Ante un rezago económico que la Unión Europea quiere evitar a todo precio, el bloque se ha lanzado en un proceso llamado -de simplificación- destinado sobre todo a las medianas y pequeñas empresas. Una simplificación que tiene por objetivo aligerar burocracia y procedimientos para promover competitividad a nivel mundial. Solo que este impulso en favor de la economía también amenaza normativas ambientales y sociales que han funcionado como escudo en territorio europeo y más allá, según advierten expertos y organizaciones no gubernamentales. 

El paquete Ómnibus, esta serie de leyes que se debaten en la Unión Europea, surgen tras una recomendación del reporte Draghi  sobre la competitividad en el que advierte contra el estancamiento económico en el bloque y propone una serie de medidas "simplificadoras". Para la abogada Alexandra Castro Franco, hay que analizar la configuración del Parlamento para entender cómo el bloque ha pasado de una defensa del Pacto Verde, para acelerar la transición ecológica, a una lógica desreguladora. 

"Hacia el 2020 se pierden más del 35% de los escaños del Partido Verde. Cambia esa configuración hacia partidos más conservadores haciendo que partidos de extrema derecha y de derecha con un discurso más conservador tengan más escaños y cambia el discurso. Tampoco podemos negar el impacto que ha tenido la guerra en Ucrania y las cuestiones en materia energética que esto ha representado para algunos países europeos, especialmente para países como Hungría o Polonia", explica la doctora en derecho especialista en derechos humanos.

Este cambio crea un terreno favorable a la discusión de leyes que diluirán la responsabilidad de las empresas, que hasta ahora tienen que responder en materia de derechos humanos y daños ambientales en Europa y en cualquier territorio en donde sus actividades están implantadas y en cualquier nivel de la cadena de producción. Es lo que se llama el deber de vigilancia. 

Empresas europeas menos transparentes y responsables

Lo que pone en alerta a defensores de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales son "los recortes que se hace a la normativa en materia de deber de vigilancia. Se reduce la posibilidad de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales de acudir ante la justicia de manera estándar en la Unión Europea para buscar remediar exactamente en circunstancias en las que se logra determinar una falta ese deber de vigilancia y un daño que hayan sufrido víctimas en materia de violaciones en medioambiente y en derechos humanos. Va a ser todavía más difícil que los países europeos cumplen con esos compromisos que han adquirido", pues aleja a las víctimas de toda reparación.

Otro aspecto clave de esta iniciativa europea es la "restricción de quiénes son las empresas que están obligadas a hacer reportes en materia de deber de vigilancia. Se estima que se va a reducir de un 80% el número de empresas que tendrán que presentar estos reportes, lo cual hace que la responsabilidad se diluya totalmente". Esta obligación será abandonada para contar únicamente en la buena voluntad de las empresas, "sin la posibilidad de que actúen contra ellas delante de la justicia".

El impacto de la desregulación europea en Latinoamérica

Las consecuencias de la dilución del deber de vigilancia se harán sentir en Latinoamérica, gran proveedora de materias primas y commodities en la Unión Europea: "Hay que tener en cuenta que si bien los países latinoamericanos no tienen deberes de reporte en materia de deber de vigilancia, han ido construyendo un camino en materia sobre todo de protección del medio ambiente, por ejemplo con los acuerdos de Escazú, pero también en materia de vigilancia por parte de los Estados, sobre todo frente a las empresas".

Alexandra Castro Franco señala que los países latinoamericanos -tomando en cuenta sus grandes recursos naturales y su biodiversidad- han dado pasos agigantados en materia de conformidad ambiental y respeto de los derechos humanos no solamente para conformarse a los estándares europeos y acceder al mercado de la UE. Y eso aunque quede mucho por hacer. 

"Es lamentable que estos estándares europeos, esa vigilancia que se va a ejercer sobre las empresas, se haga por la baja, porque entonces esto va a incentivar prácticas difíciles que se dan en nuestro continente, sobre todo con cadenas de suministro tan largas que llevan a que no se haga una vigilancia debida sobre las empresas que se vean, se incentive de alguna manera el respeto de esos derechos y esa protección al medio ambiente en la que ya se venía trabajando", agrega.

"El Ómnibus pretende que sean solamente los proveedores directos que respondan de sus actos cuando tenemos grandes cadenas de suministro. Es decir, está la persona que siembra, está el intermediario que compra, está el logo, la persona que exporta y luego llega al destinatario. Pues esto va a llevar a que exista una vigilancia menos estricta  sobre esos proveedores", señala Castro Franco.

Europa y Latinoamérica, una relación comercial billonaria

Precisamente el deber de vigilancia ha permitido que grandes transnacionales sean llevadas ante la justicia europea. Es el caso, por ejemplo, del grupo francés Casino que tuvo que responder por casos de deforestación en Colombia y en Brasil. Otros grupos como Auchan también están en la mira por el cultivo de soja en zonas ilegalmente deforestadas. De la misma manera Total Energies es investigada en Francia por sus actividades en varios países en nombre del deber de vigilancia.

No hay que olvidar que la relación comercial entre Europa y Latinoamérica es muy activa: son más de 290 billones de euros anuales que se se tienen en ganancia por estas relaciones comerciales. Y eso que queda pendiente el Mercosur, este tratado de libre comercio entre países de Sudamérica y Europa que lleva dos décadas en negociación y que podría ver la luz muy próximamente. 

Este texto será discutido en sesión plenaria en el Parlamento Europeo, el 20 de octubre y  luego tendrá un largo recorrido hasta la transposición en cada país.

#EscalaenParís también está en redes sociales

Un programa coordinado por Ana María Ospina y Julia Courtois. Realizado por Souheil Khedir y Stéphane Défossez.