Este 2024, se cumplen ocho años de la firma de los Acuerdos de Paz en Colombia con la guerrilla de las Farc. ¿Cómo va la paz en Colombia? ¿Qué avances ha habido desde esos acuerdos? Recibimos a la jurista Doris Ardila, que es miembro del Comité de Monitoreo y seguimiento a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad.

Hace dos años se creó el Comité de Monitoreo que está integrado por siete personas del que forma parte Ardila, este comité tiene como objetivo incidir en instituciones para que se implementen las 242 recomendaciones y 645 acciones. El próximo informe se va a presentar el 26 de junio.

En el primero, presentado en mayo del 2023, el comité identificó que se habían incorporado más de 47 recomendaciones en proyectos y en leyes. “Por ejemplo, acaba de ser ratificada una recomendación sobre el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas durante el conflicto, también un conjunto de recomendaciones que tienen que ver con el capítulo étnico, que están relacionadas con reconocimientos de derechos de los pueblos étnicos, afros, indígenas y roms en Colombia”, explica Ardila.

El presidente Gustavo Petro se comprometió durante el acto de posesión a cumplir a rajatabla las recomendaciones. El Gobierno colombiano ha afirmado que van a incorporar 104 de ellas en las políticas públicas. “Se ha avanzado con algunas dificultades porque varias de las propuestas que ha presentado en el Congreso no han sido aprobadas”, lamenta la jurista quien también agrega que las recomendaciones pueden ser incluidas en otros niveles de los poderes públicos como a nivel de los territorios.

“Desde el Comité de Seguimiento estamos haciendo una invitación para que no únicamente se apliquen en la instancia de la gobernanza nacional, sino también en los territorios, que los gobernadores y alcaldes, puedan incorporar en sus programas de gobierno recomendaciones que puedan ser transformadas en política pública”, afirma.

Ardila, quien tuvo que exiliarse en 2003 a España por el conflicto, piensa que hay una voluntad política para hacerlo, pero fallan los recursos. “El reto y el dilema que enfrenta el Gobierno colombiano es la financiación, un conjunto de recursos financieros, económicos, de infraestructura”, denuncia.

“Según palabras del presidente Gustavo Petro, se necesitan 300 billones de pesos colombianos para resarcir un conjunto de políticas públicas a toda la población que ha sido sujeta de violaciones de derechos”, explica Ardila, quien prefiere mostrarse optimista a pesar de las dificultades y de que Colombia todavía esté todavía en guerra, con ocho conflictos abiertos.

“Es un deber moral ser optimistas. Hay que pensar en perspectiva de que no podemos continuar eternamente en ese conflicto y que tenemos que echar mano de la creatividad, de la voluntad, de la generosidad de las víctimas y del compromiso que tiene este Gobierno y llamar a esa parte de la Colombia que no está muy convencida de que tenemos que buscar una solución a ese conflicto. Eso no quiere decir que no estemos conscientes de las dificultades”, concluye.

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Un programa coordinado por Paola Ariza y Florencia Valdés

Realizado por Souheil Khedir y Steven Helsly