007 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo confirmó, la República Srpska continua no reconociendo que los crímenes cometidos en Srebrenica fueron graves. Aseguran que no se trató de un genocidio y que el uso del término es un intento de criminalizar al pueblo serbio.

Sin embargo, y a pesar de esto, el pasado año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución por la que se establece que cada 11 de julio, es el día anual para recordar este genocidio. “Desde el principio, se trató de demostrar la verdad y la justicia, de abrir las fosas comunes, de identificar a nuestros seres más queridos, de darles un entierro digno de un ser humano. Y, en particular, un gran logro fue la creación del centro conmemorativo, gracias al cual ahora se sabe dónde está el cementerio, desde dónde partieron y adónde regresaron, aunque lamentablemente en ataúdes. Y aún queda mucho por hacer: los criminales de guerra deben ser encontrados e identificados”, explica Efendić.

Viviendo con el recuerdo

Han pasado 30 años desde el genocidio de Srebrenica y desde el fin de conflicto en Bosnia. Tres décadas en las que la población ha seguido adelante con el recuerdo de las masacres y con un país que sigue funcionando bajo las directrices de los Acuerdos de Dayton, los que para Duraković “no son una solución justa para este país […] nadie en este momento vive según Dayton. Tenemos la Constitución y el sistema de Dayton, pero todo el mundo actúa de forma diferente”.

Este 11 de julio de 2025, miles de personas llegaron al memorial del genocidio, donde fueron enterrados los siete cuerpos identificados este año. De las más de 8.300 víctimas del genocidio, aún quedan más de mil sin localizar. Porque aunque hayan pasado 30 años, Bosnia y sus ciudadanos siguen viviendo con el trauma de sus recuerdos.