Aplacar la guerra sangrienta de las bandas criminales será sin duda el reto principal del próximo jefe del estado ecuatoriano tras las elecciones presidenciales del 13 de abril. El país arrancó el año con una tasa de homicidios récord a pesar de la política de mano dura del presidente Daniel Noboa. Radiografía de la violencia con Billy Navarrete, director de la ONG Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con sede en Guayaquil, epicentro del crimen organizado.

Con cerca de un homicidio cada hora, Ecuador se ha convertido en el país más violento de Latinoamérica. El despliegue masivo de militares en las calles, decidido por el presidente Daniel Novoa durante sus 14 meses de mandato en el marco del decreto de estado de conflicto armado interno, no ha logrado de momento reducir la violencia entre las bandas criminales que se disputan los puntos de exportación de la cocaína. Es más, tras un ligero descenso de la tasa de homicidios en 2024 -paso de 46,2 a 39,1 por 100.000 habitantes-, la cifra volvió a dispararse durante los primeros meses de 2025. Las proyecciones actuales podrían llevar a una tasa de 53,1 homicidios por 100.000 habitantes, la más elevada de Latinoamérica.

Entrevista con Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, una ONG con 42 años de existencia.

RFI:  ¿Cuál fue la chispa que disparó los índices de violencia aquí en Guayaquil? Se ven ahora fenómenos de extorsiones generalizadas, asesinatos y masacres, como el que ocurrió en el barrio pobre Socio Vivienda 2 en marzo, con 22 muertos en un solo día.

Billy Navarrete: Esta ciudad es la más poblada del Ecuador. Ha estado siendo habitada por migrantes internos que se han venido asentando en los exteriores de la ciudad. Hay muy amplios sectores de asentamientos humanos muy precarios donde básicamente se concentra la violencia. Aunque desde el 2019 eso ya no tiene límite, es decir, también en los barrios acomodados ocurren hechos de sicariato, ataques con explosivos y una serie de otros hechos que antes no ocurrían.

La crisis comenzó con el sistema carcelario. Comenzamos a registrar este pico de violencia hacia el 2019. Varias bandas criminales sufren una fragmentación al interior de las cárceles y comienzan a enfrentarse entre ellas. Luego, esa violencia se desborda a las comunidades, a estas comunidades precarias que se han asentado alrededor de la ciudad.

Ahí básicamente están dinamizadas estas violencias por el narcotráfico que tiene que ver con el traslado de mercancía que viene de Colombia, que intenta llegar a los buques que van hacia Europa a través de Guayaquil. La cocaína, que es la principal mercancía, sale a través de estas comunidades precarias que están a orillas del estero. Hay una afectación especial a estas comunidades que son afrodescendientes.

RFI: ¿Cómo impacta en las poblaciones en Guayaquil esta agudización de la violencia?

Billy Navarrete: Hay considerar dos momentos. Primero, el que se desarrolla desde el 2019 hasta diciembre del 2023. Y otro que inicia hacia el 9 de enero del 2024 cuando el gobierno de Daniel Noboa estableció que el Ecuador vive un conflicto armado interno y da atribución a las Fuerzas Armadas para salir sin acompañamiento de la policía. Eso genera una imagen de mano dura que especialmente tiene afectación en estas comunidades precarias. Una gran cantidad de personas a inicios del año pasado fueron detenidos en especial jóvenes y especialmente afrodescendientes. Durante los primeros meses me refiero a partir del 9 de enero, hasta tal vez mayo se reportaba un promedio de 1300 detenciones por mes.

Pero ese volumen de detenciones no llega a judicializarse, es decir, que los agarran, los meten en el balde de la camioneta, los apalean y eventualmente los que sobreviven los dejan desnudos. Es un patrón de conducta, y los dejan en libertad bajo la extorsión. Los números de judicializados es bajito. Hay un efecto de rastrillo, por decirlo de alguna forma.

En el peor de los casos que llegue a la prisión [el sospechoso] ingresa a la prisión y el estado se desentiende de él. Y luego de entrar a la prisión, la persona perteneciendo o no a una banda criminal tiene que adherirse a una forzosamente para que esa banda digamos, bajo extorsión, le garantice la vida, la integridad física y acceso a alimentos. Son las bandas las que a la larga administran las cárceles.

RFI: En los barrios populares, la violencia alcanza un nivel tan alto que muchas familias se ven obligadas a mudarse. ¿Tenemos una idea de la magnitud de este fenómeno? [Lea aquí nuestro reportaje en Guayaquil]

Billy Navarrete: . Son miles de familias, especialmente en la costa. Es un fenómeno que empezó en 2022

RFI: ¿Qué le parece la contratación de la milicia privada estadounidense dirigida por Eric Prince, fundador de la empresa Blackwater, para tareas de asistencia militar y capacitación?

Billy Navarrete: Parece que tiene un interés electoral porque es un gran show. Este mercenario es ampliamente cuestionado por la manera en cómo interviene otros países en conflicto en el Mundo. Ahora aparecen también para fortalecer esa imagen de mano dura.

RFI: ¿Cuál sería entonces la prioridad del próximo presidente o presidenta? ¿Retomar el control de las cárceles, atender la crisis social en los barrios abandonados por el Estado?

Billy Navarrete: Mira siendo francos, creería que al menos dos gobiernos consecutivos tienen que mantener una misma política como para comenzar a reducir realmente todo el daño que se ha sufrido. Y que creemos que este gobierno entrante no va a tener mucha diferencia en relación con cómo enfrentar eso. O sea, ambos están casi casi obligados a seguir con la mano dura, pese a lo que significa en materia de derechos humanos. Pensando, por ejemplo, en el caso de los cuatro chicos de Malvinas [asesinados tras su detención por militares en Guayaquil en diciembre de 2024], un caso que ha conmovido y que ha cuestionado tremendamente la política de seguridad en el Ecuador

Ojalá se considere y se acompañe esta mano dura con una política social. Trabajar al interior de esas comunidades para la prevención al reclutamiento forzoso de niños, niñas y adolescentes, eso debería ser una prioridad. 

Por otra parte, la mafia y la fuerza pública han dejado de tener la distancia mínima para, digamos, enfrentarse. Comparten prácticas como la desaparición forzada. La penetración de la mafia a la fuerza pública es directa, por eso digo que es importante un proceso de depuración porque no es necesaria una fuerza pública, no podemos obviarla, hay que recuperarla.