RFI entrevistó en París a  Alejandro Ramelli, presidente en Colombia de la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, uno de los tres pilares sobre los que se erige el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, creado por el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno de Colombia y la entonces guerrilla de las Farc-EP.

En septiembre, la JEP emitió las dos primeras sentencias restaurativas que marcan un hito en la historia de la justicia transicional. Nunca, ni en Colombia ni en el mundo, una guerrilla que no fue derrotada militarmente y un Estado cuyos agentes perpetraron atrocidades habían aceptado someterse o someter sus crímenes al juicio de un tribunal imparcial como la JEP.     

RFI: ¿Qué es una sentencia restaurativa y qué es lo que la diferencia de las sentencias emanadas por la justicia penal ordinaria?

Alejandro Ramelli:  Primero hay que aclarar que la justicia restaurativa no es lo mismo que la justicia transicional. Yo aclaro que aquí se trata de justicia transicional restaurativa. La la justicia restaurativa es un concepto que surgió hacia los años 70. Por ejemplo, para infracciones cometidas por menores de edad, grupos étnicos que dentro de sus prácticas tradicionales tienen justicia restaurativa o para delitos menores. Eso es lo que hay en el mundo.

Pero lo que no había es que en un proceso de paz se implemente la justicia restaurativa para los peores crímenes cometidos en la guerra. Eso es lo novedoso novedoso y eso fue lo que permitió la desmovilización de la guerrilla más grande de Colombia. Antes, las guerras en Colombia se terminaban con amnistías y no había reconocimientos de responsabilidades, no había verdad, donde no participaban las víctimas y así terminaban todas las guerras. Asi se terminaban las guerras en el siglo XVIII, XIX o XX.

RFI: O no se terminaban...

Alejandro Ramelli: Exacto. Esta es una justicia que dice acá van a haber beneficios, pero con condiciones. Y la principal condición es el aporte a la verdad. En la justicia ordinaria el protagonista es el procesado y no la víctima. La víctima puede participar o no participar. Y finalmente, la verdad es la que queda consignada en la sentencia.  Si la persona es declarada culpable, se va a la cárcel, así nunca diga la verdad. La justicia reparativa es distinta porque está centrada en las víctimas, en un diálogo entre las víctimas y victimarios. Lo más importante es el proceso y no la sentencia.  Aquí lo más importante es toda esa verdad que las víctimas recibieron a lo largo del proceso y la transformación que también hemos visto en comparecientes. Yo he investigado el caso 03 y he entrevistado a más de 230 militares que cometieron ese tipo de ejecuciones extrajudiciales y muchos de ellos lo han visto como un escenario de sanación para sí mismos. O sea, la justicia restaurativa no solamente sana las víctimas, sino también los victimarios. Y ese es un mensaje de reconciliación.

RFI: La primera sentencia restaurativa emitida por la JEP  se refiere al llamado caso 01 contra siete exintegrantes del Secretariado de la hoy extinta Guerrilla de las FARC-EP por la política de secuestros masivos -más de 20.000 personas- y por el trato inhumano que padecieron durante su cautiverio. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el excomandante máximo de la extinta FARC, junto a otros seis ex líderes sentenciados, deben responder por el crimen de guerra de toma de rehenes y por el crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad. Esto es un hito histórico. Sin embargo, hay quienes critican la levedad o ligereza de las penas. Hablemos de eso.

Alejandro Ramelli: Yo quiero hacer un paralelo entre lo que había antes y lo que hay ahora. El Secretariado, efectivamente, estaba condenado a penas privativas de la libertad de 40 a 50 años dictadas en un proceso en ausencia, sin ninguna participación de víctimas y que, finalmente, jamás se cumplieron. ¿Qué tenemos ahora más allá de la desmovilización? Un secretariado de las FARC que públicamente reconoció ante sus víctimas de secuestros por financiación, víctimas del intercambio humanitario - policías, militares, agentes del Estado- y víctimas por control territorial. El secretario de las FARC nunca había estado ante un juez y menos ante una víctima. Y durante tres días tuvieron que escuchar a sus víctimas. Y pidieron perdón. Y están condenados por 13 crímenes internacionales. Primero, por haber planeado y ejecutado la política secuestro, pero también por no haber controlado sus tropas y eso llevó a que las víctimas de secuestro sufrieran violencia sexual, fueran desaparecidas, torturadas y sufrieran todo tipo de vejámenes.

Entonces, es una condena histórica porque, si uno lee la sentencia detenidamente, está la voz de las víctimas. Ahí están sus relatos y eso nunca había pasado.

RFI: Y, tal vez, eso garantiza que no vuelva a ocurrir o, al menos, es un buen terreno para no repetirse.

Alejandro Ramelli: Es que el mensaje está muy claro para los que siguen en armas porque todavía hay muchas guerrillas en Colombia:  el ELN, las disidencias de las FARC. Más todos los grupos paramilitares. Ninguna lucha revolucionaria justifica la comisión de esos delitos. Y eso lo dijo Rodrigo Londoño en audiencia: “Nos equivocamos y por la lucha revolucionaria cometimos ese tipo de crímenes”.

RFI: La segunda sentencia restaurativa emitida por la JEP hace referencia al caso 03, los llamados "falsos positivos": asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas de personas civiles con el objetivo de presentarlas como guerrilleros muertos en combate con agentes del Estado. Cinco oficiales, cuatro suboficiales y tres soldados, todos en retiro, que pertenecieron al batallón de artillería en la Popa, departamento de Valledupar en el Caribe colombiano, aceptaron ser los máximos responsables de una alianza criminal con grupos paramilitares de extrema derecha para asesinar a 135 civiles y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate entre los años 2002 y 2005. La mayoría de estas víctimas pertenecían a los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo. ¿Por qué apenas hay una sentencia restaurativa cuando se habla de 6402 civiles asesinados en el marco de este crimen atroz? Hablemos de lo que la JEP ha hecho en este macro caso.

Alejandro Ramelli: Bueno. Primero hicimos una investigación por territorios más críticos, o sea, los departamentos que tenían más casos, empezando por Antioquia, que reagrupó el 25% de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Esa fue la fase territorial que terminamos esa semana. Ya hemos imputado a veinte antiguos generales de la República. Ningún general había sido imputado por ese tipo de delitos. De esos veinte, cinco han aceptado su responsabilidad -que tampoco nunca había sucedido-, diez no han aceptado y se irán por las adversarial y los otros están en término para decidir si aceptan o no.

También, logramos la aclaración de los patrones macro criminales. Nunca se había dado. O sea, hemos podido establecer como esa alianza paramilitar que se dio en muchas unidades militares desde el año 2002 -o, incluso, antes- hasta el año 2005 en el que parte de ellos se desmoviliza, es una explicación de los falsos positivos. Luego de esa desmovilización en 2005 y hasta 2008 cambia el perfil de las víctimas y son principalmente personas en condiciones de vulnerabilidad. Como hicimos una macro investigación y pudimos escuchar comparecientes de diferentes territorios, logramos establecer que era un fenómeno completamente nacional, o sea que no fueron ni manzanas podridas, ni casos aislados, porque se dieron en lugares muy distantes por personas que no se conocían. Y yo creo que lo más importante, más allá de las cifras, es derrotar el negacionismo porque cuando comenzamos a investigar, nos dimos cuenta de que había una enorme impunidad en esos casos y que la versión oficial era que se trataba de casos aislados o personas que malinterpretaron las órdenes y demás. Eso está ya desvirtuado judicialmente.

RFI: ¿Quiénes son las personas que en la JEP se encargan de este macro caso? Estamos hablando de más de 6000 víctimas.

Alejandro Ramelli: Estamos hablando de tres magistrados.

RFI: Únicamente tres…   

Alejandro Ramelli: Tres, la magistrada Catalina Díaz, el magistrado Óscar Parra y el suscrito.

RFI: ¿Es posible que más de 6000 personas no obtengan una sentencia que toque específicamente su caso?   

Alejandro Ramelli: Es una pregunta compleja. No tenemos capacidad de resolver absolutamente todos los casos que tenía que haber resuelto la justicia ordinaria. Pero sí vamos a dar una explicación global al conjunto de esas víctimas. Y, además de eso, la situación de quienes no hacen parte de este grupo de máximos responsables está siendo analizada por la sala de definición, que también está haciendo audiencias. El tema no es solamente de los máximos responsables, sino los no máximos que también están en audiencias confesando sus delitos.

RFI: Si se trató de un modelo sistemático y no una cuestión de manzanas podridas. Si las Fuerzas Armadas como tal, si el ejército estuvo involucrado como cuerpo en este crimen, ¿qué pasa con los jefes máximos del cuerpo militar, con el ministro de Defensa, con el jefe de las Fuerzas Armadas que es el presidente? ¿Se les va a investigar?

Alejandro Ramelli: Dentro de los que estamos investigando hay antiguos comandantes del ejército. El caso del general Montoya, por ejemplo, quien nunca fue imputado por la Fiscalía, ya está en la Unidad de investigación que tendrá que llevar el caso ante el Tribunal Y respecto a los que usted menciona, nosotros tenemos una delimitación constitucional porque no podemos investigar antiguos jefes de Estado, lo cual no significa que no hayamos recibido testimonio, por ejemplo, de funcionarios del Ministerio de Defensa. ¿Qué es lo que se ha dicho? Que efectivamente existía esta política conteo de cuerpos y está probado judicialmente el establecimiento de un sistema de cuotas: el “bodycount”. Es decir, medir el éxito en la guerra con el número de muertos. Y esa es una equivocación.

RFI: ¡Con número de muertos falsos, que es un delito! Porque si usted entrega en combate bajas del enemigo, podría pensar que en términos militares está ganando la guerra.

Alejandro Ramelli: Claro, todo mundo dice que en un combate puede matar, pero en el arte de la guerra no es el que más mate. El arte de la guerra es cómo derrotar a su enemigo casi que sin disparar. Y, claro, en este caso, no eran enemigos porque eran civiles.

RFI: La JEP sufrió un golpe con el cierre que ordenó el presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, a la USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que justamente financiaba algunas investigaciones que lleva a cabo la JEP. ¿Cómo han hecho ustedes para salirle al paso a este recorte tan importante?

 Alejandro Ramelli:  Esa afectación tiene que ver con el impulso de casos sensibles como el caso 11, que es el caso de violencia sexual y el caso 09, que es victimización de pueblos étnicos. Entonces, afectó a los más débiles: las víctimas de violencia sexual y los indígenas. Eso, ya de por sí, es lamentable. También hay que decir que la cooperación internacional viene a la baja por el tema de Ucrania o de Palestina. Entonces, ese tipo de afectaciones a la cooperación nos lleva a que tengamos que ajustar mucho más nuestros presupuestos, nuestras necesidades, nuestro personal para suplir esas carencias.

 RFI: ¿Y se ha logrado?

Alejandro Ramelli:  Pues, tenemos que hacerlo porque los casos igual hay que sacarlos adelante. Pero, obviamente, si fue un golpe a la Jurisdicción.