La cumbre de Naciones Unidas sobre cambio climático Cop30 arrancó en Brasil en un contexto de urgencia climática. En la agenda de negociaciones, el financiamiento de la acción climática se impone nuevamente como uno de los temas prioritarios. Algunos países proponen crear nuevos impuestos globales para financiar la ayuda a los países del Sur global.

Tras una ardua negociación en la COP29 de Bakú sobre el monto de la ayuda financiera que los países desarrollados movilizarán para los países en desarrollo, se trata ahora de negociar el “cómo”.

Bajo el efecto del cambio climático, las olas de calor se multiplican, el océano se dilata y amenaza cientos de pueblos costeros del mundo, los corales se mueren y los casquetes polares y los glaciares se derriten. Las sequías más intensas y frecuentes – Europa vivirá 5 veces más olas de calor a finales del siglo, si la temperatura aumenta 2.7°C en promedio- y las inundaciones derivadas de las tormentas son otros de los impactos del cambio climático. El consenso científico nos urge a reducir el uso de combustibles fósiles. Pero para ello, se necesitan recursos enormes. En Bakú, se acordó destinar 300 mil millones de dólares anuales para la transición energética y la adaptación al cambio climático en los países en desarrollo. Esta meta de financiamiento global (NCQG en inglés) debería ascender a 1.3 billones de dólares anuales de aquí a 2035 con la participación de los actores privados.

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Y ahí, surgen dos preguntas: ¿Cómo financiar la transición energética sin agravar la deuda de los países en desarrollo? ¿Quién pagará la factura de los impactos climáticos?

“Acelerar la transición energética y proteger la naturaleza son las dos formas más efectivas de frenar el calentamiento global. Estoy convencido de que, a pesar de nuestras dificultades y contradicciones, necesitamos hojas de ruta para revertir de manera justa y estratégica la deforestación, superar la dependencia de los combustibles fósiles y movilizar los recursos necesarios para lograr estos objetivos”, confío el presidente de Brasil en la cumbre de jefes de estados antes de la COP30.

Como lo indicó el presidente de Brasil Luis Ignacio Lula Da Silva en su discurso, ya existe un compromiso de canalizar de aquí a 2035 1.3 billones de dólares para financiar la lucha contra el cambio climático en los países pobres. Y este dinero, deberá salir en prioridad de las arcas de los estados más ricos.

“Desde una mirada de justicia climática es muy importante entender que, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países del norte, al ser más responsables de causar la crisis climática, son quienes se comprometieron también a financiar a los países del sur en esa mitigación y adaptación al cambio climático. Es lo que establece el artículo 9.1 del acuerdo de París y debe cumplirse”, recuerda la economista Carola Mejía, economista y especialista en justicia climática.

Según Mejía, quedan aún muchos obstáculos para que los países en desarrollo reciban suficientes financiamientos para prescindir de los ingresos del extractivismo.

 “Los mecanismos para acceder a este financiamiento son complejos. Cada fondo que se ha establecido tiene sus procesos distintos. Si uno postula, por ejemplo, en procesos en inglés que son complicados, en algunos casos pueden durar hasta 5 años, como es el caso del Fondo Verde del clima, para tener un solo proyecto aprobado”, explica Mejía.

Además, “la mayor parte, el 60%, está yendo mitigación (reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero), solo el 28% para adaptación al cambio climático.  

Y por otro lado, el 70% del financiamiento climático está llegando como préstamos que “injustamente incrementan los niveles de deuda externa”, lamenta Mejía.

Proponen impuestos a los multimillonarios

Ideas para financiar la lucha climática, no faltan. En la mesa de esta COP30 está la Hoja de Ruta de Bakú a Belém, un documento de 100 páginas que contiene decenas de propuestas de financiamiento. Entre las cuales movilizar dinero del Fondo Monetario Internacional, aumentar la ayuda al desarrollo que ha ido disminuyendo en los últimos años, o impuestos al carbono, como el que va a instaurar la Unión Europea en enero próximo.

Se propone también crear nuevos impuestos. Una tasa sobre el transporte aéreo y marítimo podría generar entre 4000 y 223.000 millones de dólares, por ejemplo. Tasas mínimas a las transacciones financieras, a los ultrarricos o a las armas podrían generar billones de dólares de recursos también, indica el documento.

Una iniciativa que apoya el exministro de Ambiente de Ecuador, Daniel Ortega-Pacheco. “Necesitamos una señal de precio para que sea más atractivo invertir en energías renovables que seguir invirtiendo en la extracción de crudo. El destino de esa recaudación fiscal tiene que ser primero para garantizar una transición justa a los sectores que normalmente no tendrían acceso a financiamiento, y por supuesto avanzar en la descarbonización y reinvertir en energías renovables”, estima Ortega-Pacheco, quien preside actualmente la iniciativa Carbono Agro.

“Pero por supuesto acompañado de eso, hay que garantizar esa transición justa de sectores que normalmente no son atractivos, como la agricultura o bien de esos trabajadores que quedan de las industrias que deberán tener una reingeniería”, recomienda el exministro, entrevistado por RFI.

Revertir una lógica financiera que destruye el planeta

En esta COP30 justamente, el gobierno de Brasil lanzó una medida concreta para cambiar la lógica financiera actual en la que invertir en los combustibles fósiles es más rentable que proteger el planeta. Y sí, deforestar una hectárea de selva genera más ganancias que conservarla. En estas condiciones, la Amazonía pierde cada minuto el equivalente de 6 canchas de fútbol.

Para revertir la deforestación, Brasil creó un nuevo fondo llamado TFFF (Tropical Forest Forever Facility en inglés), el Fondo de protección de bosques tropicales para siempre, destinado a alrededor de 70 países. Con un concepto sencillo: varios estados se comprometen a colocar dinero en el mercado financiero en un fondo cuyas ganancias servirán para remunerar a los países que protegen sus bosques. Países como Brasil, República del Congo o Indonesia recibirían alrededor de 4 dólares por hectárea conservada. Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch ve con buenos ojos la creación de este fondo: “Uno de sus puntos fuertes es que no está considerando pagar a países por disminuir la deforestación, sino que el pago es por hectárea de bosques que se puede observar sigue en pie”.

El fondo estará “basado en imágenes satelitales, las cuales básicamente cualquiera puede corroborar y creo que eso genera un nivel de credibilidad que iniciativas anteriores, pues no han tenido”, apunta Luciana Téllez.

Pesan, sin embargo, sobre este fondo, varias dudas. ¿Bastarán con 4 dólares por hectárea para desincentivar el agronegocio o la minería ilegal que generan ganancias millonarias? Cómo se canalizará el 20% de las ganancias del fondo a los pueblos indígenas y comunidades locales en los países que no las reconocen, como en Asia o África? Preguntas que aún quedan irresueltas.

Lo seguro es que la presidencia brasileña puso la protección de los bosques en el centro de la agenda. Los bosques cubren el 30 % de la superficie terrestre y han capturado la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2019. Además de ser el segundo sumidero de carbono más importante del mundo después del océano, los bosques prestan servicios ecosistémicos vitales para miles de millones de personas. La agricultura y la ganadería intensivas, la expansión urbana y la explotación de los recursos son los principales factores que contribuyen a ello.

Entrevistas :

-Carola Mejía, economista, miembro de la red Latinddad.

-Luciana Téllez, investigadora en políticas climáticas en la ONG Human Rights Watch.

-Daniel Ortega-Pacheco, ex ministro de Ambiente de Ecuador y director de la iniciativa Carbono Agro.