Según las últimas cifras del Ministerio del Interior francés, el porcentaje de primeros títulos de estadía aumentó un 1,8 %. Sin embargo, los abogados que asesoran a extranjeros que buscan regularizar su situación en Francia estiman que, en los últimos años, la situación administrativa de los indocumentados se ha vuelto mucho más difícil.

Los socialistas darán un respiro al primer ministro François Bayrou al no votar las dos mociones de censura previstas para este miércoles. No obstante, anunciaron la presentación de una nueva moción próximamente en respuesta a las declaraciones de Bayrou sobre una “sensación de sumersión” migratoria en Francia, que consideran un guiño a la extrema derecha.

En este contexto, el Ministerio del Interior acaba de publicar nuevas cifras sobre la inmigración. Por un lado, en 2023 se registró una disminución del 10 % en las regularizaciones de indocumentados, que se situaron en unas 31.000, y un aumento del 26,7 % en las expulsiones de extranjeros en situación irregular, alcanzando las 22.000. Sin embargo, el número de primeros títulos de estancia expedidos fue de aproximadamente 336.000, lo que supone un incremento del 1,8 %.

Retomando este dato, un diario tituló: “Las fronteras de Francia nunca habían estado tan abiertas”.

La abogada Claudia Cortez, del GISTI, organización parisina que brinda apoyo legal a inmigrantes y personas extranjeras, advierte que estas cifras no deben ocultar la realidad sobre el terreno.

"Puede ser que lleguen personas por trabajo, por estudios, por reagrupamiento familiar, porque esto no se ha cerrado completamente. Esta vía va a seguir abierta. Pero esto no quiere decir que la política que realmente está aplicando hoy el gobierno francés, y que viene aplicando desde hace varios años, no ataque no solo a la inmigración irregular, sino también a una gran parte de la inmigración legal en Francia. Muchos no logran obtener la renovación de su permiso de estadía simplemente por la voluntad del gobierno de hacernos vulnerables", sostiene Cortez.

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La abogada del GISTI subraya dos de las razones que han complicado la situación administrativa de los extranjeros que buscan la regularización en Francia:

"Hay un uso casi excesivo de dos conceptos. El primero, la amenaza al orden público. Hoy en día, según las prefecturas, el más mínimo incidente, el hecho más insignificante, puede bastar para que la prefectura diga: Usted no tiene derecho a estar en Francia porque constituye una amenaza para el orden público. El segundo es la noción de integración. Una persona integrada puede ser alguien que hable bien francés, que haya trabajado aquí durante años. Pero el hecho de haber estado en situación irregular hace que se considere que no está integrada, simplemente porque permaneció en Francia sin tener derecho a ello", concluye Cortez.

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En su práctica cotidiana como abogada de extranjeros que buscan regularizar su situación en París, Pascale Taelman también ha constatado un cambio significativo: "Hace dos o tres años, cuando representábamos a personas que trabajaban sin papeles pero de manera regular, que estaban declaradas, que llevaban años trabajando y tenían hijos en Francia, los tribunales solían reconocer que eran dignas de interés. En cambio, hoy esos mismos casos son rechazados. Desde hace aproximadamente dos años, en varias prefecturas ni siquiera logramos presentar la solicitud de regularización. No es que sea rechazada: ni siquiera nos dejan presentarla".

"Tenemos que acudir al Tribunal Administrativo argumentando que es absurdo que ni siquiera se pueda solicitar. No hablo ya del resultado, sino de la mera solicitud. Tengo clientes que son padres de hijos franceses, esposos de franceses. Por lo tanto, tienen derecho a tener papeles o los han tenido durante 2, 3 o 4 años. Pero cuando van a renovarlos, la espera es de un año y medio. Durante todo ese tiempo, se quedan sin papeles. Pierden su trabajo, pierden la Seguridad Social. Lo que está pasando en Francia es una barbaridad", termina Taelman.