Atando cabos

Hay un viejo refrán español —de esos que sobreviven porque destilan una verdad inagotable— que dice que cada uno arrima el ascua a su sardina. En la España de la polarización permanente, del muro levantado contra el adversario como consigna de gobierno, de los bandos que se atrincheran en sus propias realidades paralelas, ese refrán ha encontrado su versión pontificia: todos han querido arrimar el Papa a su sardina.

Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez Santiago Pedraz el informe 89/2026 —un documento de cientos de páginas con grabaciones, correos electrónicos, mensajes, facturas y conversaciones que durante meses había permanecido bajo secreto de sumario—, la pregunta que sobrevolaba la Audiencia Nacional era la misma que muchos ciudadanos se habían formulado durante años: ¿hasta dónde llegaba realmente la mano del poder?

Lo que describe el último auto del juez Pedraz tiene una dimensión diferente, quizás inédita en nuestra democracia: no es la corrupción de individuos que aprovechan el poder para enriquecerse, que ya es grave, sino la conversión del aparato de un partido de gobierno en instrumento de obstrucción sistémica a la acción de la justicia.

El Pana y el Lacayo

Por las costas del sur de España no solo entra droga. Entra también una sensación cada vez más extendida entre quienes patrullan el mar y las playas: la de estar librando una batalla desigual.

Concluyó el primero de los grandes juicios de corrupción que afectan al PSOE de Sánchez y al Gobierno. El primero de otros tantos, el primer gran proceso contra quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez, el ministro con mayor peso político del Gabinete desde el inicio: José Luis Ábalos, la persona que también llevaba las riendas del PSOE desde la Secretaría de Organización, acompañado siempre de su fiel escudero, Koldo García.

Retumbaron en las paredes de la sala de vistas del Tribunal Supremo. Vicotr de Aldama, el empresario central de la trama, el nexo corruptor, confesó, acusó, se volvió autoinculpar. Y aportó la principal prueba: él mismo. Su propio testimonio. Porque no hay que olvidar, hay que tenerlo siempre muy presente, el hecho de que Aldama es el acusado que está colaborando con la Justicia.

¿Realmente es tan polémico ese término, y esa práctica? ¿De qué estamos hablando? De una violación de la Constitución, como dijo Pedro Sánchez, o de algo que en la práctica, las administraciones públicas españolas ya aplican bajo el nombre y el criterio de arraigo —aunque no siempre con ese nombre— para ordenar el acceso a recursos escasos? Pocas expresiones han generado tanta discusión reciente como “prioridad nacional”. Introducida en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura primero, y replicada después en Aragón, la fórmula ha actuado como un auténtico catalizador del debate político. No es casual. El concepto, de resonancias europeas —especialmente vinculado a la derecha francesa—, aparece en documentos oficiales como un principio orientador para el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y servicios sociales. Sin embargo, su redacción en los acuerdos no es tajante. Lejos de establecer una exclusión directa por nacionalidad, los textos pactados no hablan de prioridad nacional. Literalmente los textos hablan de “arraigo real, duradero y verificable” como criterio para priorizar el acceso a recursos públicos. Ahí reside una de las claves de la controversia: ¿se trata de una medida de discriminación o de un criterio administrativo ya existente bajo otro nombre?

Si hay una causa judicial relacionada con la corrupción que ha preocupado y preocupa realmente a Pedro Sánchez, con independencia de que sea la más grave de las que se están investigando y juzgado, es la de la que afecta a su mujer, Begoña Gómez. La que provocó en su momento aquello inéditos 5 días de reflexión del presidente del Gobierno que terminó con una declaración en la que se manifestaba víctima de una persecución de bulos por parte de pseudomedios.

La primera semana del juicio del llamado caso Koldo, caso Ábalos en el Tribunal Supremo no ha traído grandes revelaciones, pero sí algo más corrosivo: la confirmación, bajo juramento, de un relato que durante meses parecía excesivo incluso para los estándares de la política española. Y, sin embargo, ahí está. Y de forma sorprendente este juicio que en realidad juzga unos hechos muy graves, lo suficientemente graves como el cobro de comisiones y mordidas a cambio de material sanitario en lo peor de la pandemia, se ha visto incrementado por testimonios que hablan del trasiego de billetes en metálico en la sede de Ferraz , fajos en metálico, sobres y bolsas de billetes. Desde el martes, el banquillo ocupado por un exministro de Transportes —José Luis Ábalos—, su asesor más cercano —Koldo García— y el empresario Víctor de Aldama ha proyectado una imagen difícil de digerir: la de un núcleo de poder donde lo público y lo privado se entrelazaban con una naturalidad inquietante. Uno de los elementos más perturbadores de la semana ha sido la reiteración, desde distintos ángulos, de un mismo hilo conductor: el dinero en efectivo circulando en torno al entorno del exministro.