Enfoque Internacional

Medios franceses identificaron un contrato firmado entre una filial de la compañía tecnológica francesa Capgemini y el Servicio estadounidense de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE. Revelaron que le suministra un servicio de rastreo de personas con el objetivo de ayudarlos en su programa de deportación de migrantes.

Bastó con hallar un sencillo contrato en los registros públicos de licitaciones en Estados Unidos. El Observatorio de las Multinacionales, un medio enfocado en la rendición de cuentas de las grandes compañías, encontró que en diciembre de 2025 una filial de la francesa Capgemini - ubicada en territorio estadounidense - había empezado a cobrar por el rastreo informático de migrantes.

El periodista detrás de esta investigación, publicada el 21 de enero de 2026, es Olivier Petitjean. El contrato que revisó menciona un servicio llamado "skip tracing". "Consiste en localizar a los que consideran sospechosos. El término se usaba con los detectives de antaño que debían encontrar a personas desaparecidas. Hoy en día, ICE tiene acceso a muchas informaciones públicas, datos de seguridad social, informaciones de empresas, etc.”, explica Petijean.

“También datos de propiedad o en relación con agencias inmobiliarias que les proporcionan información. Es realmente una gran cantidad de información muy importante sobre la vida privada de las personas, que les permite localizarlas, saber dónde pueden encontrarlas. Por ejemplo: a qué escuela van sus hijos. Los que le dicen a ICE a donde ir a buscarlos son empresas como Capgemini”, subraya.

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ICE ha pagado 4.8 millones de dólares pero el contrato prevé primas para Capgemini con cada nueva redada.

"El contrato puede ascender a 365 millones de dólares. Se le pagará según el rendimiento, por así decirlo. Es el lado cínico del asunto. Cuantas más personas deporten, más serán remunerados. Por ahora, han recibido un primer pago, según las datos públicos disponibles, de 4,8 millones de dólares. Pero potencialmente, si la política de deportación toma la magnitud que desea la administración Trump, podría ascender a sumas mucho más importantes”, destaca.

Tras las revelaciones los primeros en indignarse fueron los propios empleados de la empresa francesa. Capgemini aseguró este miércoles 28 de enero que el contrato "no está, a la fecha, siendo ejecutado".

"Antes de publicar nuestro artículo, les solicitamos una reacción. Nunca nos respondieron. Tras el escándalo que dieron explicaciones que convencen a medias, diciendo que se trata de una filial muy particular porque está sujeta a obligaciones relacionadas con la seguridad nacional estadounidense. Por lo tanto, dicen no tener control sobre ese contrato, ni haber tenido conocimiento previo de ese contrato. Cuando una empresa con sede en Francia, como Capgemini, y una de sus filiales, incluso en el extranjero, tiene actividades que pueden ocasionar graves violaciones de los derechos humanos, como es el caso de las prácticas de ICE, la responsabilidad de la empresa puede ser cuestionada en el derecho francés", advierte.

Los restos del último rehén que faltaba por recuperar en Gaza ya reposan en Israel. Por primera vez desde 2014, no hay secuestrados en la Franja palestina: ni los cuatro previos al letal ataque de Hamás ni los 251 de ese octubre de 2023. El canje de prisioneros es el único punto del plan de Trump que se ha completado. En una Gaza desesperada por ayuda y aún bajo ataques de Israel, esto supone una esperanza, mientras en la esfera pública israelí se habla de "sanación" y "de mirar al futuro".

Desde Tel Aviv

Para los israelíes, era la cuenta atrás más deseada… En el día 844, se apagó el reloj que en Tel Aviv medía con grandes números rojos el secuestro en Gaza de 251 nacionales y extranjeros. El punto y final lo escribió el policía Ran Gvili: el último en ser recuperado, y que murió al enfrentar a Hamás y la Yihad Islámica.

Una mezcla de felicidad, alivio y tristeza

Eitan Teiger, integrante del Foro de Familiares de Secuestrados, hoy se siente reflejado en el cierre que también hace esta icónica Plaza de los Rehenes. "Es la primera vez desde 2014 que no hay ningún rehén cautivo en Gaza. Es una mezcla de felicidad e incluso de alegría, pero también de mucho dolor y tristeza por aquellos que no logramos traer con vida a sus hogares", dice.

Esos mismos sentimientos se observan entre las decenas de israelíes que se acercan a vivir y a grabar este momento. A Miriam le toca de más cerca: residente del kibutz Nir Oz, cuenta cómo "perdió muchos amigos" durante la masacre.

Reivindica su memoria, al ver cómo las fotos y los simbólicos lazos amarillos desaparecen del paisaje: "No necesito un reloj o fotos para pensar en los rehenes o lo que pasó… Esta mañana me quité mi placa y mi pin y se sintió extraño, como si me hubiera quitado un peso de encima. Es raro, pero a la vez un gran alivio", cuenta.

"Alivio, cierre, sanación" son las palabras que citan los medios; las que, en entrevista, familiares de rehenes y víctimas sentenciaban que solo las sentirían al "recuperarlos a todos"; y las que hoy se discuten en la Plaza, epicentro de las manifestaciones.

Críticas al Gobierno de Netanyahu

No sorprende oír, por eso, el reclamo de que más rehenes habrían vuelto con vida, si el Gobierno de Netanyahu no hubiera boicoteado las negociaciones. "Esperamos demasiado por esto y hay sensaciones encontradas porque podríamos haber tenido un mejor final", afirma Maya, a lo que Dawa agrega: "Espero que nuestros líderes escuchen el dolor de los ciudadanos de ambos lados (del muro), entiendan el precio enorme y horrible de la guerra y hagan lo necesario para evitar otra".

Para muchos israelíes, el cierre solo llegará cuando el primer ministro Benjamin Netanyahu y otros funcionarios rindan cuentas por sus fallas, en una investigación independiente que no dependa, como ahora, del Gobierno.

Gaza está a 60 kilómetros de esta plaza, pero solo la nombra una minoría o se invoca con un rencor que persiste y un ánimo de venganza. Allí el sufrimiento sigue siendo extremo y sigue sumando días, además de muertes y violaciones de Israel al acuerdo: desde restringir comida y ayuda contra el frío hasta negar las evacuaciones médicas.

En Chile, el veganismo, esta alimentación que excluye todo producto de origen animal, gana terreno poco a poco. De hecho, la capital Santiago se ubica como le segunda ciudad de latino américa con mayor cantidad de restaurantes y tiendas veganas, justo detrás de São Paulo, pero delante de Buenos Aires y Ciudad de México. ¿Y si el veganismo fuera más que una moda?

Por Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Santiago

En una comuna del centro de la capital chilena, se encuentra la tienda “Estación Natural”, dónde se venden todo tipo de productos en base a plantas: tofú, galletas, leches y quesos vegetales.

Ismael Morales es uno de los fundadores del lugar que tiene 5 años. Hoy, el 80 % de sus clientes, “son más bien gente joven. Rango etario, entre 20 y 32 años”, explica a RFI.

Josefina, de 20 años, acaba de comprar tofú y seitán. Hace seis años que ya no come carne, tampoco pescado.

“La verdad es que no me gustaba la idea de comer animales. Soy la única dentro de todos mis círculos que es vegetariana”, cuenta.

A la tienda entran Diego y Lorena, vegetarianos de 38 y 36 años.

“A medida que avanzan ciertas generaciones, hay también más apertura, creo yo. Y también hay más concientización en general”, asegura Diego.

“La gente ya no se cierra tanto, ya no es algo raro. Se habla más. Dentro de acá de la ciudad, como que ya se instauró. Mucho vegetarianismo, veganismo. Hay mucha información”, afirma Lorena.

En otro local, TierraLibre, una panadería y restaurante, recibe a RFI Carolina Henriquez, chef y fundadora del lugar, dónde hay almuerzos por 4 euros.

“La idea del veganismo es incluir cada vez a más personas y que no se vuelva solamente un nicho de élite”, dice, aunque reconoce que todavía no todo el mundo se lo puede permitir.

“Latinoamérica está siempre resolviendo el día a día. Y cuando resolvió todas sus necesidades básicas, recién se empieza a preocupar del ambiente, de los animales, de la sociedad en sí”, opina.

En Santiago, la oferta vegana aumentó estos últimos años, pero se concentra en algunos barrios donde el poder adquisitivo de la gente es más elevado. A pesar de eso, a Jimena, una clienta no vegana, le gusta la torta que se está comiendo, y el precio, que juzga “abordable”.

 

Mauricio Serrano, director para latino américa de la campaña Veganuary que promueve una alimentación en base a plantas, considera que “hay mucha gente que señala que es más costoso comer en base a planta. Y la verdad que cuestan un poco más ciertos productos, pero son productos que tú no necesitas comer todos los días”, matiza.

También indica que hoy más personas se identifican con la alimentación en base a plantas, sea por razones de salud o de gusto, más que con el veganismo, asociado a la causa animal. De hecho, en Chile, un estudio indica que un 42 % de la gente estaría dispuesta a probar una alimentación en base a plantas durante un mes.

Tras el movimiento de protesta y su violenta represión, los iraníes cuentan poco a poco lo que han visto, y analizan las razones de este descontento popular. RFI recogió testimonios en Teherán.

Fátima, como quiere que la llamemos, recorre las calles de Teherán en su taxi amarillo desde las 6 de la mañana desde hace más de 20 años. Con este trabajo ha educado a sus dos hijos desde que se separó.

“No puedo proveer suficiente”

“Los precios han subido tres veces este año, y esto hace que la gente se pregunte qué está pasando en el país para que tengamos estos precios imposibles”, dice la mujer.

A pesar de su esfuerzo, su vida cada vez es más difícil. Tuvo que cambiarse a un sector donde las rentas son más económicas. La inflación no para de subir en Irán y a ella no le alcanza para llegar a fin de mes.

“Yo estoy sola. Apoyo a mi padre y mi madre, pero hay momentos en que tengo vergüenza con ellos. No puedo proveer suficiente”, lamenta Fátima.

Cuenta que todos los que se suben a su taxi están agotados por la economía. De allí explica que una multitud haya salido a protestar en todos los rincones de Teherán, como ella fue testigo. Incluido en la zona de Kahrizak, cerca al aeropuerto donde ella vive.

“Como si fueran ovejas”

Fue en ese sector donde el sábado 10 de enero vio a miles de personas: “Lo vi con mis propios ojos. Había un camión muy grande. Ahí estaban los cuerpos de los muertos, era como si fueran ovejas. Asi… cogían las bolsas de las puntas y las tiraban al piso”, recuerda.

Las autoridades de la República Islámica acusan a terroristas apoyados por Estados Unidos e Israel de estar detrás de las protestas. Y aseguran también que fueron responsables de la muerte de los civiles.

Quienes fueron testigos aseguran que las fuerzas del Estado disparaban directamente a los que estaban en las calles. También reconocen que la población, especialmente los más jóvenes, estaban extremadamente bravos y más listos a responder a la represión que en protestas pasadas… Cientos de integrantes de los cuerpos de seguridad murieron durante esos días.

“Resistir al imperialismo de Estados Unidos”

En su casa en Teherán, el economista Saed Laylaz asegura que la inflación ha empobrecido a la clase media y ha engrosado el sector que vive en la pobreza: “Cómo puede imaginar que el precio del pan ha incrementado todos los meses un 8% en promedio… ¡cada mes!”, exclama.

El hace parte del grupo que luchó en la Revolución y sigue creyendo en ella. “Sin una gran masa de gente, la República islámica de Irán nunca podrá resistir al imperialismo de Estados Unidos”, estima.

Lo que se ve en las calles son dos países que viven realidades paralelas. Un sector, que sería el 20%, que apoya al Estado y relaciona los problemas económicos a la presión extranjera. Y otro que se desmarcó de la República Islámica y sus líderes, a quienes ve cómo corruptos y acusa de la muerte de sus jóvenes.

Desde abril de 2023 Sudán se ha visto sumergido en una guerra entre el ejército regular y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), según la ONU se trata  de "la peor crisis humanitaria del mundo”, en la que la infancia es gravemente vulnerada. La ONG Save The Children alertó que casi la mitad de los 17 millones de niños en edad de escolaridad se encuentran fuera del sistema educativo.

Desde hace unos 500 días, más de 8 millones de niños no van a la escuela en Sudán por la guerra que desde abril de 2023 enfrenta a las Fuerzas Armadas Sudanesas y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, informó la ONG Save The Children.   

Los establecimientos han sido cerrados y dañados o sirven de refugio "para los cerca de siete millones de desplazados”. ¿Pero qué pasa con estos millones de niños sin escolarizar que equivalen casi a la población entera de un país como Suiza?

El director de país de Save The Children en Sudán, Mohamed Abdiladif, señaló que mientras los niños no van a la escuela, están expuestos a un gran riesgo, incluyendo la muerte. “Están jugando y la mayoría de las zonas donde vive la población han sido atacadas, por lo tanto, hay muchos artefactos explosivos sin detonar. Los niños juegan con esos restos de la guerra y hemos visto a muchos que han perdido extremidades, piernas, ojos y otras partes del cuerpo”, indicó Abdiladif, agregando que muchos menores están siendo reclutados para luchar por las diferentes partes beligerantes.

“La mayoría de ellos han visto cómo matan o desaparecen a miembros de su familia, están surgiendo muchos problemas de salud mental”, agregó Abdiladif, alertando sobre el aumento de matrimonio precoz y violaciones. “También están aumentando todo tipo de abusos y negligencias, incluido el trabajo infantil. Todo ello se debe a que los niños no disponen de los espacios seguros y las comunidades seguras que solían tener”.

Darfur Norte, en el oeste del país, es el estado más afectado: solo el 3% de las más de 1.100 escuelas sigue en funcionamiento, indica la ong que también alerta sobre la falta de ayuda humanitaria.

“Todo el sector económico de Sudán se ha derrumbado y, por lo tanto, el país depende en gran medida de la ayuda internacional. Una de nuestras preocupaciones es que, en estos momentos, la educación no es una prioridad, especialmente después de que Estados Unidos suspendiera su ayuda exterior, hemos visto que otros donantes también están haciendo lo mismo”, lamentó.

Las FAR tomaron en octubre la ciudad de El Fasher, la última de las cinco capitales regionales que aún escapaban a su control, mientras los sudaneses siguen viviendo ataques aéreos, bombardeos, tiroteos y asaltos. Se estima que más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda en todo el país.

Si en el primer gobierno de Donald Trump la posverdad se convirtió en la norma, su segundo mandato es la era de la poslegalidad. Envueltas en las manipulaciones de la mentira emotiva, la ráfaga de decisiones del presidente de Estados Unidos desmantela los contrapoderes del armazón constitucional. Análisis.

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Donald Trump llegó por primera vez a la Casa Blanca en 2016 luego de que los datos personales de más de 50 millones de usuarios de Facebook fueran sustraídos y utilizados para influir en el voto republicano de EEUU, en lo que se conoce como el escándalo de Cambridge Analytica. Esos cuatro años del Gobierno Trump fueron ejemplo paradigmático de la posverdad: se borran los hechos, hay confusión intencional y se desvanece la realidad. En su segundo mandato, las manipulaciones de la verdad emotiva envuelven una ráfaga de decisiones presidenciales que eclipsan a los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, en una suerte de poslegalidad.     

Ráfaga de decretos y memorandos presidenciales

El magnate republicano regresó en 2025 a la Casa Blanca cargado de una avalancha de ordenes ejecutivas. En el primer día de su mandato, firmó 26 decretos que condenan a los inmigrantes, el clima, la salud pública, la ayuda humanitaria internacional, absuelven a sus copartidarios que asaltaron el Capitolio en 2021, rebautizan el Golfo de México y dan carta blanca a una entidad llamada DODGE para disolver los servicios públicos. Un récord y un anticipo de lo que sería su presidencia.

Hasta principios de julio firmó otras 140, más de las que firmó el presidente Joe Biden durante cuatro años de gobierno, y solo 100 menos que su par Barack Obama durante sus ocho años en la Casa Blanca.

“Donald Trump está haciendo uso exacerbado de los poderes que tiene como presidente de Estados Unidos con todos estos instrumentos que, debo señalar, son legales: órdenes ejecutivas, memorándum presidencial y que efectivamente ponen a la maquinaria del Ejecutivo a moverse a una velocidad no vista anteriormente. ¿Qué ocurre aquí? La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo a través del Congreso no le siguen el paso", advierte Víctor Hugo Guerra, jurista y profesor de las universidades Internacional de la Florida y de las Naciones Unidas para la Paz.  

"¿Cuán legítimas son estas actuaciones del presidente Trump?”

Dictar órdenes ejecutivas está dentro de las prerrogativas del presidente según el artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, por lo que Trump no está desafiando ni eludiendo la Carta Magna.

“Puede que efectivamente las actuaciones presidenciales estén en el marco legal, que sean absolutamente formales, con basamento normativo, y constitucional. La siguiente pregunta es sí son legítimas”, subraya Guerra.

Se trata de temas diferentes, precisa el jurista: “La legalidad se conecta con la gobernabilidad, la legitimidad se conecta con la gobernanza. ¿Cuán legítimas son estas actuaciones del presidente Trump?”, se pregunta.  

El derrumbre del modelo fundacional de la democracia  

Los críticos del presidente afirman que Trump está destruyendo todo el sistema de controles y contrapesos en el que los tres poderes de Estados (ejecutivo, Congreso y poder judicial) tienen iguales atribuciones. Argumentan que el Congreso ha dejado de ejercer su función de supervisión y que el mandatario republicano está usando a la justicia para hacer aprobar su agenda y transformar el poder presidencial en Estados Unidos.  

La pregunta es cómo ha sido posible que en apenas un año el ejecutivo haya logrado eclipsar a los otros dos poderes y poner a tambalear el sistema fundacional de la democracia estadounidense.

“En el caso del Poder Legislativo, el presidente Trump no ha tenido ningún inconveniente”, dice Nazih Richani, politólogo de la Universidad Kean de Nueva Jersey. “Su agenda conservadora de extrema derecha sigue su marcha sin problema alguno por el hecho de tener la mayoría no solamente republicana sino también afín a su movimiento político MAGA (Make America Great Again), que es un movimiento bien formado ideológicamente y con fundaciones intelectuales”.

La justicia al servicio del poder presidencial

Pero si el Congreso no interviene, la única opción para quienes impugnan las órdenes presidenciales es acudir a los tribunales. De ahí los movimientos que, desde su primer mandato, hizo el presidente Trump en el ajedrez de poder judicial para poner las fichas a su favor, explica Richani.

“Primero cambió la estructura de la Corte Suprema. Trump nombró  en su primer mandato nuevos jueces y acumuló una mayoría de seis conservadores más afines con la ideología del MAGA contra tres jueces liberales”.

La remodelación de la Corte Suprema inclinó la balanza de las votaciones a favor del mandatario en el más alto tribunal de Estados Unidos.

En el año de su regreso al poder, luego de que en 2024 un veredicto de un tribunal de Manhattan declarara a Trump culpable de 34 delitos transformándolo en el primer ex presidente convertido en un delincuente convicto, la Corte Suprema de Justicia emitió tres sentencias claves para el presidente republicano: Otorgó amplia inmunidad penal a presidentes y ex presidentes por los actos realizados en el ejercicio de su cargo. Desestimó el fallo que establecía que los intentos de Trump por anular las elecciones de 2020 lo inhabilitaban para volver a presentarse al cargo. Limitó la capacidad de los jueces de distrito para obstaculizar la agenda del presidente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, la composición de la Corte Suprema y de la Cortes de Apelaciones ha permitido que se dé luz verde, en la mayoría de los casos, a la agenda del presidente durante el periodo 2025-2026.

“De 24 decisiones, los jueces de la Corte votaron 88% a favor del presidente. En las Cortes de Apelaciones tuvo 51% a su favor. Lo más llamativo es que de los jueces que Trump nombróo en las Cortes de Apelaciones durante su primer mandato, no ahora, un 92% votó a su favor”, explica Richani.

La traba judicial para Trump se presenta en las cortes distritales donde el presidente estadounidense solo ha recibido un 25% de votos favorables este año. Estos jueces federales de distrito se enfrentan ahora a una embestida de parte de la administración que les cuestiona su legitimidad y desestima su autoridad.  

El presidente de EE.UU. ha calificado a los jueces de "corruptos", "monstruos", "trastornados", "lunáticos", "que odian a EE.UU." y de "izquierdistas radicales".

A diferencia de la Corte Suprema donde Trump cuenta con una sólida mayoría conservadora, los tribunales inferiores -en la mira del mandatario- no tienen una composición favorable a la agenda del presidente Trump. “Pero están trabajando para lograr una mayoría también ahí” afirma Richani. “Claramente, el presidente Trump desde su primer periodo está tratando de tener jueces que voten a favor de su agenda y de fortalecer el poder ejecutivo del Gobierno. Eso genera un balance peligroso para el futuro de la democracia republicana”, concluye el politólogo.

Para cumplir su promesa de llevar a cabo la expulsión de inmigrantes más grande de la historia, Donald Trump ha reforzado, desde su retorno a la Casa Blanca, el presupuesto y la misión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. A finales de diciembre, más de 68 mil adultos estaban detenidos por el brazo armado de la política antinmigrante de Trump. Pero las muy controvertidas prácticas de sus agentes han desatado la protesta social y la denuncia de defensores de derechos humanos y personalidades demócratas.  

Arrestos masivos en parques públicos y en presencia de niños, detenciones brutales en retenes improvisados, redadas policiales en barrios sin delincuencia donde viven trabajadores sin papeles. Una mujer acribillada dentro de su auto por un agente. Según el New York Times, los policías del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, han disparado en Estados Unidos nueve veces en lo que va el año contra personas a bordo de sus vehículos.

En rueda de prensa con motivo de su primer año de regreso a la Casa Blanca, Donald Trump volvió a calificar de "patriotas" a los agentes de ICE o "la migra" como dicen los latinoamericanos asentados en Estados Unidos.  No obstante, defensores de derechos humanos, parte de la población y algunas personalidades demócratas denuncian como anticonstitucionales los métodos del brazo armado de la política antinmigrante impulsada el presidente republicano .

"No hay un consenso a nivel judicial si las acciones de ICE son legales o anticonstitucionales ", precisa Sebastian Sclofsky*,   investigador en violencia estatal, con un foco en violencia policial en Las Américas, pero subraya que "existe un reporte importante de varias violaciones a derechos civiles de la población en general por parte de la fuerza policial y migratoria,  condenadas tanto por expertos constitucionalistas como por las diferentes Cortes de Estados Unidos"

Existe igualmente, dice el experto, un cuestionamiento de las autoridades judiciales locales o estatales sobre las formas en el accionar de los agentes de ICE,  principalmente la cobertura de sus rostros, el uso de vehículos no identificados y la utilización de armas militares. "Esos mecanismos no son necesariamente ilegales, pero son prácticas que se consideran ilegítimas", puntualiza..

El especialista en violencia policial explica que las acciones de ICE ocurren en un contexto en el que la violencia policial en Estados Unidos es muy alta. "El número de personas que la policía mata en Estados Unidos es muchísimo más alto que Europa y que todos los países desarrollados. No tenemos números oficiales, pero la policía de Estados Unidos mata entre 1500 y 2000 personas al año. No son números oficiales, porque oficialmente hay una política de no contarlos". Tenuendo en cuenta esta premisa, afirma: "Pero yo sí creo que hay una radicalización hacia abajo y ICE responde como una agencia que tiene interés en mantenerse. Históricamente las acciones de ICE siempre fueron violentas y traumáticas, pero nunca a este nivel".

El Congreso triplica el presupuesto de ICE

Con el regreso de Trump al poder, ICE se convirtió en la fuerza federal más grande del país al ver triplicado su presupuesto gracias a una ley presupuestaria aprobada por el Congreso el 1 de julio de 2025 que destina 170 000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración.

Una campaña de reclutamiento masivo lanzada el año pasado busca contratar a 10 000 nuevos agentes.  "ICE recluta a estadounidenses patriotas y valientes para expulsar a los delincuentes extranjeros, asesinos, violadores, terroristas y pedófilos que se encuentran en situación irregular en nuestras calles», indica su página web. Quienes se alisten pueden recibir hasta 50 000 dólares en bonificaciones e, incluso, el reembolso de sus préstamos estudiantiles o la mejora de sus prestaciones de jubilación.

"No es solo que están contratando a demasiado oficiales, pero están contratando personas que no están calificadas, ni tienen el entrenamiento necesario para implementar la ley", estima Juan Carlos Gómez*, jurista y experto en Inmigración y Derechos Humanos. Y agrega: "Yo entiendo que las personas están buscando trabajo, pero estos son trabajos con cierto tipo de responsabilidad, porque te están no solamente poniendo un arma, sino la libertad, el futuro de otras personas en las manos de esa persona. Ese es el peligro".

La enorme ganancia de las compañías de prisiones privadas 

La ley incluye una partida sin precedentes de $45 mil millones para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes tanto para adultos como para menores. Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE que contrata a corporaciones para construir y administrar las instalaciones de detención y transportar a las personas indocumentadas detenidas.  CoreCivic y GEO Group, las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos.

"Las compañías de cárceles privadas como CoreCivic y GEO Group ven que tienen una oportunidad de hacer grandes fortunas y están construyendo centros de detención en lugares lejanos, donde la persona no tiene acceso a su abogado ni a sus familiares. La idea es tratar de destruirle el espíritu a la persona hasta que se dé por vencida", afirma Gómez.

 El año 2025 fue el más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 31 personas murieron detenidas en centros para migrantes, la peor cifra desde 2004.

El mensaje detrás de la espectacularidad de la fuerza

Creado en 2003, por la Ley de Seguridad nacional en respuesta a los atentados terroristas de 2001, ICE tiene la facultad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular. Pero no puede arrestar a ciudadanos estadounidenses, excepto bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, si la persona agrede a uno de sus agentes. A pesar de ello, según la organización periodística ProPublica, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se registraron más de 170 detenciones de ciudadanos estadounidenses contra su voluntad, algunos de ellos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

Sclofsky explica que, además de los novedosos arrestarse a ciudadanos americanos, "no estamos hablando de operaciones policiales contra criminales de alta gama u organizaciones criminales, sino que estamos hablando de operaciones contra individuos indocumentados. Aquí surgen cuestionamientos sobre cuáles son las intenciones detrás de un despliegue tan espectacular de fuerza".

Para el especialista en violencia de Estado, el hecho de que las acciones de ICE más mediáticas y espectaculares se lleven a cabo en ciudades dominadas por los demócratas "es un mensaje del presidente Trump y del Partido Republicano de que las ciudades que son lideradas por demócratas tienden a ser ciudades con alto nivel de criminalidad, con alto nivel de desorden y de caos y, por lo tanto, requieren intervención de las autoridades federales para poner el orden de vuelta. Es una demostración de fuerza en los bastiones demócratas. Hay un mensaje político y hay también un probar de las aguas a ver cómo reacciona la población en general ".

 Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 15 de enero, el 59 % de republicanos está a favor de una política que priorice las detenciones por parte de los agentes de inmigración, incluso si hay personas heridas, mientras que 39 % considera que los agentes deben centrar su atención en reducir los daños a las personas, aunque eso signifique menos detenciones.

Las autoridades políticas avivan el fuego

El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2 000 detenciones en Minnesota desde que empezó en diciembre la operación que ICE califica como " la mayor jamás realizada en el país". 3 000 agentes han sido desplegados en el estado demócrata, blanco preferido de la ofensiva antiinmigración del presidente Trump. Un fraude en guarderías para niños ha sido utilizado como excusa.

Parte de la campaña de Trump en Minnesota se ha dirigido contra la numerosa comunidad somalí del estado, estimada entre 80.000 y 100.000 personas, a quienes el presidente calificó de "basura" y les exhortó a que “vuelvan al lugar de donde vinieron".  El mandatario republicano ha descrito a Renee Nicoel Good, ciudadana de Mineápolis abatida el 7 de enero por un agente del ICE durante una redada de inmigrantes, como una "mujer violenta y radical". 

Sclofsky subraya que Donald Trump envía mensajes, a veces explosivos, a veces confusos, que son interpretados por las distintas autoridades federales y los distintos ministros de su gobierno "como si se tratara de una competencia de quién puede traer la medida más radical para estar más cerca de la base más extrema del Partido Republicano, pero también para congraciarse con el presidente Trump quien, a menudo, va y viene en sus medidas”.

Ejemplo de esta retórica de agresividad exacerbada han sido las declaraciones del gobierno federal luego de que un agente de ICE abatiera a tiros a la ciudadana Renee Nicoel Good, en Mineápolis. "Tal y como ocurre en este tipo de hechos, las autoridades políticas justificaron la acción del agente bajo el supuesto de una amenaza contra su vida e intentaron desacreditar a la víctima en los medios de comunicación". La diferencia, apunta el experto, es que “generalmente, las autoridades políticas tienden a calmar el fuego. Y en esta ocasión, hemos visito las mismas justificaciones de siempre, pero con una intención de avivar el fuego. El mensaje que uno puede interpretar es: si usted se opone o no obedece a las autoridades, la consecuencia puede ser esta".

El estado demócrata de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul han interpuesto una demandan al gobierno federal para poner fin a la ola de medidas coercitivas adoptadas por la policía de inmigración y aduanas (ICE) tras la muerte de Renee Nicoel Good . 

* Sebastian Sclofsky, Profesor de Justicia Penal en la Universidad Estatal de California, Stanislaus.

* Juan Carlos Gómez*, J.D., profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

Mientras se espera la segunda fase del plan de paz en Gaza, impulsado por el mandatario estadounidense Donald Trump, la situación humanitaria en el enclave sigue siendo catastrófica, alertan las ONG´s.  Hay escasez de comida, enfermedades y muertes ligadas a ataques y al invierno, además de la preocupación por la posible partida de 37 organizaciones humanitarias.

En octubre pasado inició la tregua en Gaza, pero una verdadera paz aún se ve lejana y las necesidades de la población de alimentos, vivienda digna o atención médica no dan espera, confirman diferentes organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF) y Oxfam.

Esta semana Unicef informó que, desde el inicio de la tregua, al menos 100 niños han muerto en ataques aéreos y actos de violencia en la Franja y el New York Times publicó que también en este periodo Israel ha demolido más de 2.500 edificios en el enclave, complicando aún más el acceso a una vivienda digna para la población, pues muchos se encuentran bajo tiendas de campaña.

Las muertes en Gaza continúan y a ello se suman los fallecimientos por hipotermia o enfermedades ligadas a un invierno bajo condiciones catastróficas, cuenta Claire Nicolet, Coordinadora de urgencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. “Todos los días, sigue habiendo muertos en Gaza, ya sea porque la gente se acerca a la zona controlada por el ejército israelí o por los ataques que siguen produciéndose en zonas que normalmente deberían ser seguras. Lamentablemente, siguen produciéndose ataques a ese nivel”, agregó Nicolet.

El invierno y las malas condiciones de vivienda también han generado fallecimientos. “Hemos tenido casos de hipotermia entre los niños y también hemos tenido esos famosos edificios que se derrumban sobre la gente. Así que digamos que, aún hoy, seguimos viendo muertes relacionadas con toda esta situación que vemos en Gaza. Por desgracia, todos los días seguimos oyendo bombardeos, demoliciones de edificios y aún no hemos llegado a algo que se pueda llamar realmente paz”, señaló.

El trabajo de las ONG’s no es suficiente para cubrir las necesidades del enclave, cuenta la trabajadora humanitaria y esto podría agravarse con la decisión de Israel de prohibir el acceso a 37 ONG. El Estado hebreo argumenta que es una respuesta por no comunicar los nombres de sus empleados, pero las organizaciones temen por la seguridad de sus miembros.

Por su parte, la comunidad internacional se muestra preocupada por una escalada de la crisis humanitaria que ya es catastrófica, pues explican que sería muy difícil crear rápidamente una alternativa que pueda cubrir el trabajo que ya se está haciendo y que es precario.

“Hoy en día, como Médicos Sin Fronteras, contamos con más de 20 centros de salud a los que prestamos apoyo y 5 hospitales. En la actualidad, no hay nadie capaz de sustituirnos con un volumen de trabajo tan grande. Contamos con más de 1.000 empleados nacionales, por lo que el volumen de actividad es enorme. También somos el segundo distribuidor de agua en la Franja de Gaza. Si hoy tuviéramos que dejar de trabajar, no habría ninguna solución alternativa”, aseguró.

Además de la presencia física, están las especialidades que aporta cada organización. “En el caso de MSF, somos especialistas en determinadas patologías o enfermedades, como por ejemplo las quemaduras. No habría ninguna solución alternativa, porque no habría ninguna organización que pueda venir de repente a sustituir el volumen de actividad que estamos realizando como Médicos Sin Fronteras”, agregó Nicolet.

Varios países entre los que se encuentran los de la Unión Europea, que enviaron una declaración conjunta, insisten a Israel en dar marcha atrás en su decisión de sacar a estas 37 organizaciones, pero de momento la presión no parece dar resultados.  

Mientras siguen en Irán la represión de las manifestaciones y el corte de internet, pudimos contactar con nuestra corresponsal en Teherán, Catalina Gómez Ángel. Respondió a nuestras preguntas a pesar de una conexión de mala calidad.

RFI: ¿Qué se sabe de lo que pasa en Irán?

Catalina Gómez Ángel: Sabemos muy poco lo que pasa dentro del país, pero sí sabemos lo que pasa en Teherán. Desde el jueves hubo grandes demostraciones que se unían a esas protestas que ya habían empezado el 28 de diciembre por motivos económicos, que habían pasado a pedir la caída del régimen, y este jueves respondían al llamado que les había hecho de cierta manera algún sector de la población desde el extranjero, uno de los líderes de la oposición, Reza Pahlavi. Fue una convocatoria muy grande, en unas demostraciones muy diferentes a las que habíamos visto ya en muchas que han pasado en Irán en el pasado. Había gente en todos los barrios y poco a poco fue empezando la represión que se esperaba y también la respuesta agresiva de muchos jóvenes en la calle, cansados de tantos años. Lo que no sabemos cuántos muertos, pero se hablan de miles solamente en Teherán y en el gran Teherán. Lo que hemos visto en las calles, en cierta manera fueron batallas muy duras, con enfrentamientos, los chicos respondiendo con piedras, los otros disparando con todo tipo de armas, tanto antimotines como reales. Mucha gente habla de muertos en la calle, especialmente el viernes. Todo el mundo conoce a alguien que ha muerto, que está herido, detenido. Realmente el temor es muy grande. Desde el sábado y el domingo la intensidad de las demostraciones ha reducido como consecuencia de ese miedo. El sistema nos habla al interior de presencia de terroristas, de presencia de infiltrados, y así se lo cuentan a la población local.

RFI: Estas manifestaciones, que empezaron protestando contra la situación económica, han derivado a otras demandas sociales. ¿Esto puede ser el comienzo del fin del régimen?

Catalina Gómez Ángel: Es muy difícil decirlo. El régimen, el sistema de la República Islámica, a pesar de todas estas protestas y movilizaciones, todavía se ve muy fuerte. Todavía tiene estos grandes sectores de defensa, no solamente la policía, la Guardia Revolucionaria, ese gran sistema de misiles y un sector de la sociedad que, si bien cada vez es menos, sigue siendo grande. Se considera que es entre 15 y un 20% de la sociedad, como lo veíamos ayer, con más de 1 millón por lo menos en las calles de Teherán. Era una de las demostraciones oficiales más grandes de las que hemos visto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo que sí ha pasado es que este descontento se ha expandido en muchas regiones del país, donde antes la gente no se atrevía a salir. Decir que es el fin es extremadamente complicado. El sistema se está agarrando a muchos factores para sobrevivir. Todavía tiene la fuerza y tiene las armas, que es realmente lo que los hace importantes.

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RFI: Sobre la factibilidad de la intervención de Estados Unidos, ¿cómo la evoca la gente al interior de Irán?  ¿Se ve con buenos ojos, se pide?

Catalina Gómez Ángel: Muchos están en un grado en este momento que no saben lo que va a pasar. Trump va a responder a esa promesa de atacar al país, que sería realmente lo que muchos piensan que es la segunda etapa, cómo reaccionará la gente que estaba en la calle… Y otros también temen incluso la posibilidad de una guerra y un enfrentamiento civil, porque realmente la rabia entre los dos sectores es bastante grande. Así que la incertidumbre es muy grande. La ciudad está relativamente calmada durante el día, pero cuando llega la noche todo el mundo se esconde porque el que no sale tiene miedo de lo que pueda pasar.

Entrevista hecha por Paula Estañol

Más de una semana después de la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos, la vida parece volver a la normalidad tanto en Venezuela como en la frontera con Colombia. Del lado colombiano, cualquier nuevo cambio, sin embargo, podría tener efectos económicos inmediatos. Nuestra enviada especial a Cúcuta, Melissa Barra, habló con los comerciantes.

Abdul y su esposa Ana son venezolanos y tienen un negocio de pastelería saludable en Cúcuta. En 2017 migraron a esta ciudad con mucha dificultad. En medio de los cortes de carretera —las llamadas "guarimbas"—, los despojaron de todas sus pertenencias.

"Yo exploté a llorar", recuerda con amargura Abdul. "Aquí comenzamos con unos pequeños ahorros que mi esposa había traído. Eso era lo único que teníamos. Pero aquí en Cúcuta tuve una muy buena oportunidad de inscribirme en la Cámara de Comercio. Uno tiene la posibilidad de participar en talleres y cursos. Son capacitaciones sin costo alguno, sin pagar absolutamente nada. Siempre nos decían que lo que hiciéramos debía ser legal. Y bueno, sí, empezamos en este tema de la formalidad".

En el departamento de Norte de Santander, el 21 % de los empleos los ocupan venezolanos, pero el porcentaje es mayor si se incluye la economía informal. Sergio Castillo Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, estima que es importante mantener abiertos los cruces de frontera durante una crisis política como la actual.

"Nosotros defendemos una frontera abierta" 

"Algunos madrugan, su jornada laboral se va finalizando por las tres actividades comerciales más comunes que tenemos en la región, es decir, comercio al por mayor y al por menor en supermercados; incluye también la venta de confecciones, calzado y demás. Las personas también se dirigen hacia escenarios como la peluquería y la gastronomía. Nosotros defendemos siempre una frontera abierta. En el peor de los escenarios, si ocurriera, efectivamente podría suscitarse de nuevo un proceso de desestabilización. A hoy, con el cierre que se tiene estimado, estaríamos llegando entre los 1.200 y los 1.300 millones de dólares en materia de intercambio comercial, lo cual incluye tanto exportaciones como importaciones. Además, si hablamos de cifras a nivel nacional, por ejemplo, en materia de exportación, Venezuela está representando el 24,7 % de ese socio comercial natural que se vuelve receptor del producto colombiano. Sobre todo, está pasando por Cúcuta y por Norte de Santander", puntualiza.

Cúcuta es un nodo comercial con zona franca. A diario transitan entre Colombia y Venezuela 15.000 vehículos con mercancías. El puente Simón Bolívar lo cruzan miles de venezolanos, incluso para venir a mercar, como Heidi.

"Aquí vengo a comprar el papel higiénico, el jabón, ese tipo de cosas. Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. O sea, estamos a la espera de ver qué pasa", nos dice Heidi.