Jaime Ortega es abogado salvadoreño de la firma Bufete Grupo Ortega. Ha sido contratado por el Gobierno de Venezuela para representar a 35 venezolanos que estarían encarcelados en la mega cárcel CECOT tras su expulsión de Estados Unidos. Detalla al micrófono de RFI las solicitudes que ha presentado a la justicia salvadoreña y las próximas etapas.

RFI: ¿Ha podido usted entrar en contacto con sus clientes desde que fue contratado para representar a unos 35 venezolanos que estarían detenidos en el CECOT? 

Jaime Ortega: El centro de detención tiene sus propias normas y su protocolo con reglas restringidas, ya que es centro de confinamiento para el terrorismo. Razón por la cual nosotros hemos presentado solicitudes pertinentes a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para pedirles que les haga un acompañamiento. La Constitución de la República Del Salvador establece que debe ser la titular de dicha institución la que vele por sus derechos. No hemos tenido respuesta alguna.  

Asimismo hemos solicitado al director general de centros penales que viabilice un canal para poder comunicarnos con nuestros representados y hacer valer el derecho a la asistencia de un abogado, ya que ellos se encuentran guardando detención en un centro de máxima seguridad. Hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna. Consideramos que las instituciones están tomando los análisis pertinentes y lo resolverán una vez transcurran las vacaciones de Semana Santa. 

RFI: ¿Que ha podido saber usted sobre las condiciones de detención? ¿Ha podido confirmar incluso que efectivamente esas personas se encuentran en esa cárcel? 

Jaime Ortega: Información oficial, ninguna, ya que el caso tiene reserva por parte de las instituciones. Extraoficialmente, sí, según la lista que se maneja, que fue filtrada por CBS y cuya fuente de era el portal del FBI. Fueron reconocidos por sus familiares en los medios de comunicación de los videos y las fotografías que transcurrieron en la web.  

Estas personas no han cometido delito alguno en nuestro país, en El Salvador. Por lo tanto, debemos considerar de buena fe que están con un tratamiento diferente al tratamiento penitenciario que tienen el resto de internos, en un sector aparte.  

Se especula que se encuentra en el sector 8 y al menos asistidos por una clínica médica que se encuentra en ese sector. Que su alimentación y su alojamiento se está llevando a cabo de una manera diferente al tratamiento penitenciario que rige ese centro de detención. 

RFI: ¿Qué le permite suponer que estarían en un ala distinta a la de los demás reos? 

Juan Ortega: Están en un centro de detención de máxima seguridad, pero ellos no han cometido ningún crimen acá en el país, ni mucho menos en los Estados Unidos de América. Washington no ha tenido por lo menos la delicadeza de enviarnos aunque sea una sentencia condenatoria de uno de estos jóvenes detenidos en el CECOT que establezca que han sido juzgados y condenados en los Estados Unidos por pertenecer a algún grupo criminal. No tenemos nada de eso, ningún documento oficial.

Lo que tenemos de Washington es que más de 150 de estas personas tenían una situación irregular migratoria en los Estados Unidos. Por lo tanto, consideramos que, si se encuentran en calidad de situación de migrantes, pues no debe de aplicárseles un régimen penitenciario de máxima seguridad, sino que debe de ser un tratamiento diferente al tratamiento de un convicto. Eso es lo que nosotros especulamos sobre la base de los mismos reglamentos que asisten a estos centros penales.  

RFI: Han presentado una habeas corpus para que la Corte Suprema de Justicia permita la liberación de estas personas. ¿Qué contempla el marco legal salvadoreño en este caso que es inédito? 

RFI: Consideramos de que el habeas corpus era el tratamiento principal para que la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia determine que estas personas no deben de estar ni un momento más en ese lugar, en virtud de que no han cometido delito alguno dentro de la República del Salvador y de que no se establece que hayan cometido delitos en otros países.  

Además del habeas corpus, estamos considerando también la situación de plantear una demanda de inconstitucionalidad de este supuesto convenio, acuerdo o tratado - que no existe - entre Estados Unidos y El Salvador. Consideramos activar los mecanismos de las Naciones Unidas y el derecho internacional público.  

Vamos a mover un asilo territorial para estas personas con la embajada de un Gobierno que los asile, para que sean de manera ordenada y sistemática repatriada hacia su país de origen, Venezuela. 

RFI: El Gobierno venezolano que lo contrató para defender a estas personas, calificó ese encarcelamiento de secuestro. ¿Es posible en este caso hablar efectivamente de secuestro? ¿Cómo espera que la justicia salvadoreña se apropie del caso para poder invalidar las detenciones? 

Juan Ortega: La Corte Suprema de Justicia y la sala de lo constitucional tienen jurisdicción. Estados Unidos han manifestado que a esta persona se les ha expulsado y ha enviado el problema a El Salvador. Como es el caso para el salvadoreño Kilmar Ábrego García, Estados Unidos dice ya no tener jurisdicción.  

Es una situación que, conforme a la historia de nuestro país, solo se establecía en el tiempo del esclavismo, cuando se trataban con esclavos y se comercializaban. Ello, lamentablemente, esta situación en nuestro país nos establece un retroceso jurídico. 

En esa misma condición están los 238 venezolanos. A nosotros 35 familias venezolanas nos han otorgado el poder, pero nosotros por extensión también procuramos por la totalidad. De alguna manera las instituciones del Estado salvadoreño deben de resolver. 

RFI: ¿Cómo es el calendario? ¿Cuánto puede demorar el órgano judicial en zanjar sobre este caso? 

Juan Ortega: No hay un plazo determinado. La sala de lo constitucional está haciendo los análisis pertinentes y va a tomarse el tiempo suficiente para alimentarse y retroalimentarse sobre esta situación inédita. 

Y cuando agotemos las instancias nacionales, ya nos habilita también para las situaciones de orden internacional. 

RFI: ¿Cree usted que el órgano judicial en El Salvador tendrá la Independencia suficiente ante el ejecutivo para dar razón al derecho que protege a estos migrantes? 

Juan Ortega: Aquí se va a poner a prueba la institucionalidad democrática de El Salvador. Confiamos que nos encontramos todavía dentro de un sistema democrático, porque las instituciones ahí están. Ahí vamos a ver cómo ellas se identifican.