Enfoque Internacional

Una parte importante del cuero de los coches de lujo se produce deforestando ilegalmente el segundo bosque virgen más extenso de América del Sur: el Gran Chaco paraguayo. Desde allí y hasta Roma han viajado dos líderes del pueblo indígena ayoreo para recordárselo a las autoridades italianas y hasta al Vaticano. 

“Vinimos para defender a nuestra gente que está ya en la comunidad en territorio. Necesitamos ayuda de cualquier país que quiera ayudarnos para defender el derecho a tener tierra “, declararon los líderes a su llegada a Italia, donde permanecieron hasta este viernes 24 de abril.

Porai vivía en el bosque con su familia donde tejían su ropa y moldeaban sus propias ollas de barro. Cazaban jabalíes, asaban tortugas, sembraban calabazas. Recorrían cientos de kilómetros a pie cada mes. A veces, buscando sal o una laguna de agua dulce, atravesaban la frontera entre Paraguay y Bolivia sin siquiera saberlo. Pero en 1986, misioneros católicos y evangélicos entraron en el bosque para sacarlo a él y a toda su familia a la fuerza.

El secuestro fue tan violento que cuatro personas murieron en el forcejeo.

Ese día, en total 40 hombres y mujeres indígenas ayoreo fueron obligados por los religiosos a caminar hasta un campo de concentración. Muchos murieron de enfermedades para las que no tenían anticuerpos y los que sobrevivieron quedaron en shock durante años. Después, el bosque comenzó a ser talado.

Esta semana Porai Picanerai ha recorrido los pasillos del Congreso y el Gobierno italiano y las plazas de Roma y del Vaticano. Ha viajado en avión por primera vez para decirles en persona a los europeos que la deforestación está a punto de provocar el genocidio de su pueblo, el ayoreo, que mantiene miembros viviendo en aislamiento voluntario como vivía él y su familia antes del contacto forzado. Y que el motivo es absurdo.

Porai Picanerai y  Darajidi Rosalino Picanerai, se reunieron con autoridades del Vaticano, con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno italiano y también acudieron a una audiencia ante el Comité de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Además participaron en una concentración pública con pancartas en Milán junto a dos líderes del pueblo indígena Waorani.

La visita a Italia llega en un momento crucial, ya que antes de finales de abril la Comisión Europea procederá a una revisión del Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR - European Deforestation-free Regulation), y la industria de cuero italiana está presionando, también a través del Gobierno italiano, para que el cuero sea excluido de la lista de productos que deberán someterse a dicho reglamento, el cual impone un rastreo completo de las materias primas en riesgo de deforestación a lo largo de toda su cadena de suministro.

"No pueden estar seguros de si su cuero está libre de deforestación"

Empresas ganaderas tumban ilegalmente su bosque para criar vacas y extraer el cuero para su exportación. ¿A dónde? Precisamente a Italia. Donde la empresa Pasubio ha estado importando este cuero durante años para venderlo a empresas como Jaguar, Porsche o BMW, según informa la ONG inglesa Survival.

“Esto quiere decir que actualmente los compradores de cuero y carne de vaca paraguaya no pueden estar seguros de si su cuero está libre de deforestación y sufrimiento de los ayoreos”, explicó a RFI Teresa Mayo, investigadora española de Survival.

Tras las denuncias, en 2023, Pasubio dejó de importar cuero de Paraguay y declaró que el sistema de trazabilidad de las empresas paraguayas no garantizaba que el cuero fuera producido sin deforestar ilegalmente.

“Lo que estamos pidiendo a Italia es que se aseguren de que el cuero que compran de Paraguay no esté vinculado a la deforestación del territorio ayoreo. Actualmente no existe en Paraguay un sistema fiable de trazabilidad por geolocalización de las vacas desde su origen hasta el matadero, ni después hasta los destinos de exportación”, añadió.

Pero la tala ilegal en el territorio reservado por ley a los ayoreo continúa ante la inacción del gobierno.

El lunes 20 de abril, un estudiante de la universidad pública de Tegucigalpa perdió un ojo durante la represión policial de la protesta que se llevó a cabo enfrente del Congreso Nacional. Los estudiantes se oponían a la reducción prevista del presupuesto para su Alma Mater. Los órganos de veeduría se preguntan si este acontecimiento marcará la pauta del nuevo gobierno derechista hacía las protestas ciudadanas. 

“Fuera la Racha”, gritaron el lunes pasado los estudiantes, en referencia al lema del presidente Nasry Asfura que propone restablecer la economía del país con una política de austeridad. Un sinsentido, según el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras.   

“El artículo 161 de nuestra Constitución manda que se le asigne 6% del presupuesto general de la República a la universidad. Actualmente el proyecto de presupuesto presentado por la Secretaría de Finanzas apenas alcanza un 1.61%”

Por defender sus derechos, los estudiantes fueron gravemente reprimidos. Uno de ellos perdió su ojo. Una señal alarmante para Oslin Cantillano, coordinador del Banco de Datos sobre Derechos Humanos y violencia política. "Que estemos empezando un nuevo gobierno, con apenas 90 días, y que ya tengamos una represión en contra de los estudiantes, eso habla de la intolerancia a los reclamos. Podemos observar el comportamiento de las fuerzas de seguridad que, en los gobiernos nacionalistas, tienen siempre actitudes de violencia y represión", indicó.

Bajo los gobiernos del Partido Nacional, los estudiantes fueron un blanco de persecución estatal, según Cantillano. "Se trata del levantamiento de perfiles, de la implantación de pruebas para criminalizarlos después. Sirve para levantar expedientes y luego acusarlos de distintos delitos", alertó.

Sin embargo, Daniel Cáceres, Director del Observatorio del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, se mantiene prudente: "Sería muy prematuro para la institución identificar patrones por parte del gobierno. Sin embargo, lo que decimos siempre es que las autoridades más denunciadas aquí, en el Comisionado de Derechos Humanos (CONADEH), son los agentes policiales y militares".

Cáceres denuncia también que se trata de un problema estructural ya que "nunca ha habido una política de seguridad ciudadana adecuada en el país. Se ha utilizado la mano dura en cualquier intervención. El uso de proyectiles de goma está prohibido por parte de las Naciones Unidas, y también hay una prohibición absoluta de apuntar hacia ciertas partes del cuerpo, por ejemplo, la cara", recordó.

Finalmente, el presupuesto general aprobado por el Congreso Nacional no recortó las finanzas de la Universidad Nacional, pero tampoco las aumentó como lo exigían los manifestantes.

Según un nuevo informe del Consorcio de Protección de Cisjordania, los colonos israelíes estarían sometiendo a los palestinos a violencia sexual y otras formas de abuso de género como herramienta para desplazar a las comunidades palestinas en Cisjordania. 

El Consorcio de Protección de Cisjordania publicó un nuevo informe, según él cual los colonos israelíes estarían sometiendo a los palestinos a violencia sexual y otros abusos para desplazarlos. Para dicho documento se realizaron 83 entrevistas en 10 comunidades palestinas afectadas por violencia de colonos que tienen restricciones de movimiento.

Allegra Pacheco, jefe de misión del Consorcio de Protección de Cisjordania a cargo de este estudio, señaló en entrevista con RFI que encontraron un patrón de uso de violencia sexual. “Este tipo de violencia incluye el acoso sexual, la exhibición indecente, amenazas de violación, vigilancia de espacios íntimos, hostigamiento, humillación y, en el caso de los hombres, desnudo forzado e incluso intentos de agresión sexual”, indicó.

Pacheco asegura que realizaron la investigación de campo en 10 comunidades y allí descubrieron que el principal detonante que les obligaba a abandonar sus hogares y comunidades era la violencia de los colonos. “El 70% afirmó que la violencia sexual era la más agresiva hacia ellos y el motor que les impulsaba a abandonar sus comunidades. Más de 5.600 palestinos se han visto obligados a desplazarse debido a la violencia de los colonos; 38 comunidades han desaparecido", aseguró.

Según el Consorcio, que es liderado por la ONG Consejo Noruego para los Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), se trata de las comunidades palestinas en la zona más grande de Cisjordania, llamada Zona C, bajo control total de Israel y donde la Autoridad Palestina no puede entrar, según los acuerdos de Oslo. El informe menciona que los incidentes de violencia ocurren frecuentemente en presencia de fuerzas israelíes, que no intervienen.

"Uno de los mayores problemas que vemos en la violencia de los colonos es la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades israelíes para detener a los perpetradores, arrestarlos y exigirles responsabilidades. Esto fortalece a los agresores y los dejan allí”, indicó Pacheco.

El organismo también denuncia que a los agresores no los sacan de los asentamientos y puestos de avanzada que están al lado de la comunidad. “Es como dejar al atracador de bancos, al presunto atracador, dentro del banco. Por lo tanto, la comunidad internacional tiene que ejercer más presión sobre los israelíes para que detengan y retiren a los perpetradores, pero la comunidad internacional también tiene la obligación de proteger a estas comunidades. En este momento, bajo la ocupación, se supone que el ejército israelí debe proteger, pero no lo hace”. Indicó.

La tregua con Líbano no se traduce en alivio para muchos residentes del norte de Israel, que cuestionan al gobierno y consideran insuficiente la respuesta militar frente a Hezbolá. Informa Janira Gómez Muñoz, corresponsal de RFI en Jerusalén.

Aunque el norte de Israel es la zona más castigada por los proyectiles de Hezbolá numerosos habitantes no comparten el alivio general por la tregua de 10 días entre Israel y Líbano y se sienten traicionados por el Gobierno. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, había prometido una "victoria total", pero para muchos esta se ha convertido en un alto el fuego impulsado por Donald Trump con el objetivo de preservar el diálogo entre Washington y Teherán.

Rige una tregua entre Israel y Líbano, pero en el lado israelí de la frontera, a apenas 400 metros del territorio libanés, la desescalada apenas se percibe. Continúan entrando tanques, camiones cisterna y vehículos militares. Además, se escuchan con frecuencia disparos de artillería y explosiones controladas, como se ha podido constatar sobre el terreno.

Estos disparos proceden de las tropas israelíes, que ocupan cerca del 6% del sur de Líbano. El objetivo es convertir la zona en un área deshabitada que funcione como franja de seguridad, similar a la establecida en Gaza. Sin embargo, para los residentes del norte de Israel, estas medidas no son suficientes. Tras semanas de promesas de una derrota total de Hezbolá, muchos se muestran críticos con el alto el fuego. En la principal ciudad fronteriza israelí, incluso, se han cerrado escuelas y edificios públicos como forma de protesta.

"Es como una traición" 

"Estamos muy enfadados con la tregua. Muchísimo. Lo siento como una traición del Estado. Por un lado, nos hablan de seguridad hasta el final; por otro, de un alto el fuego. No tiene sentido", afirma Ori Mogel, residente y reservista.

Mogel, de 32 años, es portavoz de Misgav Am, un kibutz situado junto a la frontera con Líbano y fundado en 1945, antes de la creación del Estado de Israel. Defiende una nueva ocupación militar del sur libanés, pese a los precedentes fallidos, y asegura que su prioridad es mantener a Hezbolá alejado de su familia.

"Es necesario crear una distancia de unos pocos kilómetros. Estaríamos satisfechos con una zona de seguridad de 4, 5 o 10 kilómetros… aunque, si dependiera de mí, serían 200 kilómetros, y cualquiera que entrara allí sería aniquilado".

El miedo marca la vida en las localidades fronterizas. Según un sondeo, el 65% de los residentes se siente abandonado por el Estado. Miles de personas abandonaron la zona en octubre de 2023, cuando Hezbolá abrió un frente en el norte un día después del ataque de Hamás y del inicio de los bombardeos en Gaza. La evacuación fue generalizada y muchos aún no han regresado.

"¿Dónde está la victoria total?"

En Kiryat Shmona, principal ciudad del norte, el ayuntamiento ha colocado carteles con el lema "¿Dónde está la victoria total?". El pasado domingo organizó autobuses hacia Jerusalén para manifestarse frente a la Embajada de Estados Unidos. En una de las pancartas podía leerse: "Hezbolá da las gracias a Trump".

David Hai Cabeza, panadero de 67 años nacido en Kiryat Shmona, fue soldado en conflictos anteriores, pero no cree posible una derrota definitiva de Hezbolá.

"No existe una victoria total y permanente sobre Hezbolá. Es imposible dejarlos fuera de combate. Hezbolá es una ideología", sostiene.

Tampoco ve factible la paz. En su opinión, el escenario será de conflicto recurrente: "Cada diez años habrá una guerra. Así son las cosas".

Myriam, judía religiosa de 80 años, ofrece una visión distinta. Celebra poder salir a comprar sin sirenas antiaéreas y se muestra más comprensiva con la tregua promovida por Estados Unidos.

"Netanyahu actúa en función de Trump, porque le ha dado mucho a Israel y no puede decirle que no. Trump dice: 'Intentémoslo, quizá funcione'".

El descontento con la tregua se ha convertido en un elemento de campaña a seis meses de las elecciones en Israel. Según encuestas, el 69% de la población rechaza el acuerdo —una cifra que alcanza el 90% entre los votantes de la coalición de Gobierno— y el 56% prefiere un cambio de primer ministro. Estos datos suponen un nuevo revés para Netanyahu, en un contexto en el que la oposición se acerca o alcanza la mayoría necesaria para relevarlo.

Por primera vez en cuatro décadas, representantes de Israel y de Líbano mantuvieron el martes conversaciones directas a alto nivel. ¿Qué piensa la gente de Beirut de este diálogo con el vecino Estado?

Ahmed, peluquero en el barrio Hamra de Beirut, de mayoría musulmán sunita, se sintió incómodo al ver las imágenes de la reunión, y asegura que la mayoría en su país opina lo mismo sobre el acercamiento con Israel: “Al 80% de la población libanesa les disgusta. Solo le gusta al otro 20%”.

“Esto no me representa”

Según Ahmed, ese 20% lo conforman en buena medida los seguidores de formaciones cristianas. Pone como ejemplo el partido Fuerzas Libanesas que, durante la guerra civil a finales del siglo 20, se alió con Israel.

Si tiene que existir un diálogo, él limita su alcance: “A mí me parece bien que se definan las fronteras y que se frene la guerra, pero sin establecer relaciones de paz. No quiero una embajada israelí en Líbano”, afirma.

En una calle cercana se encuentra un grupo de hombres que la guerra ha expulsado de su pueblo del sur de Líbano, Bint Jbeil. Está a tres kilómetros de Israel y allí se registran estos días los mayores combates.

Mohamed Baydun, el notable de ese municipio, dice no sentirse representado por el diálogo mantenido con los israelíes: “Por descontado que no. Como persona nacida y crecida en el sur del Líbano, como libanés chiita, esto no me representa, ni a mí ni a mi familia. Mi casa está destruida y no sé si has visto lo que ha ocurrido en Bint Jbeil, pero ahora mi pueblo es como Hiroshima”, señala.

El mukhtar Baydun resume en pocas palabras lo que espera de su relación con sus vecinos israelíes: “Que se queden de su lado de la frontera y que nos dejen en paz. Eso es todo lo que queremos”, subraya.

“Me encantaría ir a Jerusalén”

Pero no todos los libaneses piensan así. En Ashrafieh, el distrito cristiano de Beirut, Edmund no cierra la puerta a un posible acercamiento con Israel: “Tenemos que establecer relaciones de paz entre nosotros, pero que no sea entre un fuerte y un débil. Lo que no aceptan que les hagan a ellos, que no nos lo hagan a nosotros”, explica.

Opiniones como éstas son posibles por el modo en el que los bombardeos israelíes evitan por lo general las zonas de mayoría cristiana donde Edmund, como otros, aceptarían recibir turistas israelíes para cumplir a cambio el sueño de visitar Jerusalén.

“¿Por qué no? Si tenemos relaciones de paz, ¿por qué no? Me encantaría ir a Jerusalén para ver las iglesias donde estuvo Jesús. Soy cristiano. Ellos se beneficiarían de esto y nosotros también. No está lejos de nosotros, está a solo una hora”, asegura.

Colombia perdió otro glaciar a causa del cambio climático. El Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada del Cocuy, en el norte del país fue declarado extinto, con base a datos satelitales. Esta desaparición refleja el peligro que corren los glaciares andinos. RFI conversó con el glaciólogo colombiano Jorge Luis Ceballos que monitorea los glaciares del país.

"Lo que nos están diciendo los glaciares es que este clima no es para nosotros”. Desde la Sierra Nevada del Cocuy, el glaciólogo colombiano Jorge Luis Ceballos observa desde hace varios años el derretimiento glaciar a causa del cambio climático. Su posición de testigo lo convierte también en mensajero de los glaciares tropicales, principalmente ubicados en Suramérica y particularmente frágiles ante el cambio climático.

“Los glaciares aquí en Colombia son como una alarma que se activó desde mediados de los años 80. Ya venían derritiéndose naturalmente desde hace 150, 170 años, pero se aceleró con esta revolución industrial”, explica el científico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Según los datos satelitales, el glaciar Cerros de la Plaza venía degradándose muy rápidamente en los últimos años, “en especial con el último fenómeno El niño, el del 2023-2024”, explica Ceballos.

El aumento de las temperaturas - ligado al efecto invernadero de nuestras emisiones de CO2 -, la disminución de las precipitaciones fueron los principales factores que acabaron con el Cerros de la Plaza, un glaciar particularmente vulnerable dado que apenas superaba los 5000 metros de altitud. “Estos glaciares tropicales ecuatoriales que no superen los 5000 metros de altitud están destinados a desaparecer en el corto plazo”, advierte el glaciólogo.

Ocho glaciares colombianos se extinguieron desde el siglo XIX

En marzo, el Cerros de la Plaza se agregó entonces a la lista de los glaciares colombianos extintos. “El siglo pasado, por ejemplo, se extinguieron ocho pequeños glaciares también por esa misma condición, muy pequeños, muy bajitos”, recuerda el glaciólogo.

Actualmente quedan seis glaciares en Colombia: la Sierra Nevada de Santa Marta, la Sierra Nevada de El Cocuy o Güicán, y cuyo nombre indígena es Sisuma; y cuatro volcanes nevados: el Ruiz y el Santa Isabel, que está próximo a extinguirse, el Tolima y el Huila.

El derretimiento de los glaciares andinos refleja una tendencia global. Según un estudio publicado en la revista Nature Climate Change en 2025, con el aumento de 1,5 grados de la temperatura global, la mitad de los glaciares del mundo desaparecerá de aquí a finales del siglo, un límite de temperatura que muy probablemente será superado si no reducimos drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero.

En Ucrania, al ejército le cuesta cada vez más reclutar nuevos combatientes, sobre todo entre los más jóvenes. ¿La razón? Una movilización general percibida como arbitraria y el miedo a ser enviados al frente sin preparación. Por eso, algunos ucranianos prefieren adelantarse. Incluso antes de recibir la orden de alistamiento, se forman en competencias que se han vuelto estratégicas, como el pilotaje de drones, para intentar influir en su futuro destino. Fue en una base militar cerca de Kiev, en medio del zumbido constante de pequeños aparatos, donde nuestro corresponsal Lucas Lazo conoció a Artem y a Gregory, dos civiles decididos a prepararse para lo que consideran inevitable: su movilización.

Por Lucas Lazo, corresponsal de RFI en Kiev

“Esperar a que me movilicen, de ninguna manera”, dice a RFI Artem, que tiene 21 años y habla con un aplomo sorprendente. “Es muy importante poder elegir la unidad que va a cuidar de tu vida. Imaginemos que resultas herido: ¿quién va a ocuparse de ti? ¿Quién va a encargarse de evacuarte?”, se pregunta.

Algunas brigadas militares tienen muy mala reputación: pérdidas humanas inútiles en asaltos imprudentes, malos tratos, y cada vez más casos de deserción. Para evitar que le impongan un destino no deseado, Artem —con las manos firmes sobre los mandos a distancia— tiene muy claro su plan: “Tarde o temprano, yo también voy a unirme a las Fuerzas Armadas. Por eso me regalaron este curso básico de pilotaje de drones. Solo tengo que resolver algunos asuntos familiares y después decidiré exactamente en qué unidad quiero alistarme con contrato”, añade.

“Este curso de una semana se ofrece a civiles y está impartido por instructores de la Tercera Brigada de Asalto, una unidad conocida por su eficacia. Lo más probable es que el joven termine incorporándose a sus filas para poner en práctica sus nuevas competencias, en el marco de un contrato renovable de un año”.

Con su mirada algo ingenua detrás de unas gafas finas, Gregory desentona en este enorme hangar dedicado a drones de combate. Él supo de este programa por Instagram. “Soy civil, estudiante, y tengo una maestría en ordenamiento territorial”, se presenta.

“Al principio, la verdad, dudaba. Pero después me dije: no, hay que hacerlo, hay que ir. En nuestro país, la edad de movilización obligatoria empieza a los 25 años, y yo tengo 24, así que me voy preparando poco a poco”, explica.

Gregory está preocupado. Teme ser enviado al frente en una brigada demasiado expuesta a los combates.

“Tengo la impresión de que trabajar con drones sigue siendo más seguro que servir en la infantería. Y, además, la infantería exige una resistencia física que, sinceramente, yo no tengo. Soy más bien delgado, poca cosa. Así que, en cierto modo, los drones me parecen más adecuados para mí que la infantería”, confiesa a RFI.

Al final de la capacitación, los estudiantes reciben un diploma: una ventaja valiosa para incorporarse a unidades que buscan este tipo de competencias, hoy consideradas esenciales, según Radio, el instructor.

“Todas las unidades nos conocen. Valoran las competencias que se adquieren aquí, y el documento que entregamos es oficial: lo emiten el Tercer Cuerpo de Ejército. Con este, hay muchas posibilidades de que los candidatos sean reclutados como pilotos, operadores de sistemas terrestres robotizados o incluso como ingenieros”, asegura Radio.

Según el Ministerio ucraniano de Defensa, de los 30.000 reclutas mensuales del ejército, menos del 5 % son voluntarios que deciden alistarse antes de ser movilizados.

Amnistía Internacional denuncia que la política migratoria de Estados Unidos, con detenciones masivas y arrestos arbitrarios, crea un grave riesgo para derechos humanos durante el Mundial. No solo están en peligro las comunidades inmigrantes, sino también aficionados, prensa, trabajadores y jugadores, según la ONG. AI pide a la FIFA y a las autoridades estadounidenses garantías reales para garantizar la seguridad. 

Política de inmigración discriminatoria. Detenciones en masa y arrestos arbitrarios por agentes enmascarados y armados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, del Servicio de Protección de Fronteras y otras agencias. Este es el escenario de crisis de derechos humanos en Estados Unidos, el país donde se jugarán tres cuartas partes de los partidos del Mundial de fútbol, según denuncia Amnistía Internacional en su informe "La humanidad debe triunfar". Los riesgos no son sólo para las comunidades inmigrantes, sino también para los aficionados, trabajadores, prensa e incluso jugadores.

"Las ciudades que van a ser anfitrionas de la Copa Mundial ya se han visto afectadas por la represión de derechos, como por ejemplo, a la libertad de expresión o la protesta por parte del gobierno estadounidense", explica a RFI, Carlos de las Heras, el encargado de Deportes y Derechos Humanos en esta ONG.

"El pasado año la administración del presidente Trump desplegó unos 4.000 agentes de seguridad en California, concretamente en Los Ángeles, que se movilizaron contra las protestas que se daban en esta ciudad contra las redadas de inmigración. Otras ciudades, como por ejemplo Dallas, Houston o Miami, han firmado acuerdos entre los cuerpos locales de seguridad y el ICE. Acuerdos que incrementan, por ejemplo, el uso de perfiles raciales y los posibles ataques contra inmigrantes" agrega Carlos de las Heras. 

Los temores no son infundados. Las cifras son elocuentes, dice Amnistía Internacional y citan las 500.000 personas deportadas por la administración Trump en 2025, pertenecientes a comunidades hispanas y asiáticas. "La gran mayoría de las personas que fueron deportadas lo fueron viendo cómo se violaba el principio de no devolución y fueron deportadas a terceros países con los que no tienen ningún tipo de relación para enfrentarse allí a condiciones de detención arbitraria prolongada", subraya el experto de AI. 

Carlos de las Heras recuerda que los agentes federales "han atacado a comunidades hispanas, negras, asiáticas y han detenido de manera violenta y arbitraria a cientos de personas, incluidos menores de edad". Por eso el temor de Amnistía Internacional de que durante el Mundial de Fútbol, los agentes de inmigración aprovechen para hacer redadas masivas. 

"El ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza"

"Puede pasar que muchas de estas comunidades inmigrantes en Estados Unidos quieran reunirse para ver los partidos del Mundial y que, por otra parte, millones de aficionados y aficionadas viajen al país desde todos los lugares del mundo. Ante esta situación, tanto el ICE como otras agencias constituyen una gran amenaza, ya no solo para quienes viven en Estados Unidos, sino también para quienes puedan viajar allí para asistir a los partidos", explica a RFI. 

El experto también alerta sobre los controles "invasivos" que se van a hacer para las personas que lleguen de fuera del país. "Se van a enfrentar a una vigilancia muy invasiva. Incluso, por ejemplo, pueden hacer públicos sus perfiles en redes sociales y que estos perfiles sean sometidos a un examen para hacer una selección", añade Carlos de las Heras. 

AI pide garantías a Washington y a la FIFA

Ante estas denuncias, Amnistía Internacional llama a la FIFA y a los gobiernos anfitriones a que garanticen un Mundial donde la gente se sienta segura, incluida y libre de ejercer sus derechos. 

"A día de hoy, ni la FIFA ni las autoridades de Estados Unidos están dando garantías reales de que tanto la afición como las comunidades locales vayan a estar a salvo de estas posibles violaciones de sus derechos. Mientras, por un lado la FIFA está ingresando cantidades ingentes de dinero y no puede hacer pagar el precio, en cuanto a respeto a los derechos humanos, a la afición y a las comunidades", lamenta de las Heras. 

"Ahora que solo quedan unas diez semanas para el inicio de la Copa Mundial, pedimos que la FIFA exprese un compromiso respecto a un torneo que calificó de seguro, incluido y libre. La mejor manera de hacerlo es poner en marcha acciones urgentes para que se garantice", concluye Carlos de las Heras, encargado de Deportes y Derechos Humanos en Amnistía Internacional.

En el principal paso fronterizo entre Irán y Turquía, miles de personas huyen de la guerra. RFI recogió en el lugar los temores y perspectivas de iraníes que han tenido que abandonar la República Islámica sin saber cuándo podrán regresar.

Varios miles de iraníes cruzan cada día el paso fronterizo de Kapiköy, el principal que comunica Irán con Turquía y que está situado entre montañas nevadas. Arrastran maletas y bultos y buscan los taxis y furgonetas que los lleven hasta la ciudad o el aeropuerto más cercanos.

Hay trabajadores que buscan empleo debido a la profunda crisis que vive Irán desde el año pasado, y algunos viajantes de negocios, pero buena parte de ellos son familias que buscan refugio de la guerra, como la de Sarah, acompañada por su marido y su hijo de diez años que huyen del miedo que les provocan las bombas y misiles que Estados Unidos e Israel lanzan sobre su país.

Su idea, como la de muchos otros, es utilizar el visado de turista que les permite quedarse 90 días en Turquía, esperando a que la guerra pare y así poder regresar a su hogar.

“Es peligroso, porque todos los días escuchamos sonidos terribles en Teherán, en Karaj… Para los niños es difícil”, cuenta a RFI Mahdi, que ha aprovechado que tiene doble nacionalidad para salir de Teherán, una ciudad, que, pese a los bombardeos, nos cuenta que sigue tratando de funcionar con cierta normalidad.

Sahab, otro iraní, acaba de recorrer el país desde la provincia sureña de Shiraz, hasta este paso de Kapiköy, y ha sido testigo de los destrozos causados por los bombardeos.

“Me da mucho miedo que se convierta en una guerra muy larga. Espero que se pueda encontrar una solución. Estoy muy, muy preocupado por mi familia, que vive allí”. Explica.

Varios de los iraníes con los que hemos hablado subrayan que esta guerra no terminará con el actual régimen y que un cambio real solo llegará si hay una gran movilización local y no de la mano de la intervención extranjera.

Líbano supera los mil muertos en medio de la guerra de Israel contra el Hezbolá pro iraní. Mientras tanto, el fin del Ramadán y la fiesta del Aíd se viven bajo la sombra de un conflicto que se extiende por todo Medio Oriente. La intensificación de los combates en el sur libanés agrava la crisis alimentaria, con miles de desplazados y un sector agrícola totalmente paralizado. Una cooperativa de Tiro resiste al éxodo masivo hacia el norte.  

Cuatro mujeres arrancan a mano las malezas de un cultivo de hortalizas en la cooperativa Seeds of Sour. "En verano cultivamos berenjenas, tomates, pimientos, frijoles, casi todo tipo de hortalizas", dice Zeinab Mahdi, su directora.  

Hacen casi olvidar que la parcela está en plena zona de conflicto en un sector de Tiro que el ejército israelí ordenó evacuar. Esta cooperativa existe desde la guerra de 2024.

"Aquí hay 3.000 personas desplazadas, así que todos cocinamos para ellas. Cultivamos alimentos para ellas, preparamos ensaladas todos los días. Necesito 150 lechugas y entre 70 y 80 repollos", explica a RFI. 

Los musulmanes del mundo celebran el Aíd Al-Fitr, el fin del ayuno del Ramadán, una fiesta de banquetes. Pero aquí no hay ánimo ni recursos. "Aquí no se siente el ambiente del Aíd. Todas las familias están desplazadas y muchos han perdido a alguien. Hay gente que se queda en casa mientras otros mueren. Así que no hay celebración ni nada parecido", agrega. 

Estas mujeres son campesinas de otros pueblos del sur. La agricultura es la principal actividad económica de la región, como lo explica Mohammad Al Husseini, líder del Sindicato de Agricultores.

"Producimos el 90% de los bananos del país, el 70% de los cítricos y del 35 al 40% de las hortalizas. La guerra tiene dos impactos. Primero, que los campos y las fincas han sido abandonados tanto en el interior como en las zonas costeras, justo en plena cosecha. Segundo, esto podría causar escasez en el mercado libanés porque nuestros cultivos representan entre el 40 y el 50% de la producción nacional", analiza Mohammad que tiene que parar de hablar porque se produce un bombardeo. "El misil cayó a un kilómetro", precisa. 

Dos ataques más perturban el trabajo de las cultivadoras atemorizadas. Es imposible acostumbrarse al asedio diario. Ellas y sus familias encontraron refugio en la municipalidad, pero ya no es segura.

"Les hemos pedido a estas personas que se vayan a zonas más al norte, como Trípoli o Batroun, que abandonen Tiro porque la situación va a empeorar. Ningún lugar en el sur es seguro, pero conozco a esta gente. Sé que no se irán. El 10% o 12% de los habitantes siguen aquí", explica Mortada Mehanna, coordinador municipal de Riesgos.

Las calles de Tiro están desiertas desde que Israel amplió la zona de bombardeos esta semana, centenares de hectáreas de cultivos han sido abandonadas.