Enfoque Internacional

Mientras los jóvenes consumen menos cannabis, alcohol y tabaco, las organizaciones criminales amplían su control sobre el tráfico de cocaína y refuerzan sus métodos violentos en todo el país. En los últimos diez años se ha registrado una explosión del tráfico de cocaína y de prácticas violentas extremas de las redes criminales.

El consumo de ciertas drogas disminuye en Francia entre los jóvenes, según el informe europeo ESPAD, que analiza las cifras en el continente. Francia es uno de los países de Europa donde esta caída en el consumo de drogas es más marcada. Lo que disminuye, sobre todo, es el consumo de cannabis, así como el de otras sustancias como el alcohol y el tabaco. Esto se debe, según el presidente de la Comisión Interministerial de Lucha contra la Droga, Nicolas Prisse, a las medidas de prevención y a un cambio de comportamiento en los jóvenes, que cada vez salen menos y están más conectados a las redes sociales. Pero, del otro lado, las redes criminales se fortalecen, explicó Prisse a RFI.

"Sí, el consumo de cannabis disminuye. Pero, al mismo tiempo, constatamos una oferta orquestada por las redes criminales y una demanda de la población de productos como la cocaína y drogas estimulantes, entre otros, el éxtasis y las anfetaminas. La población se inclina por las "drogas de rendimiento", como las denominan los consumidores, que se usan en diferentes circunstancias: en el trabajo, en el ámbito festivo o en las relaciones sexuales”.

"Las redes criminales francesas utilizan métodos atroces" 

Existe una penetración cada vez mayor de las mafias y de las redes de narcotraficantes. El ministro del Interior saliente, Bruno Retailleau, evocó incluso una "mexicanización de Francia" para referirse a las prácticas de estas redes criminales. Nicolas Prisse describe las características de estos nuevos delincuentes en Francia.

"En lo que respecta a los estupefacientes, hemos constatado en los últimos años la influencia cada vez mayor de las redes de narcotraficantes en Francia, las cuales son poderosas económicamente, violentas y utilizan métodos de intimidación atroces. También reclutan menores que se convertirán en los ‘menos cualificados’ de la jerarquía criminal", subraya Prisse.

Además de las medidas de prevención, están las de la lucha contra los narcotraficantes. En junio pasado se promulgó una ley para combatir estas redes.

"Estamos actualmente en un momento clave en el que, por un lado, hay que luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico y, al mismo tiempo, acentuar los esfuerzos de prevención difundiendo información sobre los riesgos del consumo", concluye Prisse.

Miles de ciudadanos participaron en la jornada de movilización convocada por el movimiento espontáneo en redes sociales "Bloquons tout", que buscaba mostrar el descontento ante la situación económica, social y política del país. A pesar de la magnitud de la protesta, las autoridades lograron evitar bloqueos graves y mantener el orden. Informe de Delia Arrunategui.

Las protestas se desarrollaron desde temprano en distintos puntos del país, aunque sin afectar infraestructuras estratégicas ni registrar incidentes graves de manera generalizada. En total, se contabilizaron 812 concentraciones y bloqueos, con acciones destacadas en París, Lyon, Grenoble y Poitiers. A pesar de intentos de bloquear carreteras y el acceso a aeropuertos, la intervención policial impidió la formación de barricadas o cortes significativos.

 

Según el Ministerio del Interior, unas 200.000 personas participaron en las manifestaciones, mientras que el sindicato CGT elevó la cifra a 250.000. Más de 470 personas fueron detenidas a lo largo del día, 203 solo en la región parisina, y 399 permanecen en custodia. El entonces ministro del Interior, Bruno Retailleau, destacó la eficacia de las fuerzas de seguridad, compuestas por 80.000 efectivos en todo el país —6.000 en París—, en evitar actos de violencia o sabotaje en infraestructuras esenciales.

Aunque la jornada superó las expectativas iniciales de participación de las autoridades, que habían estimado 100.000 manifestantes, el movimiento no logró cumplir su principal objetivo: paralizar el país.

En defensa de los servicios públicos 

En las calles de París, decenas de personas se concentraron frente al Hospital Tenon, en el emblemático distrito 20. Allí los trabajadores sanitarios compartieron espacio con los puestos de un popular mercado que bordea el Centro Médico. David, trabajador del sector de psiquiatría en un hospital parisino, expresó su indignación e impotencia ante las medidas del Gobierno en materia de salud pública:

"Tenemos muchas razones para manifestarnos como trabajadores de la salud, pero lo hacemos sobre todo por nuestros pacientes. Rechazamos la decisión del Gobierno de dejar de cubrir los medicamentos para quienes tienen enfermedades crónicas, y también el aumento de las tarifas médicas. Yo trabajo en psiquiatría, donde acompañamos a pacientes de por vida, porque necesitan tomar medicamentos siempre. Ahora esas personas tendrán que pagar mucho más por sus medicinas".

Las protestas se realizaron justo después del nombramiento de un nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que se convierte en el quinto de esta legislatura, iniciada en 2022, y el tercero en poco más de un año.

También se encontraba presente entre los manifestantes Lucy Castet, ex candidata a primera ministra por el nuevo Frente Popular, la coalición que lideró las últimas elecciones legislativas. Ella subraya la relevancia del sector salud en Francia:

"Esta jornada de movilización va a recordarle a toda Francia y al nuevo Primer Ministro hasta qué punto los franceses y las francesas están muy vinculados con su servicio público. También hay muchas escuelas y liceos movilizados. Es realmente importante que escuchen ese mensaje".

Horas después, en la Plaza de la República, histórico epicentro de las movilizaciones parisinas, cientos de estudiantes y colectivos sociales se reunieron para unirse a la movilización. Marie, estudiante universitaria, compartió su testimonio:

"Sí, hay un hartazgo generalizado que se siente en todos los sectores. Como estudiantes vemos a los trabajadores en huelga y nos sumamos a su lucha, porque sentimos el desprecio absoluto del gobierno, que ignora los votos y lo que el pueblo le pide".

Con información de la AFP

Desde Holanda, el organismo internacional OCDE reconoció que una empresa petrolera argentino-holandesa  vulneró los derechos ambientales y a la salud de las poblaciones locales por su negligencia en el mantenimiento de los ductos. Tras 15 años de explotación, Pluspetrol abandonó un campo de petróleo y dejó miles de sitios contaminados por derrames de crudo.  

“Nada hasta ahora se ha hecho para limpiar los sitios contaminados por los derrames petroleros”, lamenta Aurelio Chino Dahua, dirigente de la Federación indígena quechua del Pastaza en la Amazonia peruana, una de las 4 organizaciones indígenas peruanas que batalla para que la empresa petrolera Pluspetrol asuma sus responsabilidades. Dahua viajó hasta Holanda para pedir justicia por los sitios contaminados por Pluspetrol, una empresa argentina con sede en Ámsterdam, a cargo del Lote 192 (en Loreto, norte de Perú,) entre 2000 y 2015.

Los territorios indígenas de los ríos Pastaza, Corrientes y Tigre siguen pagando un alto costo por los derrames petroleros ocasionados Pluspetrol durante su explotación del mayor campo petrolero peruano: de acuerdo con un estudio de la ONG Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú, la región suma un total de 3249 sitios contaminados por los derrames de petróleo.

“La empresa ha dejado impactos en la salud de las personas con metales pesados como cadmio, plomo, arsénico, mercurio; impactos en el agua y contaminación de los animales”, denuncia el representante indígena, entrevistado por RFI durante su estancia en Europa. 

“Los oleoductos están corroídos y necesitan un cambio total. El estado peruano tiene que asumir su responsabilidad de repararlos”, afirma Aurelio Chino Dahua. 

A principios de septiembre, 4 organizaciones indígenas de la región afectada ganaron una batalla: el Punto Nacional de contacto de la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, en Holanda, encargado de velar por las obligaciones de las empresas, reconoció la responsabilidad de Pluspetrol en materia de contaminación. “Los derrames y las fugas han seguido siendo un problema debido a un mantenimiento inadecuado”, indica la OCDE en un documento detallado de 42 páginas. Es la primera vez que la OCDE responsabiliza a una empresa buzón, sin actividad real en Holanda, país con un régimen fiscal favorable para las transnacionales. 

“Esperemos que Pluspetrol asume su responsabilidad de empresa contaminante, que limpie los sitios contaminados y pague indemnizaciones por la contaminación”, pide Aurelio Chino Dahua. 

Hasta ahora, Pluspetrol se ha negado a hacerse cargo de las tareas de limpieza que le exige el estado peruano, argumentando que se le imputa casos de contaminación anteriores a su periodo de actividad.  

Las organizaciones indígenas por su parte exigen la realización de estas obras, como condición absoluta antes de cualquier reanudación de la extracción petrolera en la región. Actualmente, el Lote 192 está a cargo de la empresa nacional Petroperú, pero a falta de operador interesado, el campo petrolero está paralizado. 

 

Tres días después del devastador terremoto que sacudió Afganistán y dejó más de 1.400 muertos, miles de habitantes en zonas remotas siguen esperando ayuda. Las cifras de víctimas podrían aumentar de forma significativa en un país golpeado por la crisis económica y el aislamiento internacional bajo el régimen talibán. Paradójicamente, este desastre podría convertirse en una oportunidad para que los talibanes intenten reforzar su legitimidad, explica Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México.

Afganistán vivió el domingo uno de los peores sismos en décadas, en un contexto marcado por el aislamiento internacional de los talibanes tras cuatro años en el poder. Para Cristina de Lucio, doctora en estudios de Asia y África del Colegio de México, una situación que ya era muy difícil ha empeorado con este desastre natural. 

"Desde que llegaron los talibanes al poder en 2021 se congelaron los fondos que ascendían, por ejemplo, a aproximadamente 9 millones de dólares de fondos estadounidenses. Eso produjo, por supuesto, una crisis económica y a nivel de efectivo. Y eso tuvo consecuencias en términos de acceso a la canasta básica, a poder cubrir las necesidades básicas. Hoy, cuatro años después, la situación se agudiza con esta disminución al financiamiento de la USAID, que se hizo concretamente entre marzo y abril. Esta agencia de desarrollo internacional el año pasado aportaba el 45% de la ayuda a Afganistán. También redujo sus aportaciones el Programa Mundial de Alimentos. Entonces, tenemos ese escenario en donde se han reducido las principales ayudas. Y no solo ha sido Estados Unidos, sino también Reino Unido, Francia, Alemania y Suecia. Esos países también han recortado sus aportaciones. Se han cerrado, por ejemplo, muchos hospitales y clínicas. Entonces, ahora con esta tragedia no se tienen esos recursos y esto, por supuesto, compromete la vida de las personas".

Hasta ahora, las autoridades talibanas no han presentado un plan de emergencia para asistir a los damnificados ni para la reconstrucción. Su mensaje se limita a reconocer que no pueden afrontar la crisis sin apoyo externo.

Según Cristina de Lucio, esa postura revela una estrategia velada: "Afganistán es un país que, en 2021 cuando los talibanes llegaron al gobierno, dependía en un 75% de la ayuda extranjera. Es verdad que el país está en una condición de crisis y que hay dificultad para gestionar en razón de esta dependencia económica. Esto es indiscutible. Ellos no están mintiendo. Pero sí creo que están aprovechando esta coyuntura para incentivar, por un lado, el reconocimiento de su gobierno. Al mostrarse de cara al público como incapaces de gestionar esa tragedia, también hay una velada búsqueda, en cierto modo, de un reconocimiento de los talibanes como gobierno. Esto podría permitirles no solo evitar que se sigan reduciendo los financiamientos provenientes del exterior, sino que también se les vea como un interlocutor válido".

Tres semanas después de que Donald Trump ordenara el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para combatir la delincuencia, nuestro corresponsal en la capital recogió las opiniones de habitantes sobre la presencia de militares armados en las calles, así como de vehículos blindados ligeros y MRAPs.

El despliegue de 2.200 soldados de la Guardia Nacional en Washington comenzó el 11 de agosto. Unos días después, la unidad asignada a la ciudad empezó a portar armas. Actualmente, efectivos no solo de la capital, sino también de Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee —estados gobernados por republicanos— refuerzan la operación.

El mandatario republicano los desplegó para lo que él describe como "una ofensiva contra la delincuencia en la capital", dirigida por demócratas.

Frente a la Casa Blanca, donde turistas se toman fotos, miembros de la Guardia Nacional caminan en fila con pistolas y rifles. A pocas cuadras, en el Mall Nacional, se observan vehículos blindados, como Humvees y vehículos militares de transporte tipo MRAPs. Arthur Estupiñán, ciudadano latino de Washington, ve con buenos ojos esta presencia militar.

"El despliegue de la Guardia Nacional y los agentes del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos] ha sido sumamente exitoso. En los últimos 7 a 9 días, no ha ocurrido ningún asesinato. Es una victoria para el presidente Trump. Esto va a traducirse en un crecimiento económico extraordinario porque ya las personas no tienen miedo pues ven que las ciudades son seguras".

Un despliegue que cuesta más de 1 millón de dólares diarios

Desde que Trump decretó el estado de emergencia por inseguridad el 11 de agosto, cerca de 2.200 miembros de la Guardia Nacional y 500 agentes federales de ICE, FBI y la DEA han patrullado barrios, realizado redadas migratorias e instalado retenes militares y de tránsito para detener a supuestos criminales. Según investigaciones de organismos privados, este despliegue cuesta más de un millón de dólares diarios.

Para un latinoamericano que prefirió guardar el anonimato por seguridad, y que trabaja en una empresa de mudanza, la sociedad vive bajo temor:

"Todos están asustados de venir a [Washington] D.C. Trabajo para una empresa en la que todos son latinos, todos tienen miedo y nadie quiere venir a trabajar a DC. Nadie quiere arriesgarse. Mi mujer ni siquiera se arriesgó a traerme hoy al trabajo. Todo esto es una mentira porque nunca hubo el gran crimen que Trump dice que había antes".

Unas 1.200 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las operaciones, según cifras del Departamento de Justicia. Sin embargo, oficiales del gobierno citados por The Wall Street Journal aseguran que la mitad de las detenciones corresponden a migrantes indocumentados en colegios de mayoría hispana, iglesias latinas, restaurantes y retenes improvisados.

Don Folden, quien pone música frente a la Casa Blanca, no parece impresionado por la operación:

"He estado en DC desde hace 50 años y tuvimos varios años entre los 80 y 90 en donde fuimos la capital mundial de los homicidios. Lo que [la administración Trump] está haciendo ahora no tiene nada que ver con la seguridad. Yo diría en cambio que es una distracción. Fíjese, cuando llegué esta mañana, vi a la Guardia Nacional recogiendo basura del parque".

Según la Policía Metropolitana de Washington, que hoy está bajo control federal, los crímenes violentos se redujeron 23% en comparación con las dos semanas previas al decreto de emergencia. Sin embargo, expertos advierten que la baja puede responder a un efecto de choque, a la inactividad de la ciudad durante agosto y a que la tendencia ya era descendente antes de la militarización.

Hace 20 años, a finales de agosto, el huracán Katrina azotaba las costas de Luisiana dejando 1800 muertos y cientos de miles de desplazados. Hoy en día, la ciudad, que se sitúa bajo el nivel del mar, está mejor preparada, pero enfrenta otro reto: las lluvias torrenciales. Y para reducir los riesgos, la ciudad apuesta por métodos naturales.

Hace dos décadas, los diques de la ciudad de Nueva Orleans - ubicada en promedio a 1.8 metro por debajo del nivel del mar- colapsaron por la marejada ciclónica del huracán Katrina de categoría 5. Cerca de 80% de la ciudad fue devastada por las aguas de los lagos que la rodean.

"La estructura anterior era muy inadecuada ante la magnitud del huracán Katrina. En muchos casos el nivel del agua subió entre 7 y 9 metros con olas de 3 metros. Entonces los diques de 4 metros que rodeaban Nueva Orleans no bastaron”, recuerda el ingeniero civil Lewis Link, de la Universidad de Maryland.

La tragedia reveló también la segregación social de la ciudad donde viven muchos descendientes de esclavos. “Históricamente, los terrenos más altos, al lado del Misisipi, eran de las élites blancas. Y las comunidades negras y pobres fueron relegadas a las tierras pantanosas más bajas expuestas a las inundaciones”, detalla Ivis García, profesora asociada a la Universidad de Texas y especialista en temas de vivienda y justicia. Aunque las zonas mas acaudaladas de la ciudad también sufrieron de las inundaciones, la población más modesta sufrió más de la catástrofe por la falta de vehículos para evacuar los lugares.

A raíz de la catástrofe, la ciudad edificó en un tiempo récord un sistema más robusto para disminuir el riesgo de inundación masiva.

“El nuevo sistema que se construyó y que tenemos ahora es un sistema completo de reducción de riesgos. Hablo de reducción de riesgos y no de 'protección' porque podemos mitigar el riesgo, pero no eliminarlo. El sistema actual incorpora el riesgo de aumento del nivel del mar y el hundimiento de las tierras a causa de terreno húmedo y del bombeo de agua para mantener la ciudad seca. El sistema actual de la ciudad conecta estaciones de bombeos, diques, muros de contención y compuertas."

Estas obras faraónicas de ingeniería civil, que tuvieron un costo 14,5 mil millones de dólares, mostraron su capacidad de resistencia en 2021 durante el paso del huracán Ida de categoría 4.

Lluvias torrenciales, el otro reto

Pero Nueva Orleans enfrenta otro reto. "Actualmente, Nueva Orleans es sobre todo vulnerable a las lluvias torrenciales. La ciudad es una cuenca. Y el nuevo sistema de bombeo ha mejorado sustancialmente, pero no tiene la capacidad para luchar contra un evento extremo de lluvias", apunta el ingeniero Lewis Link, en entrevista con RFI.

Entonces la ciudad ha apostado por infraestructuras verdes, desde 2007, por un total de 1710 millones de dólares en el marco del Plan Director Costero. Las obras de creación de humedales y la restauración de la vegetación costera permiten amortiguar las olas de los huracanes, por ejemplo.

Se han impulsado también tres proyectos de litoral vivo, que consiste en fomentar la multiplicación de arrecifes de ostras o de vegetación, mediante la colocación de estructuras de concreto en los que se fijan los organismos vivos, creando una barrera natural contra las olas.

En el entorno urbano, para atenuar las lluvias torrenciales cada vez más intensas, la ciudad construyó también calles con un pavimento permeable, así como una red de 8 parques esponja como el Parque Mirabeau, capaz de almacenar el equivalente de 16 piscinas olímpicas.

"En el seno de la ciudad, Nueva Orleans ha desplegado una serie de iniciativas para manejar el agua, vivir con ella, como dicen los holandeses. Se trata de almacenar el agua y dejar que se infiltre, con la ayuda de la vegetación. Es algo muy eficaz contra la amenaza de las lluvias torrenciales".

Un desafío ambiental y también social dado que el cambio climático impactará más duramente a la población afroamericana y pobre concentrada en las partes bajas de la ciudad.

Se trata de un hito memorable en el reconocimiento de la violencia de los crímenes coloniales perpetrados por Francia. Uno de los tres craneos devueltos este 26 de agosto a Madagascar sería el del rey Toera, último soberano independiente del reino Sakalava de Menabe. Es la primera vez que Francia aplica una ley aprobada en 2023 con el objetivo de simplificar la restitución de los restos humanos pertenecientes a colecciones públicas. 

Se trata de la historia de una violenta traición. El rey Toera ya había aceptado deponer las armas e iniciar negociaciones con las fuerzas coloniales cuando las tropas francesas lo asesinaron y decapitaron en la masare de d’Ambiky, perpetrada a finales de 1897 y en la que perecieron cientos, quizá incluso miles, de malgaches

Con la cabeza del soberano, cayó todo el reino. El pueblo sakalava se vio privado de sus rituales y de su duelo, mientras que el cráneo del rey fue llevado lejos de su isla ancestral, a la tierra del colonizador.

128 años después, tras permanecer en el Museo del Hombre,  estos restos humanos expoliados y exiliados son devueltos oficialmente por Francia a Madagascar. 

Para el historiador Jeannot Rasoloarison, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Antananarivo y especialista en las luchas anticoloniales en Madagascar. se trata de un reconocimiento a la emancipación colonial 

 "Lo que queremos sobre todo con la restitución del cráneo de Ampajaka Toera y de los demás guerreros sakalava es una reparación memorial y material de los crímenes que los franceses cometieron durante la colonización. Es una forma de reconocer la existencia de las luchas anticoloniales".

Madagascar presentó una solicitud de restitución en 2003, pero tuvo que esperar 15 años antes de se empezara la búsqueda del cráneo real. Sin embargo, fue imposible una identificación científica definitiva de esta reliquia debido a la mala calidad del ADN de los restos. El rito remplazó a la ciencia. Los restos fueron llevados a una ceremonia tradicional en Madagascar en la que alma del propio rey descendió al cuerpo de una mujer en trance, que pudo identificar su cráneo en una foto.

Durante su visita a la Gran isla en abril, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que esta restitución podría «crear las condiciones para el perdón por las páginas sangrientas y trágicas de la historia entre los dos países» ...

Para el actual rey malgache , Georges Harea Kamamy es un momento importante de restitución de la memoria, pero sobre todo es un momento crucial en la historia del pueblo sakalava 

"Para los sakalava, el regreso del rey Toera encarna dos dimensiones esenciales, la espiritual y la identitaria. Espiritual porque restablece el vínculo sagrado que faltaba en el linaje de losantepasados. Este eslabón perdido recupera por fin su lugar en la cadena del tiempo. Identitaria, porque el pueblo sakalava puede ahora reconectarse con lo que constituye su fuerza, una identidad forjada en la rebelión digna"

El cráneo llegará el último día de agosto a a la ciudad de Ambiky, donde será objeto de ritos funerarios y conmemorativos será objeto de ritos y funerarios. Luego será trasladado al oeste del país, para ser enterrado en la tumba real donde se reunirá con los huesos de su esqueleto y con su linaje.

Los estudiantes se preparan para pasar a una nueva etapa con responsabilidades políticas ante un movimiento que persiste desde hace diez meses contra el Gobierno de Aleksandar Vučić .

Este verano, las imágenes que llegan de las repetidas protestas antigubernamentales en Serbia han cambiado de tono. Gobierno y activistas se acusan mutuamente de utilizar medios violentos en las manifestaciones que suceden en distintos puntos del país, donde es más habitual que opositores y seguidores de Vučić se enfrenten en las calles. El momento más álgido de la violencia se vivió la noche del lunes 18 de agosto, con la demolición de una sede del partido gobernante SNS y una veintena de manifestantes detenidos.

Las protestas empezaron tras un accidente el 1 de noviembre de 2024 en la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad del país. El movimiento nació pidiendo responsabilidades por la supuesta corrupción del gobierno en obras públicas, pero su crecimiento y persistencia ahora hace tambalear el gobierno de Vučić, que lleva once años en el poder. 

“La gente se ha organizado para organizar protestas locales, bloqueando las calles, y, desde el 12 de agosto, en el Día Internacional de la Juventud, se ha visto mucha violencia por parte de quienes no apoyan a los estudiantes y por parte de la policía, que está arrestando a personas en las calles”, cuenta Anica Stamenkovic, miembro de la Junta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia, un organismo que representa a 108 organizaciones juveniles y es el máximo órgano representativo independiente de la juventud en Serbia.

“Las protestas y los bloqueos de las calles comenzaron a ser más violentos, y cuando decimos violentos, nos referimos a que la gente está siendo golpeada, atropellada por coches, les lanzan piedras, artefactos pirotécnicos...", sigue Anica.

El presidente serbio ha pasado de criminalizar a los manifestantes a pedir un debate con los estudiantes en televisión, que se plantean formar un partido político. Algo que ellos rechazan mientras piden elecciones generales de inmediato.

"Desafortunadamente, la hora del diálogo ha terminado. No puede haber debates televisivos mientras haya violencia en las calles. Creo que los estudiantes no quieren un duelo televisivo. Solo quieren derechos humanos básicos: vivir en un país con democracia y Estado de derecho", responde la líder estudiantil.

Una encuesta del Consejo Nacional de la Juventud de Serbia revela que el 95% de los jóvenes de entre 15 y 30 años apoyan a los manifestantes. El mismo sondeo indica que el 60% de los encuestados cree que la democracia es la mejor forma de gobierno, lo que representa un aumento del 20% respecto al año anterior.

Israel enfrenta una emigración sin precedentes. 84.000 ciudadanos israelíes abandonaron el país en 2024 tras el ataque de Hamás y la guerra del Gobierno de Netanyahu contra Gaza. Un récord comparado con un promedio anual de 36.000 entre el 2009 y el 2021, según la Oficina Central de Estadísticas de Israel. En su mayoría, son profesionales laicos, de izquierda o artistas —o, incluso, las tres cosas a la vez—. Ya no se reconocen en su país, y menos aún en sus dirigentes.

Una broma israelí dice que "un tercio de la sociedad va al ejército. Un tercio trabaja y un tercio paga los impuestos. El problema es que son los mismos". Y es a ese tercio de la población israelí al que pertenecen los más recientes 'Yordim', en hebreo: los que se van del país. Arie M. Kacowicz, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, explica las causas y el impacto de esta fuga de cerebros israelíes.

RFI: ¿Quiénes se están yendo de Israel?

Arie M. Kacowicz: Se habla de profesionales del sector de la sociedad israelí, que es la parte dinámica. Por ejemplo, trabajan en high-tech (alta tecnología), un factor esencial en la economía que explica la riqueza de Israel, un país desarrollado con un ingreso per cápita de niveles europeos.

RFI: ¿Cuáles son las razones de este éxodo de israelíes profesionales diplomados en los últimos dos años?

Arie M. Kacowicz: La razón más obvia es que no se quiere vivir en Esparta o en un país anormal que enfrenta una situación de guerra permanente. Y acá hay una gran paradoja porque, desde el punto de vista regional, se abren posibilidades a Israel, pero eso implica terminar la guerra en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, el gobierno sigue empujando barranca abajo a Israel hacia una situación de guerra perpetua que va a debilitar completamente el tejido de la sociedad israelí.

También viendo la transformación paulatina de Israel en una democracia no liberal camino a dictadura también explica por qué muchos israelíes del ámbito más liberal y progresista están prefiriendo mudarse a Portugal o a Italia o a Canadá, no necesariamente al Estados Unidos de Trump.

RFI: ¿Qué impacto tiene?

Arie M. Kacowicz: Eso tiene consecuencias muy graves para el futuro de la economía de Israel. Y también porque si va a haber elecciones, y espero que las haya en octubre o noviembre de 2026, se habla de la fuga de posibles votantes de la oposición al actual gobierno israelí.

Xi Jinping encabezó en Lhasa las grandiosas celebraciones del 60.º aniversario de la región autónoma del Tíbet, durante una visita excepcional en la que hizo un llamamiento a la 'unidad interétnica'.

El presidente chino realizó el miércoles su segunda visita como jefe de Estado a la región autónoma del Tíbet, un territorio montañoso del suroeste de China cuya historia está marcada por una larga alternancia entre la independencia y la soberanía de Pekín.

En esta ocasión, Xi Jinping no escatimó en festejos para celebrar seis décadas de control sobre el Tíbet. Obsequiado con la khata budista —el pañuelo sagrado tibetano que engalana las ceremonias— y ante 20.000 funcionarios y habitantes locales de “todos los grupos étnicos”, según las autoridades, el líder chino habló sobre la necesidad de "guiar el budismo tibetano en la adaptación a la sociedad socialista".

Una "adaptación" que no es un mero ajuste cultural o teológico, sino una estrategia de control del Partido Comunista Chino, según cuenta Anna Ferrer, doctoranda en historia en la Universitat Pompeu Fabra y especialista en el conflicto.

"Xi quiere lograr con el budismo tibetano lo mismo que con el resto de religiones permitidas en China", afirma Ferrer. La República Popular China, aunque atea, permite la práctica de ciertas religiones bajo estrictos parámetros gubernamentales que regulan la jerarquía eclesiástica. Y es en este punto donde Pekín se encuentra con un reto mayúsculo.

El Dalái Lama, líder espiritual de los budistas, ha cumplido 90 años en la India, donde reside el gobierno tibetano en el exilio desde 1959. El escenario para su sucesión es aún incierto y complejo. Él mismo "había llegado a apuntar a la posibilidad de no reencarnarse", dice Ferrer. Si se reencarnara, la historiadora advierte que "es posible que exista una fragmentación entre un candidato elegido por el gobierno tibetano en el exilio y otro que contaría con el apoyo del gobierno chino".

Pekín, por su parte, se aferra a la legitimidad del "proceso de la urna de oro", un método de designación de sucesores que data de la dinastía Qing y que la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, defendió como la única herramienta válida para designarlo. "El gobierno chino implementa una política de libertad de creencias religiosas, pero existen regulaciones sobre asuntos religiosos y métodos para gestionar la reencarnación de los budas vivientes tibetanos", dijo entonces Ning. La comunidad internacional y la propia comunidad tibetana se enfrentarían a la difícil decisión de reconocer a uno u otro, lo que podría conducir a una división religiosa.

La dificultad de la sucesión de los líderes budistas ya se hizo patente con el Panchen Lama, la segunda autoridad del budismo tibetano. Anna Ferrer explica que "el candidato avalado por el exilio tibetano acabó desapareciendo en circunstancias que nunca han terminado de aclararse". En su lugar, el gobierno chino impuso su propio candidato, generando una división profunda: "el exilio tibetano sigue reconociendo la legitimidad de ese candidato, de ese niño al que las autoridades chinas hicieron desaparecer en 1995", mientras que el candidato apoyado por Pekín ejerce como Panchen Lama dentro del Tíbet.

Históricamente, la relación entre Tíbet y China ha sido compleja, "alternando periodos de vínculo matrimonial o relaciones patrón-sacerdote con otros de 'independencia relativa'", cuenta Ferrer. Tras la proclamación de la República Popular de China en 1949 y de que el gobierno de Mao Zedong se propusiera recuperar el control sobre el Tíbet, los objetivos de Pekín se han cumplido exitosamente.

Según Ferrer, el gobierno chino "quiere terminar de ejercer un control efectivo sobre la religión budista tibetana, desde lo que es la práctica de los fieles hasta la jerarquía religiosa y también las normas en cuanto al culto". De su éxito dependerá la autonomía espiritual del Tíbet.