Atando cabos

Ante el volumen importante de información que conocimos en los informes de la UCO entregados al juez del Tribunal Supremo semanas antes de Navidad hubo cuestiones, detalles de la investigación interesantes que pasaron algo mas desapercibidas. Centrados, como es obvio, en las actividades presuntamente ilícitas de Santos Cerdán y de su empresa “Servinabar”. De como el modus operandi consistía en presentarse a concursos de la mano de una gran empresa, concursos presuntamente amañados con anterioridad. De como luego percibía un porcentaje de mordidas. Además de todo lo relacionado con Santos Cerdán, Ábalos y Koldo, en el informe 96/2025 de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregado al magistrado, existía un archivo de Word titulado «PETICIONES NOMBRAMIENTOS PNV.docx» y que recoge las exigencias de nombramientos que el Partido Nacionalista Vasco trasladó al PSOE en los días inmediatamente posteriores a la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno el 1 de junio de 2018.

Descolocados todos. Gobierno, PSOE, PP, Vox, Sumar, Podemos, los colectivos de venezolanos en el exilio, la oposición política dentro y fuera de Venezuela. Atónitos la mayoría. La reacciones en España de lo ocurrido en Venezuela, la operación militar primero, la detención de maduro después, y los planes posteriores han sido contradictorias, extrañas, y sobre todo cambiantes. De hecho la reacción primera de cualquiera de ellos no tiene nada que ver con la reacción posterior.

Había pasado 560 días sin votar. 560 días sin que nadie expresara su voluntad a unas urnas. Hasta que los ciudadanos extremeños votaron el domingo 21 de diciembre. Es decir, era la primera cita con las urnas para evaluar, examinar, el sanchismo de los últimos casi dos años. Era la primera muestra real en las urnas, no encuestas, la primera prueba después de todo lo que ha ocurrido en este país durante esta legislatura. Con los casos y escándalos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE, con los dos secretarios de organización del PSOE en la cárcel, Con las denuncias de acoso sexual y con un Gobierno sin mayoría, sin poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ni ninguna ley importante.

De entre todos los informes de la UCO e informaciones que hemos conocido en los últimos días hay uno que llamaba la atención especialmente y que corresponde a una trama de las que menos se ha hablado pero que los investigadores consideran de las más importantes por el volumen supuestamente defraudado y malversado y por la cantidad de ramificaciones que contienen: el caso hidrocarburos. El que investiga una presunta organización criminal dedicada al fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales en el sector de distribución de carburantes en España.

Solo en esta semana. Solo en 48 horas: Dimitía un senador, miembros de la Ejecutiva Federal del PSOE, dimitía parcialmente también el presidente de la Diputación de Lugo por escándalos de acoso sexual, aparecía otros casos más que afectaban al asesor de Moncloa Paco Salazar, era detenido el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, mano derecha de la vicepresidenta MJ Montero, la militante socialista Leire Díez, y el constructor socio de Santos Cerdán, Joseba Antxon, todos acusados de los del de pertenencia a organización criminal, malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias.

Nos permitimos hacer un paréntesis en medio de la erupción, la avalancha de la actualidad política y judicial de todos los casos de corrupción que asfixian al Gobierno y al PSOE. Habrá novedades, importantes la próxima semana de la que daremos cuenta. Pero detengámonos hoy en otro asunto que merece ser contado y denunciado. Y que tiene que ver con la Cultura. Con una faceta de la Cultura y del ministro actual de Sumar, Ernest Urtasun. El Ministerio de Cultura ha excluido deliberadamente a Ignacio Sánchez Mejías de los actos oficiales del centenario de la Generación del 27, desatando una ola de críticas en el mundo cultural y académico.

El trullo. La trena y el chabolo. La trena de Santos Cerdán. El Trullo de Ábalos. Y el chabolo de Koldo García….Lo que ha ocurrido en este país en los últimos días sobrepasa el umbral del escándalo.

El Gobierno vuelve a estar en estado de shock. Quizá no tanto como el pasado mes de junio cuando se decretó el ingreso en prisión del todopoderoso Santos Cerdán mano derecha en el partido de Pedro Sánchez, pero el demoledor informe ultimo de la UCO sobre las actividades de la empresa de la que era a su vez propietario Santos Cerdán, Servinabar, los indicios probatorios contra su mujer, su hermana, su cuñado. Y sobre todo la primera cuantificación en porcentaje y en millones de euros de los supuestamente malversado por la trama, han vuelto a encender todas las alarmas en Moncloa.

Operación Cloacas. De entre todos los casos de corrupción que hemos venido conociendo en el último año a uno de carácter especial. En el que no se habla de supuesto blanqueo de capitales, ni de mordidas por obra pública, se habla, se investiga, se ha comenzado a destapar algo que puede ser más preocupante: Un presunta operación encubierta, diseñada desde la sede socialista de Ferraz y con el beneplácito y consentimiento de la cúpula, para impedir, por distintos medios, el normal funcionamiento del Estado de Derecho e impedir que las cusas judiciales que afectaban y afectan al PSOE y al propio Pedro Sánchez pudieran prosperar. Campañas diseñadas a personas y organismos concretos con datos inventados, y dirigidas a jueces, fiscales, guardias civiles, y medios de comunicación. Esto es el caso Leire, el caso cloaca. Que se destapó con unas grabaciones y que desde entonces mantiene en vilo al PSOE y a Moncloa. Un país donde el poder político actúa con intimidación y prácticas irregulares contra determinados personas, sectores e instituciones con la intención de silenciarlos, es algo que contraviene los principios propios de la democracia. Nos situamos en un plano diferente. Las cloacas como la corrupción del resto de corrupciones

No están contentos en la Fiscalía. Ni en la Abogacía del estado. Ni en el Gobierno, aunque todos tienen un objetivo común, salvar al Fiscal General del Estado. Salvar al soldado Ortiz. Salvar a Álvaro García Ortiz. El comienzo de un juicio inédito -nunca un Fiscal General del Estado, estando en su cargo, se ha sentado en el banquillo de los acusados-. Nunca un Fiscal General ha estado acusado de uno de los delitos más graves en el ejercicio de sus funciones: el de revelación de secretos de un ciudadano por ganar un relato político. El de desvelar los datos personales y fiscales de un ciudadano ( ya sea el novio de Ayuso o cualquier otra persona). Nunca un Fiscal General del Estado ha podido vulnerar algo tan sagrado jurídicamente como el derecho de defensa.